La Sección de Violencia de Género del ICAM celebró ese pasado martes la jornada “Violencia de género: de dónde venimos, a dónde vamos”, que contó como ponente principal con el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. La sesión ofreció una reflexión de alto nivel sobre la evolución de la respuesta jurídica y social frente a esta lacra, abordando tanto los avances conseguidos como los desafíos aún pendientes.
El encuentro propuso un recorrido crítico desde la histórica invisibilización de la violencia contra la mujer hasta su actual reconocimiento como una grave vulneración de derechos fundamentales. En la actualidad, La STS 484/2026 de la que fue ponente Vicente Magro es importante porque introduce por primera vez el “daño social” como parte del daño moral indemnizable en delitos sexuales, consolidando una nueva doctrina que amplía la protección de las víctimas y modifica la forma de valorar la responsabilidad civil en estos delitos.
A partir de los progresos normativos, se analizaron cuestiones clave como la protección de las víctimas, la sensibilización social, la especialización judicial o la necesidad de mejorar la detección precoz, con especial atención a la situación de los menores y a la adaptación del sistema ante nuevas formas de violencia.
La jornada fue prensentada por Lola Calderón, presidenta de la Sección de Violencia de Género del ICAM, y contó con la moderación de Eva Papadopulos, miembro de su comité. El debate se orientó también a proyectar el futuro del modelo VIOGEN, con el objetivo de avanzar hacia una respuesta más integral, coordinada y eficaz. Para Marchena se ha avanzado mucho en la lucha contra esta lacra pero hay que seguir.

Durante su exposición, el magistrado fue explicando la evolución jurídica del Código Penal y los hitos destacados de la Sala Segunda del Supremo en la lucha contra la violencia de género
Seis avances importantes
Eva Papadopulos, abogada experta en la materia y miembro del comité asesor de la sección, destacaba al finalizar la jornada cinco avances en la respuesta jurídica a la violencia de género. A su juicio, la intervención de Manuel Marchena permitió apreciar cómo han evolucionado tanto la interpretación de la responsabilidad penal como la posición de las víctimas en el proceso y la reparación del daño.
El primero afecta a la atenuante de arrebato u obcecación. Durante mucho tiempo, los estados pasionales se invocaron para explicar reacciones violentas frente a la ruptura de una relación. La jurisprudencia exige para su apreciación que el estímulo que provoca el estado pasional sea compatible con las reglas de convivencia social. No cualquier motivo permite, por tanto, apreciar la atenuante, su fundamento debe ser lícito y conforme con dichas reglas, se exige para su apreciación que sean estímulos socialmente valorados.
“Así, por ejemplo, la decisión de una mujer de poner fin a la relación o rehacer su vida no constituye, por sí misma, un estímulo apto para atenuar la responsabilidad de quien responde con violencia. El cambio de mirada es que la libertad de la víctima deja de presentarse como una provocación y se reconoce como el ejercicio de un derecho que el agresor debe respetar”, señala esta experta
El segundo avance se sitúa en la prueba y, en particular, en la dispensa de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta figura pretende evitar que determinados familiares deban elegir entre colaborar con la justicia y declarar contra una persona con la que mantienen un vínculo. Pero su aplicación tiene límites que han evolucionado a través de la jurisprudencia y de la ley.
“Recientemente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dado un giro, y la dispensa no se aplica cuando en este caso la víctima, o el familiar con derecho a la citada dispensa, ha aceptado declarar durante la instrucción del procedimiento después de ser informado de su derecho a no hacerlo, y tampoco cuando está o ha estado personado como acusación particular; destaca esta letrada
El tercer avance es la denominada alevosía doméstica o convivencial. Esta categoría permite examinar ataques en los que el agresor se aprovecha de la confianza generada por la vida en común y de la despreocupación de la víctima en un espacio que debería ser seguro. “La jurisprudencia la ha desarrollado a partir de la alevosía por sorpresa, y ahora se plantea como categorial conceptual nueva”, indica.
En cuarto lugar, la jurisprudencia reconoce la compatibilidad de la agravante de parentesco, prevista en el artículo 23 del Código Penal, y la agravante de discriminación por razón de género del artículo 22.4 del mismo texto normativo. Cada una atiende a una dimensión diferente, pues el vínculo entre agresor y víctima, por un lado, y el desvalor asociado a la discriminación y dominación, por otro, sin que ello suponga dejar de aplicar la prohibición de valorar dos veces una misma circunstancia
Finalmente, en materia de reparación, la STS 484/2026, de 8 de julio, cuyo ponente es Vicente Magro Servet, invita a mirar más allá del sufrimiento interior de la víctima. Junto a esa dimensión ad intra, que comprende ese sufrimiento interior de la propia víctima, su angustia y dolor, se considera también una dimensión en su proyección exterior o ad extra, es decir, la repercusión en la vida familiar, laboral y social de la víctima, a cómo afecta a sus relaciones y a su vida en sociedad.
