- Esta asociación profesional, organización representante de las pymes y los autónomos en España, ha manifestado su firme oposición y rechazo ante la convocatoria de huelga general.
La patronal considera que, si bien la crisis de asequibilidad de la vivienda y el coste de la vida constituyen prioridades sociales de primer orden que requieren una intervención decidida, la parálisis de los centros de trabajo y la ampliación artificial de las demandas laborales el próximo 11 de noviembre no son la vía eficaz para resolver problemas estructurales de política pública. Como ya indicamos hace unos días, sindicatos como CSIF, FETICO o USO no van a secundar dicha huelga general
Tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB) de España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), situado en el entorno de los 1,69 billones de euros, los modelos macroeconómicos de afectación para jornadas de paro general estiman un impacto directo que se moverá en una horquilla de entre 1.850 y 4.560 millones de euros, en función del nivel de respaldo laboral:
Desde esta asociación empresarial se habla de un Escenario de alta afectación (70%): Supondría la ralentización de la actividad por valor de 4.560 millones de euros, el equivalente al 0,27% del PIB anual del país.
En el caso de un Escenario de menor afectación (30%): Implicaría una alteración directa de 1.850 millones de euros, lo que representa el 0,11% del PIB anual.
CONPYMES subraya que la persistencia de factores amortiguadores como los servicios mínimos, el teletrabajo y, de forma muy relevante, la decisión mayoritaria de pymes, micropymes, y autónomos no asalariados de mantener sus persianas arriba evitará una paralización total del país.
Al operar en un régimen de libre competencia y carecer de colchones financieros corporativos, el tejido de las microempresas y los trabajadores por cuenta propia optará por la continuidad de su actividad para salvaguardar sus ingresos diarios, si bien la suspensión temporal de la facturación en su entorno de consumo tensionará sus ya comprometidos márgenes.
La confederación advierte sobre el severo coste de oportunidad que implica esta movilización. Tomando como referencia los indicadores de costes de edificación residencial social, cada millón de euros que se detrae de la actividad productiva equivale a la inversión necesaria para construir entre 7 y 8 viviendas públicas de alquiler asequible.
En consecuencia, una sola jornada de parálisis disuelve un valor económico equivalente al presupuesto requerido para levantar miles de inmuebles sociales, la cual constituye la única solución estructural y eficiente a largo plazo.
Problema serio para pymes y autónomos
Frente a las tesis de las centrales sindicales CCOO y UGT, que atribuyen de manera uniforme la inflación a los márgenes empresariales generales (greedflation), CONPYMES insta a distinguir con rigor técnico entre las pymes que operan en libre competencia y los oligopolios de rentas excesivas. La patronal sostiene que la crisis de asequibilidad y el proceso inflacionario actual hunden sus raíces en las políticas monetarias ultraexpansivas aplicadas por los bancos centrales desde 2014.
La compra masiva de deuda corporativa en el mercado secundario redujo artificialmente los costes de financiación de los grandes conglomerados financieros e inmobiliarios representados en las estructuras tradicionales, propiciando una inflación de activos y un encarecimiento de la vida del que las pymes no son responsables.
Esta distorsión macroeconómica explica con claridad por qué las pymes y autónomos no disponen de margen financiero para absorber subidas salariales artificiales. Al operar en mercados abiertos y de alta competencia, las pymes carecen del poder de mercado de los oligopolios para trasladar de forma automática el encarecimiento de sus insumos y de la energía a sus precios finales.
Forzar incrementos salariales por real decreto en un tejido productivo estrangulado por la inflación latente y la subida de los tipos de interés solo abocaría al cierre masivo de los negocios que sostienen el empleo real. Por otra parte, en aras de la transparencia institucional, la confederación solicita que se clarifique el origen y destino de los fondos públicos y subvenciones utilizados por las centrales sindicales en las masivas campañas de promoción exterior y redes sociales de esta convocatoria.
