- Tres profesoras de la Universidad Complutense de Madrid integran el nuevo órgano: María Teresa Álvarez, catedrática de Derecho Civil, aporta el pilar sustantivo; Alicia Bernardo, profesora titular de Derecho Procesal, y Bárbara Sánchez, profesora contratada doctora de Derecho Procesal, aportan el pilar procesal.
El Derecho de consumo es una práctica viva y en ese entorno nació hace cuatro años DMD Asesores (acrónimo de «devuélveme mi dinero»), primero como sociedad profesional unipersonal del abogado Pablo Artiñano. Después se fueron incorporando otros socios —abogados y procuradores, pero también profesionales ajenos al mundo jurídico, vinculados a la tecnología y las finanzas—, y hoy la firma se ha convertido en uno de los referentes en este tipo de reclamaciones.
Según explica Artiñano, la visión de DMD era —y sigue siendo— crear una plataforma de servicios legales que dé respuesta a una necesidad imperante en el mercado: la litigación de los particulares frente a las grandes empresas del sector financiero y de otros sectores regulados. «La ingente cantidad de reclamaciones nos obligó a ser eficientes y, por tanto, a apostar por la innovación tecnológica. Estamos haciendo un esfuerzo denodado por implantar las mejores herramientas tecnológicas de gestión», señala.
Como elemento diferenciador frente a otras firmas, el despacho ha puesto en marcha un Consejo Asesor con el que busca garantizar el acierto, la solidez jurídica y la oportunidad tanto de su estrategia general como del enfoque de asuntos concretos. Para ello cuenta con el criterio autorizado y fundamentado de tres expertas en Derecho sustantivo de consumo y en Derecho Procesal, las dos ramas que concentran el grueso de la práctica diaria de DMD.
En esta conversación con el propio Artiñano participan las tres integrantes del Consejo: María Teresa Álvarez, autora de tres monografías en materia de consumo, la última dedicada a la contratación electrónica mediante plataformas en línea; Alicia Bernardo, investigadora principal del equipo, que ha estudiado la europeización del juicio verbal y el proceso europeo de escasa cuantía, y Bárbara Sánchez, especialista en la tutela judicial de la contratación en masa: el proceso monitorio, el control de oficio de las cláusulas abusivas, la ejecución civil y la armonización procesal europea.
El socio director de DMD Asesores explica que la iniciativa nace para mejorar la calidad de los servicios legales del despacho, porque este tipo de firmas afronta un doble reto. «En primer lugar, tenemos que ser muy eficientes y financiar prácticamente todo el proceso: hasta que se cobra pasan tres o cuatro años, con miles de reclamaciones que solo pueden gestionarse con el apoyo de la tecnología».
Al mismo tiempo, advierte de que «el Derecho de consumo parece todo igual, el “pleito masa”, pero desafío a cualquier abogado a que presente una demanda de transparencia o de usura y compruebe que no es tan sencillo. Hay fuentes normativas tanto de la Unión Europea como del Derecho español, y tanto en la parte sustantiva como en la procesal hay que integrar principios del Derecho de consumo fraguados en la UE que no son de común conocimiento para los abogados que solo manejan el Derecho nacional».
P. De alguna manera, entonces, con este Consejo Asesor buscan asegurar la excelencia de sus planteamientos jurídicos, ¿no?
Pablo Artiñano: «Sí, tanto en la estrategia del despacho como en casos concretos, ante la nueva jurisprudencia o en cuestiones de lege ferenda que podamos promover desde la base, porque somos muy practicones y estamos todo el día en el fárrago del pleito. Necesitamos gente del mundo académico —un mundo mucho más sosegado, donde se piensa y se rumia el Derecho todo el día— que nos dé ideas y, a veces, nos corrija.»
Pablo Artiñano: “Necesitamos gente del mundo académico, un mundo mucho más sosegado, que nos dé ideas y, a veces, nos corrija”.
P. ¿Está ya operativo?
Pablo Artiñano: «Acabamos de empezar, pero ya hemos celebrado las primeras sesiones y les hemos trasladado una carga de trabajo importante: cuestiones que nos preocupan, que sabemos que no hacemos bien o que podemos hacer mejor.»
Bárbara Sánchez: «Lo que podemos aportar es contrastar y verificar argumentos con la libertad que nos da pertenecer a la Universidad, siempre con el foco puesto en mejorar la tutela que el consumidor necesita. Observamos que muchos tribunales nacionales no están extrayendo todas las potencialidades del principio de efectividad del Derecho de la Unión en la protección de los derechos del consumidor.»
