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Silvia Pardo Prado, Abogada, Mediadora, Presidenta de Sección Consumo de ICAB.

Vivimos conectados hasta el punto de haber convertido la conexión en una condición casi invisible de nuestra vida cotidiana. Trabajamos en la nube, celebramos reuniones virtuales a distancia, enviamos contratos por correo electrónico y confiamos a plataformas ajenas documentos, agendas y comunicaciones. Solo cuando dejan de funcionar advertimos la magnitud de esa dependencia: un día sin conexión puede parecer un día sin vida, no porque desaparezcan nuestras relaciones, sino porque buena parte de ellas ya no encuentra otro camino para desarrollarse.

 

 

El apagón del 28 de abril de 2025 mostró cómo la falta de electricidad podía arrastrar pagos, comunicaciones y actividad económica. La caída mundial de servicios de Microsoft de hace unos días ofrece otra imagen del mismo problema: esta vez había electricidad, pero fallaban herramientas digitales utilizadas por empresas, administraciones y particulares. Según las informaciones sobre el incidente, Outlook, Teams, Microsoft 365 y Copilot experimentaron dificultades de acceso; Microsoft relacionó el problema con una actualización de su infraestructura de red. ¿Pero como usuarios finales tenemos derecho de que haya una verdadera transparencia de esa causa de desconexión masiva? Abrimos, sin duda, la caja de pandora. El alcance de cada perjuicio, sin embargo, no se deduce del alcance mundial de la noticia. En paralelo, la inquietud bursátil por el coste de las inversiones en inteligencia artificial recuerda que los riesgos tecnológicos también tienen una dimensión financiera, aunque las fluctuaciones de las acciones y las interrupciones de servicios respondan a causas distintas.

La pregunta que deja esta crisis es jurídica y económica a la vez: ¿quién paga una operación perdida, un encargo que no pudo tramitarse o una jornada de trabajo interrumpida? La respuesta no puede reducirse a que Microsoft debe indemnizar a todos los afectados, pero tampoco a que la tecnología falla y cada usuario debe resignarse. Importa quién contrató el servicio, qué garantías se ofrecieron, qué falló exactamente y, sobre todo, qué daños pueden demostrarse.

La empresa: del contrato a la prueba del daño y el impacto en sus clientes.

Para una empresa, el punto de partida es su contrato, no el titular de prensa. Los servicios profesionales suelen incluir acuerdos de nivel de servicio (SLA) que fijan compromisos de disponibilidad y, en determinados supuestos, créditos sobre futuras facturas. Esas compensaciones no equivalen necesariamente a una indemnización íntegra: habrá que comprobar los requisitos para solicitarlas, las limitaciones de responsabilidad, la entidad contratante y si el servicio se adquirió mediante un intermediario. Un fallo global no implica que todos los clientes hayan sufrido idéntico incumplimiento contractual.

Cuando resulte aplicable el Derecho español, el artículo 1101 del Código Civil permite reclamar daños derivados de un incumplimiento imputable, mientras que el artículo 1106 distingue el daño emergente —por ejemplo, gastos acreditados para contratar soluciones alternativas— del lucro cesante, entendido como ganancias razonablemente frustradas. No basta multiplicar las horas de caída por la facturación habitual: deben probarse la indisponibilidad concreta, el perjuicio efectivo y su relación causal. Una venta aplazada no es necesariamente una venta perdida, y una reunión cancelada tampoco demuestra por sí sola una ganancia frustrada. El Tribunal Supremo exige una prueba rigurosa y rechaza cálculos meramente especulativos o hipotéticos. Acreditar, por tanto, una caída del sistema no equivale a probar una pérdida económica real si la operación pudo completarse más tarde.

La dificultad aumenta cuando la empresa usuaria de Microsoft presta, a su vez, servicios a terceros. Pensemos en un despacho que no logra presentar un escrito en plazo, una asesoría que no remite documentación o una tienda que deja de procesar pedidos. Existen entonces dos relaciones distintas: la del proveedor tecnológico con la empresa y la de esta con sus propios clientes. El fallo de Microsoft no libera automáticamente al profesional o empresario de sus obligaciones. Habrá que valorar si el plazo era esencial, si había vías alternativas de cumplimiento y si actuó con la diligencia exigible. Si indemniza a su cliente, la empresa podrá estudiar una reclamación posterior frente al proveedor, pero no tiene garantizado recuperar íntegramente lo abonado. De ahí la importancia de conservar avisos del proveedor, capturas de errores, registros horarios, contratos, comunicaciones con clientes, facturas y datos contables, además de documentar las soluciones alternativas intentadas. La prueba reunida durante las primeras horas puede resultar decisiva meses después.

También importa distinguir la fuerza mayor del artículo 1105 del Código Civil de la doctrina rebus sic stantibus: una avería causada por una actualización no constituye automáticamente un acontecimiento inevitable, y una interrupción puntual difícilmente justifica revisar un contrato por alteración extraordinaria y duradera de sus circunstancias. Ambas cuestiones requieren analizar los hechos y el contrato, no presumir negligencia ni exoneración.

Vamos a la pregunta del millón: ¿Dónde reclamar si el proveedor está establecido en otro país? El Reglamento (UE) 1215/2012, Bruselas I bis, permite examinar tanto el domicilio del demandado como determinados foros especiales contractuales, sin olvidar las cláusulas válidas de elección de tribunal o sumisión del fuero. El Reglamento (CE) 593/2008, Roma I, determina la ley aplicable: que un tribunal español sea competente no significa necesariamente que aplique el Código Civil español. Si el perjudicado es un tercero sin contrato con Microsoft, una eventual acción extracontractual exigiría sus propios presupuestos y, en casos transfronterizos, considerar también el Reglamento (CE) n.º 864/2007, Roma II. Por eso no cabe afirmar que toda empresa española pueda demandar automáticamente en España.

