Jose Maria Puelles Valencia. Abogado. Presidente Observatorio de la Segunda Oportunidad del ICAM
Una persona obtiene la exoneración de sus deudas y descubre después que siguen embargando su salario por una obligación anterior. Había acudido al concurso para empezar de nuevo, pero todavía debe defenderse para saber qué deudas puede dejar atrás. Esa incertidumbre explica la importancia de las cuestiones prejudiciales planteadas en Alicante tras las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026.
Los dos órganos judiciales miran el problema desde momentos distintos. El Mercantil pregunta qué información debe aportar el deudor y qué ocurre si resulta insuficiente. La Audiencia Provincial examina qué sucede cuando la exoneración ya es firme y continúa una ejecución. Ambos planteamientos obligan a preguntarse hasta dónde puede llegar una exigencia de identificación sin frustrar la segunda oportunidad.
Qué problema plantean las sentencias del Supremo
Dos sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026 limitan la exoneración a los créditos declarados por el deudor y, cuando corresponda, a los fijados en la lista definitiva de acreedores. Lo dicen expresamente: «la exoneración alcanzará sólo a esos créditos». Exigen, además, identificarlos en la resolución judicial y lo justifican por la seguridad jurídica, la competencia del juez concursal y el control de la buena fe.
Es razonable exigir al deudor que explique cuánto debe, a quién y por qué. El juez necesita información para resolver y los acreedores deben poder defender sus derechos. La dificultad comienza cuando cualquier insuficiencia puede dejar una deuda fuera de la exoneración. Que sea necesario informar no explica por qué una obligación debe seguir siendo exigible cuando los datos están incompletos.
El artículo 489.1 del texto refundido de la Ley Concursal extiende la exoneración a todas las deudas insatisfechas, salvo las excepciones que enumera. Entre ellas no aparecen los créditos omitidos. Su apartado segundo permite excluir excepcionalmente deudas para evitar la insolvencia del acreedor, pero tampoco establece una exclusión general por falta de identificación. El Supremo debe justificar, por tanto, cómo llega desde el deber de informar a una consecuencia que la ley no recoge expresamente.
A mi juicio, ahí está la principal debilidad de esta doctrina. Las sentencias ajustaron cuantías de créditos ya identificados, pero faltan criterios generales que permitan saber qué información basta y cómo corregir sus deficiencias. También falta precisar qué sucede cuando los datos necesarios están en poder del acreedor y el deudor no consigue obtenerlos.
La seguridad jurídica protege igualmente a quien ha obtenido la exoneración. Esa persona necesita saber con qué ingresos podrá contar y qué reclamaciones pueden seguir llegando. Si una deuda puede sobrevivir por un defecto que habría podido aclararse durante el concurso, hay que explicar por qué se elige esa consecuencia y qué oportunidad real tuvo el deudor para evitarla.
El control judicial de los requisitos, incluso sin oposición, está previsto en el artículo 502.1 de la Ley Concursal. La objeción se refiere al resultado de una información insuficiente. Las sentencias no resolvieron específicamente un supuesto de deuda excusablemente desconocida ni declararon que cualquier omisión hiciera perder toda la exoneración. El problema está en aplicar su regla sin atender a esas diferencias.
Las preguntas del Mercantil de Alicante
El auto de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante, plaza número 1, de 27 de octubre de 2026 parte de una solicitud de complemento. Una entidad acreedora estaba personada, su crédito figuraba en la relación y no se había opuesto a la exoneración. Después pidió una identificación más detallada y planteó excluir los créditos no individualizados si no se completaba la resolución en los términos solicitados.
La exoneración todavía no era firme. El juez reconoce deficiencias en la relación presentada. La discusión consiste en determinar cómo deben aclararse y si justifican que una deuda siga siendo exigible. La existencia de un error y la consecuencia que merece son cuestiones diferentes.
Las cinco preguntas se apoyan en la plena exoneración prevista por la Directiva (UE) 2019/1023. La primera busca precisar su significado europeo: si una exigencia presentada como procesal deja deudas pendientes, debe examinarse también lo que supone para la liberación del deudor.
El auto pregunta después si esa limitación puede establecerse por interpretación judicial y dónde encaja en la Directiva. Su artículo 23.2 permite restricciones en circunstancias bien definidas y justificadas; el artículo 23.4 contempla categorías de deudas. Importa distinguir si se excluye un crédito por su naturaleza o por lo ocurrido cuando el deudor intentó identificarlo.