Alicia Bernardo: «Creo que ambas partes salimos ganando. Me gustó mucho que Pablo quisiera hacer las cosas mejor: que un despacho de consumo tenga esa vocación de mejora me parece un gran comienzo. Valoro muy positivamente la iniciativa de constituir el Consejo y colaborar mano a mano con el despacho, aportando el rigor y el análisis doctrinal necesarios para elevar la calidad de sus estrategias legales en el ámbito del Derecho de consumo.»
María Teresa Álvarez: «Nosotras podemos aportar la base de conocimiento. El problema es que el conocimiento teórico a veces parece alejado de la práctica. Siempre he dicho que somos como un cirujano que nunca ha entrado en el quirófano: sabe manejar el bisturí a la perfección, pero no ha operado nunca. Llevo casi treinta años trabajando en protección de los consumidores.
El Derecho de consumo no tiene el relumbre del Derecho hipotecario o de sucesiones, y te encuentras con problemas de escasa cuantía —como que te cobren 20 euros indebidamente por gastos de recobro en telefonía— que nadie reclama individualmente. Además, hay un escaso conocimiento de la normativa europea, que debe incorporarse al Derecho español, y no todos los Estados miembros lo hacen de la misma manera.»
Jurisprudencia europea y phishing
P. El TJUE acaba de dictar una sentencia importante sobre el phishing que obliga a los bancos a reembolsar de inmediato las cantidades sustraídas. ¿Cómo ven su aplicación por nuestros tribunales?
Bárbara Sánchez: «La sentencia de 15 de octubre de 2026 (asunto C-70/25) es clara: ante una operación no autorizada, el banco debe reembolsar el importe de inmediato y, como muy tarde, al final del día hábil siguiente, sin poder escudarse en una supuesta negligencia grave del cliente. Hoy en día, los robos a mano armada en la calle son residuales; lo que impera son las técnicas de suplantación de identidad bancaria (phishing), y esto hay que atajarlo con eficacia.
Que el cliente que niega haber autorizado la operación no tenga que soportar toda la carga de la prueba, y que la negligencia grave deje de ser el escudo del banco para denegar el reembolso, son grandes avances. Si el banco entiende que hubo negligencia grave, tendrá que probarla y reclamar después, pero primero debe devolver el dinero. En el siglo XXI consumidores lo somos todos: esta sentencia nos afecta a todos.»
María Teresa Álvarez: «En realidad, la sentencia interpreta el artículo 73 de la segunda Directiva de servicios de pago (PSD2), que en España recoge el artículo 45 del Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago. La norma ya obligaba a devolver el importe de las operaciones no autorizadas, a más tardar, al final del día hábil siguiente. El problema es que no se cumple.
»Con esta sentencia, lo que hay que hacer es exigir ese cumplimiento. Además, corresponde al banco implantar las medidas de seguridad —la autenticación reforzada, el doble factor, etc.— y probar que la operación se autenticó correctamente. Es posible que haya cambios en la aplicación práctica, aunque no necesariamente regulatorios.»

Maria Teresa Álvarez. “Aportaremos la base del conocimiento. El problema es que a veces ese conocimiento está alejado de la práctica “.
Primeros trabajos
P. ¿Por dónde ha empezado a trabajar el Consejo Asesor?
Alicia Bernardo: «Ahora mismo estamos estudiando el Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2026, que configura las diligencias preliminares como el cauce exclusivo para solicitar la documentación bancaria y considera inadecuado el juicio ordinario.
Lo que nos pidió Pablo es preparar una demanda de juicio ordinario no preparatoria, con argumentos jurídicos sobre la adecuación de este cauce para tutelar el derecho sustantivo del consumidor a obtener la información bancaria, por mucho que la Sala Primera del Tribunal Supremo haya dicho que no lo es.
Hay argumentos para sostener que no se puede negar al consumidor la tutela a través del juicio ordinario, con independencia de la finalidad para la que quiera la documentación. El derecho de información es un derecho sustantivo que la ley le reconoce, y las diligencias preliminares del artículo 256 de la LEC son un mecanismo tasado, pensado para preparar un juicio, no para sustituir la tutela declarativa. Con este auto, el Supremo asume un papel de legislador que no le corresponde.»

Alicia Bernardo . “Hemos arrancando con el estudio del Auto del Supremo de julio del 2026 para preparar una demanda de juicio ordinario no preparatoria”.
Bárbara Sánchez: «Es un sacrificio del principio de legalidad procesal y del principio de efectividad, plasmado en un auto sorpresivo que debería replantearse. El asunto llegó al Supremo por una cuestión menor, un conflicto de competencia territorial (Barcelona o Almería), y nos topamos con esto. Además, las diligencias preliminares exigen al consumidor prestar caución en un plazo de tres días y presentar la demanda en el plazo de un mes, so pena de perderla. Es un itinerario más gravoso y arriesgado para quien tiene reconocido por ley el derecho a esa información.»
