María Nieto Padilla. Abogada especializada en Derecho concursal y mecanismos de segunda oportunidad. Actualmente ejerce como responsable del equipo jurídico de Atrea Restructuring
El presente artículo tiene por objeto analizar el masivo crecimiento de las solicitudes de concursos de acreedores en los últimos años, en un contexto de continuas modificaciones legislativas y jurisprudenciales que han derivado en una práctica incierta y saturada.
La insolvencia de las personas físicas ha pasado de ocupar un lugar prácticamente residual en el panorama concursal español a convertirse en uno de sus principales protagonistas. Una transformación que no solo se refleja en la creciente utilización de mecanismos de exoneración, sino también en las estadísticas concursales de los últimos años, cuya evolución evidencia un incremento extraordinario del número de procedimientos pasando de 649 concursos de personas físicas sin actividad empresarial en el año 2015 a 46.160 concursos en 2025, lo que arroja un incremento del 7.012,5% en tan solo una década. De la misma manera, únicamente en el primer semestre del presente año 2026 se han presentado 25.155 concursos de persona física, habiendo aumentado la cifra un 16,8% con respecto al primer semestre del año anterior.
Fuentes: Atlas Concursal 2025, REFOR-CGE, página 26; Colegio de Registradores de España, boletines trimestrales de 2025. La serie combina ambas publicaciones, cuyos datos pueden presentar diferencias metodológicas y revisiones.
Con todo, dicho auge se ha producido en un contexto de sucesivas reformas legislativas que, junto con las diversas interpretaciones judiciales sobre su aplicación, han provocado desconcierto en la práctica concursal. A fin de entender el contexto actual, resulta necesario atender a la trayectoria del sistema de segunda oportunidad en España durante los últimos años.
Desde la novedosa, en su momento, Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores que permitía realizar acuerdos extrajudiciales de pagos (AEP), hasta el actual texto normativo conformado a partir de la reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal realizado mendiante la Ley 16/2022.
El legislador elaboró ínterin la Ley 25/2015 que dio lugar al mecanismo de segunda oportunidad orientado a que particulares y autónomos accediesen en primer lugar a un Acuerdo extrajudicial de pagos y posteriormente a un concurso consecutivo en el que debía procederse a una previa liquidación de la totalidad del patrimonio del deudor para que este pudiese optar al beneficio de la exoneración de sus deudas remanentes.
Posteriormente, se aprobó el RDL 1/2020 por el que nació el Texto Refundido de la Ley Concursal, unificando y consolidando la normativa concursal en un solo texto, manteniendo la exoneración con previa liquidación o acceso a un plan de pagos de cinco años de duración.
Finalmente, con la Ley 16/2022, se cometió una gran reforma en el joven TRLC, con la trasposición de la Directiva (UE) 2019/2026, introduciéndose la exoneración como un derecho y no como un beneficio, la posibilidad de condonación sin previa liquidación y la cancelación de crédito público con límites.
Actualmente el panorama con el que nos encontramos es bastante complejo, tanto teórica como prácticamente, ya que no solo nos enfrentamos a una legislación concursal convulsa a lo largo de los años, sino que cada vez, en mayor medida, existe jurisprudencia novedosa e interpretaciones judiciales dispares que dan lugar incluso a acuerdos entre propios Magistrados de la Sección de lo Mercantil en algunas Comunidades Autónomas o Provincias. Ejemplo de algunos de ellos son el Acuerdo de diciembre de 2025 establecido por los Jueces de lo Mercantil de Barcelona, en el que exigen documentación adicional a la exigida legalmente para este tipo de procedimiento en los artículos 6 y 7 del TRLC e imponen formularios específicos para la solicitud de concurso y de EPI; el Acuerdo de Unificación de Criterios firmado en marzo de 2026 por los jueces de Las Palmas de Gran Canarias en el que al igual establecen exigencias documentales complementarias, o los Acuerdos a los que llegaron los magistrados andaluces en mayo de 2026 relativos al control judicial de la buena fe y las exigencias de justificación del endeudamiento.
Además de las interpretaciones realizadas por el Tribunal Supremo en sus renombradas Sentencias de 18 de febrero de 2026 (STS 259, 260, 261, 262 y 263) relativas a los discordantes tratamientos del alcance del art. 489.1.5ºTRLC referente a la extensión de la exoneración del crédito público, la aplicación del art. 487.1. 2º TRLC con respecto a derivaciones de responsabilidad y sanciones graves o muy graves, o sobre el control ex oficio del Juez de la buena fe del deudor.
A lo anterior se añade, además, otra circunstancia especialmente relevante y es que toda esta vorágine de actualizaciones legislativas y jurisprudenciales derivan en una aplicación desigual del TRLC dependiendo del Tribunal que conozca.
Las Secciones de lo Mercantil aplican la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero cada una desde su propia interpretación, y algunas también de manera coordinada con sus análogos en el mismo partido judicial. Esto lleva a que, crecientemente, los operadores jurídicos nos encontremos con casuísticas similares, en ocasiones idénticas, en las que la tramitación de un concurso es completamente dispar por conocerse en lugares diferentes del territorio nacional. Entre las manifestaciones más recurrentes de esta falta de uniformidad se observan con asiduidad la consideración de buena fe del deudor, especialmente en la apreciación de conductas temerarias por parte de este en el momento de su endeudamiento.
La confluencia de todos estos factores ha configurado un sistema jurídico en materia concursal heterogéneo, que dificulta el trabajo tanto a los profesionales que tratamos de solucionar las situaciones de insolvencia de nuestros clientes, a los órganos judiciales que con esfuerzo tratan de aplicar correctamente una legislación en constante evolución atendiendo a las novedades normativas y jurisprudenciales, y sobre todo al deudor insolvente, cuyas pretensiones se ven en juego.
La cuestión que subyace a todo lo expuesto no es únicamente la complejidad de nuestro sistema concursal, acrecentado por el auge que se encuentra experimentando, sino las consecuencias que esta puede tener sobre quienes acuden a él. Si la regulación es la misma para todos, operarios jurídicos y deudores, cabe hacer la siguiente reflexión: ¿hasta qué punto resulta admisible que las exigencias para acceder a un concurso de persona física y hacer efectivo el derecho de la exoneración puedan variar en función del lugar en el que se solicite?