Para esta jurista, “ esta perspectiva conecta con el artículo 53 de la Ley Orgánica 10/2022, que contempla el daño social como daño al proyecto de vida de las víctimas de violencia sexual. Reconocerlo contribuye a situar las necesidades de recuperación de la víctima en el centro de la reparación”.

En primera fila, segunda por la izquierda Natalia Tejera otra abogada referente en la materia que tuvo una intervención interesante en el debate al hablar de violencia económica
Se ha avanzado, pero queda camino por recorrer
Lola Calderón recuerda en su análisis que Manuel Marchena abrió su ponencia con Fortunata y Jacinta y Las bodas de Fígaro: mujeres seducidas y abandonadas, esposas obligadas a callar y un conde que reclama el derecho de pernada. Era una violencia sin nombre, el orden natural de las cosas. “De ahí venimos. Los juristas tenemos que poner el foco en la respuesta jurídica que se ha dado y se está dando a la violencia de género y analizar los retos que quedan por delante”.
En su opinión, “el giro más visible se ha producido en los estados pasionales. La STS 754/2015, de 27 de noviembre, cerró una puerta que durante décadas se abrió con demasiada facilidad. Los celos no fundan la atenuante del art. 21.3 CP salvo que haya una base patológica suficientemente acreditada, porque la decisión de la mujer de rehacer su vida no es un estímulo que el Derecho pueda premiar. La Sala exige además que el estímulo sea lícito y moralmente irreprochable. La «ruptura no aceptada» ya no sirve para atenuar: hoy es indicio del móvil de dominación”
Para esta jurista, esa misma lógica ha alcanzado a las agravantes. La jurisprudencia del Alto Tribunal declaró compatibles el parentesco del art. 23 y la agravante de género del art. 22.4ª, sin bis in idem. La primera tiene un fundamento objetivo, el vínculo. La segunda, la discriminación de la mujer por el hecho de serlo. Solo quedan excluidas en los tipos que ya incorporan ese elemento, como los arts. 153.1, 171.4 o 172.2 CP.
“Más matizada es la doctrina sobre la alevosía convivencial, que vincula a la confianza propia de la convivencia. Conviene ser precisos: apreciada la alevosía, el hecho es asesinato, pero el vínculo no la presume. Su base fáctica debe constar con nitidez en los hechos probados. Ahí se gana o se pierde la calificación”, subraya
En su opinión, nada de esto serviría sin prueba y en ese terreno el legislador también ha movido ficha. La LO 8/2021 acotó la dispensa del art. 416 LECrim. Ya no alcanza a quien está o estuvo personado como acusación particular, ni a quien aceptó declarar tras ser informado, ni, en delitos graves, al testigo menor o con discapacidad necesitada de especial protección. Es decisivo cuando los únicos testigos del ataque son los hijos.
Para Lola Calderón, “donde la Sala ha dado el paso más novedoso es en la reparación. La STS 484/2026, de 8 de julio, con ponencia de Vicente Magro, fragmenta el concepto histórico de daño moral en dos planos. El ad intra es el sufrimiento interior. El ad extra es el daño social, que el art. 53.1.d) de la LO 10/2022 define como «daño al proyecto de vida»: el miedo a salir sola, el empleo o los estudios abandonados, el cambio de domicilio, el aislamiento. La Sala lo integra en el daño moral del art. 116 CP. No crea una partida autónoma”
“Las consecuencias prácticas son inmediatas. La acusación debe desglosar en sus conclusiones provisionales el daño psicológico y el social y vincular cada uno a su prueba: pericial forense con el enfoque del art. 47.2 de la LO 10/2022, informes sociales y laborales, testigos del entorno. Sin esa prueba, la partida se resiente. La defensa, por su parte, tiene un terreno legítimo de debate en el nexo causal entre el st
Esta jurista recuerda que “ninguna indemnización devuelve una vida. Pero un Derecho que tardó siglos en ver a Fortunata ya no se conforma con mirar el golpe: mira también lo que deja después. A los letrados nos toca convertir esta doctrina en prueba, y la prueba en reparación”

Expectación notable para escuchar a Manuel Marchena y su valoración de los cinco principales logros de la jurisprudencia del Supremo en materia de lucha contra la violencia de género IMÁGENES ICAM
Transformación profunda legislativa
Natalia Tejera, asociada senior y directora del departamento Penal-Familiar en Vestalia Abogados, “hablar de violencia de género exige mirar atrás para comprender hasta qué punto han cambiado nuestra sociedad y nuestro ordenamiento jurídico, tal y como ayer nos hizo reflexionar el magistrado Manuel Marchena durante su intervención en el acto organizado por la Sección de Violencia de Género del ICAM, de cuyo Comité asesor formo parte”
“El camino recorrido en las últimas décadas revela una transformación profunda: hemos pasado de una legislación que, en determinados supuestos, comprendía o atenuaba la violencia ejercida contra las mujeres a un sistema que la identifica como una manifestación de discriminación y desigualdad que debe ser combatida de forma integral”, indica