Pablo Artiñano: «Esto nace de la reticencia de los bancos a reconocer el derecho de información del consumidor. Cuando pides los extractos de los últimos tres años para comprobar que todo está correcto, el banco te dice que tienes que ir por diligencias preliminares.
Pero ir por diligencias preliminares implica pagar abogado y procurador sin posibilidad real de recuperar las costas, que solo se imponen si el tribunal considera injustificada la oposición. Se coloca al consumidor en peor condición que a la empresa y se produce un efecto disuasorio contrario al principio de efectividad.»
El papel del legislador y la transposición de directivas en España
P. Dos reflexiones finales. La primera, el papel cada vez mayor del juez como legislador en materia de consumo. ¿Cómo lo ven?
Bárbara Sánchez: «Es producto de un contexto político en el que sacar adelante normas es difícil. Se han hecho reformas procesales por real decreto-ley o mediante la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, para desatascar los juzgados. Los tribunales se enfrentan a problemas ante los que el legislador no ha dado respuesta.
En el ámbito procesal parece que nadie está conforme con su papel: los fiscales quieren ser jueces, los letrados de la Administración de Justicia también, y los jueces, legisladores... Es bueno que los tribunales den respuestas ágiles, más contextualizadas y ajustadas al caso, pero no contra legem, sacrificando la seguridad jurídica o invadiendo la separación de poderes.»

Barbara Sánchez: “Los tribunales se enfrentan a problemas ante los que el legislador no dio respuesta. Por eso a veces funcionen como legisladores”.
Alicia Bernardo: «Esto no es nuevo. Se esgrime la excusa de que el legislador no llega, pero bajo el leitmotiv de la “eficiencia” —que parece buscar solo rapidez, a costa de la calidad de las resoluciones judiciales—, las leyes hablan ya del “Servicio Público de Justicia”, como si fuera equiparable a cualquier otro servicio público, como el transporte, olvidando que la Justicia es un poder del Estado.»
Pablo Artiñano: «La clave de bóveda es el imperio de la ley. Si no tenemos esa convicción profunda, el resultado será un desorden total.»
María Teresa Álvarez: «¿Pero estamos seguros de que vivimos bajo el imperio de la ley? En los últimos años veo muchos reales decretos-leyes sin una justificación real de la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución, y directivas europeas con el plazo de transposición vencido y sin incorporar. Hay quien no está haciendo los deberes, y no podemos echar toda la culpa a los jueces.
Del proyecto de la Ley Orgánica de eficiencia desapareció toda la regulación de las acciones de representación sin que nadie diera explicaciones. Tampoco se ha incorporado la Directiva sobre el derecho a reparar, cuyo plazo de transposición venció el pasado mes de julio. Se legisla mucho a golpe de decreto-ley, pero transponemos con retraso muchas directivas.»
P. Para terminar, las acciones colectivas: una directiva pendiente de transposición que podría ayudar a agilizar las reclamaciones masivas...
María Teresa Álvarez: «Acciones colectivas como tales ya tenemos en nuestro ordenamiento. Lo que falta por transponer es la última directiva europea, la Directiva (UE) 2020/1828, de acciones de representación, que completaba el círculo y cuyo plazo venció en diciembre de 2022. Aunque permite acumular la acción de cesación y la resarcitoria, la legitimación activa está muy restringida: recae en las asociaciones de consumidores, el Ministerio Fiscal y determinadas entidades habilitadas. El problema principal es que impide que un consumidor individual o su abogado la ejerciten directamente si no se agrupan, lo que deja al abogado fuera de juego en este ámbito.»
Pablo Artiñano: «El proyecto de ley de acciones colectivas restringe bastante la legitimación activa, prácticamente a las asociaciones de consumidores. El problema es que estas no tienen capacidad económica para afrontar una acción de la envergadura, por ejemplo, del cártel de los coches.»
Alicia Bernardo: «Efectivamente, como dice Pablo. Aunque existen razones de seguridad jurídica para limitar quién puede presentar una demanda colectiva, restringir la legitimación activa exclusivamente a determinadas entidades —ciertas asociaciones de consumidores o el Ministerio Fiscal— genera importantes cuellos de botella y deja desprotegidos a muchos consumidores.»
Bárbara Sánchez: «La transposición es obligada y ya no es momento de discutir si el mecanismo es más o menos idóneo. Es una obligación europea y hay que hacer los deberes.
Si no se ha hecho es porque no somos capaces de diseñar un modelo cerrado que acepten todos los actores implicados, especialmente las entidades financieras. El proyecto de ley que decayó por el adelanto electoral ya estaba en periodo de enmiendas.»