Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España. Director de la revista Encuentros Multidisciplinares. La obsolescencia programada constituye uno de los fenómenos más controvertidos del actual modelo de producción y consumo. Consiste, fundamentalmente, en diseñar, fabricar o comercializar productos de manera que su vida útil resulte deliberadamente limitada, con el propósito de provocar su sustitución por otros nuevos antes de que hayan agotado realmente sus posibilidades de utilización.Aspectos conceptuales y económicos de la obsolescencia programada
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Jesús Lizcano ÁlvarezDesde una perspectiva conceptual, pueden distinguirse varias modalidades. La obsolescencia funcional se produce cuando un producto deja de funcionar o resulta difícil y económicamente inviable de reparar. La obsolescencia tecnológica aparece cuando un dispositivo pierde compatibilidad con nuevos programas o sistemas operativos. La obsolescencia psicológica o percibida se manifiesta cuando el consumidor considera anticuado un producto por razones estéticas, comerciales o de imagen, aunque siga funcionando correctamente.
Desde el punto de vista económico, esta práctica responde a una estrategia empresarial orientada a estimular la demanda y favorecer la renovación constante de los productos. En un mercado competitivo, las empresas tienen interés en conseguir que los consumidores sustituyan periódicamente los bienes adquiridos, incrementando así la frecuencia de las compras y, consecuentemente, sus ingresos y beneficios.
Para ello, algunas compañías recurren a diseños que dificultan la reparación, utilizan componentes específicos de difícil adquisición o dejan de proporcionar actualizaciones de software necesarias para mantener la funcionalidad de determinados dispositivos. También emplean estrategias comerciales y publicitarias que presentan continuamente nuevos modelos y funcionalidades, fomentando la percepción de que los productos anteriores han quedado desfasados.
Debe distinguirse, no obstante, entre la legítima innovación empresarial y la reducción artificial de la vida útil de los bienes. La primera contribuye al progreso tecnológico y económico; la segunda plantea problemas cuando se utiliza para obligar, directa o indirectamente, al consumidor a sustituir productos que todavía podrían cumplir adecuadamente su función.
En definitiva, la cuestión fundamental reside en determinar si la rentabilidad empresarial se obtiene mediante la calidad y la innovación o mediante la fabricación de productos innecesariamente efímeros, trasladando al consumidor y a la sociedad los costes económicos y ambientales de esa estrategia.
Aspectos éticos y de integridad empresarial
La obsolescencia programada plantea importantes interrogantes éticos relacionados con la responsabilidad social de las empresas, la transparencia comercial y la protección de los consumidores. La actividad empresarial no puede valorarse exclusivamente por sus resultados económicos, sino también por sus consecuencias sobre las personas y el medioambiente.
Uno de sus principales problemas es la posible vulneración de la confianza del consumidor. Cuando una persona adquiere un producto, espera razonablemente que su duración y calidad sean acordes con sus características y precio. Si el fabricante introduce deliberadamente limitaciones para provocar un deterioro prematuro o dificultar su reparación, puede estar aprovechándose de la falta de información y conocimientos técnicos del comprador.
La integridad empresarial exige actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad. No resulta éticamente aceptable ocultar información sobre la durabilidad de los productos, dificultar injustificadamente su reparación o presentar como innovación lo que constituye, en realidad, una estrategia para acelerar su sustitución.
Asimismo, existe una importante dimensión medioambiental. La fabricación y renovación constante de bienes exige consumir materias primas, energía y recursos naturales, además de generar residuos y emisiones contaminantes. La reducción artificial de la vida útil de los productos contribuye, por tanto, al deterioro ambiental y dificulta la transición hacia una economía sostenible. También deben considerarse las consecuencias sociales, especialmente para los consumidores con menor capacidad económica, que se ven obligados a asumir gastos de sustitución que podrían evitarse.
Por ello, la responsabilidad social corporativa debe incorporar criterios de durabilidad, reparación, reutilización y reciclaje. La obtención de beneficios no debería ser incompatible con la ética empresarial, sino sustentarse en la calidad, la confianza y la creación de valor a largo plazo.
