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Laura Fra Rodríguez. Abogada

 

Hace tiempo que vengo pensando en el esfuerzo que nos exige a todos mantenernos al día tecnológicamente.

Quienes hoy nos movemos con soltura entre sedes electrónicas, certificados, claves y aplicaciones damos por hecho que siempre será así, y quizá no lo sea. Llegará un día en que la enésima actualización de una plataforma nos resulte ajena, en que la vista o el pulso no acompañen o en que, sencillamente, no queramos seguir. Me hago a menudo una pregunta muy simple: ¿por qué, cuando me jubile, tendré que seguir atada a un ordenador para que la Administración me hable?

Nuestro ordenamiento ha sabido poner nombre al derecho a la desconexión digital, que el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 reconoce a trabajadores y empleados públicos y que el artículo 18 de la Ley 10/2021, de trabajo a distancia, extiende a quienes trabajan en remoto. Ese derecho protege a quien está demasiado conectado. Su reverso, el derecho de quien no puede, no sabe o no quiere estar conectado a que no se le exija para seguir siendo ciudadano, carece todavía de nombre propio en la ley.

José Luis Piñar Mañas lo ha denominado derecho a no ser digital y viene reclamando su reconocimiento expreso.

Yo prefiero llamarlo derecho a la no conexión digital, porque así se advierte mejor que es el reverso de la desconexión que la ley ya protege. No se trata de una ocurrencia: ese derecho ya tiene base en nuestro ordenamiento, y el Tribunal Supremo lo está perfilando con una nitidez creciente.

Derecho a no ser digital

El punto de partida es el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que reconoce a las personas físicas la facultad de elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones por medios electrónicos o no, y de cambiar el medio elegido.

Para ellas, la obligación de relacionarse electrónicamente es la excepción.

El apartado segundo la impone a personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales colegiados en el ejercicio de su actividad, representantes de obligados y empleados públicos. El apartado tercero permite extenderla por vía reglamentaria a ciertos colectivos de personas físicas, pero con una condición que no es retórica: debe quedar acreditado que, por su capacidad económica o técnica, su dedicación profesional u otros motivos, tienen acceso a los medios electrónicos necesarios y disponen de ellos. El artículo 12 completa el cuadro al obligar a las Administraciones a asistir en el uso de medios electrónicos a quienes lo necesiten.

El derecho a la no conexión no necesita ser inventado; necesita ser tomado en serio.

Eso es lo que ha venido haciendo la Sala Tercera. La sentencia de 6 de mayo de 2021(recurso 150/2020) anuló la relación electrónica obligatoria impuesta por orden ministerial a los aspirantes a plazas de formación sanitaria especializada, y recordó que la habilitación del artículo 14.3 corresponde al Gobierno y exige, como regla, norma con rango de real decreto. La STS 953/2023, de 11 de julio (recurso de casación 6391/2021), anuló los preceptos de la Orden HAC/277/2019 que obligaban a todos los contribuyentes a presentar el IRPF por internet, porque esa imposición se establecía con carácter general, sin identificar las circunstancias de capacidad económica, técnica o profesional que pudieran justificarla. El Tribunal se detuvo en el verbo con el que el artículo 96.1 de la Ley General Tributaria encomienda a la Administración el uso de medios electrónicos.

Ese verbo es promover, y promover significa impulsar el desarrollo de algo, no imponer el resultado.

Este año la doctrina ha dado un salto cualitativo a propósito de un colectivo especialmente expuesto. El artículo 197.2 del Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, obligaba a presentar exclusivamente por vía electrónica siete tipos de solicitudes, entre ellas las prórrogas de estancia por estudios, las renovaciones de residencia no lucrativa o por cuenta propia y las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para actividades de temporada. La misma obligación alcanzaba al estudiante universitario que prorroga su estancia y al temporero agrícola que pide por primera vez trabajar en España. La STS 868/2026, de 8 de julio (recurso 19/2025), declaró nulo el precepto en su integridad, y la STS 998/2026, de 29 de julio (recurso 21/2025), dictada a instancia de Cáritas Española, CEAR, Andalucía Acoge, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes, reiteró esa nulidad. Ambos fallos se publicaron en el BOE de 22 de septiembre.

