JUC


Por Jorge Werner, socio director de Empezar de Nuevo. Abogado con más de 15 años de experiencia, ha pasado por Garrigues, PwC y KPMG y ha trabajado en concursos como los de Pescanova, Peri Tiziano o Autopista Madrid-Toledo y en la cartera de Banco Popular.

Nota de método: en cada sentencia separamos lo que dice el tribunal (con cita literal cuando importa) de nuestra lectura, que va identificada como tal.

 

Ocultar se paga, salvar cl. negocio con pandemia no es temeridad y la oposición se libra con primera instancia

Entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre de 2026, la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias sobre la exoneración del pasivo insatisfecho: las SSTS 1672/2026, 1703/2026 y 1720/2026. La primera confirma la revocación de una exoneración por ocultación de bienes o ingresos, deducida mediante presunción judicial. La segunda niega que una autónoma que mantuvo abierto su negocio durante la pandemia, sin pagar el RETA, actuara de forma temeraria o negligente. La tercera rechaza que un acreedor público introduzca en casación una causa de exclusión que no se debatió en la instancia.

Las tres llevan la firma del mismo tribunal: Sancho Gargallo (presidente), Sarazá Jimena, Vela Torres, Orellana Cano y Cerdá Albero. Leídas juntas, dicen mucho sobre cómo entiende hoy el Supremo la «buena fe» del deudor y sobre el peso que tiene el procedimiento.

1.STS 1672/2026, de 29 de octubre: revocación por ocultación, acreditada por presunción judicial

Hechos. El deudor fue declarado en concurso consecutivo sin masa el 19 de julio de 2021 (Juzgado de lo Mercantil n.º 7 de Barcelona). Pidió la exoneración el 6 de septiembre de 2021 declarando ingresos de 1.250 € al mes y gastos de 1.080 €. El auto 19/2022, de 21 de enero, se la concedió con un plan de pagos de 110,85 € mensuales durante cinco años (32,35 € al mes para la AEAT, 1.941 € en total para la AEAT). El 20 de diciembre de 2022, en la aduana de la Farga de Moles, le encontraron 10.540 € en efectivo sin declarar. Dijo que el dinero era de su familia y que era para compras navideñas. Una comisión rogatoria a Andorra no encontró cuentas ni otros activos financieros a su nombre en entidades andorranas.

Recorrido. La AEAT pidió la revocación por ocultación de bienes, derechos o ingresos y, subsidiariamente, por mejora sustancial de fortuna. El juzgado la rechazó (sentencia 171/2023, de 24 de octubre): la ocultación exige bienes existentes al conceder la exoneración, y la comisión rogatoria no los halló. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª, sentencia 289/2025, de 20 de febrero) revocó la exoneración y acordó reabrir el concurso y la sección de calificación. Ambas instancias descartaron la mejora sustancial de fortuna, porque no había herencia, legado, donación ni juego.

Qué dice el Supremo.

  • aplicable. Por razón del tiempo, el art. 492.1 TRLC en su redacción originaria, porque el concurso, la solicitud y la concesión son anteriores al 26 de septiembre de 2022. Ese artículo legitimaba a cualquier acreedor concursal para pedir la revocación

«durante los cinco años siguientes a su concesión». Hoy la causa está en el art. 493.1.1.º TRLC y el plazo es de tres años (art. 493.2). La Sala subraya que la fórmula es la misma: que «el deudor ha ocultado la existencia de bienes, derechos o ingresos».