También cuestiona que el control de la buena fe justifique esa consecuencia cuando la ley ya regula los deberes de información y sus incumplimientos. Su afirmación es clara: «La omisión de un crédito no permite presumir la mala fe». Ocultar una deuda y no conseguir completar sus datos son situaciones que necesitan respuestas justificadas.
Finalmente, plantea qué identificación basta: si deben constar el importe concreto y todos los créditos transcritos en el auto, o si sirve remitirse a la relación del procedimiento, certificada por el letrado de la Administración de Justicia. La respuesta afecta al trabajo diario de abogados y juzgados y a la posibilidad de que el deudor cumpla lo exigido.
El acreedor agazapado y las ventas de créditos
Aquí aparece el riesgo del «acreedor agazapado»: quien conoce el concurso, dispone de información sobre su crédito y puede encontrar más ventajoso guardar silencio para reclamar después, alegando que su deuda quedó mal identificada. La expresión describe un incentivo que puede crear la regla, sin atribuir una estrategia deliberada al acreedor del litigio.
La paradoja es evidente. Colaborar puede facilitar que el crédito quede exonerado; permanecer pasivo puede favorecer que sobreviva. El auto del Mercantil advierte que completar únicamente la identificación del acreedor que lo solicita podría dejarlo en peor posición que quienes guardaron silencio. La información se convierte así en algo que puede convenir reservarse.
Las ventas de créditos añaden otra dificultad. Un préstamo puede venderse dentro de una cartera y transmitirse después a otro adquirente. El deudor puede conocer perfectamente la deuda y, sin embargo, no saber quién es su titular actual. Además, quien contacta con él para cobrar puede ser una empresa que gestiona la reclamación por cuenta ajena. Para completar la relación, puede necesitar aclarar qué entidad es acreedora, a qué contrato corresponde la reclamación y cómo se ha calculado el saldo.
El artículo 31.2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo contempla una excepción al deber de informar de la cesión: «excepto cuando el prestamista original, de acuerdo con el nuevo titular, siga prestando los servicios relativos al crédito al consumidor». En ese supuesto, el cambio de titular puede producirse sin que se le comunique al consumidor. Exigirle después identificar al nuevo acreedor obliga a valorar cómo podía conocer ese cambio.
La cesión no crea por sí sola una deuda distinta, y desconocer al nuevo titular no permite omitir un préstamo conocido. Pero tampoco debería tratarse como ocultación que el deudor declare esa obligación con los datos disponibles y explique qué información no ha podido conseguir. Identificar la deuda y reconstruir todas sus transmisiones son tareas diferentes.
Conocer una deuda no significa poder liquidarla, es decir, calcular su saldo exacto. El consumidor puede necesitar el historial completo de pagos, el capital pendiente y el detalle de los intereses y demás conceptos reclamados, datos que no siempre tiene a su alcance. Si el acreedor dispone de ellos y no los facilita, resulta difícil justificar que esa falta de información deje la deuda fuera de la exoneración. El auto del Mercantil de Alicante de 27 de octubre de 2026 plantea precisamente esta dificultad. Declarar el préstamo tampoco supone, por sí solo, aceptar la liquidación del acreedor: identificar la obligación y discutir cuánto se debe son cuestiones distintas.
El auto de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante, plaza número 4, de 13 de julio de 2026 ofrece una respuesta concreta. Al interpretar la doctrina del Supremo, distingue entre identificar el crédito y fijar su importe: «Sin embargo, esta exigencia opera sobre la identificación del crédito (esto es, de la relación obligacional) y no sobre la cuantía exacta declarada». Desde esa interpretación, extiende la exoneración al crédito suficientemente identificado, aunque el saldo real difiera del comunicado, con las excepciones legales. También considera suficiente identificar el crédito originario cuando ha sido cedido.
Su aportación alcanza además al acreedor que conoce el concurso y no comparece ni comunica la cuantía real: rechaza que después reclame el exceso alegando que solo se exoneró la cifra declarada. Ese criterio exige una identificación razonable y buena fe. Si un documento no puede obtenerse, debe justificarse esa imposibilidad y el crédito puede identificarse por otros medios. A mi juicio, ofrece una salida más equilibrada: exige informar con los medios disponibles y sitúa la colaboración del acreedor donde corresponde. Esa lectura evita que la incertidumbre sobre el saldo o el adquirente se convierta, por sí sola, en una ventaja para quien puede aclararla.
