David Fechenbach Marcos
Abogado penalista y Socio Director de Fechenbach Abogados. Profesor Asociado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Alcalá. Su práctica se centra en la defensa penal de alta complejidad, la extradición pasiva y la Orden Europea de Detención y Entrega ante la Audiencia Nacional. Ficha profesional · Guías penales
En Alemania, Austria o Francia basta la firma del cliente y la palabra de su abogado colegiado. En España hace falta notario, apostilla y traducción, o una identidad digital española. Europa necesita un modelo común para quien litiga donde no reside, y ese modelo debe construirse sobre el abogado, no contra él
Un abogado alemán acepta el encargo de un cliente español, recibe un folio firmado y ese mismo día puede actuar ante cualquier tribunal de su país. Un abogado español, ante el mismo cliente alemán, necesita semanas de notaría, apostilla y traducción. La diferencia no está en la calidad de los profesionales, que están igual de colegiados y sometidos a deontología. Está en la confianza que cada Estado deposita en ellos. La tesis de este artículo es que el ciudadano europeo que necesita litigar en un Estado donde no reside debe poder apoderar a su abogado mediante un poder europeo basado en la confianza en el abogado colegiado, y que el Consejo General de la Abogacía Española debe llevar esa propuesta a Bruselas.
El mismo encargo, cinco respuestas y un solo principio
Planteo un supuesto que conoce cualquier despacho con clientela extranjera. Una persona residente en otro Estado miembro necesita que su abogado y su procurador se personen por ella en un procedimiento español.
La Zivilprozessordnung alemana se conforma con que el poder se aporte por escrito a las actuaciones (§ 80 ZPO). No exige notario ni legitimación de firma. Y desde 1977 añade una regla que lo dice todo, porque el tribunal solo examina de oficio la falta de poder cuando quien comparece no es Rechtsanwalt (§ 88.2 ZPO). Si lo es, el defecto únicamente se discute cuando la parte contraria lo denuncia.
Austria va más lejos. Desde la reforma procesal de 1983, el § 30.2 de su ZPO dispone que, cuando interviene un abogado o un notario, la mera invocación del poder conferido sustituye su acreditación documental. El Oberster Gerichtshof ha precisado que se sustituye la prueba del poder y no su otorgamiento, que tiene que existir, y ha vinculado esa confianza a las graves consecuencias disciplinarias que tendría para el abogado invocar un poder que no tiene.
Francia llega al mismo sitio por otra vía. El artículo 416 del Code de procédure civile obliga a quien pretenda representar a una parte a justificar el mandato recibido, y a continuación dispensa al avocat de hacerlo.
Italia es más formalista. La procura general debe otorgarse en documento público o privado autenticado (art. 83 del Codice di procedura civile), pero la procura especial puede extenderse al pie del propio escrito, y es el abogado quien certifica la autenticidad de la firma de su cliente. Polonia, por último, permite que el adwokat o el radca prawny autentique por sí mismo la copia del poder que se le ha conferido (art. 89.1 del Kodeks postępowania cywilnego).
Cinco formas distintas y un solo principio. La garantía del apoderamiento es la palabra de un profesional colegiado, identificable, sometido a un estatuto deontológico y responsable de lo que afirma ante el tribunal.
España desconfía de sus propios abogados
El artículo 24.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, admite dos formas de otorgar el poder al procurador. La primera es la comparecencia electrónica en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales, a través de una sede judicial electrónica. La segunda es el otorgamiento ante notario o la comparecencia personal, presencial o por medios electrónicos, ante el Letrado de la Administración de Justicia. Entre esas formas no está la que funciona en media Europa. La firma del cliente acreditada por su abogado colegiado no vale nada.
