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Lourdes Pulido Alcón. Abogada. Socia Directora de Alcon Abogados                                              

 

Hoy he visto publicado en una página web jurídica lo siguiente:

“El incremento de las pensiones contributivas para 2027 será efectivo el próximo 1 de enero. El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo de tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto sobre limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y revalorización de las pensiones del sistema de la seguridad social, de las pensiones de clases pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2027.”

 Leo esto y no puedo evitar cabrearme (con perdón) viendo como hay urgencia para unos, pero no para otros.

Muchos de nosotros, abogados y abogadas que llevamos ejerciendo ya muchos años, y peinamos unas cuantas canas, vemos de forma incierta nuestro futuro. Algunos (bastantes) somos mutualistas porque cuando nos colegiamos, nos vimos obligados a pertenecer a la Mutualidad de la Abogacía, dado que NO PODÍAMOS incorporarnos a la Seguridad Social, por imposición legal, otros, se incorporaron a la Mutualidad porque, siendo muy jóvenes, iban a colegiarse para poder ejercer la profesión y en sus colegios les exigían o recomendaban incorporarse a la mutualidad.

En su día, nos dijo la mutualidad que íbamos a cobrar una determinada cuantía de pensión, que, ahora, ya no es por el importe prometido, sino muy inferior, condenándonos a percibir, después de décadas trabajando y pagando lo que nos han exigido, pensiones miseras, sin ninguna revalorización y en 12 pagas.

Por ello, los mutualistas llevamos años luchando por que se facilite que podamos pasar de la Mutualidad (antes de la Abogacía) al RETA, con todo nuestro dinero, para que podamos cobrar un pensión acorde a la realidad de haber estado trabajando décadas, pagando las cuantías que nos han exigido y sin poder disfrutar durante muchos años de prestaciones sociales, ni de sanidad pública. Pedimos una pensión digna, pero, ante todo, una pensión JUSTA, porque nadie nos tiene que regalar nada.

Como ya muchos saben, hay compañeros y compañeras que están cobrando pensiones de 300.-€, por doce meses y sin ningún tipo de actualización. Eso supone que no puedan sufragar ni sus más mínimas necesidades.

Tras más de tres años en las calles y a través de diferentes colectivos, que han sido los que verdaderamente han luchado a pie de calle y frente a los políticos, se ha conseguido una ley, que garantiza la denominada PASARELA AL RETA.

Un Gobierno poco responsable

Pero, la falta de responsabilidad del gobierno, ha generado que, a día de hoy, no dispongamos del reglamento que esa ley imponía y que debía estar en un plazo de tres meses.

No hago responsable únicamente al gobierno del Sr. Sanchez, ni al PSOE, de que a día de hoy sigamos con un futuro incierto, sino también a la falta de interés del resto de grupos políticos en solucionar de forma decisiva y rápida nuestra situación, y sobre todo, de dejar fuera a los pasivos. Personas que han estado trabajando, la mayoría de ellos, más de 40 años, y que ahora cobran una MISERIA.

Pero, no podemos hacer tan solo responsables a los legisladores actuales (y en general a los políticos) de lo que nos ocurre, porque no se nos puede olvidar que, si nos encontramos a estas alturas en estas condiciones, es porque muchos miraron para otro sitio. De aquellos barros, tenemos el lodo de seguir en la Mutualidad.

En el año 2004 se publicó un informe por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) que concluyó que la relación entre cuotas y prestaciones era sustancialmente más favorable en el RETA que en la Mutualidad de la Abogacía. El documento alertaba sobre el colapso prestacional de la Mutualidad, destacando ventajas del RETA como, pensiones revalorizables, asistencia sanitaria y farmacéutica gratuita, y la posibilidad de cómputo en regímenes mixtos.

En el Boletín de los colegios de abogados de Aragón de 2004 se publicaba en su primera página:

“El pasado 26 de junio se celebró la Asamblea General anual de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía. Dicha Asamblea … aceptó por aclamación la decisión de la Junta Directiva de asumir la propuesta de varios colegios, entre ellos el de Zaragoza, de explorar con la Seguridad social las condiciones en que aceptaría una integración de la Mutualidad en el RETA …"

Y el Decano del Colegio de Zaragoza refería en esa publicación:

“La previsión social de la Abogacía es uno de los grandes problemas que tiene planteados nuestra profesión. El instrumento que pretende darle respuesta es la Mutualidad General de la Abogacía Española, entidad que no se gestiona por los Colegios de Abogados sino por sus propios órganos de gobierno. Es posible en la actualidad optar por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, pero tal opción supone para muchos compañeros la pérdida total de lo cotizado a la Mutualidad. ….

las pensiones de jubilación, congeladas desde hace varios años, son ya insuficientes para asegurar una jubilación digna pero además llevan camino de convertirse en ridículas, sin olvidar que en ningún caso se aseguran prestaciones sanitarias y farmacéuticas que los mutualistas, tanto activos como pasivos, deben pagarse aparte.

