- El exdirector del CNI Jorge Dezcallar defiende la necesidad de reforzar las fronteras y la integración europea de ambas ciudades, y alerta de que el auge de la extrema derecha propicia una vuelta a los micronacionalismos amenazando la capacidad de respuesta conjunta de Europa
Reforzar la seguridad de las fronteras, revisar los instrumentos jurídicos de respuesta ante situaciones excepcionales, superar las limitaciones institucionales de Ceuta y Melilla y garantizar una mayor implicación de la Unión Europea. Estas han sido algunas de las principales reivindicaciones planteadas este martes en el Foro Justicia ICAM, donde representantes políticos, juristas y diplomáticos han reclamado una estrategia de Estado que permita afrontar los desafíos constitucionales, geopolíticos y sociales de ambas ciudades autónomas.
El encuentro, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en el marco de sus “Foros Justicia”, ha puesto de manifiesto las deficiencias que reveló la crisis fronteriza de Ceuta del pasado julio, así como la necesidad de garantizar el futuro económico y social de sus habitantes.
Las intervenciones han abordado desde la respuesta del Estado y las responsabilidades de Marruecos hasta la integración europea y el alcance de las garantías internacionales de defensa. En este último ámbito, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha reclamado clarificar expresamente la cobertura de ambas ciudades por el artículo 5 de la OTAN, vinculando la protección de la soberanía con la defensa del Estado de derecho y los derechos fundamentales.
En su intervención, ha defendido que los desafíos geopolíticos, migratorios y de seguridad que afrontan ambas ciudades exigen “cooperación internacional, previsión y una política de Estado sostenida en el tiempo”, siempre desde el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales. En este contexto, ha reclamado clarificar expresamente la cobertura de Ceuta y Melilla bajo el mecanismo de defensa colectiva de la OTAN, al considerar que la delimitación territorial del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte aconseja precisar la aplicación de las garantías previstas en su artículo 5. “La solidaridad de socios y aliados debe traducirse en certezas”, ha subrayado, tras recordar también las previsiones del Tratado de la Unión Europea sobre integridad territorial y asistencia ante una agresión armada.
El decano ha resaltado asimismo el compromiso del ICAM con la defensa de la integridad territorial, el orden constitucional y los derechos de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, dando continuidad al manifiesto institucional presentado por el Colegio el pasado mes de septiembre. En este marco, ha reivindicado la responsabilidad de la abogacía más allá de los tribunales, como institución comprometida con la defensa de los principios constitucionales, el fomento del diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas, desde la convicción de que el Derecho constituye un punto de encuentro y la Constitución una garantía de convivencia.
Cuatro medidas para reforzar de Ceuta y Melilla
El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Marruecos, Jorge Dezcallar, por su parte, ha advertido de que la crisis de Ceuta no puede entenderse únicamente como un fenómeno migratorio, sino como una crisis política, social, económica y de seguridad que ha puesto de manifiesto importantes deficiencias en la capacidad de respuesta del Estado.
Para evitar que se reproduzcan situaciones similares, ha planteado cuatro líneas prioritarias de actuación: reforzar las fronteras; adaptar la legislación para responder a episodios de entradas masivas; impulsar un plan integral de desarrollo que proporcione seguridad y perspectivas económicas de futuro a ambas ciudades, con apoyo al comercio y al turismo; y profundizar en su integración europea. “Un ataque a Ceuta y a Melilla es un ataque a Europa”, ha afirmado Dezcallar, que ha reclamado una mayor implicación de los socios comunitarios en su protección.
Durante el turno de preguntas, Dezcallar ha advertido de que Ceuta y Melilla no figuran actualmente entre las prioridades de Marruecos, centrado ahora en sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental. Sin embargo, considera que Rabat volverá a plantear sus aspiraciones sobre ambas ciudades cuando las circunstancias le resulten favorables, por lo que ha instado a España a prepararse desde ahora. “Tenemos que aprovechar el tiempo, para hacer que la situación de Ceuta y Melilla, dentro de tres años, sea absolutamente inatacable”, ha afirmado.
