Se trata de la STS 757/2026, de 29 de septiembre (nº rcud 2681/2025, nº Roj STS 4076/2026), de la que es ponente la Ilustrísima magistrada Doña Luisa María Gómez Garrido. La empresa deberá readmitirla de inmediato, pagarle los salarios de tramitación y abonarle 10.000 euros por la vulneración de sus derechos fundamentales. El Juzgado de lo Social n.º 1 de Ávila y el TSJ de Castilla y León habían considerado el despido improcedente, sin apreciar discriminación
Jesús María Prieto Valbuena. Vocal del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. 1 de noviembre de 2026.1. El caso en cuestión.
Los hechos caben en pocas líneas. La trabajadora llevaba el marketing de una pequeña empresa de Ávila. El 2 de febrero de 2024 denunció a su expareja, y dos días después el juzgado le denegó la orden de protección.
Del 5 al 23 de febrero estuvo de baja por enfermedad común, con un diagnóstico de "síntomas y signos que afectan al estado emocional". Hasta mediados de marzo la atendió la red municipal de atención a víctimas.
Uno de los administradores de la empresa sabía de la causa penal y fue citado a declarar como testigo el 2 de abril. Siete días después, ella recibió la carta de despido disciplinario por "disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado".
La sentencia merece leerse entera, porque protege menos de lo que pudiera sugerir cualquier titular. La Sala rechaza que la condición de víctima provoque por sí sola la nulidad automática del artículo 55.5 TRET.
Esa nulidad objetiva queda reservada a la trabajadora que ha ejercido derechos vinculados a esa condición, frente a la empresa o ante un juzgado. Si no lo ha hecho, rige el artículo 181.2 LRJS y le toca aportar indicios.
Y ser víctima, aunque la empresa lo sepa, tampoco basta como indicio. Tienen que concurrir otras circunstancias que permitan sospechar que la empresa ve en ella una fuente de "molestias" o "problemas".
Aquí las había. La baja llegó justo después de la denuncia, el administrador fue llamado como testigo, el despido se produjo una semana más tarde y la empresa no probó nada del supuesto bajo rendimiento.
En palabras de la Sala, no hubo "la más mínima actividad probatoria", y la causa alegada resultó "ilusoria y carente del necesario peso". Con esos indicios, la empresa tenía que demostrar un motivo real y ajeno a la discriminación. No lo demostró.
2.Absentismo, rendimiento y baja médica
Nadie habló de faltas de asistencia. La carta invocaba el bajo rendimiento del artículo 54.2 e) TRET, y no las ausencias del apartado a).
La única ausencia de la trabajadora fue de diecinueve días de incapacidad temporal prescrita por el servicio público de salud. Llamar a eso absentismo sería un error jurídico, porque se trata de una situación que protege la Seguridad Social, en un estado del bienestar criminalizar una baja sería reconocer que estamos ante un estado fallido sin moralidad.
Para las faltas derivadas de la violencia de género existe además una regla expresa. La L.O. 1/2004 (artículo 21.4) las considera justificadas y remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud, sin perjuicio de que la trabajadora las comunique a la empresa a la mayor brevedad.
Y sin embargo la baja está en el centro del asunto. Llama la atención un detalle de la carta, tal como la recogen los hechos probados. La empresa se molesta en precisar que la trabajadora no estaba en ningún proceso de baja médica.
Para despedir por rendimiento esa aclaración sobra, y a mi juicio indica dónde tenía puesta la mirada quien redactó la carta. La Sala no analiza la baja como discriminación por enfermedad, porque nadie lo planteó así en casación, pero la pesa como indicio junto con los demás.
En la Inspección vemos este mecanismo con más frecuencia de la que se cree. La carta habla de rendimiento, de disminución voluntaria o de pérdida de confianza, y detrás hay una sucesión de bajas o una situación personal que la empresa no quiere gestionar, en el argot jurídico todo relacionado con un fraude de ley.
Lo mismo ocurre en los pluses de asistencia que descuentan cualquier ausencia, incluidas las que la ley protege. Cuando se confunde la baja médica con el absentismo, el paso siguiente suele ser la sanción.