Romper el inmovilismo

Por ello, un grupo de Decanos y de otros mutualistas están desde hace años promoviendo que la Mutualidad salga de su inmovilismo y propicie la búsqueda de soluciones de futuro. Entre ellas, y sin ningún carácter excluyente de otras, está la propuesta de explorar una posible integración en la Seguridad Social, que, finalmente fue adoptada en la Asamblea General celebrada el pasado 26 de junio. … Pero bueno es, por lo menos, se reconozca que es necesario buscar alternativas a un sistema que ha llegado a una congelación total.

Y también, en dicha publicación se decía:

“Para muchos de los mutualistas, la afiliación a la Mutualidad es el único sistema de previsión, por lo que la Mutualidad ya en 1995 debió incentivar la adscripción al sistema público de los nuevos mutualistas y, en todo caso, informar con claridad de que la Mutualidad tiene sentido como sistema complementario, pero no como alternativo.”

Al año siguiente, en mayo del 2005 se celebraron las IV Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados en Tenerife, y las conclusiones de una de las ponencias, la que se centró en la previsión social de la Abogacía, fueron estas:

“Ponencia I. La Previsión Social de La Abogacía

1ª. Los Colegios de Abogados tienen la obligación de informarse e informar a sus colegiados de la situación actual y perspectivas de futuro del sistema de previsión social de los abogados. En esa labor de información deben colaborar el Consejo General de la Abogacía y los Consejos Autonómicos.

2ª. … B) Los Colegios de Abogados recomendarán a los nuevos colegiados la afiliación al RETA en el momento de su colegiación, sin perjuicio de iniciativas futuras. …

…

4ª. El régimen especial de los trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social es, hoy por hoy mucho más favorable para el afiliado, que cualquiera de los regímenes actualmente regulados, sin perjuicio de alternativas o planes de futuro, en condiciones homogéneas.”

Pero, no se tomó ninguna iniciativa efectiva por parte del CGAE, ni tampoco, al parecer, por ningún colegio de la abogacía, para paliar esa situación. Se tenía claro que la Mutualidad no iba a cubrir las necesidades de los colegiados en el futuro en el 2004, pero, hasta que los mutualistas no hemos sido conscientes de la problemática en la que estábamos inmersos, y hemos tomado cartas en el asunto, no ha habido un verdadero movimiento para para buscar una solución.

Y ¿Cómo hemos llegado a esta situación si ya se veía venir hace más de veinte años? Esa explicación la deberían dar nuestros colegios y el CGAE, porque aun sabiendo la situación, no la dieron a conocer a los afectados, y no buscaron soluciones.

Hoy, noviembre de 2026, aun cuando hay una ley publicada, no es una PRIORIDAD para el gobierno cumplir con lo que la propia ley establece, un reglamento en el plazo de tres meses, pero si hay tiempo y ganas para otras cuestiones, que posiblemente garanticen futuros votos.

No fue en su día una prioridad del CGAE, ni lo ha sido ahora para el gobierno.

No ha sido un tema prioritario

Pero, lo cierto es que tampoco fue una prioridad para ninguno de los gobiernos anteriores, porque, no se nos puede olvidar que la llave para abrir la puerta al RETA no solo la ha tenido el PSOE, gobernando Pedro Sanchez y cuando gobernó Zapatero, ya que también la tuvo el PP de Rajoy y Aznar. Para ninguno de ellos fuimos suficientemente relevantes. Posiblemente, porque nuestros representantes, decanos y el presidente/a del CGAE, no tuvieron interés ni voluntad para ponerlo de manifiesto.

Puede que esa falta de interés viniera de los protocolos de colaboración existentes entre los Colegios y la Mutualidad, acuerdos que parece que, siguen siendo material reservado, TOP SECRET, al que los colegiados no tenemos acceso.

Pero, alguno al que he podido acceder, tenía como objeto el mantener una colaboración mutua, intercambiando información en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Estatuto General de la Abogacía Española y de la actividad del colegio como socio protector de la Mutualidad, y el colegio daría el soporte necesario para cumplir el desarrollo de la actividad de previsión de la Mutualidad entre los colegiados. Todo ello con la oportuna aportación económica de la Mutualidad al colegio correspondiente.