  • que de verdad se discutía. Aunque el recurso se presentaba como una cuestión de interpretación del art. 493 TRLC, para la Sala las alegaciones revelaban, «en gran medida, la mera discrepancia con la presunción judicial (art. 386 LEC)» de la audiencia. Además, el recurrente no había alegado infracción procesal, y la fijación de los hechos no era objeto del recurso.
  • presunción se sostiene. El hecho presunto es que, al concederse la exoneración, el deudor tenía más dinero del declarado. La audiencia lo apoya en cuatro elementos, que la Sala valida uno a uno:
    1. Con 170 € de capacidad de ahorro y 110,85 € de plan, la Sala cifra el margen restante en 69,15 € al mes [sic: 170 − 110,85 = 59,15 €], con lo que «era imposible alcanzar» la suma intervenida.
    2. La relevancia material de lo ocultado, que presume mayor al entrar en Andorra por las compras que ya había hecho. Por eso, la revocación «respeta, asimismo, el principio de proporcionalidad».
    3. El origen familiar del dinero no se justificó.
    4. La falta de cuentas en Andorra «no quiebra la inferencia fáctica».
  • en casación. La valoración «no resulta absurda, ni ilógica, ni irracional». Entre los hechos probados y el presunto hay «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano». El recurrente no aportó contraprueba. La ocultación hizo que la exoneración se otorgara «sobre una imagen incompleta o inveraz de la situación patrimonial-financiera del deudor».
  • Desestima el recurso, impone las costas al recurrente y acuerda la pérdida del depósito.

Nuestra lectura.

  • sentencia no crea una regla. El Supremo no dice que cualquier patrimonio que aparezca después de la exoneración sea ocultación. Revisa, con el criterio deferente propio de la casación, una inferencia de hecho de la audiencia.
  • hecho presunto sigue anclado en el momento de la concesión; lo que se admite es probarlo con hechos posteriores. La Sala acepta esa prueba indirecta; en el caso apreció «un enlace preciso y directo» y una ocultación «materialmente relevante», con una desproporción muy clara.
  • la práctica, con un indicio sólido, la carga de desmontarlo recae en el deudor. Aquí no bastó con alegar que el dinero era de la familia sin justificarlo. Durante el plazo de revocación, conviene que el deudor pueda documentar el origen de cualquier cantidad relevante que maneje.
  • consecuencias son graves. La revocación confirmada llevó consigo la reapertura del concurso y de la sección de calificación.

 

2. STS 1703/2026, de 10 de noviembre: mantener cl. negocio durante la pandemia sin pagar el RETA  no es, ese ese contexto, temeridad ni negligencia

Hechos. La deudora, autónoma, abrió una peluquería mediante un contrato de franquicia. Fue declarada en concurso sin masa el 19 de diciembre de 2023 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Bilbao (arts. 37 bis y ss. TRLC, en la redacción de la Ley 16/2022). Ningún acreedor pidió el nombramiento de administrador concursal. Solicitó la exoneración por la vía del art. 501.1 TRLC sobre un pasivo de 186.024 €. Pretendía exonerar 168.707,63 €, incluido el crédito público dentro de los límites del art. 489.1.5.º TRLC. La TGSS se opuso: alegaba un impago ininterrumpido de las cotizaciones desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022 y una deuda de 21.413,06 €.

Recorrido. La TGSS invocó dos causas de exclusión del art. 487.1 TRLC: la del ordinal 3.º (concurso culpable, por no haber pedido el concurso a tiempo) y la del ordinal 6.º (comportamiento temerario o negligente).

  • (sentencia 42/2024, de 29 de abril). Rechazó la del 3.º, porque el concurso se tramitó sin masa y la TGSS no pidió administrador concursal; ese pronunciamiento quedó firme. Apreció la del 6.º y denegó la exoneración: lo diligente habría sido cerrar al constatar que la actividad no daba para cotizar.
  • Provincial de Bizkaia (Sección 4.ª, sentencia 610/2024, de 3 de diciembre). Revocó esa sentencia y concedió la exoneración.

Qué planteaba la TGSS. Si mantener el impago de las cotizaciones más allá de los tres meses del art. 2.4.5.º TRLC, sin una circunstancia excepcional que lo justifique, «deba ser considerado necesariamente un comportamiento negligente» a efectos del art. 487.1.6.º  TRLC.

Qué dice el Supremo.