El legislador va además en dirección contraria a esa confusión. Desde el 1 de diciembre de 2026, el RDL 31/2026 convierte en situación especial de IT las lesiones causadas a la mujer por quien sea o haya sido su pareja (artículo 169.1 a) 5.ª TRLGSS). No se exige carencia y la prestación se cobra desde el día siguiente a la baja.
Para acceder a ella hace falta un parte al juzgado, una orden de protección, una medida cautelar, un informe fiscal o una sentencia, y que conste la relación entre la lesión y la agresión. En un caso como este, con la orden denegada, todo dependería de los demás documentos y de cómo se codificara la baja.
La baja por violencia de género deja así de tratarse como una enfermedad común cualquiera.
3. La dimensión de género.
Que haya un problema de género, de la redacción señalada, es del todo evidente, y la propia sentencia lo reconoce “En segundo lugar, y del mismo modo, resulta que ni la sentencia recurrida ni la referencial ponen en duda la condición de la interesada como víctima de violencia de género, con independencia de las incidencias del correspondiente procedimiento penal.”. La violencia de género la sufren las mujeres por definición, así que despedir a una víctima porque su situación resulta incómoda es discriminar por razón de sexo.
La Sala lo formula al situar la sospecha en "la circunstancia personal asociada a la trabajadora accionante en su condición de mujer". Y retrata bien lo que la empresa no quería asumir, es decir, "la presión, malestar, miedo e incertidumbre" de la víctima y las consecuencias judiciales de su denuncia, que podía ver como "inconvenientes o complicaciones".
Discrepo, en cambio, de otra afirmación. Dice la Sala que la violencia de género "se contrae a la vida privada y social de la mujer trabajadora" y que su incidencia en el trabajo no "no tiene tampoco en la vida profesional de la trabajadora una incidencia inmediata y directa que deba darse por supuesta ".
El caso enseña lo contrario, porque a la denuncia le siguió una baja de casi tres semanas. Cualquiera que haya tratado con víctimas sabe que la violencia afecta a la salud y a la asistencia, y también a la capacidad de concentrarse. Afecta a todos los ámbitos de la vida, haya o no baja médica. Muchas víctimas siguen acudiendo a su puesto mientras soportan esa situación, y que no estén de baja no significa que la violencia no les afecte. Por eso la protección se adelanta y no espera a una condena, porque afecta, y mucho.
El propio T.R.E.T. lo asume cuando reconoce a la víctima la reducción o reordenación de la jornada, la movilidad geográfica, la suspensión con reserva de puesto y la extinción con derecho a desempleo (artículos 37.8, 40.4, 45.1 n) y 49.1 m) TRET).
Muchas mujeres no piden esos derechos por miedo a que su situación se conozca en la empresa. Exigirles entonces indicios adicionales es cargarles con una prueba que la ley pretendía ahorrarles. Por eso, aportados esos indicios, la carga de la prueba se desplaza a la empresa.
Hay un acierto que conviene subrayar. Las dos instancias anteriores reclamaban una sentencia, una orden de protección o un informe fiscal para tener por acreditada la condición de víctima.
El Supremo corrige ese formalismo y atiende al conjunto de indicios, que es lo que permite proteger a quien, como esta trabajadora, vio denegada la orden.
La cuestión de género va más allá de la violencia. Según la AIReF, en 2024 iniciaron una baja el 17,4 % de las mujeres y el 12,9 % de los hombres, y ellas asumen además la mayor parte del cuidado familiar, el 80 por ciento de la prestación CUME es para el colectivo de trabajadoras. Cualquier medida que penalice la ausencia justificada les afecta más.
Por esa razón se derogó en 2020 el despido por faltas intermitentes del antiguo artículo 52 d) TRET. Y por eso la Ley 15/2022 admite la discriminación interseccional (artículo 6.3), en la que se suman el sexo y la enfermedad.
4 .La doctrina del Supremo.
En el despido de víctimas de violencia de género, la Sala ha dejado fijadas dos vías. Si la trabajadora ejerció sus derechos como víctima o acudió a los tribunales, el despido es nulo salvo que se pruebe su procedencia (artículos 53.4 b) y 55.5 b) TRET). Si no lo hizo, se aplica el artículo 181.2 LRJS y bastan indicios concurrentes.