Pensemos en quien declara el préstamo, identifica al acreedor original y aporta las reclamaciones recibidas, pero no logra aclarar quién lo adquirió. Si la deuda acaba fuera de la exoneración por esa incertidumbre, el coste de la falta de información recae enteramente sobre quien menos posibilidades tenía de resolverla. Ese resultado requiere una explicación mucho más sólida que invocar, de manera general, la seguridad jurídica.
Un acreedor que desconocía el concurso merece una valoración diferente de quien podía intervenir y facilitar datos. Su silencio no equivale por sí solo a renunciar al crédito. Sin embargo, permitir que se beneficie de una insuficiencia que estaba en condiciones de aclarar puede premiar la pasividad y trasladar fuera del concurso una discusión que debía haberse resuelto dentro.
La Audiencia y los embargos tras la exoneración
El auto de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de octubre de 2026 examina una exoneración firme y una ejecución que continúa con embargos salariales. El crédito ejecutado había sido omitido, aunque su titular figuraba por otra deuda. Identificar al acreedor no equivale, por tanto, a identificar todos sus créditos frente al deudor.
La Audiencia pregunta si una interpretación judicial puede excluir la deuda omitida sin previsión nacional expresa. Si esa exclusión fuera admisible, pregunta si basta comprobar la omisión o deben examinarse sus circunstancias, incluidos los datos que permitían conocer la obligación y una reclamación fehaciente anterior.
La tercera cuestión aborda cuándo deja de ser exigible la deuda, si queda comprendida en la exoneración: desde que esta se declara o únicamente cuando el deudor la invoca en la ejecución, manteniendo los actos practicados entretanto. La diferencia se traduce en dinero que puede seguir saliendo de su salario.
Exigir que se aporte la resolución al órgano ejecutor puede ser razonable. Otra cosa es que esa carga permita prolongar el cobro de una deuda comprendida en la exoneración. Deben distinguirse el momento en que deja de ser exigible y los trámites para acreditar esa circunstancia. El auto pregunta por esos efectos, sin ordenar una devolución automática de cantidades.
También importa que la exoneración sea firme. Se discute qué deudas comprende una exoneración ya concedida. Volver a examinar indirectamente la buena fe en cada ejecución debilitaría su estabilidad y obligaría al deudor a defender repetidamente una liberación que ya obtuvo.
Qué puede decidir el Tribunal de Justicia
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2024 admite que las categorías de deudas excluibles no forman una lista cerrada, pero exige justificación y proporcionalidad. La sentencia del mismo tribunal de 10 de abril de 2025 reconoce excepciones basadas en circunstancias objetivas, sin exigir siempre una valoración subjetiva de deshonestidad. Por eso, demostrar que no hubo fraude no resuelve por sí solo el debate.
Habrá que explicar qué finalidad persigue la limitación, si está suficientemente definida y si dejar subsistente la deuda guarda proporción con el incumplimiento. Las dificultades para obtener información y la conducta del acreedor cobran sentido dentro de ese examen.
Una respuesta posible sería rechazar la exclusión automática por carecer de fundamento suficiente en el Derecho nacional o introducir una limitación incompatible con la Directiva. Otra admitiría exigir una identificación, pero condicionaría sus consecuencias a los datos realmente necesarios, la posibilidad de corregir errores y las circunstancias de deudor y acreedor. También cabe que el Tribunal reconozca mayor margen a los Estados para organizar el procedimiento, manteniendo el control de justificación y proporcionalidad.
A mi juicio, los precedentes permiten defender con más solidez una crítica a la aplicación automática de la regla que anunciar una desautorización inevitable del Supremo. El Tribunal de Justicia podría fijar los criterios europeos y dejar a los órganos nacionales su aplicación a cada caso. Respecto de los embargos, reconocer efectos desde la exoneración reforzaría su utilidad, aunque después hubiera que concretar las consecuencias procesales.
Las cuestiones prejudiciales no anulan las sentencias del Supremo ni suspenden automáticamente todos los procedimientos. Su aportación consiste en obligar a explicar qué puede exigirse al deudor y por qué un defecto debe dejar una deuda pendiente. Una segunda oportunidad que depende de datos inaccesibles o de la colaboración de quien puede beneficiarse del silencio ofrece una seguridad insuficiente. Alicante ha llevado ese problema a Luxemburgo.
