- CEU CEFAS y el Instituto Juan de Mariana proponen derogar o transformar 3 de cada 4 normas aprobadas.
- La investigación culmina una auditoría de 598 leyes aprobadas en España entre 2004 y 2025 y concluye que 453 de ellas deberían ser derogadas, simplificadas o reformadas en profundidad.
España padece una crónica y asfixiante hipertrofia normativa que lastra de forma severa nuestra competitividad y la libertad de los ciudadanos. Según revela la ambiciosa auditoría conjunta del Instituto Juan de Mariana y el CEU CEFAS en su informe Desenredar España, entre 1978 y 2021 se aprobaron en nuestro país la friolera de 411.804 normas, lo que equivale a más de 30 disposiciones diarias o una nueva regulación cada 45 minutos.
Esta semana ambas entidades han presentado en el CEU la segunda entrega de su proyecto “Desenredar España”, un informe que amplía a los gobiernos de Zapatero y Rajoy la auditoría que en febrero ya abordó la legislación de Pedro Sánchez.
Este caudal legislativo incesante genera una profunda inseguridad jurídica, eleva de manera artificial los costes de cumplimiento y consolida un intervencionismo estatal que actúa como un auténtico impuesto implícito sobre la actividad productiva.
No en vano, las estimaciones cifran en más de 90.000 millones de euros anuales el coste directo del exceso normativo, un volumen que erosiona de forma directa la inversión, el empleo y la renta disponible de los hogares.
Durante esta presentación, el coordinador del informe por parte de CEU CEFAS, Emilio Esteban-Hanza, ha señalado que “la tarea de identificar, derogar y reformar en profundidad estas disposiciones no es una opción ideológica más, sino que de ella depende la recuperación del dinamismo social, la competitividad económica y la devolución a la sociedad civil del protagonismo que le corresponde en la vida pública”.
Por su parte, el coordinador del informe por parte del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, ha aseverado que “no estamos hablando de cuatro leyes polémicas, ni de cinco decretos que han salido mal. Estamos hablando de una revisión de conjunto de la arquitectura regulatoria de nuestro país”. En este sentido ha destacado una primera reflexión: “España no necesita solamente aprobar mejores leyes. Necesita aprender a prescindir de muchas de las que ya tiene”, ha apuntado.
El resultado de este informe es el examen de 598 normas con rango de ley aprobadas entre 2004 y 2025, de las que 453 (el 76 %) deberían ser derogadas, simplificadas o reformadas. Las otras 145 (el 24 %) no requerirían modificaciones prioritarias a corto plazo.
El documento señala que el problema de la hiperregulación trasciende los cambios de gobierno y responde a una acumulación normativa sostenida durante más de dos décadas. De las 598 leyes, 132 deberían derogarse íntegramente; otras 31 podrían derogarse tras negociar con la Comisión Europea la sustitución de compromisos vinculados al Plan de Recuperación; 99 requieren una revisión para eliminar cargas añadidas a las exigidas por la Unión Europea; y 191 precisan reformas profundas.
Zapatero, Rajoy y Sánchez: una auditoría de veinte años de intervencionismo
De las 208 normas aprobadas durante el gobierno de Zapatero (2004-2011), el informe propone derogar 41, revisar 32 por excesos respecto a la normativa europea y reformar en profundidad 64. Solo 71 (el 35 %) se consideran mantenibles a corto plazo. Entre las medidas, figuran derogar la norma que restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, rehacer por entero la legislación del IRPF, replantear la normativa educativa de la etapa y revisar el Estatuto del Trabajo Autónomo.
Durante la etapa de Rajoy (2011-2018), se analizaron 147 normas: se recomienda derogar 34, revisar 27 por excesos de transposición europea y reformar en profundidad 51. Solo 35 (el 24 %) se mantendrían sin cambios prioritarios. Las propuestas afectan a la legislación financiera, la regulación energética, las garantías de los contribuyentes y la evaluación ambiental.
La primera entrega, presentada en febrero de 2026, identificó 243 normas del periodo de Sánchez: derogar 57, negociar la eliminación de otras 31 vinculadas a compromisos europeos, corregir los excesos regulatorios de 40 y reformar en profundidad 76. Solo 39 quedarían al margen de una intervención prioritaria. Entre las propuestas figuraban derogar la Ley de Memoria Democrática y la reforma laboral de 2021, así como revisar determinadas normas sobre vivienda y alquiler.
Las grandes reformas económicas: impuestos, electricidad, empleo y burocracia
En materia tributaria, los investigadores recomiendan derogar el Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido en 2011 como medida supuestamente temporal y mantenido quince años después. A su juicio, penaliza el ahorro acumulado, puede generar doble imposición y aporta menos del 1 % de los ingresos públicos. Proponen también una reforma integral del IRPF, cuya complejidad se refleja en las cerca de 700 páginas del manual práctico de la Agencia Tributaria para la campaña de la renta de 2026.
