- Mientras que la ministra Sara Aagesen, señala que en ausencia de este Real Decreto, tendríamos un impacto de 5.000 millones de euros en nuestras facturas, los empresarios recurrirán al Supremo y pedirán su suspensión cautelar.
El Consejo de Ministros ha sacado adelante una medida muy polémica dentro del sector. Tanto PP como la patronal Spain DC han anunciado que recurrirán la normativa judicialmente al considerar que impone condiciones de imposible cumplimiento. Consideran que están en riesgo los cerca de 66.900 millones de euros previstos para invertir en España hasta el 2030.
Este decreto impone a los ‘data centers’ nuevos requisitos más estrictos en consumo de electricidad y agua y en seguridad digital, con el objetivo de que sigan adelante sólo las instalaciones más sostenibles y, a la vez, evitar que el gran consumo de luz de estas instalaciones provoque una gran subida de precios eléctricos.
. Derivado del Real Decreto-ley 7/2026, la norma aprobada en Consejo de Ministros permitirá un avance conjunto de la transición digital y la ecológica, maximizando las oportunidades económicas y sociales del desarrollo de los centros de datos.
Un desarrollo desordenado de los centros de datos podría comprometer las metas de soberanía digital –se debe asegurar que los sistemas públicos más importantes permanezcan bajo el marco jurídico y jurisdiccional de la UE– y las ventajas de disponer de una electricidad competitiva gracias a las renovables: el consumo de energía de los centros de datos es esencialmente plano y no tiene flexibilidad para adaptarse a una penetración creciente de renovables, lo que aumentaría el uso de las centrales de gas y, consecuentemente, el precio para los consumidores.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha justificado la urgencia del real decreto advirtiendo del severo impacto económico que habría supuesto mantener el vacío normativo sobre estas infraestructuras.
Según ha detallado la ministra, de no haber regulado el sector, la falta de control sobre la demanda habría provocado un “sobrecoste de 5.000 millones de euros” en la factura eléctrica y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial.
La reunión ministerial de este viernes ha aprobado el real decreto que fija los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para los centros de datos.
Se trata de una medida que ha generado controversia dentro del sector, hasta el punto que el PP ha asegurado que lo derogará si llega al Gobierno y la patronal del sector, Spain DC, lo recurrirá y pedirá su suspensión cautelar.
De esta manera, el Ministerio de Transición Ecológica ha logrado sacar adelante dos de los puntos pendientes en su agenda y cumplir con sus propios compromisos a una semana del 29-N.
Y es que al tratarse de reales decretos, estos no deberán pasar por la Diputación Permanente, por lo que su entrada en vigor se producirá cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Qué regula el decreto de centro de datos
La norma obliga a las instalaciones de 10 MW o más a cubrir el 80% de su consumo con renovables, hora a hora. Quien no lo acredite a tiempo podrá perder el acceso a la red.
En concreto, el decreto fija que los centros de datos justifiquen el consumo de un 80% de energía renovable con "correlación horaria", hasta que las renovables representen más del 90 % del 'mix' eléctrico nacional.
Asimismo, según ha explicado la ministra Aagesen, se establece que estos centros de datos tengan que disponer de etiqueta A, cuyos requisitos son fijados por la Unión Europea, en el consumo de agua; mientras que en el caso de la eficiencia energética la etiqueta dependerá de la región.
Por otro lado, el decreto contará también con "un régimen transitorio" opcional porque entienden que el cumplimiento de estos requisitos "requerían ciertas flexibilidades" y que, en el momento de posible tensión de la red "serían desconectados" porque "lo más importante es el interés general".
Además, la norma establece requisitos de soberanía digital para los sistemas de información de categoría alta según el Esquema Nacional de Seguridad y, entre otras garantías, según explica el Ministerio, se exigirá la permanencia de los datos más sensibles en el espacio económico europeo.

Los centros de datos y su regulación abren una nueva batalla judicial entre el Gobierno, el colectivo empresarial representado por Spain DC y las CCAA de Madrid y Aragon. En juego 66.900 millones de euros en inversión hasta 2030. Imágenes de SPAIN DC
La patronal lo recurrirá y pedirá la suspensión
Según ha podido saber ese medio, Spain DC ha anunciado que recurrirá judicialmente el Real Decreto y solicitará su suspensión cautelar al considerar que la norma impone condiciones de imposible cumplimiento que, en la práctica, suponen un veto de facto al desarrollo de nuevos centros de datos en España y que ponen en riesgo 66.900 millones de euros de inversión potencial hasta 2030.