De ahí se sigue algo muy práctico. Informar pronto a la víctima de sus derechos la protege más, y la empresa que despide alegando una causa genérica que luego no prueba se juega la nulidad, pues la carga de la prueba de dicha causa está “en el tejado” de la empresa, no hacerlo es asumir que la causa esta viciada de nulidad directamente.
Cuando el despido tiene que ver con la enfermedad, el Supremo aplica la Ley 15/2022 caso por caso. Ha declarado nulo el despido por ineptitud sobrevenida sin haber intentado adaptar el puesto (STS 94/2025). Y considera improcedente, y no nulo, el despido en el que solo faltan los ajustes, si no hay indicios de discriminación (SSTS 1284 y 1285/2025).
En los complementos salariales la doctrina es estable desde la STS 815/2019, del Pleno. Para recortar un plus de asistencia o un incentivo no pueden contarse como ausencias la IT, la hospitalización o enfermedad grave de un familiar, los exámenes prenatales o la fuerza mayor familiar.
La STS 40/2025 dejó en pie la cláusula del convenio y obligó a interpretarla excluyendo esas situaciones. Las SSTS 35/2026 y 159/2026 han seguido la misma línea, con un matiz que conviene retener.
Puede prorratearse un incentivo por objetivos si los objetivos se reducen en la misma proporción, pero la ausencia protegida no puede penalizarse. Lo descontado se debe, y también la cotización correspondiente. Ahí la Inspección tiene trabajo.
En todos estos pronunciamientos el Supremo admite que la empresa premie la asistencia y sancione el incumplimiento. Lo que rechaza es que esas facultades sirvan para castigar a quien está enfermo, cuida de un familiar o sufre violencia.
5.Derechos con límites, también para la empresa.
Creo que esta protección es un avance real para la sociedad. El poder disciplinario, ex artículo 58 TRET, es legítimo, pero tiene límites, y hay decisiones que no resisten el menor análisis.
Despedir por bajo rendimiento a una trabajadora siete días después de que su jefe, administrador mancomunado, declare en la causa penal abierta por la violencia que ella sufre, sin una sola prueba de ese rendimiento, es una de ellas.
La tutela antidiscriminatoria frena ese tipo de abusos y devuelve el poder disciplinario a su función, que es corregir incumplimientos reales y acreditados. Gracias a ella, la violencia sufrida en casa no termina también en la pérdida del empleo.
Una sentencia, sin embargo, no cambia por sí sola la forma en que se gestionan estas situaciones en las empresas. Hace falta que las víctimas sepan que sus ausencias están justificadas y que ejercer sus derechos las protege más.
Hace falta también que las empresas entiendan que acompañar a una trabajadora en esa situación es una obligación legal y, antes que eso, una cuestión de respeto a su dignidad.
Y como sociedad tenemos que dejar de ver la baja o el permiso de cuidado como absentismo. El ordenamiento los reconoce precisamente para que nadie tenga que elegir entre su salud y su trabajo.
Esa conciencia es lo que sostiene un Estado social en el que derechos y obligaciones tienen límites. La persona trabajadora tiene derecho a la protección, y también el deber de cumplir con su trabajo y de no usar las bajas de forma fraudulenta.
Para perseguir ese fraude están el control médico, quizás habría que invertir más en el propio INSS, el administrativo y un poder disciplinario bien ejercido. La empresa puede dirigir y sancionar, pero no utilizar esas facultades para desprenderse de quien le resulta incómodo.
Cuando cualquiera de las dos partes traspasa su límite, aparece el abuso, y el derecho tiene que corregirlo.
La STS 757/2026 camina en esa dirección. Si la causa alegada no se prueba y las fechas coinciden con una situación protegida, la empresa no puede escudarse en la etiqueta que haya puesto a la carta de despido, y el despido es nulo.
Desde la perspectiva de este inspector, esa es la lectura que corresponde trasladar a las empresas antes de que el conflicto llegue a los tribunales.
