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Carolina Torremocha, abogada de familia con despacho propio, analiza una sentencia relevante del Supremo sobre las causas de desheredación y su vinculación a la extinción de la pensión de alimentos

  • Carolina Torremocha analiza esta sentencia 503/2026 de 7 de abril de la Sala Civil, y cree que existen paralelismos entre ambas cuestiones.

Esta jurista es una abogada española especialista en Derecho de Familia y mediadora, con despacho profesional en Valencia. Su trayectoria la avalan los más de veinte años como profesional Ha sido pionera en la obtención de sentencias de custodia compartida en Valencia tras la aprobación de la Ley Valenciana de 2011.

Nuestra entrevistada es Máster en Mediación y aplica técnicas como la Comunicación No Violenta de Marshall Rosenberg en la gestión de conflictos familiares. Al mismo tiempo forma parte de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) y de la Plataforma Familia & Derecho.

Esta experta recuerda que “ el artículo 152.4 del Código Civil permite extinguir alimentos cuando concurre una conducta que constituye causa legal de desheredación”

En esta conversación con Carolina Torremocha analizamos la Sentencia 503/2026 de 7 de abril donde el Supremo limita las causas de desheredación por falta de trato.

En su opinión, “cuando uno de los hijos aparece desheredado, muchas veces hay que reconstruir una historia que comenzó veinte o treinta años atrás. Y ahí nos encontramos con una dificultad considerable: una cosa es cómo recuerda cada miembro de la familia lo sucedido y otra lo que realmente puede acreditarse”.

De forma paralela señala que en los procedimientos de familia estamos viendo demandas en las que un progenitor pretende extinguir la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad porque este no quiere mantener relación con él.

“ Y el problema jurídico es muy parecido: determinar quién es verdaderamente responsable de esa ruptura”

El Tribunal Supremo, en su sentencia 503/2026, de 7 de abril, ha anulado la cláusula con la que un padre desheredó a sus dos hijos por «maltrato psicológico». ¿Qué mensaje envía realmente la justicia a las familias?

Creo que el mensaje es que no podemos juzgar una ruptura familiar atendiendo únicamente a su desenlace.

En este caso, el padre consideró que sus hijos lo habían abandonado, especialmente durante su enfermedad. Pero el Tribunal Supremo examinó también lo que había sucedido muchos años antes, cuando esos hijos eran menores y la separación matrimonial estuvo marcada por una elevada conflictividad.

La sentencia contiene una reflexión que me parece especialmente acertada: el padre era el adulto y, por tanto, quien tenía mayor capacidad para tomar la iniciativa de reparar una relación que se había deteriorado durante la infancia de sus hijos.

Esto no significa que los hijos no tengan responsabilidades frente a sus padres, ni que cualquier conducta de abandono resulte justificable. Significa que no podemos atribuirles toda la responsabilidad de una relación que se rompió cuando todavía eran menores, sin examinar qué hicieron los adultos para evitarlo.

Y aquí es donde quiero trasladar esta sentencia al ámbito de los alimentos.

Si un padre solicita extinguir la pensión de su hijo de diecinueve años porque este no responde sus llamadas, tendremos que preguntarnos qué sucedió antes. Si llevaban diez años sin relacionarse, ¿cómo comenzó esa ausencia? ¿Quién dejó de cumplir las visitas? ¿Qué actuaciones se realizaron para recuperar el contacto?

“La mayoría de edad no convierte automáticamente al hijo en responsable de toda su historia familiar”.

El Supremo insiste en que la mera falta de trato o frialdad afectiva no basta, sino que exige un daño real y una conducta grave e injustificada. En la práctica de los juzgados, ¿dónde está exactamente esa línea roja que separa un distanciamiento familiar doloroso de un verdadero maltrato psicológico?

La línea está en la conducta, en sus causas y en sus consecuencias.

Que un hijo no llame a su padre, que no lo visite o que no exista una relación afectiva entre ellos puede ser profundamente doloroso. Pero el sufrimiento que provoca esa situación no permite afirmar, por sí solo, que exista maltrato psicológico jurídicamente relevante.

El Tribunal Supremo exige algo más: una conducta injustificada e imputable al hijo que haya ocasionado un daño de entidad suficiente. Ese daño no tiene por qué acreditarse exclusivamente mediante un diagnóstico médico, pero tampoco puede presumirse de cualquier relación deteriorada.

En materia de pensiones alimenticias esta distinción es fundamental. El artículo 152.4 del Código Civil permite extinguir alimentos cuando concurre una conducta que constituye causa legal de desheredación.

Ahora bien, la STS 104/2019, de 19 de febrero, estableció que, para extinguir una pensión por falta de relación, esta debe ser imputable al hijo de forma principal y relevante.

Por tanto, no basta con aportar mensajes rechazados o demostrar que el hijo no quiere ver a su padre. Hay que acreditar por qué se ha llegado a esa situación.