Para quien reside fuera de España, cada puerta tiene su cerradura. La comparecencia electrónica exige certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve, a los que no accede quien no tiene NIE. La identificación de ciudadano de la Unión a través del nodo eIDAS existe en teoría, pero en la práctica casi ningún cliente dispone de una identidad electrónica de su país utilizable para ese trámite, y cuando la tiene, la sede judicial no le abre la puerta del apoderamiento. Queda el notario de origen o el consulado, la apostilla del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 y la traducción que exige el artículo 144 LEC. La comparecencia telemática ante el Letrado de la Administración de Justicia, que introdujo la reforma de 2023, depende de los medios y la agenda de cada oficina judicial.
La paradoja es que nuestro propio ordenamiento ya confía en el abogado cuando más importa. El investigado designa a su abogado de confianza en el proceso penal sin pasar por notario, y ese abogado asume su defensa con todas las consecuencias. Confiamos en el letrado para defender la libertad de su cliente y desconfiamos de él para acreditar que ese cliente le ha encargado un pleito civil o una querella.
En la acusación particular el problema se agrava, porque los plazos no esperan. La víctima de un delito cometido durante sus vacaciones en Baleares necesita un procurador con poder bastante para querellarse (art. 277 LECrim), y la instrucción avanza mientras ella recorre notaría, apostilla y traductor en su país de residencia. El cliente, con bastante razón, piensa que le estamos tomando el pelo.
La desconfianza tiene un precio, y lo pagan los despachos españoles
El cliente internacional compara tiempos, costes y facilidad, y en ese mercado un despacho alemán o austriaco ofrece algo que uno español no puede ofrecer, que es empezar a trabajar el mismo día en que se firma el encargo. Cuando el cliente extranjero contrata en España, la formalidad del poder la paga él en tiempo y en dinero, y la paga el despacho español en encargos que no llegan o que llegan tarde. Cuando un despacho de esos países representa a un cliente español en su jurisdicción, no soporta ninguna de esas cargas. La asimetría no nace de la calidad de unos y otros. La crea la norma.
La libre prestación de servicios de los abogados está en el Derecho de la Unión desde la Directiva 77/249/CEE, y la Directiva 98/5/CE permite ejercer con carácter permanente en otro Estado con el título de origen. Europa ya reconoce el título del abogado. Lo que no reconoce es su palabra, y mientras cada Estado decida por su cuenta cuánto vale esa palabra, los abogados de unos países competirán con ventaja sobre los de otros. Un modelo europeo no es solo una cuestión de acceso a la justicia. Es una cuestión de igualdad de condiciones dentro del mercado interior.
El modelo que Europa debe adoptar
La Unión ya ha demostrado que sabe crear un poder común. La Directiva (UE) 2025/25 introduce en la Directiva 2017/1132 un "poder de representación digital de la UE" para que las sociedades autoricen a una persona a representarlas en procedimientos transfronterizos, con una plantilla multilingüe que aprobará la Comisión y que se aceptará como prueba de la representación. Es el precedente de técnica legislativa, pero no debe ser el precedente de fondo, porque ese instrumento descansa en la comprobación por tribunales, notarios u otras autoridades. Trasladar su lógica al poder para pleitos es una extensión que corresponde a quien esto escribe y no al legislador europeo, y la propuesta es trasladarla corrigiendo precisamente ese punto.
El modelo que propongo es sencillo, y es deliberadamente limitado. Su ámbito sería el ciudadano de la Unión que quiere apoderar a un abogado en un Estado miembro en el que no reside, ni tiene número de identificación de extranjero ni residencia fiscal. Para él, un formulario europeo de apoderamiento procesal, multilingüe y con campos tasados (identidad del poderdante, profesionales apoderados, ámbito general o especial y facultades que exigen mención expresa), firmado por el cliente y aceptado por un abogado colegiado en cualquier Estado miembro, que acredita la identidad del otorgante y la autenticidad de su firma bajo su responsabilidad profesional. Sin notario, sin apostilla y sin traducción de los campos normalizados. Y reconocido como prueba suficiente de la representación ante cualquier órgano jurisdiccional de la Unión, con la misma regla de fondo que aplican Alemania y Austria, de modo que la parte contraria pueda impugnarlo y el tribunal pueda exigir más cuando tenga dudas fundadas. Para todos los demás, incluido el residente que ya tiene acceso a los medios de su Estado, seguiría rigiendo la normativa nacional.