  • buena fe del art. 486 TRLC es «una noción propia y normativa». Es la propia ley, en el art. 487.1, la que enumera las causas que excluyen al deudor de buena fe. Para el ordinal 6.º, el juez debe valorar cuatro cosas:
    1. la información patrimonial dada al acreedor antes del préstamo;
    2. el nivel social y profesional del deudor;
    3. las circunstancias personales del sobreendeudamiento;
    4. si es empresario, si usó las herramientas de alerta temprana.
  • al caso. La Sala atiende al nivel social y profesional de la deudora, a sus circunstancias personales y al contexto:
    • impago empezó con el estado de alarma, que cerró las peluquerías;
    • según alegó la deudora, tras la desescalada muchas clientas de edad avanzada mostraban reticencias a volver;
    • moratoria concursal se fue prorrogando hasta el 30 de junio de 2022 (la última prórroga es del Real Decreto-ley 27/2021).
  • «En la situación extraordinaria provocada por la Covid 19, en un caso como este, no haber solicitado el concurso en el plazo de cinco meses desde el primer impago [...] y haber continuado la actividad no puede considerarse un comportamiento temerario o negligente.» Y mantener abierto el negocio 18 meses para intentar recuperar la normalidad «no puede entenderse que fuera un comportamiento temerario o negligente a los efectos del art. 487.1.6º TRLC».
  • Desestima el recurso de la TGSS y le impone las costas.

Nuestra lectura.

  • No declara que los impagos a la Seguridad Social nunca excluyan la exoneración. Lo que sí hace es no aceptar el automatismo que se le proponía («necesariamente»): valora el caso con los criterios legales del art. 487.1.6.º.
  • contexto pesa mucho. Los 18 meses de impago continuado terminan en mayo de 2022, dentro de la moratoria concursal. Los impagos fuera de ese periodo, o sin un contexto equivalente, tendrán que justificarse por sus propias circunstancias.
  • el autónomo, intentar salvar la actividad no es por sí solo un reproche. Lo que el juez mira son las circunstancias del sobreendeudamiento. Por eso conviene documentar desde el principio por qué se siguió trabajando y con qué expectativas.
  • dato procesal no menor. La vía del concurso culpable (ordinal 3.º) quedó cerrada en primera instancia porque el concurso era sin masa y la TGSS no pidió administrador concursal. Ese es el criterio del juzgado, que ganó firmeza; el Supremo no se pronuncia sobre él.

3.STS 1720/2026, de 12 de noviembre: la causa de exclusión que no se plantó con la instancia no pudo estrenarse en casación

Hechos. Un matrimonio en gananciales pidió concurso voluntario por insuficiencia de masa el 16 de diciembre de 2022. Fue declarado el 17 de enero de 2023 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid. El juzgado hizo el llamamiento del art. 37 ter TRLC y no compareció ningún acreedor. El pasivo era de 271.124,46 €:

  • € con una entidad bancaria, adeudados por ambos;
  • € con la TGSS, solo del esposo;
  • € con la AEAT;

Lo que hicieron los acreedores públicos. Ninguno se opuso a la exoneración; los dos presentaron solo alegaciones.

  • Corrigió el importe de su crédito (67.290,78 €) y pidió que la exoneración de ese crédito se limitara a 10.000 € (art. 489.1.5.º TRLC).
  • de Madrid. Informó de que el esposo había omitido 13.451,89 € de créditos municipales:

  once multas de tráfico;

  el impuesto de circulación desde 2019;

 la plusvalía municipal desde 2012, por 11.554,04 € con intereses, sanciones y recargos.

Recorrido.

  • (auto de 30 de mayo de 2023).
    • de oficio la exoneración al esposo, aplicando el art. 487.1.6.º TRLC (información falsa o engañosa) en relación con el control de oficio del art. 502.1.
    • la exoneración a la esposa con las excepciones del art. 489.1.
    • no exonerables en su totalidad los créditos tributarios municipales: en su lectura literal, el límite del art. 489.1.5.º solo alcanza a la AEAT y a la Seguridad Social.
  • Provincial de Madrid (Sección 28.ª, sentencia 238/2025, de 11 de julio). Concedió también la exoneración al esposo. Razonó que la información falsa o engañosa del ordinal 6.º se refiere al momento de contraer el endeudamiento o de cumplir las obligaciones, no a la conducta dentro del concurso. Para valorar esa conducta están otras causas del art. 487.1, como el incumplimiento de los deberes de colaboración e información o la calificación culpable, que nadie había alegado.

