JUC


Una persona lleva años viviendo en España, la identifican en un control rutinario y descubre que pesa sobre ella una orden internacional de detención por hechos de hace más de una década. Casi siempre pregunta lo mismo: si eso no estaba ya prescrito. Puede estarlo. Pero la prescripción no frena una extradición por sí sola: hay que alegarla y demostrarla con fechas.

En SIMÓ Abogados Penalistas defendemos a personas reclamadas por otros países, tanto en extradiciones como en euroórdenes, y la prescripción aparece en muchos de esos expedientes. El error que más vemos es darla por hecha. "La prescripción hay que acreditarla fecha a fecha", explica Eduardo Simó, socio director del despacho. "Y quien tiene que poner esas fechas sobre la mesa es la defensa, porque el país que reclama no lo va a hacer por ella".

Qué dice la ley cuando el país que reclama está fuera de la UE

La Ley de Extradición Pasiva es clara en su artículo 4.4: no se concede la extradición cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal "conforme a la legislación española o la del Estado requirente". Basta con que el delito, o la pena ya impuesta, haya prescrito en uno de los dos ordenamientos. Muchos tratados bilaterales recogen una regla parecida, aunque no todos, y esa es la primera comprobación.

En España el cálculo parte del artículo 131 del Código Penal para los delitos, con plazos de cinco, diez, quince o veinte años según la pena máxima, y del 133 cuando ya hay condena firme. En el primer caso el plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona. En el segundo, buscar o pedir la detención del condenado no lo interrumpe. Y cada país tiene sus propias reglas sobre qué actos interrumpen y cuáles no.

Por eso la documentación del Estado reclamante suele incluir sus normas de prescripción y una lista de actos interruptivos. Con ese material trabaja la defensa.

Lo que ha resuelto la Audiencia Nacional

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha resuelto muchos de estos expedientes en los últimos años, y en varios la prescripción decidió el resultado.

En 2021, Argentina pedía la entrega de una mujer por una estafa de 2010 (AAN 5939/2021). Su documentación certificaba que el delito no había prescrito, pero la Sala revisó el propio derecho argentino y concluyó que el plazo se había cumplido allí y también en España: habían pasado más de cinco años sin actos que interrumpieran la prescripción. La extradición se denegó.

En 2025 fue El Salvador (AAN 4605/2025). La orden internacional de detención por una estafa agravada era de 2013 y la solicitud no llegó hasta 2023: más de diez años en blanco, sin actos interruptivos. El Fiscal y la defensa se opusieron, y la Sala rechazó la entrega por esos hechos.

En septiembre de este año, Perú reclamaba a un condenado para que cumpliera cinco años de prisión impuestos en 2015 (AAN 4023/2026). Según la ley española, la pena había prescrito en 2021. El Fiscal se oponía a apreciarlo, en línea con las autoridades peruanas, pero la Sala recordó que basta la prescripción en uno de los dos países y que "una responsabilidad criminal ya extinguida por prescripción no puede revivir por actos procesales posteriores".

El caso contrario llegó de Estados Unidos (AAN 607/2026). La defensa alegaba que los hechos habrían prescrito según la ley española, pero el tratado bilateral dice que la extradición se concede "incluso si, con arreglo a la legislación de la Parte Requerida, la acción penal o la pena hubieran prescrito". La entrega se declaró procedente.

La enseñanza es práctica. Un certificado del país reclamante no cierra el debate, un hueco de varios años sin actuaciones puede decidir el expediente y, aun así, lo primero es leer el tratado, porque puede desplazar la regla general de la ley.

En la euroorden el margen es más estrecho

Cuando la reclamación llega de otro Estado de la Unión Europea mediante una orden europea de detención y entrega, las reglas cambian. La Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, solo permite oponer la prescripción española si los tribunales españoles habrían sido competentes para juzgar esos hechos, y la plantea como un motivo que el juez puede apreciar, no como una denegación automática.

En el blog de SIMÓ Abogados Penalistas lo desarrollamos al analizar qué pasa cuando el delito ha prescrito en España pero no fuera.

Qué conviene revisar desde el primer día

En extradición todo va deprisa. La primera comparecencia ante el juez llega en cuestión de horas tras la detención, y la defensa necesita tener claro cuanto antes:

  • La fecha exacta de los hechos o de la condena, y cómo se calificarían en España.
  • Cada acto que el país reclamante presenta como interruptivo: qué resolución es, quién la dictó y si de verdad se dirigió contra la persona reclamada.
  • Qué instrumento se aplica: la ley, un tratado bilateral concreto o una euroorden.

La prescripción no siempre es el único argumento. La doble incriminación o las garantías del país reclamante también cuentan. Pero cuando las fechas acompañan, es de las pocas causas de denegación que se sostienen con datos objetivos y no con valoraciones, y merece la pena trabajarla con calma aunque el procedimiento empuje a ir rápido.

SIMÓ Abogados Penalistas es un despacho dedicado exclusivamente al derecho penal, con sedes en Madrid, Málaga y Murcia y actuación en toda España. Una de sus especialidades es la defensa en procedimientos de extradición y euroórdenes ante la Audiencia Nacional, junto con el tráfico de drogas, los delitos sexuales, los homicidios y los delitos económicos graves.