El marcado CE no basta: las fronteras técnicas que fragmentan el mercado único

Alfonso Muñoz Candela

I.Introducción

Con más frecuencia de la que cabría esperar, la lógica del Mercado Único choca con decisiones nacionales que la contradicen. Un ejemplo lo resume bien: para vender equipos de iluminación en tres grandes Estados miembros, una empresa debe cumplir a la vez las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor en tres categorías: envases, aparatos eléctricos y electrónicos, y pilas. El resultado son 16 registros distintos ante 10 autoridades, cada uno con su procedimiento, sus tasas y sus obligaciones de información. El caso no es una anécdota: lo recoge la propia Comisión Europea en la Estrategia del Mercado Único que presentó el 21 de mayo de 2025 (Comisión Europea, 2025).

El marcado CE acredita que un producto cumple la legislación europea de armonización, pero no siempre basta para venderlo en todo el territorio de la Unión. Sobre él se superponen etiquetados, registros y requisitos nacionales que cambian de un país a otro y que, en la práctica, obligan a adaptar el producto o su documentación.

En mi artículo anterior, «El Dilema Regulatorio: Entre el Crecimiento y el Bienestar» (Law&Trends, febrero de 2026), sostenía que Europa no necesita desregular, sino regular con más agilidad y proporcionalidad. Este segundo artículo baja a un mecanismo concreto: en demasiados ámbitos, una misma cuestión se regula 27 veces de manera distinta. La Comisión sitúa esa fragmentación entre las diez barreras más dañinas del Mercado Único, los llamados «Terrible Ten».

II.Qué es una barrera técnica «de facto»

	Alfonso Muñoz Candela es jurista con sólida formación y experiencia en negocios internacionales.

El Mercado Único reúne a 450 millones de consumidores y 26 millones de empresas. Su lógica es sencilla: una sola norma europea sustituye a 27 nacionales. El marco de legislación de productos, basado en normas armonizadas, marcado CE y vigilancia del mercado, sustenta aproximadamente el 80 % de la producción industrial y el 74 % de la manufactura intracomunitaria (Comisión Europea, 2025).

Cuando no hay armonización, rige el principio de reconocimiento mutuo que el Tribunal de Justicia formuló en la sentencia Cassis de Dijon (asunto 120/78): en principio, un Estado no puede prohibir la venta de un bien comercializado legalmente en otro Estado miembro, aunque se haya fabricado conforme a reglas técnicas distintas, salvo que la restricción esté justificada por razones imperiosas de interés general y sea proporcionada (artículos 34 a 36 del TFUE). Su aplicación se rige hoy por el Reglamento (UE) 2019/515. La Comisión evaluó que el régimen anterior no había cumplido las expectativas, y el reglamento vigente introdujo una declaración de reconocimiento mutuo de carácter voluntario (Comisión Europea, REFIT Scoreboard).

Llamo barrera técnica «de facto» a la que no prohíbe la entrada de un producto, pero la encarece o la retrasa: ensayos repetidos, marcas nacionales añadidas, etiquetados distintos, registros por país. La Comisión la vincula, entre otras causas, a la transposición divergente o innecesariamente gravosa del derecho europeo, lo que se conoce como gold-plating (Comisión Europea, 2025).

Ahora bien, no toda exigencia nacional es ilegítima. El nuevo Reglamento de Productos de Construcción, Reglamento (UE) 2024/3110, se aplica desde el 7 de enero de 2026, aunque convivirá con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 hasta 2039: sus obligaciones se activan, familia de productos por familia, a medida que se publican las nuevas normas armonizadas. El reglamento deja en manos de los Estados los requisitos sobre el uso de los productos, siempre que respeten el lenguaje técnico de las especificaciones armonizadas (Comisión Europea, Reglamento de Productos de Construcción). La propia Comisión admite que muchas barreras son una consecuencia no deseada de objetivos públicos legítimos y que eliminarlas no cuestiona los altos estándares sociales y ambientales (Comisión Europea, 2025). La frontera está en la duplicación: exigir de nuevo lo que ya se ha probado y certificado.

III.Casos reales

1. La marca Ü alemana (construcción). En junio de 2012, la Comisión decidió llevar a Alemania ante el Tribunal de Justicia porque exigía marcas o aprobaciones nacionales adicionales a productos de construcción que ya tenían el marcado CE y se comercializaban legalmente en otros Estados miembros, con especial atención a puertas, portones y aislamiento térmico. La Comisión recordaba entonces que el sector de los productos de construcción aportaba cerca del 15 % del valor añadido manufacturero de la UE, pero solo el 5 % de su comercio intracomunitario. La sentencia C-100/13, de 16 de octubre de 2014, declaró que Alemania incumplía la Directiva de productos de construcción al imponer, mediante sus listas de reglas de construcción (Bauregellisten), requisitos adicionales a productos armonizados.
2. Etiquetado de envases (Italia). En julio de 2022, en el procedimiento de notificación TRIS, la Comisión señaló que el artículo 219(5) del Código Ambiental italiano implicaba que los productos comercializados legalmente en otros Estados miembros debían llevar un etiquetado específico para venderse en Italia. Advirtió de que muchas empresas usan un único envase para toda la Unión y tendrían que preparar variantes italianas o ampliar el tamaño del envase, con más costes y menos economías de escala, sobre todo para las pymes. Italia había suspendido la aplicación de la norma hasta el 31 de diciembre de 2022 mediante la Ley 15/2022 (Comisión Europea, TRIS, 2022).

