- Lo apoya la iniciativa del Frente Cívico ciudadano aunque la clave es lograr un consenso amplio para modificar los Reglamentos de ambas cámaras
La irrupción del movimiento de la sociedad civil Frente Cívico para la Calidad Democrática, formado por distintas asociaciones que contemplan el bloqueo de las cámaras y como un aluvión de enmiendas entierran cualquier iniciativa legislativa, ha abierto el debate sobe esta cuestion que preocupa no solo a los políticos sino también a muchos ciudadanos que ven como sus intereses en el Parlamento no avanzan a penas, a medida que la legislatura sigue su tramite
El Senado se ha quejado del bloqueo que ejerce el Congreso contra las iniciativas registradas por la Cámara Alta. Lo cierto es que, en lo que va de legislatura, ninguna de las 44 que ha presentado se han llegado a tramita Estas iniciativas llevan bloqueadas en fase de enmiendas desde que llegaron al Congreso, acumulando incluso más de dos años en este punto. En la legislatura anterior (2019-2023) se registraron 15 proposiciones de ley procedentes del Senado. De estas se llegaron a aprobar tres y el resto caducaron.
El Reglamento del Congreso no establece en ninguno de sus puntos un plazo límite para tramitar una iniciativa procedente del Senado. o mismo ocurre con el plazo de enmiendas. El artículo 91 establece que los plazos (en general) se pueden prorrogar, pero no dice cuántas veces ni si existe un máximo o límite. Es por eso que las propuestas pueden permanecer en fase de enmiendas de manera prácticamente indefinida, como un mecanismo de bloqueo de la política. Ese bloqueo es el que muchos expertos y la aparición de este Frente Civico quieren romper.
Alberto Dorrego, en un evento en el ICAM en la imagen, es consciente del problema existente en nuestro pais, que debe solucionarse reformando los reglamentos de Congreso y Senado (Imagen ICAM)
Hay que seguir al Constitucional
Alberto Dorrego es socio de Evershed Sutherland y presidente de la sección de derecho administrativo del ICAM. También es Letrado en Cortes en excedencia con lo cual conoce bien la problemática. Reconoce que desde los años ochenta no se ha hecho una reforma profunda de los reglamentos de Congreso y Senado. Desde su punto de vista esta situación es inadmisible, “por una parte hay un bloqueo de las iniciativas que vienen del Senado. Pero lo peor de todo es la utilización de las ampliaciones de los plazos de enmiendas para hacer una especie de veto encubierto de los proyectos de ley. Ese es el corazón del problema en esos momentos”.
Sin embargo reconoce que en los últimos veinte años cambio la tendencia, sobre todo por razones políticas. Recuerda que la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española estuvo dos años de enmiendas pese a que solo tenía ocho artículo. En la actualidad reconoce que el Gobierno cuando ve que un texto legal, un proyecto de ley que hay en tramitación, no cuenta con los votos suficientes para ser aprobado por razones políticas, tiene una manera de meterlo en el congelador, le llaman el congelador de Armengol. Entonces se van ampliando los plazos de enmiendas, simplemente con un acuerdo de la mesa. Y bajo el paraguas de que no existe en el reglamento un límite máximo al número de plazo de enmiendas, algo que ha denunciado una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.
Para Dorrego, esa sentencia del Constitucional, que es de Pleno, deja claro lo que está sucediendo, “, la sentencia señala: Hay unos límites materiales en cuanto a la posibilidad de ampliar los plazos de enmiendas. No es un límite puramente formal. No solamente se exija una justificación y motivación, que por supuesto, sino que además hay unos límites materiales. Lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional es que la única justificación posible de la ampliación del plazo de enmiendas es por razones de que haya mucha carga de trabajo o por razón de la complejidad del texto. Para facilitarle el trabajo a los diputados. No puede ser nunca una causa de justificación el que no se tienen los votos o el que no se cuenta con la mayoría que puede aprobar un proyecto de ley, que es por lo que normalmente se produce la ampliación del plazo de enmiendas.
A su juicio, la solución está en seguir la sentencia del Constitucional y en modificar el reglamento del Congreso para ponerle unos límites, unos topes, unos máximos a las posibles ampliaciones de los plazos de enmiendas. sí se cumpliera con la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Constitucional, el asunto se arreglaría con facilidad. La solución sería ponerle un limite a este periodo de enmiendas. Hay que hacer una regulación, hay que hacer una modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado, los dos reglamentos, para ponerle un límite a los plazos de enmiendas y evitar que se frene la actividad parlamentaria. “Mejor resolverlo por esta vía que la penal. : El derecho penal está para perseguir delitos, no para arreglar problemas políticos y constitucionales como este”.
A juicio de German Teruel es inaceptable el uso político de las enmiendas para frenar iniciativas. En la imagen la que se presentó en el Senado sobre exención para victimas de talidomida y que lleva ya más de 70 prórrogas (imagen Avite)
Hay que recurrir en amparo al Constitucional
Para Germán Teruel, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Murcia, es el director del Informe Parlamento de la Fundación Hay Derecho, que también alertaba de los problemas de actividad de nuestras cámaras que ya es patológica con relevancia constitucional, porque el Tribunal Constitucional en una sentencia reciente ha sido que esto es muy grave. También lo es la calificación de urgentes o no de determinadas iniciativas legislativas. Son prácticas que nosotros hemos identificado en nuestro informe, tanto obstruccionistas para las minorías parlamentarias como para acelerar lo que interesa a la mayoría, restringiendo las posibilidades de intervención de, de, de las minorías que están minando, eh, el sentido del parlamentarismo.
