Recientemente hemos vivido una serie de tragedias en distintos momentos, distintos lugares y distintos escenarios. Me refiero en primer lugar al accidente de Adamuz en Córdoba, que tuvo lugar el 18 de enero de 2026, en el que un tren Iryo descarriló debido a una rotura en la vía e invadió la vía contigua, chocando frontalmente con un tren Alvia de Renfe.
Javier de las Heras Dargel. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia
En segundo lugar, al accidente de tren ocurrido en Urda en Toledo el pasado 28 de octubre de 2026, tras una colisión por alcance en la que un tren AVE de Renfe chocó con otro tren de la compañía Iryo que se encontraba parado en la vía.
Y en tercer lugar, me refiero al fatal desenlace del futbolista del Tenerife Javier de Miguel, ocurrido el 3 de noviembre de 2026, tras sufrir un fuerte impacto en el pecho con la rodilla del portero del FC Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.
Estos tres trágicos sucesos no tienen relación entre sí, pero tienen un denominador común “la imprudencia con resultado de muerte”
Análisis del art 142 del C.P
En nuestro país, el delito de homicidio imprudente está tipificado en el artículo 142 del C.P, y se califican los hechos por este delito cuando la muerte de una o varias personas se producen por una negligencia o error. En dos de los casos descritos podría ser producido por parte de los maquinistas, operadores del centro del control, o responsables de infraestructura como Adif, o incluso podría caber una responsabilidad política. En el otro de los casos, no hay duda de quien es el responsable directo de la acción, obteniendo el mismo resultado “la muerte” pero causada en este caso por un lance del juego, excediéndose en una acción sin intencionalidad de causar su muerte, pero produciéndosela finalmente.
Nuestro código penal sanciona estas condutas, y tras la profunda reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, el legislador reconfiguró el esquema analítico de la imprudencia quedando de la siguiente manera:
Clasificaron la imprudencia, independiente de si hay o no consciencia o previsión, atendiendo a la gravedad de la peligrosidad y de la infracción de la norma de cuidado, distinguiendo entre imprudencia grave, imprudencia menos grave, constitutiva de delito leve solo si produce homicidio o lesiones graves, y por último imprudencia leve, que en virtud del principio de insignificancia es penalmente atípica.
Dicho esto, la Imprudencia Grave, calificada como la vulneración de las normas más elementales de cautela o la omisión del deber de cuidado exigible al ciudadano menos diligente, da origen al tipo de homicidio del art. 142.1 CP, castigado con penas de prisión de uno a cuatro años.
La imprudencia Menos Grave supone la infracción de un deber de cuidado formal o de mediana entidad (art. 142.2 CP). Está sancionada exclusivamente con una pena de multa de tres a dieciocho meses, y solo se inicia mediante denuncia previa de la persona agraviada o de sus representantes legales.
La Imprudencia Leve quedó despenalizada, quedando relegada, en su caso, a la vía de la responsabilidad civil extracontractual (art. 1902 del Código Civil). "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado."
Cabe precisar que el art. 142 CP explicita cualificaciones específicas para imprudencias cometidas mediante vehículos a motor, armas de fuego o negligencia profesional, guardando silencio respecto a la actividad deportiva, por tanto el análisis de los hechos debe someterse a las reglas generales de la dogmática de la imprudencia y la teoría de la imputación objetiva. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico el hecho de causar una muerte no equivale a ser culpable de la misma. Por tanto, la investigación judicial debe dirimir la relevancia penal del suceso a través de los filtros doctrinales.