Qué planteaba la TGSS en casación. La infracción del art. 487.1.5.º TRLC (incumplimiento de los deberes de colaboración e información respecto del juez del concurso), en relación con los arts. 7, 135 y 502.1 TRLC y 218 LEC.

Qué dice el Supremo.

  • una cuestión nueva. Al oponerse a la apelación, la TGSS se limitó a transcribir el art. 487 completo, «con los seis ordinales», sin concretar el 5.º ni relacionarlo con los arts. 7 y 135.1 TRLC.

lEl objeto del litigio quedó fijado en primera instancia.

  • acreedor se opuso, así que no hubo incidente del art. 502.2 TRLC y la resolución del juzgado fue un auto.
  • juez apreció de oficio el ordinal 6.º, no el 5.º, y el deudor no pudo defenderse sobre este último.
  • La Sala reitera lo que declaró en las SSTS 259/2026, 262/2026 y 263/2026, de 18 de febrero: esa verificación de los requisitos del art. 487.1 TRLC «corresponde al juez del concurso». El tribunal de apelación está sujeto al art. 465.5 LEC: «si nadie impugna este extremo en apelación, no podrá apreciarlo de oficio».
  • que no se pudo debatir. No se pudo valorar si la omisión de 13.451,89 €, «un 4,96 % del total pasivo», era una inexactitud «de la suficiente gravedad», ni la exigibilidad de esos créditos, ni otras posibles circunstancias.
  • Desestima el recurso de la TGSS y le impone las costas.

Nuestra lectura.

  • Sala enuncia la cuestión de fondo, pero no la resuelve. La formula así: si puede ser deudor de buena fe quien omite deudas en su solicitud. La sentencia se decide por razones procesales. No confirma ni corrige la tesis de la audiencia sobre el alcance temporal del ordinal 6.º. Tampoco se pronuncia sobre si los créditos municipales entran en el límite del art. 489.1.5.º, que no formaba parte del recurso.
  • deudor se salvó por el procedimiento, no porque omitir deudas sea irrelevante. La referencia expresa al 4,96 % y a la «suficiente gravedad» sugiere que, de haberse debatido el ordinal 5.º, la proporción de lo omitido respecto del pasivo habría sido un elemento central. Esta es una inferencia nuestra, no una declaración de la Sala.
  • Para los acreedores, presentar alegaciones no equivale a oponerse. Quien quiera discutir la buena fe del deudor debe oponerse en primera instancia e identificar la causa concreta del art. 487.1.

Lectura conjunta y consecuencias prácticas

 

Sentencia

Recurre

Cuestión

Resultado

STS 1672/2026, 29/10

Deudor

Revocación por ocultación (art. 492.1 TRLC originario / 493.1.1.º) acreditada por presunción judicial

Desestimado: se mantiene la revocación

STS 1703/2026, 10/11

TGSS

Temeridad o negligencia (art. 487.1.6.º) por seguir con la actividad sin pagar el RETA

Desestimado: se mantiene la exoneración

STS 1720/2026, 12/11

TGSS

Incumplimiento de los deberes de colaboración e información (art. 487.1.5.º) alegado por primera vez en casación

Desestimado: cuestión nueva

Lo que tienen en común, en nuestra opinión:

  • buena fe no es un juicio moral abierto. Se mide con las causas tasadas del art. 487.1 TRLC, cada una con su supuesto y su momento. La STS 1703/2026 lo dice de forma expresa («noción propia y normativa»). La 1720/2026 muestra que no invocar en primera instancia la causa concreta (los deberes del ordinal 5.º, distintos de la información del 6.º) impide hacerla valer después.

l.No hay automatismos en ningún sentido.

  • Un impago prolongado de cotizaciones no equivale «necesariamente» a negligencia (1703).
  • Tampoco basta con que no aparezcan cuentas para descartar una ocultación (1672).
  • ambos casos decide la valoración del caso concreto.

