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Casi todas las notas de prensa que siguen a una operación antidroga hablan de una "organización criminal desarticulada". Es la fórmula de siempre. Pero lo que la policía describe como organización no siempre lo es para el tribunal que juzga, y en una causa de drogas esa diferencia se mide en años de prisión.

En SIMÓ Abogados Penalistas defendemos a investigados en causas de narcotráfico y blanqueo con decenas de implicados, y esta suele ser la primera discusión de fondo. Antes de entrar en las escuchas o en los registros hay que saber qué etiqueta lleva el atestado y si se sostiene. "La calificación de organización arrastra la pena de todo lo demás", explica Eduardo Simó, socio director del despacho. "Por eso se discute desde la primera declaración, y no se deja para el juicio".

Tres figuras que se confunden a menudo

El Código Penal regula por separado la organización criminal y el grupo criminal, en sus artículos 570 bis y 570 ter. Las dos exigen más de dos personas unidas para cometer delitos. La organización pide además estabilidad, una estructura pensada para durar, y un reparto concertado y coordinado de tareas entre sus miembros. El grupo se define por lo que le falta: es la unión que, "sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal", busca cometer delitos de forma concertada.

Hay una tercera posibilidad que la ley no nombra y que los tribunales aplican a diario: la codelincuencia. Varias personas cometen juntas un delito y responden por ese delito, sin castigo añadido por la forma en que se agruparon.

Lo que pide el Supremo para hablar de organización

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ordenó su doctrina en una sentencia de 1 de octubre de 2025 (STS 4145/2025). Llama a la organización la "hermana mayor" del grupo y justifica su mayor castigo en "la conjunción de la estabilidad temporal y la complejidad estructural". También marca un límite: "no basta cualquier estructura distributiva de funciones entre sus miembros".

Que uno conduzca, otro vigile y un tercero guarde la mercancía no convierte a tres personas en una organización. Eso pasa en casi cualquier delito cometido entre varios. Los tribunales se fijan en otras cosas:

  • Cuánto tiempo funcionó la estructura y si estaba pensada para seguir operando.
  • Quién decidía y quién obedecía, y si los papeles se mantenían aunque cambiaran las personas.
  • Qué medios compartían: naves, vehículos, empresas pantalla, teléfonos cifrados o una caja común.
  • Qué relación real tenía cada investigado con los demás, más allá de aparecer en una conversación intervenida.

La frontera de abajo: grupo o simple coautoría

El grupo criminal es una figura residual: basta con que falte un rasgo de la organización para bajar un escalón. Pero tampoco cualquier reunión de tres personas es un grupo.

Siguiendo la Convención de Palermo, el Supremo deja fuera las agrupaciones ocasionales: "cuando se forme una agrupación de personas, para la comisión de un delito específico, nos encontraremos ante un supuesto de codelincuencia". Es el argumento con más recorrido cuando la investigación gira en torno a un único transporte o a una sola entrega.

Cuántos años separan una etiqueta de otra

Con la cocaína o cualquier otra sustancia que cause grave daño a la salud, el tráfico se castiga con tres a seis años de prisión. Si los hechos se cometen dentro de una organización, el artículo 369 bis del mismo Código eleva la pena a nueve a doce años, y a quienes la dirigen se les impone la superior en grado. Si el hecho encaja también en el delito de organización, los tribunales aplican el precepto con más pena, sin sumar los dos.

El grupo criminal no activa ese agravante, aunque puede añadir un delito propio de integración, con seis meses a dos años cuando el fin es cometer delitos graves. La codelincuencia no añade nada. Entre la primera opción y la última hay, solo en el mínimo de la pena, seis años de diferencia.

Dónde se gana o se pierde la calificación

La etiqueta aparece muy pronto: en el oficio que pide las primeras escuchas, en el auto que las autoriza y en la petición de prisión provisional. A fuerza de repetirse acaba pareciendo un hecho probado, y no lo es. La sentencia tiene que describir la estructura, su duración y el papel de cada acusado.

La defensa trabaja en dos planos. En uno discute que exista organización. En el otro, que suele dar más resultado, exige que se pruebe que el cliente formaba parte de ella y no que se cruzó con ella una vez. Con decenas de investigados, separar a cada persona del bloque es lo que permite que la pena se ajuste a lo que hizo.

SIMÓ Abogados Penalistas trabaja exclusivamente en derecho penal, con sedes en Madrid, Málaga y Murcia y actuación en toda España. La defensa en causas de crimen organizado, en juzgados provinciales y en la Audiencia Nacional, es una de sus áreas principales, junto con el tráfico de drogas, la extradición, los delitos sexuales, los homicidios y los delitos económicos graves.