Desde su punto de vista “nosotros identificamos el mal de origen que en el informe lo relacionamos con la politización de órganos como singularmente la mesa y la presidencia de las cámaras. Porque esto, es importante, decirlo a lo que están jugando PP Y PSOE. Órganos que tendrían que estar caracterizados por su imparcialidad, en el caso de la presidencia, por su función institucional, por una toma de decisiones técnicas, porque para las cuestiones, por así decir políticas, ya está la Junta de Portavoces. Pero la mesa son decisiones que tendrían que ser técnicas caracterizadas por la imparcialidad, pero se observa que se están utilizando con fines partidistas y que menoscaban el buen funcionamiento de las instituciones Esa polarización contamina el buen funcionamiento el buen funcionamiento de nuestro Parlamento”.
En su opinión, la figura del congelador ha existido desde hace años, “lo que sucede es que ahora se hace de forma más obscena, esta politización, que no solo está llegando a la mesa, sino que está permeando en la estructura funcionarial, que tiene que llevar las cámaras. Estoy hablando de los- letrados mayores, secretarios generales de cada una de las cámaras y, y dentro de nada empieza a permear a los, puestos directivos de las cámaras y a los propios letrados. La sentencia del Tribunal Constitucional esta ahí. Creo que llega tarde para dar respuesta al origen del problema. Esa jurisprudencia debería generar un cambio de actitudes de nuestros políticos, que lo vayan a hacer tengo mis dudas. Lo que hay que hacer seria recurrir en amparo al Tribunal Constitucional presentando esa sentencia y que el propio Tribunal resolviera de inmediato al ser derechos fundamentales”-
“A partir de ahí tenemos que predicar que es necesario un cambio de actitudes políticas. No podemos dar por bueno que las presidencias de las cámaras sean las delegaciones o del Gobierno o de la sucursal del partido. Yo no digo que llevemos al nivel del speaker británico, pero algo podríamos aprender de lo que tiene que ser un presidente institucional y con una mesa que actúa con criterios imparciales. Ya en nuestro informe lo comentamos lo patologico . que resulta el tener unos órganos como la presidencia y las mesas politizados. En ese sentido habria qu aprobar una reforma del reglamento para incorporar garantías que eviten este tipo de circunstancias. Ahí hay que hacer una reforma grandísima. El reglamento está absolutamente obsoleto. En su dia Manuel Marín, como presidente del Congreso, empezó trabajar en esa reforma pero poco se hizo n realidad”, comenta.
Hay que romer el bucle existente
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"Desde su punto de vista la reforma del reglamento sería necesaria" |
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Alberto Palomar, socio de derecho público de Broseta, es consciente del problema existente en nuestro Parlamento. El bloqueo continuo se produce ante iniciativas que no van a prosperar o son de los partidos no afines al Gobierno. Sobre acudir a medidas penales, como ha hecho AVITE con la Mesa del Congreso, cree que es más efectista que efectiva “No necesariamente inciden en la tramitación. Tu denuncias a la mesa del Congreso por prevaricación y en el caso que prosperase la demanda, eso no hace que todos los proyectos se tramiten. Siempre habrá que someterlo a votación y se puede ganar o perder”, apunta.
Al igual que otros expertos, cree que los grupos políticos deberían cumplir la sentencia del Constitucional que por unanimidad dejó claro que esas ampliaciones de enmiendas se estaban haciendo de forma irregular. “Debería seguir la doctrina del Constitucional en estos casos y darse cuenta que deben volver a comportamientos de otras épocas. Además en el caso del derecho penal cuando se quiera juzgar a esa mesa, esa mesa del Congreso no existira. Es difícil salir de esta situación porque se necesitaría un consenso político para la reforma del reglamento de las Camaras. Todos tenemos la misma impotencia ante lo que estamos viendo a lo largo de las sesiones parlamentarias”-
Este jurista entiende la práctica del actual Gobierno porque es consciente que hay leyes que no se van a aprobar. Desde su punto de vista la reforma del reglamento sería necesaria, pero claro, ahí se parte de la mayoría. Con esa reforma que se plantease debería modificar especialmente la capacidad de reabrir continuamente los periodos de enmiendas Eso es lo que más claramente exige modificación. Pero claro, a su vez necesitas que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. “Estamos en un bucle de difícil salida en estos momentos por lo que podemos ver. No creo que haya nadie en contra de esta reforma, pero es difícil ponerla en marcha en la práctica en estos momentos que hay tanta polarización”.
Al mismo tiempo, el Gobierno acaba de presentar el Plan Normativo para este año 2026, lo que supone una previson de aprobar ciertas normas a lo largo de este año. Palomar es consciente que es solo una estimación. “Ya veremos cuantas salen. De esas normas, saldrán las que se aprueben por decreto y algunas otras técnicas relacionadas con Europa como es la que está pendiente de ciberseguridad a nivel de trasposición o de gobernanza de IA. Ese Plan Normativo no deja de ser un plan de buenas intenciones, pero habrá que ver cuántas de ellas se aprueben cuando concluya este año. Si son leyes serán pocas, por la falta de apoyo o los propios bloqueos que hemos comentado” destaca Palomar