!l.El procedimiento importa tanto como el fondo.

  • que no se plantea en primera instancia no llega a casación (1720).
  • casación no sirve para rehacer la valoración de los hechos si no se denuncia una infracción procesal (1672).
  • alegación genérica, como transcribir el art. 487 entero, no equivale a invocar una causa concreta.

Consecuencias prácticas.

  • quien pide la exoneración:
  • de acreedores completa (art. 7 TRLC), incluidas las deudas municipales: multas, impuesto de circulación y plusvalía. En la 1720/2026 el deudor ganó por razones procesales; el Supremo no llegó a valorar si la omisión era grave.
  • y gastos que respondan a la realidad. Durante el plazo de revocación, conviene poder justificar el origen de cualquier cantidad relevante. Con la Ley 16/2022, la revocación puede pedirse durante tres años desde la exoneración con liquidación o desde la exoneración provisional con plan de pagos (art. 493.2 TRLC).
  • conviene documentar las circunstancias: causa de la crisis, expectativas razonables de recuperación, situación personal. Esos son los elementos que el art.

487.1.6.º obliga a valorar.

IIl.Para los acreedores, públicos o privados:

  • formalmente en primera instancia, identificando el ordinal del art. 487.1 y los hechos que lo sostienen.
  • alegaciones sobre el importe o el límite exonerable no es oponerse.
  • los juzgados: el control de oficio del art. 502.1 TRLC se ejerce en primera instancia. En apelación rige el límite del art. 465.5 LEC.

Ninguna de estas sentencias permite anticipar el resultado de otro caso: cada una resuelve sobre hechos concretos y, en dos de ellas, con un control casacional limitado.

Referencias

 

STS 1672/2026

STS 1703/2026

STS 1720/2026

Fecha

29/10/2026

10/11/2026

12/11/2026

Roj / ECLI

STS 4484/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4484

STS 4485/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4485

STS 4498/2026 · ECLI:ES:TS:2026:4498

Id Cendoj

28079110012026101668

28079110012026101669

28079110012026101672

Recurso de casación

3203/2025

1817/2025

9149/2025

Ponente

Fernando Cerdá Albero

Nuria Auxiliadora Orellana Cano

Fernando Cerdá Albero

Recurrente

Deudor

TGSS

TGSS

 

 

 

STS 1672/2026

STS 1703/2026

STS 1720/2026

Procedencia

SAP Barcelona (Secc. 15.ª) 289/2025, de 20

de febrero (rollo

66/2024)

SAP Bizkaia (Secc. 4.ª) 610/2024, de 3 de diciembre (rollo 613/2024)

SAP Madrid (Secc. 28.ª) 238/2025, de 11 de julio (rollo 406/2023)

Primera instancia

JM n.º 7 Barcelona, sentencia 171/2023, de 24 de octubre (incidente 7/2023, concurso consecutivo 705/2021)

JM n.º 3 Bilbao, sentencia 42/2024, de 29 de abril (concurso 444/2023)

JM n.º 6 Madrid, auto de 30 de mayo de 2023 (concurso 4/2023)

Normas centrales

Art. 492.1 TRLC

(redacción originaria), art. 493.1.1.º y 493.2 TRLC (Ley 16/2022),

art. 386 LEC, DT 1.ª Ley 16/2022

Arts. 486, 487.1.3.º y

6.º, 2.4.5.º y 5 TRLC; RDL 27/2021

Arts. 487.1.5.º y 6.º,

489.1.5.º, 501, 502.1 y 2,

7 y 135 TRLC; arts. 218 y

465.5 LEC

Fallo

Desestima; costas al recurrente y pérdida del depósito

Desestima; costas a la TGSS

Desestima; costas a la TGSS

 

La STS 1720/2026 cita las SSTS 259/2026, 262/2026 y 263/2026, de 18 de febrero, sobre el control de oficio de los requisitos del art. 487.1 TRLC.

Fuente: texto íntegro de las tres sentencias publicado por el CENDOJ (Poder Judicial).