Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Cofundador y Expresidente de Transparencia Internacional España. Director de la revista Encuentros Multidisciplinares. La Justicia constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático. De ella dependen la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico y la confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, desde hace décadas la Justicia española arrastra problemas estructurales que afectan a su eficacia y a la percepción que los ciudadanos tienen de ella. La escasez de jueces, la elevada litigiosidad, la acumulación de asuntos pendientes y la lentitud de los procedimientos han convertido el funcionamiento de los tribunales en una importante asignatura pendiente del Estado..jpg)
Jesús Lizcano Álvarez
Uno de los niveles de jueces más bajos de Europa
Uno de los datos más repetidos en los informes europeos sobre Justicia es la insuficiente dotación de jueces en España. Nuestro país cuenta con aproximadamente 12 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la Unión Europea supera los 17 jueces por cada 100.000 habitantes. Algunos países presentan cifras muy superiores: Alemania ronda los 24 jueces por cada 100.000 habitantes, Italia supera los 14, y países como Austria o Croacia alcanzan niveles cercanos o superiores a los 20.
Esta diferencia resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que España presenta una elevada actividad judicial. Es decir, los jueces españoles no solo son relativamente pocos, sino que además soportan una carga de trabajo superior a la de muchos de sus homólogos europeos.
La consecuencia inmediata es evidente: cada juez debe atender más asuntos, dictar más resoluciones y gestionar una mayor presión organizativa. El problema no afecta únicamente a los jueces. También existe una insuficiencia crónica de personal de apoyo, funcionarios, fiscales, equipos periciales y medios materiales, lo que amplifica los retrasos.
Durante años, las asociaciones judiciales han advertido de que la creación de nuevas plazas no ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico, económico y litigioso del país. La situación se ha agravado con fenómenos recientes como el aumento de los litigios relacionados con cláusulas bancarias, vivienda, extranjería o conflictos derivados de la transformación digital.
La creciente acumulación de asuntos pendientes
La escasez de recursos humanos se refleja directamente en uno de los indicadores más preocupantes: el número de asuntos pendientes. Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial correspondientes a 2024, los órganos judiciales españoles cerraron el año con más de 4,5 millones de asuntos pendientes de resolución. Esta cifra supone un incremento cercano al 14 % respecto al año anterior. Aunque los tribunales aumentaron su capacidad de resolución, el crecimiento de los nuevos procedimientos fue aún mayor.
La jurisdicción civil concentra la mayor parte del problema. Más de 2,6 millones de asuntos permanecían pendientes a finales de 2024. La jurisdicción penal acumulaba más de 1,1 millones de procedimientos en trámite, mientras que los órdenes social y contencioso-administrativo también mantenían importantes bolsas de asuntos sin resolver.
Estos datos reflejan una realidad difícil de ignorar: el sistema judicial español resuelve millones de asuntos cada año, pero es incapaz de absorber completamente el volumen de nuevos casos que recibe.
Una justicia excesivamente lenta
La lentitud es probablemente el aspecto más visible para los ciudadanos. La conocida expresión “una justicia tardía no es justicia” resume una percepción ampliamente compartida. Los tiempos medios varían considerablemente según la jurisdicción y el territorio, pero en términos generales España presenta plazos superiores a los deseables.
En la jurisdicción social, donde se tramitan conflictos laborales, despidos o reclamaciones salariales, los procedimientos pueden prolongarse entre ocho meses y un año para obtener una sentencia en primera instancia, llegando a superar ampliamente esos plazos en determinadas provincias.
En la jurisdicción civil, especialmente en asuntos complejos o con elevada litigiosidad, los procedimientos ordinarios pueden tardar entre uno y dos años en obtener una resolución inicial, a los que deben añadirse los tiempos correspondientes a posibles recursos.
Los juzgados contencioso-administrativos, encargados de resolver conflictos entre ciudadanos y administraciones públicas, constituyen uno de los ámbitos más congestionados. No resulta extraño que determinados procedimientos superen los dos años antes de llegar a sentencia.
Incluso en materias especialmente sensibles, como familia, dependencia o extranjería, los retrasos pueden generar consecuencias personales y económicas de gran relevancia.
El problema no reside únicamente en los plazos de señalamiento. También afectan los retrasos en la ejecución de sentencias, un aspecto frecuentemente olvidado pero esencial para garantizar la efectividad real de las resoluciones judiciales.
España, un país muy litigioso
Otro factor determinante es la elevada litigiosidad. La tasa de litigiosidad española alcanzó en 2024 los 160,4 asuntos por cada 1.000 habitantes, una cifra notablemente elevada que refleja el intenso recurso de ciudadanos y empresas a los tribunales para resolver conflictos.