Recientemente, me presenté a consejera del CGAE, no porque pensara que podía salir (llegó a decirme un decano que ya tenía comprometidos todos sus votos), sino para conocer y estar presente en cómo se desarrollaban estas “elecciones”, confirmando que poco aire nuevo puede entrar por las ventanas de la sede del CGAE. Y a quien vi por allí, fue al Sr. Sanz Fernandez-Lomana, que es consejero nato del CGAE, en su calidad de presidente de la Mutualidad, y que ocupó el cargo de tesorero y consejero electivo, antes de asumir la presidencia de la Mutualidad en 2016. Mutualidad de la que son protectores, los colegios de la abogacía, los consejos de abogados autonómicos y el CGAE.

El art. 28 de los Estatutos de la Mutualidad, que regula la figura de los protectores, establece:

“2. La obligación de los Protectores es colaborar a la mejora, desarrollo y fomento de la actividad de Mutualidad y al cumplimiento de su objeto social, a cuyo fin podrán suscribir los oportunos Protocolos de Colaboración. …

4. Los Protectores de Mutualidad participarán en los Órganos Sociales en la forma establecida en los presentes Estatutos.”

Nosotros, los colegiados mutualistas alternativos, pagamos nuestras cuotas colegiales y las cuantías que se nos ha requerido por parte de la Mutualidad, y en su día confiamos en que estas dos instituciones, creadas por y para los profesionales de la abogacía, velarían por nuestros futuros intereses, cuando colgáramos la toga.

La Mutualidad de la Abogacía se creó en 1943 por los colegios de abogados de toda España, como una “entidad sin ánimo de lucro que nació con vocación de servicio y como única entidad de previsión obligatoria para los abogados y las abogadas …”

Pero, esa estrecha relación entre Mutualidad y abogados, se rompió hace tiempo, dejando de ser la Mutualidad de la Abogacía. Pero sí que se ha mantenido otro tipo de relaciones. Las de sus cargos.

Conflictos de intereses

La que fue presidenta del CGAE durante muchos años, ahora es secretaria de la Mutualidad. Tal y como publica la Mutualidad: “Victoria Ortega asume la secretaría general de Mutualidad en sustitución de Antonio Albanés quien ha ostentado el cargo desde 2014. Ortega es miembro de la Junta de Gobierno de Mutualidad desde 2007.” Desde luego, habiendo sido Decana del Colegio de Abogados de Cantabria desde 2000 al 2008, Vicepresidenta del CGAE desde el 2002 al 2008, secretaria del CGAE desde 2011 hasta el 2015 y presidenta desde el año 2016 hasta el 2024, dudo mucho que no fuera conocedora del problema de los abogados mutualistas alternativos.

Además, el actual vicepresidente de la Mutualidad, Jose Mª Alonso, fue con antelación decano del ICAM. Pasar de representar los intereses de los abogados en colegios o en el CGAE a ostentar un cargo en la Mutualidad es y ha sido habitual. No hay más que mirar quienes han ostentado cargos en ambas instituciones.

Yo creo que estudié eso del conflicto de intereses en algún momento de la carrera.

En un informe publicado por el CGAE de 5 de junio de 2026, sobre la situación de la proposición de ley para la pasarela al RETA, decía: “Desde hacía más de dos años, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) venía reclamando una reforma legal que permitiese el tránsito hacía el sistema de la Seguridad Social, a todos los mutualistas alternativos que lo quisiesen.”

Y me pregunto, desde el año 2005 en que parecía clarísimo que el pase al RETA era lo mejor para los colegiados, ¿qué hicieron el CGAE y nuestros colegios? Parece que llegan MAS DE VEINTE AÑOS TARDE.

Hoy seguimos sin saber cómo se va a regular la incorporación de los mutualistas al RETA, no tenemos el reglamento, y seguimos viendo como compañeros y compañeras se jubilan, porque no les queda más remedio, cobrando pensiones ridículas (calificadas así ya en 2004) e ignorados en una ley que no tuvo en cuenta ni a los pasivos ni a los que se están jubilando en estos momentos.

La hora de velar por las jubilaciones de miles de mutualistas está en las manos de los políticos.

Esperemos que el nuevo gobierno que surja de las elecciones, que, sea del PP o sea del PSOE, con los partidos que les “ayuden” a gobernar, sepan dar respuesta urgente a esta situación injusta e indigna, porque, todos ellos, saben, desde hace ya tiempo y de primera mano, cual es.