- La Sala Civil resolverá en breve el recurso de AEDAF sobre si esta tasa cuestionada en el Ayuntamiento de Madrid para aclarar si esa facultad es discrecional o está sujeta a parámetros jurídicos, y qué motivación hace falta para denegarla
El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la norma que regulaba la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid.
Dicha sentencia estimó en marzo el recurso presentado por AEDAF y declaró la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el TSJM rechazó la pretensión de la Asociación de que se prohibiera el mantenimiento de los actos firmes, al amparo del artículo 19.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
AEDAF recurrió ese pronunciamiento que establecía que la nulidad de la norma solo beneficiaría a quienes hubieran impugnado sus liquidaciones y ahora, el Tribunal Supremo ha admitido el recurso de AEDAF, ya que no constan pronunciamientos específicos sobre la motivación exigible cuando un tribunal decide no extender la nulidad a los actos firmes.
En un principio el impacto económico de esa extensión de efectos podría suponer solo en Madrid una recaudación de esta tasa asciende a unos 350 millones de euros. Desde AEDAD nos indican que es una cifra muy considerable. A cualquier tribunal o gestor público le pesa tomar una decisión que implica manejar devoluciones de esa magnitud en lugar de una compensación menor. Sin embargo, el TSJ ya declaró la nulidad de la ordenanza madrileña y nuestra intuición es que el Supremo mantendrá esa línea de nulidad; la gran incógnita es si decidirá extender sus efectos de forma generalizada.
Entre otras consideraciones, el Tribunal Supremo afirmaba que “la interpretación de ese precepto se enmarca en el debate actual entre la idea clásica de seguridad jurídica que se centra en la estabilidad de las relaciones jurídicas propugnando que las liquidaciones firmes no son revisables pese a la declaración de inconstitucionalidad de la norma de cobertura o a que sea declarada contraria al derecho de la Unión Europea o anulada la ordenanza fiscal en que se sustenta, y, una concepción más moderna que aboga por que en un Estado de Derecho no se puede exigir que el ciudadano pague tributos contrarios a la Constitución, al derecho de la Unión Europea o sustentados en ordenanzas declaradas nulas”.”.
El Tribunal ha acordado, además, su tramitación y resolución preferente. La doctrina que se fije podrá aplicarse a cualquier ordenanza fiscal que resulte anulada, en un contexto de generalización de las tasas de residuos tras la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Juan Manuel Herrero de Egaña advierte que esta tasa de basuras se gestiona como otro IBI, sin criterios claros, lo que genera un problema al contribuyente (Foto AEDAF)
Es otro IBI sin criterios objetivos
Para Juan Manuel Herrero de Egaña, secretario general de AEDAF,: "La tasa de basura se ha convertido en un 'IBI 2' sin un estudio real del coste de los residuos" Reconoce que la anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y su llegada al Tribunal Supremo mantiene en vilo tanto a 350 millones de euros de l las arcas municipales como a millones contribuyentes.
Con los plazos de pago en marcha y los recibos duplicándose en muchos hogares, el debate jurídico se centra ahora en la legalidad de utilizar el valor catastral como criterio único y en el alcance que tendrá la sentencia del Alto Tribunal para los ciudadanos que no recurrieron en su día.
Para este fiscalista, tras la admisión a trámite del recurso en el Tribunal Supremo sobre la tasa de basuras de Madrid, cree que este asunto “va a ser un proceso rápido, ya que cuando aceptaron el asunto del Ayuntamiento indicaron que tendría tramitación preferente debido al volumen de expedientes acumulados en distintos consistorios, no solo en Madrid. Aunque es difícil aventurar fechas porque el año está avanzado, es probable que tengamos novedades a principios de año, quizás hacia febrero”
Curiosamente en estos momentos los contribuyentes están recibiendo los recibos del periodo voluntario de pago de la tasa de residuos de 2026, con incrementos incluso del doble de la cuantía, del año anterior a este.
En su opinión, de lo que se trata es de Pagar siempre, lo que hay que hacer es recurrir. El pago es obligatorio en plazo —que finaliza a principios de diciembre—, pero aconsejo firmemente interponer un recurso de reposición ante el ayuntamiento. “Es un trámite sencillo que se puede realizar mediante un recurso administrativo y en la AEDAF disponemos de formularios específicos para nuestros asociados. Aunque recuperar el dinero tarde un tiempo, hay argumentos jurídicos sólidos para ganar”, resalta
Para este experto el Tribunal Supremo se enfrenta ante una disyuntiva, entre la extensión de efectos o la seguridad jurídica clásica. “El debate sobre la admisión de nuestro recurso al Supremo es si es posible anulación debe beneficiar también a quienes no recurrieron la tasa en su momento”.
Ese es el punto clave y lo más importante de todo este proceso. El Tribunal Supremo plantea una dualidad muy interesante entre dos tesis: por un lado, la concepción clásica de la seguridad jurídica, que sostiene que quien no recurrió "se aguanta" aunque el tributo sea ilegal; y por otro, una tesis más moderna que defendemos desde AEDAF, según la cual no es admisible que a un ciudadano que paga un impuesto contrario a la ley no se le devuelva su dinero”, indica
Enel caso que el supremo abriera esa vía a los no recurrentes, es posible que impulsara un procedimiento específico “Si el Alto Tribunal estableciera que la nulidad se extiende a todos los afectados, no haría falta haber recurrido previamente. Bastaría con instar directamente la revisión de oficio y solicitar la nulidad de la liquidación para exigir la devolución de lo pagado”.
Falta de rigor técnico y el modelo catastral
Sobre los incrementos sufridos este por los contribuyentes, el propio Juan Miguel Herrero de Egaña, recuerda la arbitrariedad de los cálculos que se están haciendo por la mayor parte de los consistorios en esos dos años de vida de este nuevo impuesto que grava indiscriminadamente a los usuarios y que ya algunos juristas lo llaman IBI dos.
“El problema principal es que la mayoría de los ayuntamientos carecen de estudios económicos reales sobre la generación y gestión de los residuos. Al revisar las memorias económicas de distintos municipios, muchos admiten abiertamente que no disponen de datos de costes, llegando incluso a replicar estudios desfasados de otros municipios de hace años”, indica
Sobre la aplicación del valor catastral de la vivienda como base de cálculo., este jurista cree que es un gran error. “Utilizar el valor catastral convierte la tasa en un "IBI 2". Una vivienda puede tener un valor catastral elevado por sus dimensiones y estar habitada por una sola persona, mientras que un piso más pequeño con menor valor catastral puede albergar a una familia numerosa que genera muchos más residuos”
A su juicio, “ la ley exige que una tasa por generación de residuos se calcule en función de quién los genera y cómo se generan, no mediante una simplificación fiscal que grava dos veces el mismo concepto”.