Esta litigiosidad tiene múltiples explicaciones. Por una parte, el desarrollo económico y social genera inevitablemente más relaciones jurídicas y, por tanto, más conflictos potenciales. Por otra, determinados sectores, especialmente el financiero o el administrativo, han originado durante años oleadas masivas de litigios.
Asimismo, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, siguen teniendo una implantación relativamente limitada en comparación con otros países europeos. Como consecuencia de ello, una gran cantidad de controversias que podrían resolverse por vías extrajudiciales terminan llegando a los tribunales, aumentando la presión sobre un sistema ya sobrecargado.
El deterioro de la percepción ciudadana
La valoración ciudadana de la Justicia española presenta claros signos de deterioro. Diversos estudios del Eurobarómetro muestran que la percepción sobre la independencia y funcionamiento de los sistemas judiciales constituye uno de los elementos clave para medir la confianza institucional. En el conjunto de la Unión Europea, el 54 % de los ciudadanos considera positiva la independencia de su sistema judicial.
España suele situarse por debajo de los países europeos con mejores niveles de confianza, especialmente los del norte del continente. Las encuestas nacionales muestran además una percepción persistente de lentitud, burocratización y excesiva influencia de la confrontación política sobre determinados órganos institucionales relacionados con la Justicia.
Resulta significativo que buena parte de las críticas ciudadanas no se dirijan a los jueces individuales, sino al funcionamiento global del sistema. Muchos ciudadanos consideran que los procedimientos son excesivamente largos, complejos y costosos, lo que reduce la confianza en la capacidad de la Justicia para ofrecer soluciones rápidas y efectivas.
Un problema igualmente económico y democrático
Las deficiencias de la Justicia no constituyen únicamente un problema jurídico. También tienen consecuencias económicas y democráticas. La inseguridad derivada de procedimientos excesivamente largos incrementa los costes para empresas e inversores. La incertidumbre sobre la duración de los litigios puede retrasar decisiones empresariales, dificultar la recuperación de créditos o aumentar los costes de contratación.
Desde el punto de vista democrático, una Justicia lenta erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando los conflictos tardan años en resolverse, el ciudadano percibe que la tutela judicial efectiva reconocida por la Constitución pierde parte de su contenido real. La calidad democrática de un país no depende únicamente de que existan tribunales independientes, sino también de que éstos sean accesibles, eficaces y capaces de resolver conflictos en plazos razonables.
Propuestas para mejorar la situación
La mejora de la Justicia española exige una combinación de reformas organizativas, legales e institucionales, como las seis siguientes:
1) Resulta imprescindible incrementar de forma sostenida el número de jueces, fiscales y funcionarios. España necesita aproximarse progresivamente a los estándares europeos de dotación de personal judicial.
2) Intensificación de la modernización tecnológica. Aunque se han producido avances importantes, la digitalización continúa siendo desigual entre territorios y órganos judiciales. La interoperabilidad completa de los sistemas informáticos sigue siendo una asignatura pendiente.
3) Impulsar decididamente los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La mediación, la conciliación y el arbitraje podrían absorber una parte significativa de los asuntos que actualmente llegan a los tribunales.
4) Simplificación de numerosos procedimientos procesales. La acumulación de trámites formales, recursos y fases procesales prolonga innecesariamente muchos litigios sin aportar beneficios sustanciales a las garantías jurídicas.
5) Desde una perspectiva institucional, resulta conveniente reforzar los mecanismos que garanticen la percepción de independencia judicial, reduciendo la influencia de la confrontación política sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial.
6) Implantación de una planificación estratégica a largo plazo basada en la elaboración y publicación en internet de un amplio conjunto de indicadores objetivos de carga de trabajo, productividad y necesidades territoriales, evitando así en lo posible que las reformas respondan únicamente a coyunturas políticas o mediáticas.
Conclusiones
La Justicia española no se encuentra en una situación de colapso, pero sí afronta problemas estructurales que limitan seriamente su eficacia. La insuficiencia de jueces, la elevada litigiosidad, la acumulación de más de cuatro millones y medio de asuntos pendientes y la lentitud de numerosos procedimientos constituyen síntomas de una enfermedad institucional que lleva décadas manifestándose. A pesar del esfuerzo cotidiano de los profesionales que integran el sistema judicial, la realidad demuestra que las reformas emprendidas hasta ahora han sido insuficientes para corregir los desequilibrios existentes.
Una democracia avanzada necesita una Justicia rápida, independiente, accesible y eficaz. Alcanzar ese objetivo exige inversión, voluntad política sostenida y una visión estratégica capaz de superar los debates coyunturales. Solo así podrá recuperarse plenamente la confianza de los ciudadanos y garantizar que el derecho a la tutela judicial efectiva deje de verse condicionado por la lentitud y la sobrecarga de los tribunales.