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En este decálogo Garcia Roqueta advierte que el nuevo titular de Justicia “ debe procurar que justicia judicial con la justicia dialogada see complementen , respeten y refuercen mutuamente, ¿sino qué sentido tiene hablar de justicia? “Imagen Ministerio Justicia

Carles García Roqueta  Abogado, mediador y experto en gestión de conflictos

Lo que un jurista, experto en gestión del conflicto y mediador pediría a quien asuma la responsabilidad de dirigir la Justicia en España.

La Justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Su fortaleza no puede medirse únicamente por el número de procedimientos resueltos, la rapidez de las sentencias o la modernización de sus estructuras. También debe valorarse por su capacidad para ofrecer respuestas adecuadas a los conflictos de las personas, proteger sus derechos y contribuir a una convivencia social más justa, responsable y pacífica.

Si tuviera la oportunidad de trasladar algunas reflexiones a quien en el futuro asumiera la responsabilidad del Ministerio de Justicia, lo haría como no puede ser de otra manera desde el máximo respeto institucional y humano, pero también desde la convicción que proporciona el ejercicio profesional de la abogacía, la mediación y la gestión de conflictos en su variedad de MASC’s.

Creo que quizás no le pediría, como algunos lo han denominado, una nueva revolución legislativa, más bien le pediría, fundamentalmente, convicción, continuidad, coherencia y compromiso.

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025 de EP ha supuesto un avance significativo en la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) a nuestro sistema de justicia. No obstante, aprobar una ley no significa haber transformado una cultura. Y precisamente ahí reside, a mi entender, uno de los mayores desafíos de los próximos años vista.

Llegados aquí, me centraría en 10 + 1 peticiones:

Primera. Que los MASC sean una política pública de Estado y no una iniciativa vinculada a un determinado Gobierno.

La cultura del diálogo no pertenece a ninguna ideología política. La mediación, la conciliación, la negociación, el derecho colaborativo y los demás mecanismos adecuados de solución de controversias representan herramientas al servicio de la ciudadanía y para la ciudadanía.

Por ello, pediría que su desarrollo se abordara desde una perspectiva institucional estable, con vocación de permanencia, cooperación entre administraciones y respeto a las competencias autonómicas.

La Justicia necesita proyectos que sobrevivan a los ciclos electorales. Y la consolidación de los MASC merece ser uno de ellos.

Segunda. Que no confundamos el cumplimiento de un requisito procesal con una verdadera oportunidad de diálogo.

Uno de los riesgos que debemos evitar es convertir los MASC en un mero trámite documental previo a la presentación de una demanda. Hay quien aún, cuando se trata de asuntos de terceros piensan así, sin embargo, cuando les afecta de cerca buscan la alternativa del diálogo como la mejor opción.

Si la ciudadanía acaba percibiendo estos mecanismos como un obstáculo burocrático para acudir a los tribunales, se habrá desaprovechado buena parte del potencial transformador de la reforma y el trabajo realizado en estos últimos 20 años.

Necesitamos que las personas comprendan qué pueden aportarles estos procedimientos, que los profesionales sepan recomendar el método más adecuado y que la Administración facilite su utilización real. Aquí la abogacía juega un papel del todo transcendental en su capacidad de información, explicación, incorporación y tolerancia.

El éxito no consiste únicamente en acreditar que se ha intentado negociar. Consiste en haber ofrecido una oportunidad efectiva, informada y de calidad para gestionar el conflicto.

Tercera. Que la calidad profesional sea una exigencia irrenunciable.

No todos los conflictos son iguales, ni todos requieren idénticas intervenciones. En estos casi dos últimos años, más que nunca lo estamos viendo y viviendo.

La mediación exige competencias específicas. La conciliación requiere preparación y conocimiento. El derecho colaborativo incorpora una metodología propia, así como una nueva oportunidad para la abogacía y la negociación jurídica demanda conocimientos, responsabilidad y habilidades comunicativas.

Por ello, pediría un compromiso decidido con la formación especializada, la actualización permanente, la ética profesional y los estándares de calidad.

No podemos aspirar a que la ciudadanía confíe en los MASC si no garantizamos que quienes intervienen disponen de las competencias necesarias. Es por este motivo que la calidad no puede ser un elemento accesorio, pues debe constituir la base sobre la que se construya la confianza social y el uso de la razón.

