- Cerca de 150.000 afectados esperan desde hace más tres años una solución al problema de sus exiguas pensiones. El trasvase al RETA, con una ley de julio de este año, necesita de un desarrollo reglamentario adecuado que regule todos esos aspectos
Tras el adelanto electoral anunciado a primera hora de la mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las Cortes Generales quedaran disueltas ante la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre. Este martes se publicaré en el BOE el decreto de disolución de las Cámaras, con lo cual dejarán de tener actividad.
Sin embargo, Sánchez ha dejado entrever su intención es que el Consejo de Ministros apruebe este martes de nuevo los dos reales decretos y luego se convaliden en la Diputación Permanente, una maniobra al bode de la legalidad que levantará muchas críticas.
En estas primeras horas los rumores y las noticias ven en una u otra dirección sobre propuestas de ley que decaen o normativa que se mantiene. Hablamos con Alberto Dorrego, letrado en Cortes en excedencia y actual socio director de Eversheds Sutherland y presidenta de la sección de derecho administrativo del ICAM, para que nos aclara la situación tras el adelanto electoral
Para Dorrego la disolución efectiva de las Cortes hace que “la actividad de Congreso y Senado se detenga y todas sus iniciativas legislativas que se estaban tramitando decaigan. En la próxima legislatura, con el nuevo Gobierno, elegidos diputados y senadores, tendrán que empezar de nuevo las tramitaciones parlamentarias que decaen cerca de setenta
En este caso se encuentra, entre otras iniciativas, la proposición de ley del PNV aprobada en el Congreso sobre una posible supresión de los MASC, o proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y gobernanza de la IA que está en fase de enmiendas; el proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales que había llegado a fase de Informe Comisión o el proyecto y ley de digitalización y modernización del sector financiero, entre otras iniciativas.
Los desarrollos reglamentarios no decaen
Sobre los Reglamentos que desarrollan distintas Leyes, Dorrego advierte que la situación es diferente. Y que en casos como el Reglamento de la Pasarela al RETA o l de la ley de Movilidad Sostenible, ya en otra fase legislativa no decaerían. Es más, el Gobierno podrí aprobar un reglamento mediante un real decreto. Como se sabe estos u otros reglamentos que se estén definiendo se pueden aprobar hasta el día de las elecciones”.
Para este jurista hay que dejar claro que “el Gobierno no entra en funciones hasta el di de las elecciones. Lo que se disuelven son las Cortes, pero no se disuelve el Gobierno. Sin embargo los Reglamentos se pueden aprobar sin problema. Y si no lo logra aprobar antes de que entre en funciones, el nuevo Gobierno al cabo de un mes podría retomar los trabajos sin ningún problema.”. Eso implicaría que en el caso del Reglamento de la Pasarela al RETA no habría mucho transición
Nuestro interlocutor nos cita el articulo 21 de la Ley del Gobierno 50/1997 donde se indica que el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales. Y en ese momento entra en funciones. “Cesa tras la celebración de las elecciones generales, no tras la convocatoria de las mismas. El Gobierno está operativo hasta el 29 de noviembre y ese día electoral también puede hacer muchas cosas, lo que se entiende como el despacho ordinario de los asuntos”, aclara
Esto permite que un Gobierno en funciones pueda responder, por ejemplo, ante una catástrofe, una crisis de seguridad o cualquier otra circunstancia grave que requiera una intervención inmediata. Estar en funciones no significa, por tanto, que el Consejo de Ministros deje de reunirse o que la Administración quede congelada.
Expectación entre afectados y Abogacia institucional
A lo largo de esta mañana las peticiones al Gobierno de que concluya con la redacción del Reglamento de la Pasarela al RETA han venido desde distintos operadores jurídicos y partes implicadas. Para Isabel Rabell, portavoz de la Plataforma Pasarela al RETA que organiza, junto con otras asociaciones, una multitudinaria manifestación en Madrid el próximo 17 de octubre “No interfiere nada el adelanto electoral la conclusión del Reglamento en el que esperamos todos los afectados responsa a la situación, sin ningún recorte”.
Por su parte, Pilar Fernández, vicepresidenta de ANAMA, cree que la situación se ha complicado algo, pero reitera lo que nosotros explicamos en este reportaje que el Gobierno podría mediante decreto ley aprobar el tan ansiado Reglamento de esta Pasarela al Reta. “Es una cuestión de voluntad política, espero que valoren la necesidad de esta norma y sigan con los trabajos, de lo contrario nos iríamos al 2027, con el retraso que eso supondría en la entrada en vigor del Reglamento2.
Desde el CGAE, su presidente Salvador González comentaba que l Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es un desarrollo reglamentario necesario y urgente, y una reivindicación largamente planteada por los profesionales mutualistas. La aprobación de la ley fue un paso decisivo, de consenso, construido tras años de reivindicación. Cree que sigue siendo posible lograrlo antes del 29 de noviembre, especialmente porque la urgencia no es solo una cuestión de plazos, sino, especialmente, una cuestión humana.
Con más de 150.000 personas potencialmente afectadas, y un alcance que trasciende a la Abogacía y se extiende a otros colectivos profesionales, estamos ante una regulación de enorme trascendencia. Cada día, profesionales que se aproximan a la jubilación, retrasan la decisión sobre su futuro a la espera de conocer las condiciones en las que podrían ejercer su derecho de acceso al RETA.
“Después de tantos años de espera, miles de profesionales necesitan certezas. La prioridad debe ser clara: culminar cuanto antes la Pasarela al RETA, con un reglamento que ofrezca seguridad jurídica, responda a las necesidades de las personas afectadas y garantice el ejercicio efectivo de sus derechos”, señala el presidente del CGAE
Por su parte, el Colegio de la Abogacia de Madrid pedía este lunes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre no interrumpa la tramitación del reglamento que debe hacer efectiva la pasarela de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
En una carta abierta dirigida a la ministra Elma Saiz, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, reclamaba al Ministerio que continúe “con carácter urgente” los trabajos necesarios para aprobar el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 2/2026, de 29 de julio, y evitar que el calendario electoral prolongue durante meses la incertidumbre de los profesionales afectados. En un principio habría un plazo de tres meses para desarrollar el contenido de este Reglamento, clave para el desarrollo de la Pasarela.
“La convocatoria de unas elecciones no debería convertir un plazo de tres meses fijado por el legislador en una espera de duración incierta, condicionada primero por la campaña electoral y después por los tiempos necesarios para la constitución de las Cámaras, la investidura y la formación de un nuevo Gobierno”, advierte Ribón.
Desde el Consell de la Abogacia Catalana (CICAC) también se reclama al Gobierno que culmine este mes de octubre el despliegue reglamentario de la pasarela al RETA, tal y como establece la Ley 2/2026, de 29 de julio. Ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, el CICAC considera que el adelanto electoral no debe retrasar el cumplimiento de este mandato legal.
La convocatoria electoral no modifica la vigencia de la Ley 2/2026 ni elimina la obligación de desarrollarla reglamentariamente. El reglamento es imprescindible para UE que la pasarela sea efectiva y los profesionales que cumplan los requisitos puedan ejercer el derecho a transferir voluntariamente sus derechos económicos de las mutualidades al RETA.
"El adelanto electoral no puede convertirse en un obstáculo para cumplir un mandato legal que ya está aprobado y vigente. Los profesionales necesitan certezas y plazos, no más incertidumbre", ha manifestado el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu.