Esa limitación no es una concesión táctica. Es lo que hace viable la propuesta. No obliga a ningún Estado a renunciar a su sistema interno ni a sus notarios, respeta la subsidiariedad y se ciñe al único supuesto en el que el problema es genuinamente europeo, que es el del ciudadano al que su propia condición de no residente deja fuera de los cauces nacionales. No se trata de imponer a todos el sistema más laxo, sino de equilibrarlos sobre el denominador común que ya comparten. Y por eso mismo la base competencial es sólida, porque el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habilita medidas en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, entre ellas las dirigidas a garantizar el acceso efectivo a la justicia y a eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles. En el ámbito penal el encaje es más discutible, aunque el artículo 82.2 TFUE permite normas mínimas sobre los derechos de las víctimas.
La objeción de la seguridad jurídica, y por qué no alcanza
Sería deshonesto no plantear la objeción más seria. El notario comprueba la identidad, juzga la capacidad y se asegura de que el otorgante entiende lo que firma. Y el Tribunal de Justicia ha avalado que un Estado reserve a los notarios esa función. En la sentencia Piringer (asunto C-342/15, de 9 de marzo de 2017) admitió que Austria rechazara la legitimación de firma practicada por un abogado checo en una solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad. Es buena doctrina y no pretendo discutirla.
Pero no alcanza a este supuesto. Piringer resolvió sobre un registro con efectos frente a todos, en el que lo que se protege es la seguridad del tráfico inmobiliario. El poder para pleitos opera dentro de un proceso, bajo control judicial permanente, es revocable en cualquier momento y su falta tiene consecuencias dentro del propio procedimiento. Tampoco desplaza al notario en el tráfico interno de ningún Estado, porque solo opera para quien no tiene acceso a los cauces nacionales. Además, la confianza no es ciega. El abogado que acredita una firma falsa o invoca un poder inexistente responde disciplinariamente y, en su caso, penalmente, y esa responsabilidad es la que sostiene el sistema austriaco según su propio Tribunal Supremo. Alemania funciona así desde 1977 y Austria desde 1983, y ninguno de los dos ha tenido que dar marcha atrás. La desconfianza hacia el abogado no es una garantía. Es un coste que se traslada al cliente.
Qué pedir y a quién pedirlo
La Delegación en Bruselas del Consejo General de la Abogacía Española tiene encomendada la representación técnica de la Abogacía española ante las instituciones europeas y colabora de forma permanente con el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE). Es el cauce natural, y desde aquí pido de forma expresa que lo utilice para proponer al CCBE y a la Comisión un apoderamiento procesal europeo para no residentes basado en la confianza en el abogado colegiado.
En paralelo, el Consejo General debería pedir al Ministerio de Justicia que, sin esperar a Bruselas, el artículo 24 LEC incorpore una tercera forma de apoderamiento para ese mismo supuesto, el poder en documento privado otorgado por quien no reside en España ni tiene NIE, firmado por el cliente y acreditado por un abogado colegiado en España o en otro Estado de la Unión. El Consejo General de Procuradores de España es parte tan interesada como la Abogacía, porque el poder llega a sus manos por la misma vía, y la iniciativa ganaría peso si fuera conjunta.
Mientras tanto, quien litiga con clientela extranjera debe planificar el poder desde la primera reunión y solicitar la comparecencia telemática ante el Letrado de la Administración de Justicia con el primer escrito, sin agotar el plazo.
Europa ya confía en el título del abogado. Falta que confíe en su palabra. Mientras no lo haga, el abogado español seguirá compitiendo en el mercado interior con un notario sentado en la mesa.
