- Este abogado, presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Melilla, analiza la cumbre de expertos sobre extranjería que tuvo lugar la semana pasada en Benidorm con la asistencia de más de 550 profesionales.
La celebración de las XXXIV Jornadas de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Benidorm (el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre de 2026), bajo la moderación y dirección de Blas Jesús Imbroda al frente de la Subcomisión, abordo bajo el lema “Abogacía, construyendo una Europa con derechos y dignidad”, e cuestiones como como los procedimientos de arraigo y nacionalidad, las medidas cautelares frente a denegaciones de asilo, los derechos de los familiares de ciudadanos españoles y las garantías jurídicas de los menores extranjeros.
En el evento experto como Santiago Yerga, director general de Migraciones; José Antonio Ruiz de la Hermosa subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil; Marta García, representante de ACNUR; Noemí Alarcón vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE); Francisco Pleite, magistrado de la Audiencia Nacional; y Aurelia Alvarez, catedrática de Derecho Internacional Privado.
“No puede haber una política migratoria justa si la protección de los derechos queda relegada a un segundo plano. Es clave el papel de una abogacía independiente, preparada y comprometida con la defensa de los derechos fundamentales, especialmente en un ámbito en el que las decisiones jurídicas tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas”. afirmaba el propio Salvador González, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española como conclusión a este evento
Por su parte, Noemí Alarcón, abogada española y vicepresidenta del CCBE explicaba en la mesa sobre el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, estuvo hablando de lo retos de implementación y recomendaciones para la abogacía en este contexto, Al mismo tiempo presentó la Guía CCBE para el implementación del Pacto para la Abogacia. También aclaró dónde debe ser la intervención letrada en el triaje y la importancia del formulario sobre esta practica que se ha establecido que ayuda a impulsa un procedimiento administrativo y judicial tanto en los procedimientos de asilo como de retorno, así como las novedades respecto a los menores no acompañados.
A lo largo de este año la regulación de miles de inmigrantes en la primavera de este año ha puesto en primer plano a los abogados extranjeristas. En esas negociaciones del CGAE con el ministerio de Inclusión y Seguridad Social de Elma Saiz, el papel de la Abogacia Institucional con su presidente, Salvador González, vicepresidenta Cristina Vallejo y presidente de la Subcomisión de Extranjería, Blas Jesús Imbroda, han sido claves para que estos profesionales tuvieran un papel relevante como asesores del colectivo y garantes de los derechos de estas personas.
Solo en el 2025, el Turno de Oficio registró 59.297 designaciones en materia de extranjería, según los datos del Observatorio de Justicia Gratuita de Abogacía Española. Hablamos con Blas Jesús Imbroda, jurista referente que analiza estas Jornadas y el momento de la abogacía extranjerista.
En esta oportunidad nuestro entrevistado conversa con Salvador González, presidente del CGAE
Pregunta: Las jornadas arrancaron con la ponencia marco del director general de Migraciones, Santiago Yerga, centrada sobre nuevo Reglamento de Extranjería. Desde la perspectiva de la Abogacía Institucional, ¿cuáles son los principales cuellos de botella que los profesionales están encontrando en su aplicación práctica diaria en las oficinas de extranjería?
Respuesta: La entrada en vigor del nuevo Reglamento en mayo de 2025 generó una actividad profesional importante con la presentación de muchas solicitudes de autorización de residencia al amparo de la nueva normativa y de las modalidades de arraigo que contemplaba. Menos de un año después, como sabemos, se publicó otro Real Decreto, que vino a modificar en parte el citado reglamento, llamado de regularización extraordinaria.
En este proceso se han presentado en torno a 1.170.000 solicitudes, un número superior a la previsión inicial del Gobierno. La mayoría se han presentado telemáticamente y de estas el 75% lo ha hecho la Abogacía, lo que pone en evidencia el importante trabajo que se realiza desde la Abogacía extranjerista.
Un problema que se está produciendo en el proceso de regularización son las dilaciones en las notificaciones de las comunicaciones de inicio del procedimiento, que son las que permiten acceder a la autorización provisional de trabajo y la incidencia que esta situación tendrá en el posterior proceso de modificación de la autorización. También existen numerosos requerimientos realizados sobre documentación que obra en el expediente, lo que ralentiza su resolución.
Por lo que respecta en general al trabajo de los Abogados, un problema es la demora en la resolución de los expedientes, así como la falta de unificación de criterios de resolución en las distintas Oficinas de Extranjería lo que hace especialmente difícil la labor de los letrados especialistas en la materia.
Soy consciente de que las Oficinas de Extranjería se enfrentan a un volumen muy elevado de expedientes que deben resolver, pero también considero que deben dotarse de un número adecuado de funcionarios que pueden dar respuesta con agilidad y celeridad a los expedientes.
P. Uno de los objetivos históricos del reglamento era simplificar y flexibilizar figuras como los arraigos (social, laboral, familiar o sociofamiliar) y los visados. ¿Está respondiendo la práctica administrativa a las expectativas de agilidad jurídica que exigía el sector?
R. El nuevo Reglamento de extranjería ha reducido los tiempos de permanencia exigidos en España para acceder a distintos tipos de arraigo, lo que ha facilitado el acceso a los mismos. Asimismo, ha sido muy positiva la modificación del arraigo de segunda oportunidad.