“No resulta casual que uno de los ejemplos más representativos de ese pasado sea el denominado delito de uxoricidio por causa de honor, recogido en el artículo 428 del Código Penal vigente hasta 1963. Dicha regulación permitía una respuesta penal extraordinariamente benévola para el marido que sorprendía a su esposa en adulterio, llegando a contemplar únicamente la pena de destierro cuando causaba la muerte de la mujer y de su amante. Si únicamente producía lesiones graves, la consecuencia jurídica podía llegar a ser inexistente. Esta regulación reflejaba una concepción de la mujer subordinada al hombre y una visión de la violencia vinculada a la defensa del honor masculino”, resalta
Para esta jurista, esa misma lógica se encontraba presente en otras figuras penales, como los delitos de adulterio y amancebamiento, incorporados en el Código Penal de 1944, que respondían a una concepción desigual de las relaciones familiares y de la sexualidad. La protección jurídica no se centraba en la libertad y dignidad de las personas, sino en determinados valores morales y en la preservación de un modelo patriarcal de familia.
Para Tejera, “en una etapa más reciente y lamentablemente, todavía no superada, considero que hay un punto de inflexión en la concepción y la regulación jurídica de la violencia de género, que fue el asesinato de Ana Orantes el 17 de diciembre de 1997 a manos de su ex marido, quién le roció con gasolina y la quemó viva. Ella le había denunciado en numerosas ocasiones, pero no se adoptó ninguna media para protegerla, hasta el punto de que se divorció y se dispuso que el domicilio familiar se dividiese en dos pisos, de forma que Ana y su asesino vivían puerta con puerta”.
También destaca que la evolución posterior de la sociedad, la legislación y la jurisprudencia ha supuesto una ruptura con aquellas concepciones. El germen lo constituyó la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica y ya a finales del año siguiente, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sentó las bases de lo que sería el nuevo paradigma de protección a las víctimas, desde una óptica no sólo jurídica, sino también asistencial y laboral, focalizando la atención en lo que, sin duda, es una necesidad básica: la educación de nuestros niños y adolescentes.
“En cuanto a los avances jurisprudenciales de los últimos tiempos, un ejemplo especialmente significativo lo constituye la posición mantenida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto a los celos como circunstancia atenuante. Frente a una tradición jurídica que en ocasiones había entendido los celos como una reacción emocional explicable, la jurisprudencia actual se ha negado a considerar que el arrebato u obcecación derivado de los celos pueda justificar una reducción de la responsabilidad penal. El argumento es claro: únicamente pueden valorarse como atenuantes aquellos estímulos socialmente valorados, algo incompatible con una conducta basada en la idea de posesión o dominación sobre la pareja”, resalta
Esta jurista considera que “junto a ello, también se han reforzado otros instrumentos de protección de las víctimas. El debate en torno a la dispensa de la obligación de declarar prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, especialmente tras el dictado de la STS 389/2020, de 10 de julio, evidencia la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la víctima y la eficacia de la persecución penal, al establecer el Pleno de la Sala Segunda que es incompatible el derecho a la dispensa una vez que la víctima se ha constituido como acusación particular en el procedimiento penal”.
Asimismo, la jurisprudencia ha desarrollado conceptos como la denominada alevosía doméstica o ambiental, reconociendo que el contexto de convivencia, confianza y vulnerabilidad en el que se producen muchas agresiones incrementa el desvalor de la conducta del agresor, lo que ha permitido obtener sentencias condenatorias por asesinato en lugar de homicidio en supuestos de violencia de género.
Nuestra interlocutora considera que se ha avanzado en conceptos relevantes como el reconocimiento efectuado por la STS nº 239/2021 (Sala 2ª), de 17 de marzo (Ponente: Vicente Magro Servet) en cuanto a que el impago de pensiones alimenticias puede considerarse violencia económica.
Sin embargo, aunque hemos avanzado en cuanto a que ya no se contempla la violencia de género como un conflicto privado, sino como un problema público que exige una respuesta institucional decidida, persisten retos que van más allá de la respuesta penal.
Desde su punto de vista, “el futuro pasa por consolidar una cultura de igualdad real, reforzar la educación en valores de respeto y prevenir las nuevas formas de violencia que surgen en el entorno digital u otras situaciones previstas por el Convenio de Estambul, tales como el matrimonio forzado o la trata de mujeres con fines de explotación sexual”.