- También pide incorporar 2.400 funcionarios de Justicia durante los próximos tres años Denuncia que no ha acreditado los criterios empleados ni se acompaña de una memoria económica completa
La Comunidad de Madrid considera insuficientes las 74 plazas de jueces y 24 de fiscales en la región para el año 2027, anunciadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes.
De hecho, solicita que, como mínimo, se creen las suficientes para alcanzar las 158 requeridas con urgencia por el TSJM, sin perjuicio de las necesidades adicionales de 350 nuevas plazas de jueces planteadas en la planificación plurianual de los próximos cuatro o cinco años.
Esta medida debería ir acompañada de una programación de ofertas de empleo público que permita incorporar aproximadamente 800 funcionarios anuales en Madrid durante los próximos tres años, así como un estudio de las necesidades de los Cuerpos de Gestión, Tramitación, Auxilio y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) asociadas a cada nueva plaza.
El Ejecutivo autonómico argumenta que este número no responde a las necesidades objetivas identificadas por el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), difiere sustancialmente su entrada en funcionamiento y no garantiza ni la cobertura efectiva de las plazas ni la disponibilidad de los medios personales y materiales necesarios.
Además, denuncia que resulta especialmente preocupante que impulse una ampliación de la planta judicial sin acreditar suficientemente los criterios empleados para su distribución territorial, sin garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los jueces de adscripción territorial y sin valorar adecuadamente el impacto económico y organizativo que la medida tendrá sobre las comunidades autónomas con competencias transferidas.
Asimismo, solicita que el proyecto incorpore una evaluación individualizada de las necesidades de personal de apoyo, una memoria económica completa y mecanismos efectivos de cooperación y financiación que impidan trasladar a la Comunidad de Madrid nuevas obligaciones económicas sin la correspondiente dotación presupuestaria.
Menos propaganda y mas resultados
Desde la Comunidad de Madrid se pide al Ministerio menos propaganda y más resultados efectivos en la digitalización de la Justicia
El Ministerio de Justicia vuelve a confundir los anuncios con los resultados. Presume de haber cedido 50 soluciones tecnológicas a las comunidades autónomas, pero el convenio firmado con Madrid enumera únicamente 25 herramientas y no acredita que todas ellas estén implantadas y funcionando, por ejemplo las plataformas de robotización.
Además, presenta la gratuidad de estas cesiones como un logro extraordinario cuando la reutilización gratuita de aplicaciones públicas ya está contemplada en la legislación vigente como una obligación.
El artículo 97.1 del Real Decreto-ley 6/2023 establece que las administraciones titulares de aplicaciones informáticas las pondrán a disposición de otras instituciones judiciales o administraciones sin contraprestación y sin necesidad de convenio
Lo que el Ministerio tampoco explica es que son las comunidades autónomas las que deben asumir importantes obligaciones de adaptación tecnológica, infraestructura, formación, mantenimiento de sus sistemas y atención a los usuarios, así como los costes adicionales que puedan producirse.
El Ministerio vende como un hito de gestión y de cooperación bilateral ("convenios de colaboración") algo a lo que estaba obligado por ley desde hace casi tres años.
La firma de convenios entre febrero de 2025 y octubre de 2026 no es la "cesión" del software en sí —que ya era obligatoria por ley—, sino un mero trámite burocrático posterior para articular el soporte o la evolución, retrasando en la práctica lo que la norma exigía de forma directa.
Choques entre Bolaños y la Comunidad de Madrid
Los problemas entre la Comunidad de Madrid y el ministro Bolaños vienen de lejos. En febrero del 2025, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, pedia por carta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, explicaciones sobre la financiación de la nueva ley de eficiencia del servicio público de Justicia, que atribuye nuevas competencias a las regiones, y que supone un coste para Madrid que ha cifrado en 40 millones de euros.
Tal y como ha adelantado en declaraciones a los periodistas y consta en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero hace alusión a las competencias que tienen las comunidades autónomas a la hora de configurar e implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios.
«Se ha hecho sin soltar con las comunidades autónomas, que cambia de arriba a abajo su estructura y su organización y que solo a la Comunidad de Madrid le va a suponer un coste de más de 40 millones de euros. Es una ley que no tiene memoria económica, que no tiene financiación o que al menos no se prevé financiación para la aplicación en todas y cada una de las comunidades autónomas», ha censurado.
Por ello, le pide al ministro que explique cuáles van a ser los instrumentos de financiación, y se lo trasladará también en la próxima conferencia sectorial para pedirle que dote de más y mejores medios a la Administración de Justicia.
En la carta, el consejero censura que no se tenga en cuenta a las CCAA, que tienen «la responsabilidad última de implantarla». «De igual modo, tampoco la Ley va acompañada de dotación presupuestaria suficiente que cubra los costes que nos va a generar a los diferentes gobiernos autonómicos su ejecución efectiva en cada uno de nuestros territorios», ha apuntado.
Por ello, García Martín pide a Bolaños que explique los mecanismos de financiación y traslada su intención de mostrar «recíproca lealtad institucional» y colaboración entre administraciones para facilitar la labor de jueces y magistrados.
Bolaños en los tribunales
La falta de contestación hizo que la Comunidad de Madrid presentase en julio de ese ao un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno central para que evalúe el coste real de la aplicación de su Ley de Eficiencia de la Justicia y dote a las CCAA de la financiación necesaria. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy el informe de la Abogacía General que avala esta acción legal.
El Ejecutivo regional presentó un requerimiento al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de abril por la falta de financiación y desarrollo de la norma. Ha sido desestimado, por lo que ha interpuso el recurso contencioso administrativo en vía judicial el pasado 16 de mayo.
El Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas. Esta obligación resulta esencial para que las comunidades afectadas puedan conocer ese impacto y plantear, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las oportunas medidas para sufragar y compensar esos costes.
Se trata de una Ley que, además, se ha aprobado sin contar con el Poder Judicial y sin las CCAA con las competencias en la materia transferidas que deben implantarla.
Sólo en el caso de la Comunidad de Madrid, el coste en el primer año de la aplicación de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia supondrá 44 millones de euros para sus arcas públicas, de los cuales casi la mitad se consolidarán en los ejercicios siguientes.