- Esta iniciativa será la primera de ámbito nacional que se convoque desde 2012 con el apoyo de los grandes sindicatos y la única con un proceso electoral ya en marcha. Desde la llegada de la democracia, se han registrado 13 huelgas generales, la mayoría, ocho, bajo gobiernos del PSOE.
La huelga general en favor del acceso a la vivienda se celebrará el miércoles 11 de noviembre, dos días antes de que comience la campaña electoral del 29-N, con el objetivo de desbloquear la negociación colectiva para "subir salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de los trabajadores y erradicar la precariedad".
Así lo han acordado CCOO y UGT que este miércoles por la tarde, junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones, han celebrado una reunión para cerrar todos los detalles de la convocatoria.
El paro cuenta también con el respaldo de varios sindicatos autonómicos, entre ellos el CIG gallego y los vascos ELA y LAB, que han anunciado que registrarán en sus respectivas comunidades sus propias convocatorias.
“CCOO y UGT llamamos a los hombres y mujeres de nuestro país a movilizarse por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo", arranca el comunicado conjunto de ambos sindicatos, que se estructura como un manifiesto.
Para el secretario general de UGT, Pepe Alvarez, "No es una huelga ilegal, primero porque la vivienda y los salarios tienen una relación directa. No podemos pensar que en la vida todo transcurre en el marco de la negociación en las empresas. Es más, ellos deberían estar sumados también a este movimiento", comentaba recientemente en una comparecencia en TVE.
Sin embargo, esta convocatoria de huelga general impulsada por CCOO y UGT para el próximo 11 de noviembre ha sido cuestionada a nivel jurídico, tanto a nivel empresarial como en el resto del movimiento sindical.
En este sentido que organizaciones empresariales como CEOE y Cepyme han calificado de "inadmisible" la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".
Para Antonio Gaamendi, recién reelegido presidente de CEOE, “en estos momentos de precampaña electoral, lo que tenemos que priorizar es la estabilidad y la paz social, que es algo clave, y no calentar la calle. Es una huelga que ni siquiera está bien definida en fechas ni formato, pero que parece montada contra la oposición y no contra el Gobierno, por lo que tiene un evidente componente político y electoral", añade.
Dudas de legalidad
Por su parte, la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), organización nacional que representa a más de 2,1 millones de pymes y autónomos en España, ha manifestado su más enérgico rechazo al anuncio de convocatoria de huelga general por parte de las organizaciones sindicales en relación con el problema del acceso a la vivienda.
La organización considera que se trata de un planteamiento que puede ser ilegal, dado que los motivos de la protesta no responden a un conflicto legítimo entre empresarios y trabajadores.
CONPYMES distingue entre el derecho a defender reivindicaciones sociales y la valoración jurídica de una convocatoria de huelga concreta. El artículo 11.a) del Real Decreto-ley 17/1977 establece límites a las huelgas promovidas por motivos políticos o con fines ajenos al interés profesional de los trabajadores, al mismo tiempo, ese interés no puede reducirse a una reclamación dirigida a una empresa determinada ya que el Tribunal Constitucional ha precisado que comprende los intereses de los trabajadores en cuanto tales.
Por ello, la organización no anticipa una declaración de ilegalidad sobre la base de un anuncio, porque cuando se conozcan los términos de la convocatoria, examinará sus objetivos efectivos, su conexión con los intereses de las personas trabajadoras y el cumplimiento de los requisitos legales, y si aprecia fundamentos suficientes, valorará las actuaciones que correspondan ante los órganos competentes.
“Entendemos la preocupación por la vivienda, aun así, lo que pedimos es que se exijan soluciones a quienes tienen capacidad para adoptarlas y que se escuche también a las pequeñas empresas y a los autónomos, que soportarían un perjuicio real por una paralización general. Defender esta posición no significa negar el problema ni desconocer los derechos de los trabajadores”, señala CONPYME
Frente sindical se resquebraja
Varias organizaciones han rechazado sumarse a la protesta y han cuestionado tanto sus motivos como el momento elegido, al coincidir con la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Concretamente, entre ellas se encuentran CSIF, Fetico y USO, que han defendido su independencia sindical y han marcado distancias con la iniciativa.
