- Este magistrado en excedencia explica en esta entrevista los planes de expansión de su despacho, Tovar Abogados, ahora integrado en la red de Afianza.
Tras dieciocho años como juez y magistrado, Vicente Tovar dio el salto a la abogacía en 2011. Fundador de su propia firma en Granada —hoy integrada en el grupo Afianza—, analiza en esta entrevista con conocimiento de causa ambos lados de los estrados: desde la relación entre jueces y abogados hasta el colapso de los juzgados penales, el uso de las conformidades, el impacto del phishing bancario y los límites de la prisión provisional.
Nuestro entrevistado, aprobó las oposiciones a juez en 1993 y ejerció durante casi dos décadas en la judicatura antes de pasar a la abogacía. En la conversación que mantenemos con este jurista, amante de los retos ,recuerda que ese año se incorporó a un despacho grande, Martínez Echevarría, y en 2014 decidió dar otro paso para montar su propia firma en Granada, pasando de abogado a empresario. En 2025 se ha integrado en el grupo Afianza.
Al mismo tiempo Tovar Abogados ha sufrido una evolución. Reconoce que aunque el despacho nació muy centrado en el ámbito penal y el compliance —áreas que sigo llevando directamente mientras Isabel Tovar, su hija, asume cada vez más la dirección financiera y burocrática—, “hoy somos un equipo multidisciplinar de ocho personas con especialistas en civil, familia, laboral, contencioso y concursal. Al mismo tiempo, la integración en Afianza les permite ofrecer servicios de auditoría, due diligence o M&A y contar con su respaldo en recursos humanos y gestión” aclara
¿ Qué recuerdos tiene de sus primeros asuntos como abogado?
El primer asunto penal fue la querella contra los Ruiz-Mateos, nada más entrar en Martínez Echevarría en febrero de 2011. Y mi primera actuación en sala fue en un juzgado de lo mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, por unas medidas cautelares sobre propiedad industrial. Como exjuez, en civil y mercantil me defendía bien.
Eso sí, al principio tenía cuidado con dónde sentarme en plazas que no conocía; en penal es fácil porque la presencia del fiscal marca dónde va la acusación, pero en civil a veces llegas el primero y debes asegurarte de qué lado corresponde al demandante y cuál al demandado.
Conoce bien las tensiones que a veces surgen en sala entre jueces y letrados. ¿Qué solución tiene el trato desconsiderado hacia los abogados?
La solución pasa por que el sistema de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) funcione de verdad, tramite expedientes y sancione al juez que no trate bien a un abogado.
Hoy prácticamente todos los juicios se graban; al principio eso moderaba ciertas actitudes, pero ya ni eso. Me consta, por compañeros que siguen en la carrera judicial, que en las Audiencias Provinciales ven grabaciones llamativas, pero nadie se atreve a actuar de oficio.
Por su parte, el abogado suele evitar denunciar a título individual para no perjudicarse en futuros juicios en esa misma plaza. Por eso es fundamental que las quejas se canalicen siempre a través de los colegios de abogados y del amparo colegial, para que sean las instituciones quienes den la cara.

Vicente Tovar en su despacho preparando alguno de los asuntos complejos que gestiona en la firma
La lentitud de la justicia penal es un problema crónico. ¿Qué reformas urge aplicar para desatascar los juzgados?
Hay que reformar todo el sistema y simplificar el modelo de instrucción. Es absurdo que en la fase de instrucción se llame a declarar a todos los testigos y a todos los peritos para ratificar informes que luego se van a repetir en el juicio. Si ya existen unas diligencias iniciales ante la policía o la Guardia Civil y unos indicios mínimos —como ocurre en el modelo anglosajón—, debería abrirse juicio oral de inmediato, dejando que la acusación y la defensa busquen sus respectivas pruebas para la vista.
Hace unos días tuve una comparecencia por un caso de asesinato en Loja (Granada) cuyos acusados cumplen el próximo 3 de diciembre el tope máximo de cuatro años de prisión provisional sin que se haya celebrado el juicio, previsto para febrero.
Van a quedar en libertad antes de ser juzgados tras cuatro años de instrucción en los que apenas se tomaron cuatro declaraciones y los informes forense y de balística. Eso se puede instruir en unos meses.
En ese modelo que propone, la investigación recaería en el Ministerio Fiscal. ¿Está España preparada para ello?
En un sistema ágil, lo lógico es que la policía actúe bajo las instrucciones del fiscal. Sin embargo, no atravesamos los mejores años para confiar plenamente en la independencia de la Fiscalía.
Para delitos comunes no habría problema, pero actualmente pesa una sombra de sospecha que dificulta atribuirle la instrucción en asuntos con trascendencia política o socioeconómica, como los delitos de prevaricación, malversación o fraude fiscal, que ocupan una parte importante de la población reclusa.
El problema de fondo no es tanto el límite legal —que solo se agota en delitos muy graves como el asesinato—, sino que una instrucción judicial nunca debería durar cuatro años.
“La prisión provisional debería ser más breve precisamente porque los procedimientos tendrían que resolverse con mucha mayor agilidad.”
Hablando de corrupción y delincuencia, ¿por qué persisten este tipo de delitos y qué falla en la prevención?
