- Es la segunda sentencia en tres meses que el sindicato USO consigue sobre esta materia que demuestra la vulneración del derecho de huelga
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de USO y ha declarado que se vulneró el derecho fundamental a la huelga en los servicios mínimos fijados para la huelga del personal de asistencia en tierra de Ryanair e Ihandling Aviation en 2022.
La sentencia, de 3 de noviembre de 2026, es el segundo éxito de USO ante el Pleno en materia de servicios mínimos, tras la STC 62/2026, de 22 de septiembre, en el caso de la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair.
En aquel momento U.S.O. convocó una huelga del personal de servicios de asistencia en tierra en las empresas Ryanair e Ihandling Aviation, para los centros de trabajo de distintos aeropuertos españoles. En el escrito de convocatoria de fecha 17 de octubre de 2022 se indicaba que la huelga se llevaría a cabo en diferentes días y franjas horarias en un calendario entre el día 28 de octubre de 2022 y el día 8 de enero de 2023.
La Resolución fue impugnada por U.S.O. ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, alegando que los servicios mínimos impuestos eran abusivos y excesivos e inmotivados, lo que hacía impracticable el ejercicio del derecho de huelga que la falta de motivación de la resolución administrativa impugnada.
U.S.O. alegaba que esta situación se agravaba porque los servicios mínimos fijados para aquellos días en que la huelga convocada del personal de tierra coincidía con la de la huelga de los tripulantes de cabina, se determinaban siguiendo los mismos criterios que los considerados para esa última convocatoria de huelga, sin tener en cuenta, por tanto, las circunstancias ni la esencialidad propia y diferente del servicio de handling, ni las funciones distintas del personal afectado por una y otra, obviando que según la jurisprudencia cada huelga es única y ha de ser tratada de forma individualizada.
La sentencia de 13 de noviembre de 2023 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimó el recurso anulando la resolución recurrida por vulneración del derecho fundamental a la huelga.
En la sentencia se razona que “la resolución incurre en falta de motivación, con la consiguiente vulneración del derecho de huelga, conteniendo una regulación más formal que material, porque fija como servicios mínimos unos porcentajes de vuelos -y de servicios- protegidos, pero omite fijar el número o el porcentaje de trabajadores convocados a la huelga que deben prestar esos servicios mínimos, dejando su determinación a las propias empresas”.
Además, entiende que “la resolución no precisa los criterios objetivos en función de los cuales se fijan los servicios mínimos, en cuanto al establecimiento del mismo porcentaje de vuelos protegidos para los días de huelga que coinciden con la de los tripulantes de cabina y para los que no, o en cuanto al redondeo por exceso del número resultante de aplicar los porcentajes de vuelos fijados respecto de los vuelos programados”.
: Sin embargo, las empresas y la Abogacía del Estado recurrieron en casación la Sentencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo les dio la razón, si bien existían unos Votos Particulares que apoyaban las alegaciones de U.S.O.
La sentencia acota el papel de la empresa
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Estrella Zambrana, abogada de USO que ha logrado esta sentencia que garantiza el derecho de huelga (USO) |
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Estrella Zambrana, letrada de la Asesoría Jurídica de USO que ha defendido estos recursos, valora la sentencia como una reafirmación del pleno ejercicio del derecho fundamental de huelga.
Del pronunciamiento del Constitucional puede desprenderse que las resoluciones que fijen servicios mínimos en una huelga ya no pueden limitarse a proteger un porcentaje de vuelos, servicios o frecuencias y dejar en manos de la empresa la decisión de qué trabajadores los cubren. El Tribunal exige que la resolución defina con precisión el ámbito subjetivo de la restricción del derecho de huelga y que lo haga con criterios objetivos, explícitos y verificables.
De esta forma, se acota el papel de la empresa, que completa técnica y funcionalmente los servicios mínimos y los ejecuta, pero no decide a quién se le restringe el derecho a huelga ni adoptar medidas que permitan la actividad más allá del mínimo.
El Constitucional viene a reforzar la capacidad de un sindicato de convocar huelgas en servicios esenciales para que las resoluciones de servicios mínimos, a partir de ahora, no se limiten a apoyarse en referencias sectoriales o a remitir a la empresa la concreción de la plantilla.