En el caso de CSIF, sindicato mayoritario de la función publica, su presidente Miguel Borra en declaraciones al canal 24 horas de TVE indicaba que esa organización es un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadoras y trabajadores en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
Al mismo tiempo comentaba es un sindicato cuya actividad se ciñe única y exclusivamente a las cuestiones laborales y la convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización.
Se trata de la primera huelga general en los últimos 12 años. En este tiempo, CSIF ha seguido su propia hoja de ruta ante las graves dificultades laborales y económicas que ha vivido la sociedad española.
Así quedó patente en movilizaciones como la Gran Manifestación del 24 de septiembre de 2022 por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos; la manifestación del 14 de diciembre de 2024 en defensa de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo o las movilizaciones que culminaron con la firma del Acuerdo Marco para la mejora del Empleo Público y el Servicio para la Ciudadanía.
Con la firma de este acuerdo, se evitó la huelga general que teníamos convocada en las administraciones públicas, y conseguimos, entre otros puntos, una subida salarial del 11,4 por ciento entre 2025 y 2028
Tras la convocatoria de Elecciones Generales, CSIF velará por que se garantice la aplicación de la subida ya pactada (4,5 por ciento en 2027, más un 0,5 por ciento adicional ligado a la inflación), mediante un Real Decreto, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y la actualización de las dietas e indemnizaciones por razón de servicio.
Además, CSIF se está movilizando en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, que afectan tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, por la mejora de los servicios públicos y las condiciones laborales, como es el caso de la Educación, Correos o en la Agencia Tributaria. Este es el ámbito que nos corresponde y donde vamos a circunscribir nuestras movilizaciones.
Al mismo tiempo desde esta organización sindica se muestra la preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
Se necesitan interlocutores claros
Por su parte USO ha trasladado a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) su decisión de no apoyar la huelga general convocada para el 11 de noviembre.
En una carta dirigida a su secretaria general, Esther Lynch, el secretario general de USO, Joaquín Pérez Da Silva, ha explicado las reservas de la organización sobre el momento elegido, la falta de un interlocutor institucional claro y la ausencia de un proceso compartido para construir una respuesta sindical conjunta.
La carta recoge la posición acordada por la Comisión Ejecutiva Confederal de USO el 6 de octubre, con aprobación del Comité Confederal, y subraya que compartir las reivindicaciones sociales que motivan una movilización no implica respaldar cualquier convocatoria, al margen de sus objetivos, su oportunidad y su capacidad para conseguir resultados.
Desde esta entidad, Ee rechazo a esta convocatoria no resta gravedad a la crisis de la vivienda, la precariedad laboral o la pérdida de poder adquisitivo, ni merma el compromiso de USO con la lucha contra estos problemas. El sindicato lleva muchos años denunciándolos y considera que ya constituían, desde hace tiempo, motivo sobrado para endurecer el discurso sindical.
El acceso a una vivienda digna está estrechamente vinculado al empleo estable, los salarios suficientes y una negociación colectiva abierta, plural y eficaz. Las personas trabajadoras no pueden planificar su futuro con ingresos insuficientes, jornadas imprevisibles o relaciones laborales marcadas por la inestabilidad. Por ello, USO considera que hablar únicamente de una huelga por el precio de la vivienda resulta simplista y descontextualizado.
Para esta organización sindical, una huelga general es el instrumento de presión y protesta más poderoso del que disponen las personas trabajadoras en nuestra democracia y supone un sacrificio económico real para quienes la secundan. Su convocatoria exige objetivos definidos y un interlocutor identificable con capacidad para responder.
Con el Congreso de los Diputados y el Senado disueltos y un Gobierno con capacidad limitada para legislar, USO considera la movilización corre el riesgo de ser percibida como parte de la campaña electoral, a dos días de su inicio, o como una expresión de descontento sin una vía clara para alcanzar cambios efectivos. Como señala Joaquín Pérez Da Silva en la carta: «La mayor movilización a la que podemos llamar en este momento es acudir a las urnas».
