Al frente de esta corporación, Lorenzo Pérez ha posicionado al despacho como referente a nivel nacional en la tramitación y obtención de pensiones por incapacidad laboral permanente, reclamaciones de grados de discapacidad y defensa de los derechos laborales y médico-sanitarios.
A lo largo de su gestión, ha establecido convenios de asesoramiento legal con más de 1.400 asociaciones y entidades en todo el país, colaborando con organizaciones de primer nivel como la ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), entre muchas otras.
En esta entrevista, Pérez analiza los últimos cambios legislativos que podrían ayuda a mejorar los derechos de las personas dependientes, si se dota a la reforma de la Ley de Dependencia de los medios adecuados. Al mismo tiempo explica la actividad grupo basado en cuatro marcas jurídicas, impulsadas desde otros despachos como Fidelitis, Presunto Inocente, Derechos del Trabajo y Reclamatodo, a los que una quinta marca se unirá el año que viene.
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| El presidente de Fidelitis nos aclara que su organización tiene suscritos 1400 acuerdos con distintas asociaciones a los que ofrece este asesoramiento jurídico, asi como a particulares. “Trabajamos a éxito y estudiamos bien la viabilidad de cada asunto | ||
P. ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha el Grupo Fidelitis y articular las cuatro marcas que hoy lo integran?
R: El proyecto nació en 2013. Por aquel entonces yo colaboraba con la ONCE en temas de consultoría y mantenía muy buena relación con varios departamentos, especialmente con marketing y dirección general. Me hice muy amigo de uno de los responsables de marketing de la casa, que tenía baja visión debido a una enfermedad degenerativa, la retinosis pigmentaria.
En un momento vital muy complejo, sufrió un empeoramiento drástico y se quedó completamente ciego. Con su formación, no veía salida profesional más allá de la venta de cupones y no sabía cómo reorganizar su vida. Investigamos el mercado y comprobamos que prácticamente no había nadie especializado en este segmento. Finalmente logramos conseguirle la pensión de gran invalidez.
Apenas hay despachos especializados en discapacidad e incapacidad en España, un ámbito que además no deja de crecer. ¿A qué responde este aumento de la demanda?
R: Influyen tanto la evolución demográfica como, sobre todo, el mayor conocimiento. Antes la gente desconocía las posibilidades legales que tenía a su alcance y hoy es mucho más consciente de que puede solicitar un grado de discapacidad o una incapacidad permanente, así como de los derechos y ventajas asociadas que ello conlleva.
P: A partir de ese caso detectaron que había un vacío importante.
R: Exacto. Vimos que en la ONCE, en el resto de la población y en el movimiento asociativo había muchísimas personas en esa situación. Así nació Fidelitis, inicialmente centrado en asuntos sociolaborales y de Seguridad Social. A medida que firmamos acuerdos con entidades como la propia ONCE, la Asociación Española Contra el Cáncer, GEPAC o FEDER, nos empezaron a demandar otras áreas jurídicas. Hoy somos un grupo con cuatro firmas: Fidelitis (discapacidad, incapacidad y Seguridad Social), Reclamatodo (civil, administrativo, mercantil, concursal y fiscal), Presunto Inocente (penal) y Derechos del Trabajo (laboral puro).
P: El movimiento asociativo sigue siendo uno de sus pilares.
R: Trabajamos con acuerdos firmados con más de 1.400 asociaciones en toda España, tanto nacionales como locales; esa es nuestra seña de identidad. No obstante, nuestro perfil de cliente ha evolucionado: antes el mundo asociativo suponía el 80 % y hoy representa alrededor del 50 %, porque cada vez nos llegan más particulares por recomendación, boca a boca o canales digitales.
P: El Gobierno ha anunciado una nueva reforma y dotación presupuestaria para desatascar el sistema de dependencia. ¿Cree que servirá para reducir los cuellos de botella actuales?
R: Me encantaría decir que sí, pero soy muy escéptico porque ya lo hemos visto antes con el último real decreto de discapacidad y sus nuevos baremos. Sobre el papel todo pintaba muy bien, pero en la práctica el sistema de valoración ha empeorado. En dependencia puede pasar lo mismo: dudo mucho que se cumpla la promesa de reducir los plazos a la mitad, por poner un ejemplo.
Si ya no se cumplían los seis meses previstos anteriormente, es difícil creer que vayan a bajar a tres. Además, al estar las competencias transferidas, existe el riesgo de que cada comunidad o servicio social aplique criterios distintos, generando desigualdades territoriales como ya ocurre en discapacidad entre las diferentes comunidades autónomas.
“Soy escéptico que la reforma última hecha por el Gobierno se desatasque el sistema de dependencia en nuestro país. Ahora se tarda 36 meses para valorar la discapacidad”.
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Lorenzo Pérez explica que sus profesionales “trabajan en red en toda España con una base compartida de jurisprudencia interna, criterios homogéneos y formación continua, lo que nos permite dar respuesta en cualquier punto del país” |
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P: ¿Hasta qué punto se ha agravado el retraso en las valoraciones de discapacidad?
R: En 2022 la espera media en España estaba en 18 meses y ahora estamos en una media de unos 36 meses; se ha duplicado prácticamente. Por un lado, falta personal y, por otro, han aumentado las solicitudes porque los ciudadanos conocen mejor sus derechos.
Además, la aplicación que están haciendo los centros base de los nuevos baremos está siendo, a mi juicio, absurda: en lugar de elevar el grado a quienes tienen mayor afectación psicosocial por sus patologías, en muchos casos se está rebajando a otros solicitantes que menos afectación tienen en este sentido, algo que va en contra del espíritu de la norma. De hecho, vamos a llevar la aplicación de este real decreto al Tribunal Constitucional por discriminación en cuanto sea admitido a trámite.