Aspectos jurídicos y legales: el marco normativo español y europeo
Desde el punto de vista jurídico, no toda reducción de la vida útil de un producto constituye necesariamente una conducta ilegal. Es preciso diferenciar entre el desgaste natural, la evolución tecnológica y aquellas prácticas deliberadas que pueden resultar fraudulentas, engañosas o contrarias a los derechos de los consumidores. Actualmente, no existe una prohibición general e integral de todas las modalidades de obsolescencia programada, pero sí un conjunto de normas que permiten combatir sus consecuencias.
En España destaca el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificado, entre otras disposiciones, por el Real Decreto-ley 7/2021. Esta normativa refuerza las exigencias de conformidad y durabilidad de los bienes. En particular, establece un plazo de responsabilidad de tres años por faltas de conformidad de los productos nuevos y contempla, en su artículo 127 bis, la obligación de garantizar la disponibilidad de repuestos y un adecuado servicio técnico durante diez años desde que el producto deja de fabricarse. También resulta relevante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que incorpora medidas dirigidas a prevenir la generación de residuos, favorecer la reutilización y prolongar la vida útil de los productos.
En el ámbito europeo destacan tres disposiciones recientes. En primer lugar, el Reglamento (UE) 2024/1781, sobre diseño ecológico para productos sostenibles, que promueve la durabilidad, reparabilidad, reutilización y reciclabilidad de los bienes, combatiendo las prácticas de obsolescencia prematura. En segundo lugar, la Directiva (UE) 2024/1799, relativa a las normas comunes para promover la reparación de bienes, conocida como la Directiva del derecho a reparar. Su finalidad es facilitar las reparaciones, mejorar el acceso a piezas de repuesto e información técnica y conseguir que reparar resulte una alternativa más atractiva que sustituir un producto.
Finalmente, la Directiva (UE) 2024/825, relativa al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, refuerza la protección frente a prácticas comerciales engañosas relacionadas con la durabilidad, reparabilidad y características medioambientales de los productos.
Este conjunto normativo refleja un cambio de orientación en la política legislativa europea, que pretende avanzar desde un modelo centrado en reparar los daños al consumidor hacia otro que intervenga preventivamente en el diseño, fabricación y comercialización de los productos.
Conclusiones y medidas para prevenir y controlar la obsolescencia programada
La obsolescencia programada pone de manifiesto las contradicciones de un modelo económico basado, en ocasiones, en la renovación permanente de los bienes de consumo. Aunque las empresas necesitan innovar, competir y obtener beneficios, estas finalidades no pueden justificar prácticas que perjudiquen a los consumidores, reduzcan artificialmente la duración de los productos o generen consecuencias medioambientales negativas.
La principal conclusión es que la rentabilidad empresarial debe compatibilizarse con el respeto a los derechos de los ciudadanos, la integridad comercial y la sostenibilidad. Para ello, resulta necesario avanzar hacia un modelo productivo que valore la calidad, la durabilidad y la posibilidad de reparación.
Entre las medidas que podrían adoptarse destacan el establecimiento de requisitos mínimos de durabilidad y reparabilidad, la obligación de garantizar piezas de repuesto durante periodos suficientes y la mejora de la información facilitada al consumidor sobre la vida útil y las posibilidades de reparación de los productos. Asimismo, deberían reforzarse los mecanismos de inspección y vigilancia del mercado, así como las sanciones frente a prácticas deliberadas de obsolescencia prematura o publicidad engañosa. También sería conveniente establecer incentivos económicos y fiscales para las empresas que apuesten por productos duraderos y sostenibles.
Por último, resulta imprescindible fomentar la educación y concienciación de los consumidores, de manera que sus decisiones de compra tengan en cuenta no solamente el precio inicial, sino también la calidad, la duración y el coste total del producto durante su vida útil.
En definitiva, combatir la obsolescencia programada no significa limitar la innovación ni la libertad de empresa, sino conseguir que el progreso tecnológico y la rentabilidad económica se desarrollen de forma compatible con los derechos de los consumidores y la protección del medioambiente. El verdadero éxito empresarial no debería medirse únicamente por la cantidad de productos vendidos, sino también por su calidad, durabilidad y contribución al bienestar de la sociedad.