"Es incomprensible que un Gobierno que dice defender la soberanía digital apruebe una norma que amenaza precisamente las infraestructuras que la hacen posible. No vamos a aceptarlo. Recurriremos el decreto y pediremos a los tribunales que suspendan su aplicación”, ha afirmado el presidente de Spain DC, Emilio Díaz.
También ha criticado que esta regulación obliga a elegir entre requisitos inviables de adicionalidad y correlación horaria o aceptar desconexiones prioritarias incompatibles con el funcionamiento continuo de infraestructuras críticas, todo ello pese a las reiteradas advertencias del sector y de organismos como la CNMC y sin que Aagesen se haya reunido ni una sola vez con esta asociación.
Por otro lado, varias autonomías, entre ellas Madrid o Aragón, han anunciado que la recurrirán, mientras que la asociación 'Multinacionales con España', que agrupa a más de 50 empresas de capital extranjero en el país, ha valorado positivamente que el Gobierno haya incorporado modificaciones que atienden algunas de las preocupaciones trasladadas por el sector.
No obstante, consideran que la exigencia de respaldar el 80% del consumo eléctrico con generación renovable y cumplir criterios de correlación horaria puede plantear dificultades técnicas y económicas para infraestructuras que necesitan operar de forma ininterrumpida.
Todo dependerá de lo que ocurra el 29N
Aunque la medida entrará en vigor previsiblemente antes de este lunes, todo se decidirá el 29N. Lo que ocurra el día de las elecciones determinará la vigencia de la regulación. El Partido Popular ha avanzado que derogará el real decreto al considerar que prohíbe en la práctica la instalación de centros de datos, lo que implica que España "quede aislada del resto del mundo" y de la revolución tecnológica, tal y como ha explicado en la res social X el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del partido, Alberto Nadal.
Hace unos días, SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, lanzaba el ‘Manifiesto por una España digital, competitiva y soberana’, una iniciativa que busca unir a empresas y organizaciones de distintos sectores económicos en defensa de una regulación que permita a España aprovechar su potencial tecnológico e industrial.
En menos de una semana, el manifiesto lograba más de 160 adhesiones, entre ellas las de asociaciones como APPA Renovables, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), ANESE o ADIGITAL, además de compañías de toda la cadena de valor de los centros de datos. La iniciativa continúa abierta a nuevas adhesiones.
El manifiesto surgío en un momento decisivo, ante el avance del proyecto de Real Decreto sobre centros de datos. SpainDC advierte de que determinadas exigencias contempladas en la norma comprometerán inversiones estratégicas y mermarán la capacidad de España para competir por las infraestructuras que sostendrán la inteligencia artificial y la economía digital.
“España tiene una oportunidad histórica para convertirse en uno de los grandes polos digitales de Europa. Este manifiesto nace para defender esa ambición desde una posición común, que va más allá de los centros de datos y reúne a empresas y sectores fundamentales para el futuro económico del país. No podemos permitirnos desaprovechar esta oportunidad”, señala Emilio Díaz, presidente de SpainDC.
El decreto es un retroceso
La Asociación recuerda que España cuenta con importantes ventajas competitivas, como su capacidad de generación renovable, su conectividad internacional y un ecosistema empresarial preparado para transformar esas fortalezas en inversión, empleo y desarrollo tecnológico. En este sentido, el sector podría movilizar 66.900 millones de euros en inversiones hasta 2030 (fuente: Informe Anual 2025 sobre el Sector de los Centros de Datos en España, SpainDC y Pb7 Research, edición 2026; escenario de continuidad del crecimiento, inversión total acumulada entre 2026 y 2030).
“No podemos llenar discursos hablando de soberanía digital, inteligencia artificial y reindustrialización mientras ponemos trabas a las infraestructuras que lo hacen posible”, advierte Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC. “Además, hay una contradicción difícil de explicar: si esta regulación es tan necesaria y beneficiosa, ¿por qué el propio Gobierno se autoexcluye de cumplir exigencias en los proyectos que promueve? La soberanía digital no se construye con declaraciones de intenciones, sino con infraestructuras”.
Por todo ello, las entidades firmantes reclaman una revisión total del proyecto de Real Decreto para garantizar exigencias ambientales rigurosas, técnicamente viables y proporcionadas, así como una estrategia nacional que reconozca el carácter estratégico de los centros de datos, anticipe las necesidades energéticas y de red y garantice la seguridad jurídica. El objetivo es que la transición energética y la transformación digital avancen conjuntamente, convirtiendo las fortalezas de España en oportunidades para toda su economía.