La Comisión reconoce el problema en términos generales: los requisitos nacionales divergentes obligan a desarrollar versiones distintas del producto, a reetiquetar o incluso a reenvasar (Comisión Europea, 2025). El Reglamento (UE) 2025/40 prevé una etiqueta común, pero la etiqueta de composición del material se aplicará a partir del 12 de agosto de 2028, o 24 meses después de que entren en vigor los actos de ejecución si esa fecha es posterior. La prensa especializada informa, además, de que la Comisión incumplió el plazo del 12 de agosto de 2026 para adoptarlos (Envirotec, 2026). Una vez aplicable, los Estados no podrán mantener instrucciones nacionales de clasificación adicionales, salvo en los sistemas de depósito y devolución (Envirotec, 2026).

1. Nutri-Score frente a NutrInform. Nutri-Score, usado por numerosos países europeos, fue durante años el favorito para convertirse en obligatorio en toda la Unión. Italia creó en 2020 su alternativa, NutrInform Battery. En 2025 la Comisión no se comprometió con un sistema obligatorio común, y hoy hay pocos indicios de que vaya a armonizarse. Son sistemas voluntarios, no normas técnicas de producto, pero ilustran el mismo efecto: fabricante y consumidor se enfrentan a lenguajes distintos según el país.
2. Normas que no llegan a tiempo. Un fabricante de drones solo disponía de una de las ocho normas armonizadas encargadas por la Comisión. Sin las otras siete tuvo que hacer una evaluación de conformidad más costosa y con inseguridad jurídica, costes que, según la Comisión, podrían haberse invertido en innovación (Comisión Europea, 2025). Aquí el hueco no lo crea una norma nacional, sino la ausencia de la norma común.
3. Resistencia al deslizamiento en baldosas cerámicas. El proyecto prEN 13552, del comité CEN/TC 67, definía cuatro métodos de ensayo para determinar el coeficiente de fricción de las baldosas cerámicas para suelos. Figura como proyecto abandonado desde el 9 de agosto de 2000.

La normalización europea de los métodos de evaluación del deslizamiento llegó después, por otra vía: una especificación técnica en 2012, otra en 2016 y, por fin, la norma EN 16165 en 2021, elaborada por el comité CEN/TC 339. Durante esos años, cada mercado mantuvo sus propios métodos y clasificaciones, como el ensayo de péndulo que exige en España el Código Técnico de la Edificación o la escala R de la norma alemana DIN 51130, de modo que una misma baldosa podía tener que ensayarse y clasificarse varias veces. Entre el abandono de aquel proyecto y la norma europea pasaron 21 años, y los retrasos en la normalización figuran, precisamente, entre los «Terrible Ten» de la Comisión.

IV.El coste: el «impuesto invisible»

El FMI estima que vender bienes entre Estados miembros equivale a pagar un arancel de en torno al 45 %, frente a cerca del 15 % entre estados de EE. UU.; en servicios, el equivalente ronda el 110 % (FMI, 14 de noviembre de 2024). Para dimensionarlo, el arancel exterior efectivo de la UE ronda el 3 % (FMI, 16 de diciembre de 2024). Son estimaciones del conjunto de costes de comerciar dentro de la Unión, no solo de las normas técnicas. El propio FMI cita entre sus causas las licencias múltiples, las aprobaciones duplicadas y las reglas de etiquetado complejas (FMI, 10 de marzo de 2026).

La evaluación de la Comisión sobre el reconocimiento mutuo aporta un dato concreto. En los productos armonizados, las exportaciones intracomunitarias equivalen al 55 % del consumo interno. En los no armonizados o parcialmente armonizados, solo al 35 %. Las empresas, concluye la evaluación, a menudo adaptan sus productos o renuncian a entrar en un nuevo mercado (Comisión Europea, REFIT Scoreboard).

Las ganancias potenciales son grandes. Según el FMI, reducir las barreras internas al nivel que existe entre estados de EE. UU. elevaría la productividad cerca de un 7 % a largo plazo (FMI, 14 de noviembre de 2024). Un paquete integral de reformas europeas y nacionales la elevaría en torno al 20 %, y aproximadamente la mitad de esa ganancia dependería de reformas nacionales (FMI, 10 de marzo de 2026).

Las pymes son las más afectadas, porque tienen menos recursos para afrontar cada barrera. Solo el 3,6 % de las pymes exporta bienes a otros países de la UE. Y mientras el 73 % de las pymes de alto crecimiento prevé crecer en su mercado nacional, solo el 24 % prevé hacerlo dentro del Mercado Único (Comisión Europea, 2025).