Una dependencia que obliga a prevenir

La dimensión europea añade otra capa. La Directiva NIS2 (UE 2022/2555) y el Reglamento DORA (UE 2022/2554, especialmente relevante para determinadas entidades financieras, refuerzan la gestión de riesgos, la continuidad operativa y la resiliencia frente a incidentes tecnológicos, pero no establecen una indemnización universal para quien sufre una caída. Su importancia reside en recordar que la prevención y la recuperación forman parte de las obligaciones de determinados operadores, no son meros consejos técnicos.

También debe evitarse confundir las normas sobre plataformas con un seguro general frente a averías. El artículo 13 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información (LSSI), remite al régimen general de responsabilidad de los prestadores, mientras que el Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales (DSA), contempla determinadas exenciones respecto de información transmitida o alojada por intermediarios. Esas reglas no eliminan por sí solas la responsabilidad contractual por falta de disponibilidad de un servicio. El debate jurídico exige identificar qué obligación se incumplió y qué norma regula precisamente esa prestación.

El consumidor: derechos diferentes, reclamación propia

La posición del consumidor merece un tratamiento separado. Quien contrata directamente un servicio digital para fines ajenos a su actividad empresarial o profesional puede acogerse, cuando proceda, al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, reformado para incorporar la Directiva (UE) 2019/770 sobre contenidos y servicios digitales. Según las circunstancias, la falta de suministro o de conformidad puede permitir exigir la puesta en conformidad, una reducción del precio o la resolución del contrato, sin perjuicio de los daños reclamables conforme a las reglas aplicables. No toda interrupción breve justifica automáticamente todos esos remedios. ¿Una jornada completa sería una interrupción breve?

Si el consumidor contrató con una empresa que utiliza Microsoft para atenderlo —una agencia, una tienda o un despacho—, su interlocutor contractual será, en principio, esa empresa, que no puede trasladarle sin más las consecuencias de sus problemas informáticos. Además, los artículos 82 y siguientes del TRLGDCU permiten controlar cláusulas abusivas que desequilibren injustificadamente los derechos y obligaciones de las partes. El consumidor debería conservar justificantes, mensajes, incidencias y pruebas del perjuicio, reclamar primero al prestador y valorar después las vías de consumo o judiciales. En los contratos internacionales de consumo, Reglamento (UE) n.º 1215/2012 (Reglamento Bruselas I bis) y el artículo 6 de Roma I establecen protecciones específicas, siempre que concurran sus requisitos. Si el consumidor contrató con una empresa que utiliza Microsoft para prestar sus servicios, su interlocutor contractual será, en principio, dicha empresa, que no podrá trasladarle automáticamente las consecuencias de sus problemas técnicos. El artículo 13 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), recuerda que los prestadores de servicios digitales están sujetos al régimen general de responsabilidad, mientras que el Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales (DSA), regula las obligaciones y determinadas exenciones de responsabilidad de los intermediarios digitales, sin establecer una exoneración general por interrupciones tecnológicas. A ello se añade la protección de los artículos 82 y siguientes del TRLGDCU frente a las cláusulas abusivas que pretendan limitar injustificadamente los derechos del consumidor.

Cabe recordar, que en las relaciones transfronterizas, los artículos 17 a 19 del Reglamento Bruselas I bis permiten al consumidor reclamar ante los tribunales de su domicilio cuando contrata para fines ajenos a su actividad profesional y el empresario desarrolla o dirige su actividad comercial a dicho Estado, siempre que el contrato esté comprendido en ella, sin perjuicio de otros supuestos específicos previstos legalmente. Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Roma I impide que la elección de una legislación extranjera prive al consumidor de la protección imperativa de su país de residencia habitual cuando concurren esos requisitos, con las excepciones establecidas en el propio Reglamento. De este modo, la internacionalización de los servicios digitales no debe traducirse en una pérdida de las garantías jurídicas del consumidor, quien podrá reclamar frente a su prestador acreditando el incumplimiento y, cuando corresponda, los perjuicios sufridos.

 

En conclusión,  para las empresas, la lección práctica es doble: revisar sus contratos tecnológicos y diseñar planes de contingencia que permitan comunicarse, acceder a información esencial y continuar operaciones críticas por vías alternativas. Para los consumidores, conocer los canales de reclamación y conservar pruebas resulta igualmente importante. Y para los grandes proveedores, episodios como este plantean una cuestión de confianza: cuanto más indispensable se vuelve una plataforma, más relevantes son la transparencia sobre sus fallos y la claridad de las garantías ofrecidas.

El apagón eléctrico de 2025 nos enseñó que la normalidad puede desaparecer al pulsar un interruptor; la caída de Microsoft recuerda que también puede hacerlo cuando una infraestructura digital deja de responder. Hemos aprendido a vivir conectados, pero todavía estamos definiendo quién soporta jurídicamente el coste de la desconexión. La respuesta no estará en la indignación ni en una exoneración general, sino en los contratos, la protección legal aplicable y la prueba de los daños. Porque la tecnología puede detenerse de improviso, pero los derechos de empresas y consumidores no deberían quedar en suspenso con ella.