Esteban Ceca Magán. Socio. Presidente de honor y fundador de Ceca Magán Abogados.
Desde siempre, los juristas solemos distinguir en nuestro lenguaje coloquial entre lo que es legítimo y lo que es legal. Considerando legal aquello prescrito por la ley o que resulta conforme a ella, e ilegal lo contrario. Por su parte, es legítimo lo que es justo y permitido según la razón. Esta división, dicotomía o separación de los dos conceptos jurídicos permite obtener la conclusión de que a veces lo legal es ilegítimo; y lo legítimo, ilegal. Resultando deseable que lo legal siempre se mueva en el ámbito de la legitimidad; y que lo legítimo pase a ser considerado legal por decisión del legislador.
El día 11 de noviembre actual las centrales sindicales UGT, CCOO, CGT, CNT y otros sindicatos minoritarios, entre ellos el peculiar Sindicato Social de Inquilinas e Inquilinos de la Comunidad de Madrid, han convocado una huelga general de 24 horas a nivel nacional.
Para analizar su legalidad, así como su legitimidad jurídica de origen, debemos tomar en consideración varios parámetros constitucionales, de legalidad ordinaria, políticos, sindicales y también en último término electorales.
En relación con los primeros, comencemos manifestando que el derecho de huelga está consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución Española, en los siguientes términos: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses”. Es, pues, la huelga, un derecho constitucional, que forma parte de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Con regulación específica y detallada, a efectos de la legalidad ordinaria, en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. Normativa esta preconstitucional, pero hoy ya más que suficientemente interpretada, tanto por múltiples sentencias del Tribunal Constitucional, como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Baste insistir, de momento, en que según la Constitución Española es un derecho de los trabajadores “para la defensa de sus intereses”.
Dudosa legalidad
Si desde el texto constitucional y de la legalidad ordinaria constituida por la normativa del Real Decreto-Ley, descendemos al plano político, en la huelga del 11 de noviembre encontramos 3 datos de enorme importancia para concluir ya en este momento a favor de su ilegalidad, y también de su plena ilegitimidad de origen.
El primero de dichos datos, y muy significativo, viene ofrecido por el hecho innegable de que ninguno de los solicitantes de la huelga la concibieron como un mecanismo de presión contra el actual gobierno, ni contra ninguna de sus políticas laborales (jornadas, horarios, salarios, vacaciones, convenios colectivos, conflictos colectivos, etc), sino única y exclusivamente para favorecer la permanencia de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, de miembros y simpatizantes del Sindicato Social de Inquilinas e Inquilinos de la Comunidad de Madrid, coloquialmente conocido como Sindicato de Inquilinas y único mullidor primigenio de esta huelga.
En segundo término avala el carácter político, y por ello ilegal de la huelga (artículo 7 del Real Decreto-Ley regulador de las relaciones de trabajo), el muy significativo hecho de que la ex vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero Cuadrado, también secretaria general del psoe de Andalucía, vicesecretaria general del psoe y jefa de estrategia y coordinadora de campaña de dicho partido (todo ello), manifestase públicamente que la misma no se llevaba a cabo contra las políticas laborales gubernamentales, sino “contra la oposición”( Sic !).
Por último, la innegable politización, clara ilegalidad e ilegitimidad de origen de la huelga se acrecienta ante la evidencia palmaria de que el gobierno ha autorizado la misma el día 11 de noviembre, y el día anterior ha llevado a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados la aprobación de los dos Reales Decretos-Ley sobre vivienda. Sin olvidar que ambos hechos, coetáneos y tremendamente sospechosos ya de por sí, acrecientan su suspicacia si a los mismos se añade el dato de que el comienzo de la campaña electoral se produce a las cero horas del día 13 de noviembre. Tres hechos notorios y muy significativos que, analizados en su conjunto y examinados teleológicamente, no salvan ni en lo más mínimo la pretendida “laboralidad” de la huelga. Más bien lo contrario: nos encontramos con un claro contratiempo de la misma, en una especie de triple salto mortal.