Mas competencias para Melilla
El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado la necesidad de reforzar el marco institucional y competencial de ambas ciudades para superar las limitaciones que, a su juicio, dificultan su desarrollo económico y su capacidad de gestión. En este sentido, ha pedido desarrollar plenamente el Estatuto de Autonomía de Melilla, sin necesidad de aprobar uno nuevo, para reducir los obstáculos administrativos y mejorar la capacidad de respuesta de sus instituciones.
En relación con la crisis de julio, Imbroda ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de falta de previsión, decisión y firmeza. Ha calificado al Ejecutivo de “Gobierno fallido” y ha cuestionado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispusieran de instrucciones claras para responder a una entrada masiva de personas. Asimismo, ha reclamado adaptar los instrumentos legales de respuesta ante situaciones excepcionales, incluidos los mecanismos de rechazo en frontera, y reforzar la posición diplomática española ante Marruecos.
Imbroda ha destacado finalmente el respaldo recibido desde el conjunto de España tras los acontecimientos de julio, que considera un punto de inflexión en la percepción nacional de Ceuta y Melilla. A su juicio, esa solidaridad debe traducirse ahora en una mayor presencia del Estado, más recursos y mejores oportunidades de desarrollo para ambas ciudades.
Ceuta alerta del desbordamiento de sus servicios
Las consecuencias de la crisis sobre el funcionamiento de los servicios públicos han centrado buena parte de la intervención del director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alfonso Conejo quien ha cuestionado que las administraciones responsables de la seguridad nacional utilizaran todos los instrumentos jurídicos disponibles para responder a los acontecimientos del pasado julio.
Conejo ha señalado que las primeras respuestas institucionales se articularon mediante juntas locales de seguridad, mecanismos ordinarios de coordinación que considera insuficientes para afrontar una situación excepcional. También ha criticado el tiempo transcurrido hasta la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y ha defendido que los instrumentos existentes permitían una actuación más eficaz.
El representante ceutí ha descrito una situación de extraordinaria presión sobre los servicios públicos de la ciudad, donde, según ha explicado, se han habilitado 28 campamentos y recursos de acogida. Conejo ha advertido de que Ceuta continúa sin superar las consecuencias de la crisis. Según las cifras que ha expuesto, la ciudad supera en un 12.600 % su capacidad ordinaria de acogida, mientras que las llamadas al 112 por emergencias han aumentado un 414 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Conejo ha defendido la necesidad de modernizar las infraestructuras fronterizas, mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad e impulsar un plan integral de desarrollo para Ceuta y Melilla. Todo ello, ha señalado, sin renunciar al respeto a los derechos humanos y a las garantías del Estado de derecho.
Blas Jesús Imbroda cree que lo de Ceuta fue una invasión
Desde el ámbito jurídico, el Decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda, con el que hablamos hace unos días, ha rechazado que los acontecimientos registrados en Ceuta puedan calificarse únicamente como una crisis migratoria. “Aquello fue una invasión en un acto de guerra híbrida”, ha afirmado, atribuyendo a Marruecos una actuación hostil contra la soberanía española y cuestionando la respuesta de las autoridades.
Imbroda ha criticado que, ante una situación de carácter excepcional, se recurriera inicialmente a mecanismos ordinarios de coordinación, como las juntas locales de seguridad, y que la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional llegara aproximadamente un mes después de los acontecimientos.
A su juicio, España disponía de instrumentos jurídicos para responder con mayor rapidez, tanto en el ordenamiento interno como en el Derecho de la Unión Europea. En particular, se ha referido al reglamento europeo relativo a situaciones de crisis y fuerza mayor en materia de migración y asilo, que contempla supuestos de instrumentalización de los movimientos migratorios por terceros países.
Como colofón final, el decano Ribón ha señalado el papel de la abogacía en la defensa del orden constitucional y su responsabilidad de contribuir al debate sobre los grandes desafíos institucionales del país. Al mismo tiempo señalaba que ese encuentro da continuidad al manifiesto institucional presentado por el Colegio el pasado mes de septiembre en defensa de Ceuta y Melilla, con el que la abogacía madrileña reafirmó su compromiso con la integridad territorial, los principios constitucionales y los derechos fundamentales.
Ese compromiso con la defensa de los derechos y el Estado de derecho ha tenido también su reflejo en el reconocimiento tributado durante la jornada al propio decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda distinguido con la Medalla de la Encomienda del ICAM por su trayectoria profesional y su dedicación al servicio de la abogacía.