P: ¿Toda esta conflictividad está provocando un repunte de los pleitos?
R: Por suerte para los despachos y por desgracia para los ciudadanos, sí. Es absurdo tener que acudir a los tribunales por valoraciones mal hechas, porque cuando llegamos al juzgado solemos ganar. Estos asuntos los llevamos directamente desde Fidelitis —aunque la discapacidad no sea estrictamente Seguridad Social— por la identificación que los clientes tienen con la marca.
Sin embargo, la justicia también se ha ralentizado mucho desde la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia el año pasado: el plazo medio para el señalamiento de juicio ha pasado de unos 15 meses a alrededor de 20 meses, aunque al menos en discapacidad, incapacidad y dependencia no estamos obligados a interponer medios adecuados de solución de controversias (MASC) previos.
P: En el ámbito de la incapacidad permanente, usted suele denunciar una política de denegaciones sistemáticas por parte de la Administración. ¿Qué cifras manejan?
R: En vía administrativa se concede únicamente en torno al 3 % de las solicitudes anuales. Es cierto que hay peticiones sin base médica suficiente, pero la Administración ha entendido —gobierne quien gobierne— que denegar supone un ahorro enorme en pensiones, porque más del 70 % de las personas a las que se les deniega no acude después a los tribunales.
Se aplica un filtro perverso: "ya reclamará quien realmente lo necesite". La prueba de que muchas denegaciones son injustas es que, de los casos que nosotros filtramos y consideramos viables, obtenemos sentencia favorable en más del 90 % en vía judicial.
P: Muchas personas desisten de reclamar por miedo al coste económico de un pleito sin garantías. ¿Cómo abordan esa barrera?
R: Efectivamente, mucha gente no recurre por desconocimiento o porque no puede asumir honorarios por adelantado ante un resultado incierto. Nosotros eliminamos esa barrera trabajando a éxito en los asuntos que consideramos viables: si no ganamos, no cobramos.
Además, trabajamos en red en toda España con una base compartida de jurisprudencia interna, criterios homogéneos y formación continua, lo que nos permite dar respuesta en cualquier punto del país.
P: Dentro del grupo cuentan también con la firma Derechos del Trabajo. ¿Cuál es su enfoque frente a otros operadores laborales como los sindicatos?
R: Lo planteamos como una alternativa ágil sin necesidad de afiliación sindical previa. Aunque también defendemos a empresas, el 90 % de nuestros clientes en esta área son trabajadores. Llevamos desde despidos o acoso laboral hasta reclamaciones de pequeñas cantidades o solicitudes de adaptación del puesto de trabajo.
P: Precisamente en materia laboral y de adaptación de puestos, ¿cree que la normativa actual responde a la realidad del tejido empresarial español?
R: Hay normas muy bien intencionadas sobre el papel, como los reales decretos sobre adaptación del puesto de trabajo para personas con discapacidad o enfermedades graves.
En grandes empresas y multinacionales nos dan herramientas útiles para exigir esas adaptaciones, pero en un país de pymes, micropymes y autónomos su aplicación práctica es muy complicada si no existen subvenciones reales que ayuden a costearlas. Algo similar ocurre con cargas como el registro horario digital: tiene sentido en una multinacional, pero imponer gastos tecnológicos adicionales a una empresa familiar de cuatro trabajadores es una carga innecesaria.
“Una adaptación bien hecha del registro horario y subvencionada reduciría bajas médicas y absentismo, beneficiando tanto al empleado como a la empresa.”
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A juicio de Pérez “ gracias a la tecnología podemos asumir el volumen de trabajo existente que tenemos. Ahora con la nueva marca seguiremos creciendo como corporación empresarial” Imagen Grupo Fidelitis |
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P: Al mismo tiempo el grupo cuenta con Presunto Inocente, dedicada al ámbito penal. ¿Qué tendencias observan en esta jurisdicción?
R: Observamos una preocupante tendencia a penalizar conflictos que deberían resolverse en la vía civil, especialmente en procedimientos de familia, divorcios o custodias. Por supuesto que hay que combatir de forma tajante cualquier tipo de violencia, y especialmente la violencia contra la mujer, pero no se puede vulnerar un derecho fundamental como la presunción de inocencia con leyes mal diseñadas.
Además, en Presunto Inocente hemos trasladado un modelo muy disruptivo en el sector penal: en los casos viables que asumimos, tampoco cobramos si no ganamos, permitiendo que personas sin grandes recursos accedan a una defensa jurídica privada y especializada más allá de las limitaciones del turno de oficio.
P: Por su parte, Reclamatodo es el despacho enfocado para el derecho de consumo
Es el despacho que aglutina todas las reclamaciones relacionadas con el consumidor. Llevamos desde una reclamación a una aseguradora o a un banco, pasando por un problema con tus vecinos, hasta una mala praxis o una negligencia médica. Al igual que el resto de despachos es un modelo a éxito. Estudiamos la viabilidad del asunto y si es factible lo asumimos y facturamos un porcentaje del total obtenido si ganamos el caso.
P: Por último, ¿Como ve el futuro más inmediato de Grupo Fidelitis?
Queremos mantener nuestra posición de referencia dentro del sector. El año que viene lazaremos una nueva marca, vinculada al mundo tecnológico, lo que generará un nuevo negocio para el Grupo en ese entorno tecnológico en que nos movemos y por el que siempre hemos apostado.
Somos de los pocos despachos que no son multinacionales que tenemos nuestro CRM propio. Al mismo tiempo utilizamos desde hace muchos años, todos los sistemas de videoconferencia para un mejor comunicación con nuestros clientes. Gracias a la tecnología podemos asumir el volumen de trabajo existente que tenemos. Ahora con la nueva marca seguiremos creciendo como corporación empresarial.