Para las leyes de la etapa de Rajoy, el informe plantea un tipo reducido del 15 % en el Impuesto sobre Sociedades, exigible solo cuando se distribuyan dividendos, para favorecer la reinversión, junto con la amortización inmediata de las inversiones empresariales. Plantea además revisar las reformas de la Ley General Tributaria que, según los autores, aumentaron la discrecionalidad de Hacienda y debilitaron las garantías de los contribuyentes.
En el sector energético, propone eliminar el impuesto del 7 % a la generación eléctrica introducido en 2012, que encarece la factura de hogares y empresas, revisar los cargos no energéticos del recibo y reformar el marco regulatorio para favorecer la competencia. Recomienda asimismo resolver los más de 40 arbitrajes internacionales derivados de los recortes retroactivos a las renovables de 2013, que siguen afectando a la seguridad jurídica y a la reputación de España como destino de inversión.
Las recomendaciones alcanzan también al mercado laboral, la educación y la administración: simplificar las obligaciones de los autónomos; rediseñar la legislación educativa para reforzar la autonomía de los centros y la capacidad de elección de las familias; crear un «cheque empleo» que permita a los desempleados acudir a agencias privadas de colocación remuneradas por resultados (los servicios públicos de empleo gestionan menos del 3 % de las colocaciones); y reducir organismos duplicados y cargas que dificultan la financiación de empresas y emprendedores.
Inteligencia artificial para preparar una auténtica “motosierra regulatoria”
El proyecto incorpora SPAIN-DESREG, una herramienta desarrollada por Foro Regulación Inteligente para ambos centros, que procesa 649.000 disposiciones del Boletín Oficial del Estado, incluidas las ya derogadas, mediante aprendizaje automático, procesamiento de texto e inteligencia artificial, y las contrasta con más de 5.000 documentos del Banco de España, el FMI, el BCE y la Comisión Europea.
Evalúa cada norma según cinco criterios (carga regulatoria, complejidad, potencial de liberalización, intervencionismo y extensión) y permite analizar artículos concretos y sus conexiones con otras disposiciones, para evitar que una derogación aislada genere contradicciones o vacíos jurídicos.
Se complementa con MOTOSIERRA-DESREG, que identifica captura regulatoria, distorsiones de mercado, obsolescencia normativa y gold-plating (las cargas adicionales que los gobiernos añaden al transponer la legislación europea) y genera borradores de reforma con exposición de motivos, articulado y disposiciones transitorias. Sus hallazgos son solo un primer paso: deben ser validados por equipos de juristas, economistas y expertos en políticas públicas.
La experiencia internacional demuestra el potencial de la desregulación
El informe recoge una investigación de Danilo Cascaldi-García y Matteo Iacoviello, publicada en 2026 en el ámbito de la Reserva Federal, sobre los episodios de desregulación en Estados Unidos entre 1960 y 2025, que muestra efectos positivos sobre el PIB, la inversión, la productividad y el empleo, además de moderación de precios y menor incertidumbre económica.
Examina también el caso argentino con Javier Milei y Federico Sturzenegger: hasta enero de 2026, más de 500 normas de desregulación habían modificado o eliminado más de 2.400 disposiciones y más de 14.000 artículos. En el alquiler, la liberalización fue acompañada de un aumento del 88 % en la oferta de inmuebles y una reducción real del 29 % en los precios (datos de septiembre de 2025).
Para CEU CEFAS e IJM, estas experiencias demuestran la importancia de preparar con anticipación una agenda reformista ambiciosa. El objetivo no es eliminar indiscriminadamente la regulación, sino sustituir un sistema de proliferación normativa, complejidad administrativa e inseguridad jurídica por otro de reglas más sencillas, estables y previsibles.
Una agenda preparada para un futuro gobierno reformista
Esta segunda entrega culmina una primera fase de diagnóstico y deja un inventario de 453 intervenciones normativas que permitiría desarrollar una estrategia ordenada de simplificación administrativa y liberalización económica, combinando derogaciones inmediatas, reformas de profundidad, eliminación de requisitos adicionales a los europeos y negociación con las instituciones comunitarias.
Los autores consideran que reducir la burocracia puede ser una de las principales palancas de crecimiento: rebaja costes, facilita la inversión, estimula la competencia y devuelve capacidad de decisión a familias y emprendedores, frente a las políticas basadas en nuevos programas de gasto.
La conclusión de «Desenredar España II» es que España necesita una auditoría permanente de su legislación y una agenda desregulatoria preparada para convertirse en medidas concretas de gobierno.
Con 598 normas examinadas y tres de cada cuatro señaladas para su derogación o reforma, CEU CEFAS e IJM aspiran a que la reducción de trabas burocráticas pase de ser una declaración política a un programa legislativo estructurado y viable, orientado a recuperar la libertad económica, la seguridad jurídica y la competitividad.