Respecto a los visados, no se ha advertido una situación de mejora. Son diversas las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo sobre la tramitación de los visados en los consulados españoles, insistiendo, por ejemplo, en el acceso efectivo a las citas, la exigencia de una motivación adecuada en las denegaciones, la necesidad de agilizar la tramitación de los visados, incluso se insiste en la necesidad de clarificar los requisitos publicados en las páginas web Consulares.
Blas Jesús Imbroda en la mesa presidencial de las Jornadas, con otras personalidades, entre ellas Salvador González, presidente del CGAE
P. La segunda gran ponencia marco corrió a cargo del subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, José Antonio Ruiz de la Hermosa. A pesar de los esfuerzos de digitalización de los expedientes, ¿siguen detectándose retrasos estructurales alarmantes en determinados partidos judiciales o registros civiles únicos, y qué soluciones reclama el CGAE?
R. Por el subdirector general se expusieron muchas medidas que se han adoptado para agilizar los procedimientos y, de hecho, se ha avanzado en este camino. Pero, a pesar de ello, desde la Abogacía seguimos advirtiendo retrasos en las resoluciones de las solicitudes de nacionalidad por residencia presentadas.
Es nuestra intención desde el CGAE plantearle al Ministerio de Justicia revisar el Convenio de colaboración que tenemos para la tramitación de las nacionalidades desde los Colegios, para intentar darle más utilidad, con la intención de que ayude a agilizar los procedimientos.
“Desde la Abogacía seguimos advirtiendo retrasos en las resoluciones de las solicitudes de nacionalidad por residencia presentadas”.
P. Durante las mesas redondas se analizó en profundidad el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, con la participación de ACNUR y del CCBE. ¿Cómo valora el impacto que tendrá la implantación de este marco europeo en las fronteras exteriores españolas (especialmente en los procedimientos de asilo en puestos fronterizos y los controles de escrutinio previo)? ¿Temen que se resientan las garantías efectivas de defensa letrada?
R. El impacto en las fronteras españolas del Pacto es muy grande ya que se imponen plazos de resolución muy cortos y, si no se dota de más personal y medios a las fronteras más tensionadas, será muy difícil o imposible cumplir con las exigencias de los reglamentos que ya han entrado en vigor el día 12 de junio del presente año.
La abogacía institucional ha luchado desde el primer momento porque en la fase de triaje estuviera presente el letrado especializado en protección internacional porque es ahí donde se detectan las vulnerabilidades que derivarán en una solicitud de protección internacional.
Desde el momento en que se detecta la presencia de menores, de colectivos vulnerables etc., el letrado especializado en protección internacional debe estar presente. La detección temprana es fundamental para la correcta preparación de la solicitud de protección internacional y su posterior tramitación.
Más de 550 profesionales acudieron a esta cumbre anual de extranjería celebrada este año en Benidorm FOTOS ABOGACIA ESPAÑOLA
P. Las jornadas de Benidorm destacan siempre por su componente práctico en los talleres simultáneos del viernes. ¿Cuáles han sido las mayores quejas trasladadas por los abogados especialistas en materia de expulsiones, recursos contenciosos y protección internacional en esta edición?
R. Además de las ponencias principales de la primera mañana, en los dos días se han celebrado talleres simultáneos con temas de máximo interés en el trabajo diario de la Abogacía. En todas y cada una de las sesiones se han planteado numerosas cuestiones que afectan al trabajo diario
“.Si se observa el programa se han abordado numerosos temas, pues bien, en cada uno de ellos se han planteado problemas y se han debatido posibles soluciones”
P. Como presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE y decano del Colegio de Abogados de Melilla, ¿qué balance global hace de estas XXXIV Jornadas y cuál es la reivindicación principal que la Abogacía española trasladará formalmente al Ministerio tras este encuentro?
R. Absolutamente positivo. Más de 550 abogados y abogadas han participado presencialmente en estas Jornadas Nacionales. Han intervenido ponentes del máximo nivel. Ha habido numerosas intervenciones e intensos debates.
Se han debatido y planteado soluciones a numerosos problemas que se encuentra la Abogacía en estos ámbitos. Y, por encima de todo, se puede comprobar el grado de compromiso e implicación de toda la Abogacía en el apoyo a las personas más vulnerables, y por buscar la excelencia en el trabajo diario. Estas Jornadas son una referencia a nivel nacional.
A la Administración le solicito más medios personales y también mayor coordinación entre los distintos Ministerios que intervienen en estas materias, entre otros el de Interior, el de Justicia, el de Asuntos Exteriores y el de Migraciones.
P. Desde fuera da la sensación de que, por la situación del país, abocado a contar con abogados bien formados en extranjería, este es un nicho de mercado y una salida profesional que se consolida al igual que el derecho mercantil y público en el futuro.
R. La extranjería y la protección internacional exigen letrados comprometidos y formados. Desde la Subcomisión de Extranjería y Protección internacional del CGAE, a la que pertenecen la mayoría de los Colegios de la Abogacía en España, se trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes, a través también de la preparación especializada de cuantos letrados desarrollan esta materia.
Por otra parte, en esta subcomisión contamos con el Servicio de Calidad y Apoyo que se encarga de detectar que no haya disfunciones en la prestación del servicio del turno de oficio especializado y comprobar las posibles necesidades que tengan los distintos Colegios de la Abogacía en esta materia, especialmente quienes son frontera y están especialmente tensionados como las islas y algunas ciudades, ofreciéndoles desde formación especializada, hasta detección in situ de necesidades materiales que se trasladan a los organismos competentes para solucionar estas carencias.