En su opinión, el debate central consiste en determinar si la facultad de concretar los trabajadores que deben realizar los servicios mínimos establecidos, como ámbito subjetivo de esos servicios, debe considerarse un elemento adicional necesario de la adecuada y necesaria motivación de los servicios mínimos, como consideró la Audiencia Nacional, o si, por el contrario, esa concreción de los trabajadores afectados corresponde al ámbito de las facultades de dirección y organización de la empresa que se mantienen durante la huelga, como entendió el Tribunal Supremo.
En cuanto al Tribunal Constitucional esta jurista subraya que al igual que en la STC 62/2026, de 22 de septiembre, dictada en otro recurso de amparo planteado igualmente por U.S.O. esta Sentencia de 3 de noviembre de 2026, nos vuelve a dar la razón concediendo dicho amparo y declarando que se ha vulnerado el derecho fundamental a la huelga.
El fallo declara también la nulidad de la Resolución de 27 de octubre de 2022 de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como de la Sentencia núm. 121/2025, de 5 de febrero, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (recurso de casación núm. 1390-2024), quedando firme la sentencia de 13 de noviembre de 2023 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona núm. 9-2022. Esta Sentencia de la Audiencia Nacional falló a favor de U.S.O. declarando la nulidad de los servicios mínimos impuestos.
Según explica Zambrana, el contenido de la sentencia, atribuir a la empresa, con un margen de actuación amplio, la facultad de determinar el personal mínimo necesario para atender los servicios previamente fijados, puede suponer un apoderamiento a favor de quien no es la autoridad gubernativa vulnerador del derecho a la huelga, en la medida en que lo delegado en el empresario exceda o vaya más allá de la mera ejecución o puesta en práctica de las medidas limitativas del derecho e incidiendo en su propio contenido y delimitación, de manera incompatible con la garantía de imparcialidad que se deriva de la atribución de la fijación de los servicios mínimos a la autoridad gubernativa.
Establecer servicios mínimos
Al mismo tiempo se añade que los servicios mínimos han de establecerse con la suficiente claridad y precisión, “con arreglo al canon de motivación reforzada, para que las partes implicadas puedan conocer y contrastar los criterios empleados y las razones y los intereses por los que se sacrificó ese derecho fundamental, de modo que los órganos judiciales puedan fiscalizar adecuadamente la corrección constitucional del acto del poder público, valorando su razonable ajuste a las circunstancias y la observancia de la regla de la proporcionalidad de los sacrificios”.
Por tanto, “dejarse a la discrecionalidad de la empresa establecer medidas que vayan más allá de la garantía de los servicios mínimos, con la consiguiente posibilidad de que se pudiera alcanzar el rendimiento habitual y el funcionamiento normal, entra en abierta contradicción con la caracterización del servicio como mínimo”.
Además, se dice que no sirve para entender que la Resolución esté debidamente motivada “la mera mención del Real Decreto 1161/1999, por el que se regula la prestación de los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra, ni de la directiva que incorpora a nuestro ordenamiento ese Real Decreto, o la referencia genérica al Título IV de la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, porque la resolución no hace derivar de esa normativa criterio alguno al que hayan de someterse las empresas afectadas para delimitar los trabajadores que han de cubrir esos servicios durante la huelga, respecto de los trabajadores que los prestan en una situación de normalidad (ausencia de conflicto laboral), ni tampoco cuáles de esos servicios debieran prestarse durante la huelga en las mismas condiciones que en una situación de normalidad.
Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta también que la resolución menciona que “la seguridad de las operaciones, así como la seguridad sanitaria necesaria para evitar la propagación de la COVID-19, en ningún caso, deben ser alteradas por la huelga”, remitiéndose de modo genérico a la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
En definitiva, la valoración de U.S.O., a través de la letrada que ha defendido jurídicamente esta serie de recursos, no puede ser más positiva, al suponer una reafirmación del pleno ejercicio del Derecho fundamental de huelga, al tener que ser respetadas en todas las posteriores Resoluciones que fijen servicios mínimos.