Cuarta. Que el acceso a los MASC no dependa de la capacidad económica de las personas.

Esta es, probablemente, una de las reivindicaciones con mayor trascendencia social.

Una justicia verdaderamente accesible no puede reservar los mecanismos de resolución dialogada a quienes disponen de recursos suficientes para financiarlos.

Debemos avanzar hacia sistemas que permitan a las personas vulnerables acceder a servicios profesionales de mediación y otros MASC, con financiación adecuada, información accesible y garantías efectivas.

La justicia gratuita debe continuar evolucionando para integrar de manera coherente estos mecanismos, tanto respecto de la asistencia jurídica como de la intervención de terceros neutrales cuando resulte necesaria.

Porque el diálogo no puede convertirse en un privilegio económico.

Quinta. Que la prevención de los conflictos forme parte de nuestra concepción de la Justicia.

Durante demasiado tiempo hemos concentrado los esfuerzos en resolver conflictos cuando ya se encuentran profundamente deteriorados.

¿Por qué no apostar también por prevenirlos?

La educación en habilidades comunicativas, la gestión de las discrepancias en los centros escolares, la intervención temprana en las organizaciones, los mecanismos de diálogo comunitario y la formación de profesionales constituyen inversiones sociales de enorme valor.

Pediría al Ministerio que impulsara una estrategia transversal y decidida, en colaboración con otras administraciones, para extender la cultura de la prevención y la gestión constructiva de los conflictos.

Sexta. Que acerquemos la justicia dialogada a los espacios donde realmente viven las personas.

Los conflictos no nacen en los juzgados. Surgen en las familias, las comunidades de propietarios, las empresas, los centros educativos, los hospitales, los servicios sociales y nuestros barrios.

Por eso, los MASC no deberían desarrollarse exclusivamente alrededor de la actividad judicial.

Es necesario reforzar su presencia en el ámbito local, sanitario, comunitario, educativo y organizacional, respetando las particularidades de cada sector y su correspondiente marco jurídico.

La experiencia que hasta hoy hemos vivido, demuestra que una intervención temprana puede evitar la cronificación de situaciones que, con el tiempo, generan un elevado coste personal, económico e institucional.

La proximidad debe convertirse en un principio esencial de esta nueva manera de entender la Justicia.

Séptima. Que la abogacía ocupe el lugar que le corresponde en esta transformación.

La abogacía no debe contemplarse como un operador ajeno a los MASC. Muy al contrario, constituye una o mejor dicho, la pieza fundamental para su desarrollo.

El asesoramiento jurídico, la identificación del mecanismo más adecuado, la protección de los derechos de las partes y la construcción de acuerdos jurídicamente seguros forman parte de su responsabilidad profesional.

Necesitamos una abogacía preparada para litigar cuando resulte necesario, pero también para negociar, colaborar, prevenir y facilitar soluciones.

La defensa de los intereses de nuestros clientes no se mide exclusivamente por nuestra capacidad de obtener una sentencia favorable. También por nuestra habilidad para identificar soluciones eficaces, proporcionadas y sostenibles.

Aquí es donde los colegios profesionales de la abogacía deben mostrar-se sensibles al respecto e incorporar de manera paulatina formaciones para sus colegiados y así profesionalizar estas materias de los Masc’s. Algo muy parecido con lo que las Universidades y académicos deben hacer con sus alumnos para que cuando se incorporen a la profesión encuentren la oportuna motivación, sino qué sentido tiene disponer de una ley de convivencia universitaria como es la ley 3/2022 de 24 de febrero, que regula la convivencia y el régimen disciplinario de las universidades públicas?

Octava. Que evaluemos los resultados con rigor y transparencia.

Toda política pública necesita mecanismos de evaluación.

Pediría la creación o consolidación de sistemas de información que permitan conocer la utilización real de los MASC, sus resultados, los niveles de satisfacción de las personas participantes y su impacto en el funcionamiento del sistema judicial, siendo todo ello de acceso público dada la transparencia que debería tener.

Pero también deberíamos medir aspectos menos visibles como son, la preservación de las relaciones, la reducción de la conflictividad recurrente, el cumplimiento voluntario de los acuerdos y la percepción ciudadana de justicia.