José María Torres, presidente de CONPYMES, quien ya se manifestó sobre ese paro explica a nuestro medio que “rl problema de la vivienda es real y urgente, pero la solución pasa por generar certidumbre, movilizar suelo público y canalizar recursos de forma eficiente, no por restar capacidad financiera a quienes generan empleo. Al día siguiente de la huelga, las dificultades habitacionales serán las mismas, pero las pymes y los trabajadores autónomos seremos más vulnerables”.
“Al día siguiente de la jornada de huelga, el problema del acceso a la vivienda y la crisis del coste de la vida seguirán siendo exactamente los mismos. Las dificultades reales de los jóvenes para emanciparse, la escasez de oferta en las grandes ciudades y los elevados precios de los alquileres no van a desaparecer por el hecho de obligar a un panadero, a un fontanero o a una pequeña academia a suspender sus actividades. No se habrá construido ni una sola vivienda pública como consecuencia de este paro, ni se habrá rebajado un solo euro de los contratos vigentes”, advierte
Una huelga poco justificada
Sin embargo, el debate actual oculta las raíces profundas de esta situación. En sus declaraciones y estrategias conjuntas, las cúpulas de CCOO y UGT vienen insinuando la existencia de una greedflation —la inflación originada por los márgenes y beneficios de las empresas— al asegurar que la crisis inflacionaria es consecuencia de que las compañías incrementan los precios a las familias para mantener intactos sus beneficios empresariales.
“Lo que omiten ambas centrales sindicales es que la condición de oligopolio de esas grandes corporaciones y la ausencia de competencia real es lo que hace que sus precios sean inelásticos a la inflación, permitiéndoles trasladar toda la presión de costes al consumidor final. Y olvidan también que la gran mayoría de sus propios delegados y liberados sindicales pertenecen, precisamente, a estos oligopolios de rentas excesivas con posición dominante de mercado”, aclara
Hay que distinguir con urgencia, dentro del tejido empresarial, entre las empresas competitivas y los oligopolios de rentas excesivas que operan con posición de dominio y sin competencia. La crisis de inflación y de asequibilidad que se extiende por todas las economías avanzadas no ha sido provocada por las pymes, sino por los bancos centrales con su política monetaria expansiva desde 2014. Mediante la bajada extrema de tipos de interés y la compra masiva en el mercado secundario de bonos y deuda corporativa de estos mismos oligopolios, los bancos centrales doparon financieramente a los gigantes extractivos.
Si la economía española no se detiene durante la jornada de huelga será gracias a la decisión mayoritaria de pymes, micropymes y autónomos no asalariados de mantener sus persianas arriba. Al operar en un régimen de competencia real y carecer de colchones financieros corporativos, el tejido productivo minoritario optará por la continuidad de su actividad para salvaguardar sus ingresos diarios y proteger el empleo.
Tampoco nos engañemos por las ampliaciones en la lista de demandas de los convocantes introduciendo de manera coordinada reclamaciones salariales o reformas de contratación. No es más que una estrategia para maquillar legalmente una movilización que, en su raíz, sigue siendo una protesta de tintes estrictamente políticos que desnaturaliza por completo el derecho de huelga al instrumentalizar los centros de trabajo.
El modelo económico del capitalismo inclusivo que defendemos desde CONPYMES no se identifica con el modelo neoclasico y extractivo de los oligopolios de captación de rentas. Nos oponemos firmemente a la huelga por el perjuicio que causa al tejido productivo competitivo, pero defendemos la necesidad de aportar soluciones eficaces a la crisis de asequibilidad de la vivienda y a la inflación.
Abrazamos un modelo basado en el beneficio justo, nada especulativo, donde las pymes y autónomos buscan producir bienes y servicios a precios asequibles bajo el amparo de una competencia real y transparente, una visión que queremos extender al resto de Europa.
Para acabar, Torres subraya que “es necesario decir que se está alterando la función constitucional del derecho de huelga al orientarlo hacia fines ajenos a la negociación colectiva. Po ello, es necesario instar a las administraciones públicas a que velen con la máxima firmeza por las garantías constitucionales y la plena libertad de trabajo de todos aquellos empleados y empresarios que opten por mantener su actividad diaria. Jamás se resolverá el problema de la vivienda deprimiendo la economía real que sostiene el país”.