La corrupción es un problema endémico en nuestra sociedad; cambian los partidos políticos con la promesa de erradicarla y se repiten los mismos esquemas. Y en la delincuencia común influyen tanto el deterioro del nivel socioeconómico de muchas familias como la crispación social o el auge de determinados fenómenos violentos y bandas juveniles. La respuesta no está en endurecer más el Código Penal —en España ya tenemos penas muy elevadas, no es un código blando—, sino en la educación y la prevención.
Subir las penas del tráfico de drogas no acaba con el narcotráfico. Lo mismo ocurre con la violencia de género: pese a los avances legislativos, sigue habiendo un déficit educativo entre los jóvenes y realidades culturales donde a las mujeres les cuesta mucho más acudir a una comisaría a denunciar.
¿Cuánto pesa la «pena de telediario» o el ruido mediático en la decisión de un tribunal?
Los jueces son profesionales y, cuando entran en sala, se meten en una cápsula en la que solo cuenta lo que se practica y se oye en el juicio. Ahora bien, todos tenemos nuestra propia idiosincrasia y escala de valores, y eso inevitablemente forma parte de la manera de razonar de cada magistrado, aunque no exista una intención deliberada de favorecer una postura.

Imagen del equipo de Tovar Abogados, profesionales ubicados en Granada, pero que prestan servicio a nivel nacional (TOVAR ABOGADOS, Imágenes)
Ha llevado asuntos ante tribunales del jurado. ¿Qué balance hace de esta institución y cómo cambia la estrategia del abogado?
Mi experiencia es muy positiva. Al principio era algo escéptico, pero para un abogado penalista el jurado es el mayor acto procesal al que puede enfrentarse. Todas las sentencias en las que he intervenido han sido confirmadas por los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo y considero que han sido justas.
El error de muchos abogados es dirigirse al jurado con el mismo tono técnico, pesado y aburrido que emplean ante un tribunal profesional. Ante un jurado cuentan el lenguaje corporal, la claridad y la capacidad de síntesis. Recuerdo un juicio por asesinato en el que el fiscal hizo un informe final de dos horas y el jurado estaba agotado; yo hice el mío en veinticuatro minutos, capté su atención desde el primer segundo y conseguimos la absolución de mi clienta por miedo insuperable.
También es clave el interrogatorio en sala. ¿Cuál es el fallo más habitual de los letrados?
Irse por las ramas. Un buen interrogatorio debe ir dirigido exclusivamente a los cuatro o cinco hechos clave que necesitas acreditar o poner en contradicción. Si haces sesenta preguntas sobre detalles secundarios, el juez se cansa, te corta y corre el riesgo de fijarse en un dato irrelevante que desvíe el foco del verdadero objeto del pleito.
En la práctica penal actual abundan los acuerdos de conformidad. ¿Cree que se abusa de esta vía?
Personalmente no me gustan las conformidades; si tengo argumentos de defensa, prefiero ir a juicio. Sin embargo, es comprensible la presión que sufre el cliente: cuando ve un escrito de acusación que pide tres o cuatro años de cárcel y le ofrecen un pacto de un año y seis meses que le garantiza no entrar en prisión, prefiere asegurar su libertad antes que arriesgarse, aunque el abogado vea opciones reales de ganar. Lo hemos visto en los casos fiscales de futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo, que optaron por pactar y pagar, frente a Xabi Alonso, que decidió ir a juicio y obtuvo una sentencia absolutoria.
En el ámbito tecnológico y financiero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de reforzar la protección de los clientes víctimas de phishing, obligando a los bancos a devolver primero el dinero antes de alegar negligencia del usuario. ¿Cómo valora este criterio?
Es un avance muy importante que respalda lo que venimos defendiendo en muchos pleitos civiles contra entidades bancarias. Cuando se produce una estafa informática, en la vía penal es muy difícil identificar a los autores porque suelen operar desde el extranjero, así que reclamamos civilmente al banco.
Las entidades suelen excusarse diciendo que el cliente fue imprudente al facilitar sus claves, pero son los bancos quienes comercializan la banca online. Si ofrecen un servicio digital, tienen la obligación de dotarlo de barreras de seguridad eficaces; no pueden trasladar al usuario el riesgo de sus propias vulnerabilidades tecnológicas.
En un escenario de cinco años, ¿Cuál es el futuro de Tovar Sabio como despacho? ¿Ha pensado ya en algo?
El despacho tiende a la consolidación con una estructura empresarial plenamente madura, pero sin perder nuestra esencia de cercanía en Granada. La integración en Afianza en 2025 nos permite dar un salto cualitativo: hoy somos un equipo de ocho profesionales con un perfil jurídico multidisciplinar, y en cinco años el objetivo es haber crecido de forma ordenada apoyándonos en su músculo corporativo para ofrecer a nuestros clientes un servicio integral —sumando áreas como auditoría, due diligence o fusiones y adquisiciones— que antes una firma de nuestro tamaño no podía abarcar por sí sola.
En el plano personal y de gestión, dentro de cinco años espero haber culminado el relevo en la dirección del despacho. Ya estoy dando un paso atrás en toda la parte burocrática, financiera y de recursos humanos para que Isabel asuma el timón de la gestión diaria, lo que a mí me permitirá centrarme exclusivamente en lo que más me apasiona: la estrategia procesal, el derecho penal económico, el compliance y los asuntos de mayor complejidad en sala»