La via telemática no debe ser único cauce

El Supremo no reprocha a la Administración que ofrezca la vía telemática, sino que la haya convertido en el único cauce sin acreditar que todos los afectados podían utilizarla.

Ni la exposición de motivos ni el precepto explicaban por qué cabía presumir ese acceso en un colectivo que iba desde residentes con medios económicos suficientes hasta temporeros con escasa alfabetización digital.

De ahí extrae tres exigencias que valen para cualquier norma futura. La primera es una motivación específica: el reglamento debe acreditar, en la propia norma o en su elaboración, que el colectivo cuenta realmente con medios y capacidad, y hacerlo por categorías cuando los destinatarios son heterogéneos. La segunda es la proporcionalidad: hay que preguntarse si existían alternativas menos gravosas, como hacer preferente la vía electrónica sin hacerla exclusiva, que es lo que hizo la regularización extraordinaria de 2026 al admitir a la vez la presentación presencial y la telemática. La tercera es la igualdad: leídos juntos los artículos 14 y 9.2 de la Constitución, una norma formalmente neutra no puede levantar barreras que, en la práctica, excluyan a quienes no pueden franquearlas. El reglamento podrá volver a establecer la obligación, pero solo si supera ese triple test.

Por primera vez con esta claridad, la brecha digital aparece vinculada a la discriminación indirecta.

La pregunta inevitable es qué ocurre con las normas que siguen ampliando la obligación. La Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo, en vigor desde el 1 de septiembre, obliga a recibir por vía electrónica las notificaciones de la Seguridad Social a quienes solicitan o perciben la prestación de incapacidad temporal y a quienes reciben comunicaciones sobre incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes. Conviene serjustos con ella. Se dicta al amparo de una habilitación legal específica, la de los artículos 5.2.e) y 132.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de modo que el debate sobre el rango no se plantea como en 2021. Además, incorpora salvaguardas apreciables: aviso previo al dispositivo facilitado, notificación en papel cuando no consten datos de contacto electrónico y asistencia presencial en los Centros de Atención e Información.

Justificar la digitalización

El punto que merece examen es la justificación. Cuando la Orden ISM/903/2020 impuso la notificación electrónica en las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, se apoyó en un dato: un colectivo de entre veinticinco y cuarenta años que usa los medios electrónicos de forma generalizada.

La orden de 2026, en cambio, presume que los nuevos colectivos, por estar incorporados al mundo laboral, cuentan con conocimientos y medios suficientes. La presunción es razonable para muchos trabajadores en incapacidad temporal, pero bastante menos para quien está en un expediente de incapacidad permanente o tiene mermada, por la propia dolencia, su capacidad de gestionar una sede electrónica.

No sostengo que la orden sea nula; eso corresponderá decirlo, en su caso, a los tribunales. Sí sostengo que el estándar fijado este verano por el Supremo obliga a preguntarse si basta una presunción genérica para un colectivo tan heterogéneo o hace falta la justificación por categorías que la Sala ha exigido.

La cuestión desborda, además, el Derecho público. La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de servicios de atención a la clientela, reconoce en su artículo 8 el derecho a solicitar una atención personalizada prestada por una persona y prohíbe que el servicio descanse exclusivamente en contestadores automáticos o sistemas análogos. Las empresas obligadas tienen hasta el 28 de diciembre de este año para adaptarse. Es el mismo principio: la tecnología puede ser el canal preferente, pero no el único.

Creo que ha llegado el momento de dar el paso que el legislador ya dio con la desconexión: nombrar el derecho, como propone el propio Piñar Mañas cuando defiende fijar su contenido y sus límites y dotarlo de medios de garantía y tutela.

Un reconocimiento expreso del derecho a la no conexión de las personas físicas, como garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos y esenciales, no frenaría la transformación digital; la haría más sólida y más legítima. Podría completarse con una exigencia que la jurisprudencia ya insinúa: que toda norma que imponga la vía electrónica a personas físicas analice su impacto sobre la brecha digital, con datos y no con presunciones.

Mientras ese paso llega, la abogacía tiene en las sentencias de este año una herramienta de primer orden para defender a quienes la Administración digital deja en la orilla.

La digitalización merece ser promovida. Lo que el Derecho no permite, y el Supremo lo ha recordado tres veces en cinco años, es convertir esa promoción en una imposición.