Huelga político-electoral
Todos estos datos, incontrovertibles, tanto considerados uno a uno, como por supuesto analizados en su conjunto, resultan más que evidentes para calificar la huelga no como laboral-sindical, sino como un hecho o acto político-electoral. Máxime si se añade que el Consejo de Ministros aprobó los dos Reales Decretos-Ley sobre vivienda el día 6 de octubre de 2026. Guardando ambas normas en un cajón hasta que el Presidente del gobierno ha considerado electoralmente conveniente para los intereses del partido socialista obrero español llevar los Decretos para su convalidación por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, sospechosamente justo el día inmediato anterior a la huelga. Habiendo dejado transcurrir nada menos que 35 días entre uno y otro hechos. Es decir, 5 semanas completas.
La finalidad de tal voluntario e intencionado retraso está incuestionablemente trufada de un palmario fraude, que arrastra la huelga a su completa desconfiguración como reclamación laboral masiva . Pues lo que nació como un mero movimiento de apoyo a una acampada pseudo-estudiantil, “no laboral”, y a todas luces ilegal e ilegítima, por mor de una decisión gubernamental aberrante se ha pretendido (que no conseguido) convertirlo en una reivindicación, a su vez falsamente laboral: la del derecho de todos los españoles a una vivienda.
En efecto, el artículo 47 de la Constitución Española reconoce que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero no es menos cierto que el mismo jamás puede considerarse como un derecho de naturaleza laboral, para del mismo pretender obtener la licitud última, la legitimidad de origen, ni tampoco la legalidad concluyente de la huelga del 11 de noviembre. De hecho, han transcurrido nada menos que 48 años desde la promulgación de la Constitución Española, sin que nadie jamás en el mundo sindical haya planteado el disparate de pretender llevar a cabo una huelga general a nivel nacional, sectorial, ni de empresa o centro de trabajo, por la defensa de ese inexistente derecho a la vivienda; o reclamando su concesión; porque, repito, en modo alguno puede considerarse el mismo como laboral.
El derecho a la vivienda no es derecho laboral
El derecho a la vivienda no es en efecto un derecho laboral. Ni forma tampoco parte de los derechos de los trabajadores, sino que se debe clasificar como un principio básico y también rector de la política social y económica de España.
¿Qué ha sucedido, pues, pese a ello, para que las centrales sindicales apoyen la “aparente” legalidad de esta huelga, y el gobierno central la haya autorizado? Pues, a mi entender, algo muy sencillo: se ha reconfeccionado su petición “ex post”, con una pura ficción que no existía “ex ante” : añadiendo al derecho a la vivienda (no laboral), otros derechos laborales “ex novo”, que jamás estuvieron presentes, ni en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, ni en ninguno de los dos Reales Decretos-Ley sobre vivienda. Mezclando así vivienda y salarios; como si fueran la misma cosa o las dos caras de una misma moneda. Soberano disparate.
Pero seamos muy realistas. Pese a este mayúsculo dislate sindical y añadidamente jurídico, nos encontramos ante una huelga abiertamente ilegal, ilícita e ilegítima; aunque, eso sí, no lo olvidemos, puramente electoral (¿electorera también?) y política. Y con unos potenciales destinatarios y actores, que lo mismo pueden ser los trabajadores en activo, que los jubilados, estudiantes, amas de casa, empleados autónomos o pequeños empresarios. En definitiva, todos los españoles. Luego para nada las centrales sindicales están aquí actuando constitucional y legalmente en “la defensa de los trabajadores”, sino infringiendo manifiestamente tanto el artículo 28.2 de la Constitución Española, como el artículo 7 del Real Decreto-Ley sobre relaciones laborales, que impide expresamente “las huelgas políticas”, con la lógica y subsiguiente consecuencia de la exigencia de todas las indemnizaciones económicas a sus convocantes, por los daños y perjuicios de todo tipo que eventualmente se causen a las empresas, comercios, entidades, instituciones, servicios públicos y a la comunidad en general.
Tras todo cuanto antecede, a mi entender resulta muy claro, diría que palmario e incontrovertible, que nadie debería objetivamente negarle a esta huelga su carácter eminentemente electoral y añadidamente político. Y, por supuesto, para nada laboral. Con un evidente sesgo de muy claro apoyo coyuntural a los intereses del gobierno, de los partidos políticos que lo sustentan, de los grupos de la izquierda extraparlamentaria y de los movimientos pseudo estudiantiles, que ningún derecho laboral defienden, ni tampoco representan. Ni aisladamente considerados, ni, por supuesto, en su conjunto.