V.Consumidores, I+D y competitividad

Para el consumidor, el efecto es menos visible, pero real. La Comisión sostiene que el Mercado Único debe ofrecer más elección a precios más bajos, y reconoce que la proliferación de requisitos de etiquetado complica la información que recibe el consumidor (Comisión Europea, 2025). Cuando entrar en cada país exige un envase, un registro o una prueba propios, algunas empresas, sobre todo las pequeñas, renuncian a entrar. La consecuencia lógica es menos variedad de productos similares y menos presión competitiva sobre los precios.

El efecto sobre la innovación es indirecto, pero la lógica es sencilla: el euro que se gasta en repetir ensayos, registros o etiquetados no se dedica a investigar. El FMI añade que menores barreras permiten a las grandes empresas alcanzar escala y, con ella, afrontar mayores esfuerzos de innovación (FMI, 16 de diciembre de 2024).

El punto de partida no es favorable. La UE dedica el 2,2 % de su PIB a I+D, una cifra estable en los últimos años (Eurostat, 2025). Según el FMI, las grandes empresas tecnológicas europeas invierten en I+D entre el 3 % y el 4 % de sus ventas, frente a alrededor del 12 % de las estadounidenses (FMI, 14 de noviembre de 2024). No pretendo atribuir toda esa brecha a la fragmentación técnica, pero sí señalar que es un freno más en la misma dirección.

VI.Lo que ya se hace y por qué no basta

Europa no ignora el problema. El Reglamento (UE) 2019/515, aplicable desde el 19 de abril de 2020, creó la declaración voluntaria de reconocimiento mutuo y un procedimiento de resolución de problemas basado en SOLVIT (Comisión Europea, REFIT Scoreboard).

La Estrategia del Mercado Único de mayo de 2025 pone nombre a los diez obstáculos principales. Entre ellos figuran el etiquetado fragmentado, los registros de responsabilidad ampliada del productor y los retrasos en la normalización. Entre 2022 y 2024, cerca del 15 % de las notificaciones de normas nacionales, o de sus proyectos, suscitó la preocupación de la Comisión por poder crear barreras (Comisión Europea, 2025). La Comisión anunció la revisión del Reglamento de Normalización para 2026 y, para 2027 y solo «si fuera necesario», una Ley de Prevención de Barreras del Mercado Único.

Hay al menos tres razones por las que esto no basta. El sistema corrige tarde: en el caso alemán pasaron más de dos años entre la decisión de remitir el asunto al Tribunal y la sentencia. Los avisos previos son débiles: en el caso italiano, las observaciones de la Comisión en el procedimiento TRIS no prorrogaban el periodo de statu quo (Comisión Europea, TRIS, 2022). Y la solución armonizada llega tarde: como se ha visto, la etiqueta común de envases no se aplicará antes de agosto de 2028.

VII.Propuestas

Ninguna de estas medidas rebaja una exigencia de seguridad, salud o medio ambiente. Solo evitan comprobar dos veces lo ya comprobado.

1. Reconocimiento técnico automático reforzado. Un producto que cumpla la norma armonizada aplicable, lleve el marcado CE y cuente, cuando proceda, con la certificación de un organismo notificado debe aceptarse en todo el mercado sin certificaciones técnicas nacionales adicionales. Para los productos de construcción armonizados, esa es ya la consecuencia de la sentencia C-100/13; lo que se propone es hacerla efectiva en la práctica y extender el principio, de forma expresa, al resto de sectores.
2. Cláusula de no duplicidad técnica. Propongo una redacción como la siguiente: «Ningún Estado miembro debería exigir ensayos, marcas de calidad o evaluaciones técnicas adicionales cuando el producto cuente con una norma armonizada europea aplicable y una certificación válida emitida por un organismo notificado, sin perjuicio de los requisitos nacionales sobre el uso del producto».
3. Registro europeo digital de productos certificados. Una plataforma única de conformidades daría transparencia, trazabilidad y menos ensayos repetidos. No partiría de cero: la Comisión anunció el uso del Pasaporte Digital de Producto como contenedor de etiquetas y documentación de conformidad, y su extensión mediante la revisión del Nuevo Marco Legislativo (Comisión Europea, 2025).
4. Prevención en origen. Adelantar la Ley de Prevención de Barreras del Mercado Único, hoy prevista para 2027 y solo «si fuera necesario», y ampliar los casos en que la intervención de la Comisión paralice una norma nacional mientras se examina.

VIII.Conclusión

El marcado CE es una promesa: que un producto conforme puede circular libremente por el Mercado Único. Cumplirla exige que la prueba europea valga en todo el territorio, no que cada país la repita. Eso no obliga a rebajar la protección del consumidor, del medio ambiente o de la seguridad, algo que la propia Comisión reafirma. Como defendía en mi artículo anterior, el equilibrio no está en desregular, sino en regular con agilidad y proporcionalidad. Un mercado único no se mide por las normas que tiene, sino por las veces que obliga a repetirlas.