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  • En el transcurso de esta IX Jornada Formativa de esta asociación se ha analizado que la Ley 2/2026 permitirá a los profesionales que hayan utilizado una mutualidad trasladar sus derechos económicos acumulados a la Seguridad Social para sumar tiempo de cotización.

La Ley 2/2026 abre la posibilidad de que los profesionales que han realizado aportaciones a una mutualidad, como alternativa al régimen de autónomos, puedan trasladar voluntariamente sus derechos económicos acumulados a la Seguridad Social y convertirlos en periodos cotizados. Sin embargo, las condiciones para hacer efectivo este traspaso, conocido como “pasarela al RETA”, siguen pendientes de su desarrollo reglamentario.

Como ya venido informando esta publicación sin ese Reglamento que no se ha aprobado en esta legislatura quedan muchos flecos pendientes para el profesional mutualista que quiera incorporarse al Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA). En uno de los últimos artículos, la abogada y portavoz de la Plataforma Pasarela al Reta, Isabel Rabell, constató que las pensiones que las mutualidades ofrecían eran muy escasas.

Durante la IX Jornada Formativa de Otoño de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), diferentes expertos han analizado las implicaciones de esta reforma para la futura jubilación de los mutualistas y los factores que deberán considerar antes de decidir si acogerse a ella.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida afectará a miles de profesionales, entre ellos abogados, procuradores, arquitectos y médicos. La posibilidad de trasladar sus aportaciones implica una decisión cuyo efecto dependerá de la trayectoria de cada persona y de las condiciones que se establezcan para su incorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Faltan muchas cosas por aclarar

Andrés Ramón Trillo, letrado jefe del Servicio Jurídico Delegado Central del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha señalado que “queda por aclarar casi todo”, puesto que la integración y sus condiciones dependen de la aprobación de un real decreto que desarrolle la Ley 2/2026. Esta concreción será determinante para que los profesionales puedan evaluar las consecuencias del traspaso en su jubilación.

La aprobación de una pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) mediante norma con rango de ley —o su eventual bloqueo legislativo— sin el correspondiente desarrollo reglamentario produce una situación de inaplicabilidad práctica y genera una serie de efectos jurídicos y económicos directos para los mutualistas alternativos (especialmente abogados y procuradores

Entre ellos se puede destacar , en primer lugar, Aunque una ley reconozca el derecho al traslado de fondos y la conversión de años cotizados en la mutualidad hacia la Seguridad Social, sin el reglamento que fije los formularios, plazos, órganos gestores y el procedimiento de liquidación entre la mutualidad y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), no es posible presentar solicitudes efectivas ni ejecutar las transferencias de capital.

Vacatio legis de facto: La norma queda en suspenso en la práctica hasta que el Gobierno apruebe el Real Decreto de desarrollo, lo que retrasa el reconocimiento efectivo de los derechos pasivos.

Falta de criterios actuariales: El reglamento es la herramienta que debe concretar las fórmulas de conversión (qué porcentaje de los fondos acumulados se transfiere y a cuántos años de cotización en el RETA equivalen). Sin él, los mutualistas próximos a la edad de jubilación carecen de seguridad jurídica para calcular su futura pensión pública.

Obligación de seguir cotizando en el sistema actual: Mientras no exista desarrollo reglamentario que articule la pasarela, los mutualistas alternativos siguen sujetos a sus obligaciones vigentes con su mutualidad (o con el RETA si ya se dieron de alta) para no perder la cobertura sanitaria, de incapacidad o de jubilación.

Inalterabilidad de los fondos en las mutualidades: Las entidades de previsión social (como la Mutualidad de la Abogacía o Alter Mutua) no están obligadas ni habilitadas para liberar ni transferir los fondos matemáticos acumulados por los mutualistas hasta que exista un marco reglamentario que regule la descapitalización ordenada y garantice la solvencia de la entidad.

El capital acumulado y los ingresos tras la jubilación, entre los factores que deben revisarse

El experto explicó que su efecto “depende de si ha estado en un régimen de la Seguridad Social y de los periodos abonados en la mutualidad alternativa”. Por ello, ha subrayado que “la decisión estará condicionada por las circunstancias individuales de cada mutualista”.

Antes de optar por el traspaso, cada profesional deberá examinar conjuntamente las aportaciones realizadas a su mutualidad y las cotizaciones que haya acumulado en la Seguridad Social. Además, Trillo ha destacado la necesidad de valorar otros factores como “el capital acumulado, los requisitos de acceso, las posibilidades de compatibilidad con el trabajo y las rentas disponibles tras la jubilación”.

La ley contempla esta opción para los profesionales colegiados que estén o hayan estado afiliados a una mutualidad alternativa al RETA antes del 1 de agosto de 2026, fecha de entrada en vigor de la norma. Para solicitarla, deberán carecer de la condición de pensionistas tanto en los regímenes públicos como en la respectiva mutualidad, salvo quienes perciban una pensión de viudedad.

Trillo definió la pasarela como “un sistema excepcional de integración” por decisión individual del mutualista. El traspaso será voluntario, pero conllevará la incorporación obligatoria e irreversible al RETA para la actividad profesional que lo haya motivado. Las operaciones económicas derivadas de la transferencia estarán exentas de tributación, y el plazo para solicitarla será de un año a partir de la entrada en vigor del reglamento de desarrollo.

Urge el desarrollo reglamentario

En resumen, una pasarela al RETA sin reglamento convierte el derecho en meramente programático: reconoce la expectativa jurídica sobre el papel, pero impide su ejecución material, perjudicando especialmente a los mutualistas de mayor edad que no disponen de margen temporal para esperar el desarrollo normativo.

La aplicación de esta nueva ley se debatió en el marco de la IX Jornada de Otoño de ASNALA, celebrada en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta actividad formativa dedicó una ponencia a la preparación de la prueba y la defensa en juicio en las reclamaciones de incapacidad permanente, de la mano de Carlos Alonso Miguel, abogado de Abdón Pedrajas Littler y socio de ASNALA. Asimismo, Ángela Sanz Rubio, magistrada de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Guadalajara, y Abraham Cobo , coordinador en Cataluña del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), han impartido un taller práctico sobre la actuación de los laboralistas ante un concurso de acreedores, en el marco de la colaboración entre ASNALA y AEMPI.

Por su parte, Ana Gómez presidenta de ASNALA, ha recordado que, tras nueve ediciones, la cita mantiene el propósito con el que nació: “reunirnos, debatir y dar respuesta a los principales retos en materia de Seguridad Social”. La presidenta subrayó que ese objetivo cobra especial importancia cuando las decisiones jurídicas afectan al empleo, a las prestaciones o a la jubilación de las personas.