Asociación Madrileña de Mediación AMM
Cinco propuestas para que la Administración, la justicia y las empresas funcionen mejor desde el primer día
Juan Medina López
El domingo 29 habrá recuento, noche electoral y discursos. El lunes 30, a las ocho de la mañana, en miles de empresas alguien subirá la persiana.
Un autónomo abrirá el correo y encontrará una notificación que no esperaba. Una responsable de personal repasará quién está de baja y cómo cubrir el turno. Un trabajador llamará por tercera vez para preguntar por qué su prestación todavía no ha llegado.
Para ninguno de ellos habrá cambiado mucho la vida porque haya cambiado el Gobierno. O porque no haya cambiado.
Esta semana vamos a escuchar muchas promesas. Yo quiero proponer otra cosa: cinco ideas que cualquiera que tenga una empresa, trabaje en una o lleve años asesorándolas reconocería al instante. Ninguna exige grandes leyes. Exigen algo más difícil: voluntad de que las cosas funcionen.
Que nos pidan el dato una sola vez
La Ley 39/2015 reconoce desde hace más de diez años el derecho a no aportar documentos que ya obran en poder de la Administración. Está en el BOE. En la práctica, una pequeña empresa sigue presentando el mismo certificado ante la Seguridad Social, Hacienda, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, a veces en la misma semana.
No hace falta una ley nueva. Hace falta que las administraciones se hablen entre sí.
Pocas cosas lo ilustran mejor que una baja médica. En un mismo proceso pueden intervenir el médico de atención primaria, que emite los partes; la mutua, que según los casos gestiona la prestación y hace el seguimiento; la propia empresa, que adelanta el pago en régimen de pago delegado; la inspección médica del servicio de salud; el INSS y sus equipos de valoración, cuando la baja se alarga; y el servicio de prevención, cuando llega el momento de volver al puesto.
Desde 2023, el trabajador ya no tiene que entregar los partes en la empresa, y fue un avance. Pero la empresa sigue recibiendo la información a trozos, el trabajador sigue sin saber muy bien quién decide sobre su caso y cada parte, cada citación y cada propuesta de alta viaja por un circuito distinto. Seis actores que hacen su trabajo y que, sin embargo, rara vez funcionan como un solo sistema.
Un expediente único, compartido y con un responsable claro haría más por empresas y trabajadores que muchas reformas de titular.
Que la Administración trabaje por objetivos, como cualquier empresa
En una empresa nadie discute que hay que medir resultados. Se fijan plazos, se revisan cada mes y, si algo se atasca, se buscan medios antes de que el cliente se vaya.
Propongo aplicar la misma lógica a lo que más pesa en la vida de la gente: los plazos. Cuánto tarda en resolverse una prestación, una incapacidad, una inscripción, una inspección, un juicio. Publicados por oficina y cada trimestre. No para señalar a nadie, sino para saber dónde faltan manos.
Conozco funcionarios que hacen auténticos milagros con sistemas informáticos que no se entienden entre sí y con plantillas que llevan años sin renovarse. El problema casi nunca son las personas. Es el diseño.
Que las normas lleguen con tiempo y con instrucciones
Una obligación que se publica un martes y entra en vigor el miércoles no ayuda a nadie a cumplirla. Al empresario, que no tiene margen para adaptarse. Al trabajador, que no sabe qué derechos acaba de ganar.
Hay soluciones probadas. El Reino Unido concentró durante años la entrada en vigor de muchas normas empresariales en dos fechas fijas al año, para que nadie se enterase tarde. Bastaría con algo parecido: fechas previsibles, plazos de adaptación razonables y una guía práctica publicada el mismo día que la norma, escrita para que la entienda un gerente y no solo un abogado.
Que un despido no tarde dos años en juzgarse
En algunos juzgados de lo social, un juicio por despido se celebra dos años después de que ocurra. Dos años en los que el trabajador no sabe si volverá a su puesto o cobrará una indemnización. Dos años en los que la empresa no sabe cuánto le va a costar una decisión que tomó en su día. Nadie gana con la espera.
Reforzar los juzgados donde más se acumulan los asuntos es urgente. También lo es dar una oportunidad real al acuerdo antes del juicio, con conciliaciones que sean de verdad un espacio para entenderse y no un trámite de cinco minutos.
Y cuando llegue la sentencia, que la entienda quien la recibe. Un trabajador o un pequeño empresario no deberían necesitar que alguien les traduzca qué han decidido sobre su vida o sobre su negocio. La claridad también es una forma de justicia.
Que la tecnología trabaje para el ciudadano
Si una empresa puede usar inteligencia artificial para ordenar mil facturas en una tarde, la Administración puede usarla para que nadie tenga que rellenar un formulario con datos que ya conoce. Con garantías, con supervisión humana y con transparencia. Pero sin miedo.
Y las empresas necesitan reglas claras sobre qué pueden hacer con estas herramientas en la gestión de personas, explicadas en un lenguaje que se entienda. Las necesitan para avanzar con seguridad, y los trabajadores, para saber que nadie decidirá sobre ellos a escondidas.
Lo que no cabe en un eslogan
Ninguna de estas ideas cabe en un cartel electoral. Por eso es probable que no las oigamos en los mítines de esta semana.
Pero el lunes 30, gane quien gane, el autónomo volverá a subir la persiana. La responsable de personal volverá a cuadrar turnos. El trabajador volverá a llamar para preguntar por su prestación.
Ojalá ese día alguien, en algún despacho oficial, piense en los tres.
Porque un país no se mide solo por lo que promete. También por lo que tarda en contestar.