“A juicio de esta abogada de familia “ que un padre considere injusto seguir pagando una pensión porque su hijo no quiere verlo no significa que concurra una causa legal para extinguirla” (Imágenes cedidas por esta abogada)

El peligro de vaciar las legítimas: el Alto Tribunal advierte que ampliar sin límites este concepto nos llevaría a una «libertad absoluta de testar» que nuestra ley no contempla. ¿Cree que el Código Civil español se ha quedado anticuado frente a los nuevos modelos de familia o sigue siendo necesaria esta protección forzosa de los hijos?

Creo que es razonable abrir un debate sobre la regulación de las legítimas. Nuestro Código Civil responde a una concepción de la familia y del patrimonio que ha cambiado considerablemente.

Hoy existen familias reconstituidas, relaciones de convivencia muy distintas y situaciones en las que determinadas personas han asumido cuidados durante años mientras otros familiares han permanecido ausentes.

Comprendo que un progenitor quiera tener mayor libertad para decidir a quién deja su patrimonio.

Pero esa discusión debe abordarla el legislador.

La legítima sigue siendo una institución legal de protección familiar y, mientras exista, las causas para privar de ella a un hijo deben aplicarse con rigor.

En los alimentos sucede algo semejante. Que un padre considere injusto seguir pagando una pensión porque su hijo no quiere verlo no significa que concurra una causa legal para extinguirla.

“El malestar personal puede ser comprensible, pero no sustituye los requisitos de la ley”

El Supremo acaba de anular desheredaciones precisamente porque el distanciamiento nació de un divorcio conflictivo cuando los hijos eran menores. ¿Hasta qué punto las guerras de pareja durante una separación acaban estallando décadas después en el reparto de una herencia?

Muchísimo más de lo que pensamos cuando se está tramitando una separación.

Un divorcio no termina necesariamente cuando se dicta la sentencia. Sus consecuencias pueden acompañar a los hijos durante toda su vida.

Cuando los progenitores mantienen un enfrentamiento prolongado, los menores pueden quedar atrapados en conflictos de lealtad, reproches y situaciones que no saben gestionar.

Hay relaciones paterno-filiales que se deterioran poco a poco, otras que se interrumpen de manera brusca y otras que nunca llegan a reconstruirse.

El problema aparece cuando, muchos años después, se pretende atribuir a esos hijos toda la responsabilidad del resultado.

La STS 503/2026 es especialmente interesante porque no se limita a examinar la falta de atención al padre durante su enfermedad. Recupera lo que ocurrió durante el divorcio y analiza la conducta de ambos progenitores y de los hijos.

En mi opinión, ese es el análisis que necesitamos también en los procedimientos de extinción de alimentos.

A veces se presenta una demanda cuando el hijo acaba de cumplir dieciocho años, como si su mayoría de edad permitiera responsabilizarlo de una relación que llevaba rota desde que tenía siete u ocho.

Hay que examinar toda la historia, no únicamente los últimos mensajes de WhatsApp.

La «imputabilidad exclusiva»: el fallo exige que la ruptura sea culpa exclusiva del hijo y que el progenitor no haya contribuido a ella. ¿Cómo se demuestra ante un juez, veinte o treinta años después, quién cerró la puerta primero o quién no hizo lo suficiente por recuperar el vínculo?

Lo que debemos reconstruir es cómo se produjo el distanciamiento y qué responsabilidad puede atribuirse a cada persona.

Para eso resultan fundamentales las resoluciones judiciales anteriores, los procedimientos relativos al régimen de visitas, las comunicaciones entre los progenitores y las actuaciones que se realizaron para mantener o recuperar la relación. Por ejemplo, si hubo ejecuciones por falta de cumplimiento de visitas.

También pueden ser importantes los testimonios de los hijos, especialmente cuando explican situaciones que vivieron durante su infancia y que permiten comprender su rechazo actual.

Hay una cuestión que considero decisiva: la conducta de cada persona debe valorarse teniendo en cuenta la edad y la posición que ocupaba cuando comenzó el conflicto.

No podemos exigir a un niño las mismas iniciativas ni la misma capacidad de actuación que a su padre o a su madre.

En materia de alimentos conviene precisar, además, que la doctrina del Tribunal Supremo habla de una falta de relación imputable al hijo de forma principal y relevante, que no es exactamente lo mismo que exigir, en términos literales, una responsabilidad exclusiva en todos los supuestos.

La STS 695/2025, de 6 de mayo, reiteró esa exigencia y rechazó extinguir los alimentos cuando el conflicto familiar no podía atribuirse exclusivamente a la hija.

Este matiz tiene una enorme importancia práctica. Un padre puede demostrar que ha intentado recuperar el contacto durante los últimos años. Esa prueba debe valorarse. Pero no permite ignorar automáticamente lo que ocurrió durante toda la infancia del hijo.