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  • El catedrático de Derecho Constitucional, defiende el Poder Judicial "como última vía de control del poder" con Félix Bolaños en el auditorium

El Presidente del Tribunal Constitucional, Candido Conde Pumpido hizo entrega Manuel Aragón Reyes, del galardón del XXXII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. La semblanza del galardonado la efectuó . Paloma Biglino Catedrática Emérita de Derecho Constitucional. Este tradicional Premio se entrega anualmente en el Casino de Madrid con la asistencia de los cuatro poderes del Estado y personalidades del mundo jurídico.

En su esperado discurso de agradecimiento magistrado emérito del Tribunal Constitucional y académico de Jurisprudencia y Legislación Aragón, volvió a realizar, como es habitual en cualquier declaración pública este jueves una defensa contundente del Estado de Derecho, de la independencia de los órganos jurisdiccionales y de la interpretación respetuosa de las leyes, y reclamo con claridad o que se vuelva «al auténtico consenso en la designación» de los magistrados del TC, en lugar del sistema actual, un «mero reparto por cuotas políticas».

 

Manuel Aragón pronunció un brillante discurso centrado en la defensa del Estado de Derecho como garantía indispensable de la democracia constitucional, subrayando que solo el sometimiento de todos los poderes a la ley permite preservar la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas.

Aragón, en presencia de Bolaños, destacó asimismo la importancia de unas instituciones sólidas e independientes, especialmente del Poder Judicial, para asegurar el respeto a los derechos de los ciudadanos y evitar cualquier abuso de poder, reivindicando la necesidad de proteger y fortalecer nuestro sistema constitucional.

Además, advirtió de que la democracia constitucional no puede funcionar correctamente sin el Estado de derecho y ha llamado a «no dejarse arrastrar por el canto perverso de las sirenas», en alusión a los populismos que «propugnan que la política está por encima del Derecho o que el Derecho debe estar al servicio de la política». Y recordó a los políticos que sus críticas a las resoluciones judiciales deben de estar sujetas a «una especial contención» derivada de «una lealtad institucional que nunca deben transgredir».

En su discurso, Aragón aseguro que «solo el sometimiento a las reglas del Derecho garantiza la efectividad de la democracia impidiendo que esta sea sustituida por la demagogia o por el despotismo de la mayoría parlamentaria»

Todos sometidos a la Constitución

Al mismo tiempo comento que este catedrático ha recordado que el Estado de derecho somete «a todos» a los principios que la Constitución establece, y eso incluye al Parlamento, al Gobierno y al Poder Judicial. Al primero le exige al dictar «buenas leyes, claras precisas y conforme con la Constitución»; al Gobierno, adoptar disposiciones y actos «con sujeción a lo previsto en las leyes», y a la Justicia, garantizar, «desde una posición de solvencia, independencia e imparcialidad, que esas exigencias (constitucionales) se cumplan».

Aragón se centrço en concreto, en el papel de los jueces en el Estado de derecho para decir que sin su tutela, no hay derechos efectivos, y ha señalado en el Estado de derecho el control jurisdiccional es «una pieza insustituible».

El premiado defendió un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin influencia política y abogó por un órgano de gobierno de los jueces en el que los nombramientos se realicen «por criterios objetivos que eliminen, o al menos reduzcan drásticamente, la discrecionalidad en tales designaciones».

Aragón resallto , además que el Estado de derecho exige que las resoluciones del Poder Judicial sean respetadas, no solo porque el propio ordenamiento jurídico ya proporciona a través de los recursos, las vías para que una sentencia o resolución sea revisada sino también porque «la crítica a las resoluciones, siendo conveniente, incluso necesaria (...) tiene una frontera que el Estado de derecho impone y que no se debe traspasar, y es que dicha crítica no incurra en la injuria o en la calumnia, ya que entonces no se está ejerciendo la libertad de expresión, sino cometiendo un delito». «Las críticas judiciales -ha añadido- deben estar sujetas, además, a una especial contención derivada del principio de lealtad institucional que los cargos públicos nunca deben transgredir».

El premiado rechazó que se esté produciendo en nuestro país una "judicialización de la política", sino una "actuación debida de los tribunales, que no pueden dejar de juzgar, cuando son llamados a ello, las conductas jurídicamente irregulares de todos los ciudadanos". Incluidos, ha matizado, "los que ocupan cargos públicos". Lo que sucedi´´o, ha recalcado, es que ha habido que "recurrir al Poder Judicial como última vía de control del poder".

Personalidades asistentes de primer nivel

Han participado desde la Mesa Presidencial: el Presidente del Tribunal Constitucional, la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Presidenta del Tribunal de Cuentas, la Fiscal General del Estado, el Presidente del Jurado y el Presidente de Pelayo. Esta 32 edición ha contado con la Presidencia de Honor de S.M. el Rey.

En esta ocasión asistieron más de 600 personas al acto de entrega, entre las que figuró el Jurado en pleno y una nutrida representación de las personalidades políticas, jurídicas y empresariales, destacando a ilustres juristas del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía, Audiencias, Parlamentarios, Rectores de Universidad, Letrados y Procuradores de los más prestigiosos despachos, máximos representantes de la Universidad, de la política, así como de la sociedad y del mundo empresarial.

El Premio Pelayo, que alcanza su Trigésimo Segunda Edición, está dotado con 30.000€ (que goza de exención fiscal) y una estatuilla conmemorativa. Entre sus premiados cuenta con una relevante representación del mundo jurídico sobre los que se puede ampliar información

Por su parte, Paloma Biglino Catedrática Emérita de Derecho Constitucional, realizó la semblanza resaltando la brillante trayectoria académica y profesional de Manuel Aragón Reyes, referente del Derecho Constitucional español, poniendo en valor su dilatada labor docente e investigadora, así como su contribución al fortalecimiento de instituciones clave para nuestro Estado de Derecho. Subrayó igualmente su independencia de criterio, su compromiso con los valores constitucionales y su relevante papel en organismos e instituciones de especial trascendencia jurídica y pública.

Al comienzo del acto, Francisco Lara, Presidente de Grupo Pelayo, dedicó unas palabras de bienvenida a los asistentes y convocó la XXXIII Edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.