- El PNV decanta la votación y salva el texto que contempla incentivos fiscales para los pequeños propietarios. La sesión sirve como pistoletazo de salida a la campaña electoral del 29 de noviembre
El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves uno de los dos decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno a través de la Diputación Permanente, a pocas semanas de las elecciones. El real decreto-ley 29/2026, conocido como el ‘decreto Maricarmen’, ha salido adelante con 35 votos a favor y 34 en contra. La norma incluye medidas para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible.
La Cámara, en cambio, ha derogado el real decreto-ley 28/2026, que planteaba reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, incluida una prórroga indefinida y automática de los alquileres. El texto recibió 34 votos favorables, insuficientes para su convalidación, después del rechazo del Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco. La votación cierra de forma temporal la disputa política sobre estas medidas. Pero, tras los comicios, este episodio se reabrirá.
El decreto de medidas generales sobre vivienda ha conseguido su convalidación gracias al apoyo de los 35 diputados de PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos (formación que atesora el voto de todo el Grupo Mixto). En contra han votado los 34 que suman PP, Vox y Junts, que en el Pleno sí contaban con mayoría absoluta.
Quizás la norma más importante incluida en el paquete de medidas es la que establece la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y se regula una prórroga automática de los contratos de alquiler para todo el 2028. Traducido: se legaliza la inquiokupación hasta 2030... o hasta el 29-N.
También se incluye un mecanismo llamado ‘Tu Casa’, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contempla préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, dotada de 10.000 millones de euros. Además, se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido que las medidas buscan dar cobertura a los inquilinos y a los pequeños propietarios mientras se incrementa la oferta de vivienda asequible. Durante su intervención, citó las deducciones fiscales para los arrendatarios y las bonificaciones de hasta el 100 % de las rentas para propietarios que reduzcan los precios.
El Congreso rechaza la renovación automática
La Diputación Permanente ha rechazado el decreto que regulaba la extensión automática de los contratos de alquiler una vez superado su plazo inicial. La propuesta obtuvo 34 votos favorables, insuficientes para su convalidación. El texto establecía que, tras cinco años de alquiler —siete si el arrendador era una persona jurídica—, el contrato se prolongara otros cinco años. En el caso de los propietarios empresariales, ese nuevo periodo habría sido de siete años. Además, si el casero decidía finalizar el arrendamiento, debía compensar al inquilino con una cuantía equivalente a 12 mensualidades.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sostenido que la medida podía afectar a cinco millones de personas y generar un ahorro de hasta 4.341 euros por inquilino. El PP, Vox y Junts rechazaron ambos decretos. El PNV apoyó el texto más amplio, aunque votó contra la prórroga automática por considerar desproporcionada la indemnización prevista.
La composición de la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria durante la disolución de las Cortes, ha permitido al Ejecutivo sacar adelante el primero de los textos sin necesitar los votos de Junts, cuya oposición ya había ayudado a tumbar ambos decretos en el Congreso en octubre, si bien el Gobierno los volvió a aprobar poco después con vistas a someterla a la Diputación Permanente.
Este órgano está integrado por 69 miembros de las distintas formaciones políticas y, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno del Congreso, la suma de PP, Vox y Junts, los tres partidos que votaron en contra del primero de los decretos, no alcanza la mayoría. El PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos suman 34 diputados, los mismos que el bloque formado por PP, Vox y Junts. El único representante del PNV tenía, por tanto, el voto decisivo.
La operación ha desatado las críticas de PP y Vox, que han acusado al PSOE de recurrir a este órgano –solo votan 69 diputados y el Gobierno necesitaba 35 votos favorables– para aprobar una medida ya rechazada por el Pleno. De hecho, la formación de Abascal ha calificado la jornada como un fraude de ley, ha presentado un escrito en contra que ha sido rechazado por la Mesa y Pepa Millán, portavoz del Grupo Parlamentario Vox, ha anunciado la presentación de un recurso.
Votación sin sorpresas
Durante el debate de sendos decretos, no ha habido sorpresas entre los grupos parlamentarios y han confirmado las posiciones que ya tenían anunciadas antes del debate y que coincide con lo que votaron en el Pleno del Congreso en octubre con los anteriores decretos leyes que fueron derogados.
Así, PP, Vox y Junts han confirmado su voto en contra los dos textos, mientras que PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos (formación esta última que atesora el voto del Grupo Mixto en la Diputación Permanente) han ratificado su apoyo al texto.
El PNV, cuyo voto era clave, ha confirmado lo que ya hizo en octubre en el Pleno del Congreso, apoyando el decreto más genérico y rechazando al que regula la indemnización para el inquilino, pues entiende que el pago de una indemnización de doce mensualidades es «desproporcionada y desorbitada».
Con este resultado, el Gobierno ha conseguido salvar al menos uno de los dos decretos que impulsó tras el desahucio de Maricarmen y que provocó una oleada de indignación ciudadana por la situación de la vivienda.
El Pleno del Congreso, donde PP, Vox, Junts y UPN tenían mayoría absoluta de 178 escaños, tumbó los dos textos y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
Una vez disueltas las Cortes, el Ejecutivo decidió volver a aprobar los textos con pequeñas modificaciones para que no fuesen exactamente iguales, con la diferencia de que en lugar de votarse en el Pleno se votarían en la Diputación Permanente, donde sí ha habido números para aprobar al menos el decreto más general de medidas.
La votación, además, ha acontecido un día después de la huelga general por la vivienda y en la víspera del arranque de la campaña electoral, que dará el pistoletazo de salida a las 00.00 horas del viernes, 13 de noviembre.
Al final, la jornada ha dejado un resultado desigual para los dos socios del Gobierno de coalición. Mientras el PSOE ha logrado salvar el grueso de las medidas de vivienda, «que son las mismas pero con cuatro cambios estéticos», como le ha afeado el diputado de Junts, Josep María Cruset, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Sumar ha visto rechazada una de sus principales reivindicaciones: las renovaciones sucesivas de los contratos de alquiler.
El decreto rechazado, defendido por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, contemplaba renovaciones sucesivas de los contratos de alquiler por periodos de cinco o siete años, según el tipo de propietario, e indemnizaciones para los inquilinos en caso de no renovación, salvo determinadas excepciones».
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