No todo procedimiento que termina sin acuerdo constituye un fracaso. En ocasiones, el diálogo permite comprender mejor las posiciones, delimitar las discrepancias o reducir la intensidad del conflicto. Y es que la mediación o sus análogos, no sirven tan solo para alcanzar acuerdos, sino para que las partes de comuniquen y puedan, si es posible, llegar a los mismos. Sería muy frustrante que midiéramos que un proceso de mediación o conciliación o de derecho colaborativos, entre otros, tan solo ha sido funcional por haber llegado a acuerdos. Por tanto, poder evaluar correctamente exige comprender esta complejidad.

Novena. Que la transformación digital no nos haga olvidar la dimensión humana de la Justicia.

La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades extraordinarias para mejorar la información, la accesibilidad y la gestión de los procedimientos.

Sin embargo, no deberíamos confundir eficiencia tecnológica con la expresión de calidad relacional.

Los conflictos afectan a personas que sienten, temen, discrepan, sufren y necesitan ser escuchadas y atendidas.

La tecnología puede ayudarnos a organizar mejor los procesos, pero no debería sustituir indiscriminadamente el valor de la escucha, la empatía, el reconocimiento y la intervención profesional.

En un contexto de creciente digitalización, reivindicaría también la necesaria artesanalidad de determinados procesos de gestión de conflictos, entendida como la atención singularizada que merece cada persona y cada situación.

Décima. Que no olvidemos la justicia restaurativa y la responsabilidad social del diálogo.

Una concepción moderna de la Justicia debe incorporar, allí donde resulte jurídicamente adecuado y con las garantías necesarias, espacios para la reparación del daño, la responsabilización y la reconstrucción de relaciones.

La justicia restaurativa, especialmente en determinados contextos comunitarios, educativos y penales, nos recuerda que la respuesta institucional al conflicto no siempre debe limitarse a determinar responsabilidades e imponer consecuencias.

También puede contribuir a reconocer el daño, atender a las víctimas y favorecer procesos responsables de reparación.

Se trata de ampliar las posibilidades de respuesta, nunca de sustituir las garantías jurídicas ni los derechos de quienes participan.

Una última petición, escuchar y atender a quienes trabajan cada día con los conflictos

Finalmente, pediría a quien asumiera el Ministerio de Justicia que mantuviera una interlocución permanente con los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones especializadas, los operadores jurídicos y las organizaciones que llevan años trabajando en este ámbito.

Existe conocimiento acumulado, experiencia práctica y un compromiso profesional que merece ser escuchado y aprovechado.

Las reformas no pueden construirse exclusivamente desde los despachos institucionales, sino que más bien necesitan el contraste con la realidad cotidiana de quienes acompañan a las personas en sus conflictos.

Por favor, no pensemos que se trata de enfrentar la justicia judicial con la justicia dialogada. Ambas deben complementarse, respetarse y reforzarse mutuamente, ¿sino qué sentido tiene hablar de justicia?

Los tribunales seguirán siendo como hasta hoy lo han sido, del todo imprescindibles para garantizar derechos y resolver aquellas controversias que requieran una decisión jurisdiccional. Pero una sociedad democrática madura y consciente debe ofrecer a su ciudadanía distintas puertas de acceso a soluciones justas y adecuadas tal y como marca y refuerza nuestro estatuto general de la abogacía y código deontológico.

Por tanto, y centrados plenamente en el artículo, solicitaría al nuevo ministerio de Justicia que no creyera en la mediación por una cuestión de fe. Le pediría que conociera su potencial, escuchara a quienes la practican, evaluara sus resultados y contribuyera a desarrollar las condiciones necesarias para que funcione con garantías y operativa necesaria.

La Ley Orgánica 1/2025 de EP ha abierto una puerta importante que ahora corresponde evitar que quede reducida a un simple trámite de paso hacia los tribunales y nada más. Que no se trate de escurrir el bulto sino más bien de dar la cara ante el conflicto encontrando el espacio que mejor se adapte a los interesados.

Tengo muy claro que el verdadero cambio de paradigma no va a producirse cuando hayamos conseguido que las personas acrediten haber intentado negociar antes de demandar, sino cuando hayamos logrado que nuestra sociedad y comunidad comprenda que dialogar, negociar y construir acuerdos no es una señal de debilidad, sino una expresión de responsabilidad, madurez democrática y compromiso con la convivencia.

Y ese debería ser, también, uno de los grandes compromisos de cualquier futuro ministro o ministra de Justicia.