Responsabilidades en los accidentes ferroviarios
La responsabilidad penal en los accidentes de tren debe ser analizada por el Juez instructor siguiendo la cadena de seguridad, es decir, no se debe dejar caer la responsabilidad en manos del maquinista, sino que aparte de investigar si el maquinista cometió algún error por exceso de velocidad o distracción, se debe analizar si los operadores del centro de control cometieron algún error a la hora de gestionar el tráfico ferroviario o erraron en las ordenes de seguimiento, o en los sistemas de señalización no advirtiendo con tiempo a los maquinistas, sin olvidar, en esta cadena de seguridad, la investigación de los posibles responsables técnicos o directivos, e incluso los responsables políticos, si se llega a demostrar falta de mantenimiento en las infraestructuras ( vías del tren) o en los sistemas de frenado automático ,o cualquier otro sistema de seguridad ferroviario.
El papel de los jueces es fundamental en esta clase de siniestros, buscan la verdad material, que es la verdad objetiva de cómo y por qué ocurrieron los hechos, tratando de que sea coincidente con la verdad judicial que es la que resuelve el procedimiento en forma de sentencia, valorando todas y cada una de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral. Los jueces de instrucción se encargan de la investigación judicial, y los Tribunales de valorar todas las pruebas e impartir justicia, no solo para depurar las posibles responsabilidades penales de los responsables de los siniestros, sino también para detectar y señalar donde se cometieron los fallos para que se modifiquen los protocolos de seguridad, y así evitar futuros accidentes.
Responsabilidades en los terrenos de juego cuando se causa una muerte
La imprudencia siempre será imprudencia con independencia del resultado, pero cuando a consecuencia de ella se provoca una muerte nuestro sistema judicial se activa para depurar responsabilidades.
El trágico desenlace del futbolista Jesús de Miguel (Club Deportivo Tenerife), tras el fuerte impacto a consecuencia del choque sufrido en un partido de fútbol con el guardameta Jesús Owono (F. C. Andorra) reabre el debate sobre la relevancia penal de las lesiones sufridas en competiciones oficiales. En este caso examinaremos los presupuestos dogmáticos de la imprudencia en el Código Penal español, la doctrina del Tribunal Supremo en torno a los «lances del juego» y la aplicación de la teoría de la imputación objetiva a través del concepto de riesgo permitido, concluyendo que la tipicidad penal queda excluida cuando la conducta se subsume en el reglamento de la disciplina deportiva, no obstante, por otro lado suscita una problemática jurídica que podría trascender de las fronteras de lo deportivo.
De hecho el Juzgado de Instrucción número 2 de Sata Cruz de Tenerife, ha iniciado una investigación, y el Juez será quien dictamine si el resultado letal de la acción violenta dentro de una jugada que termina en un brutal choque entre ambos jugadores merece reproche penal y encaja en los tipos de homicidio imprudente regulados en nuestro código penal, o si por el contrario, podemos decir que nos encontramos ante una acción fortuita exenta de responsabilidad penal.
Doctrina del Supremo y Teoría del Riesgo Permitido
Debemos entender que para que una conducta lesiva tenga reproche penal debe concurrir un comportamiento culpable del sujeto activo (acción u omisión) y un nexo causal que relacione dicha acción con el resultado material (la muerte). Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo matiza la causalidad natural a través de criterios normativos como la Teoría del riesgo permitido y la imputación objetiva.
Existen ciertas actividades cotidianas, como la conducción de vehículos a motor, la utilización de armas de fuego, o la práctica del deporte, que conllevan un cierto peligro intrínseco para los bienes jurídicos. El Estado asume este peligro y lo normaliza bajo un riesgo permitido, ya que no hay delito de homicidio imprudente cuando el resultado lesivo se produce dentro de los márgenes de ese peligro permitido por la norma jurídica, o bien cuando el fatal desenlace es como consecuencia de un choque fortuito. Es decir, no se apreciaría delito de homicidio imprudente si conduciendo un vehículo a la velocidad establecida en la vía, y como consecuencia de un pinchazo en el neumático se invade el carril contrario provocando un accidente mortal, al igual que no cabría homicidio imprudente si en el transcurso de un partido de futbol, en una jugada aislada se produce un choque violento sin intencionalidad de dañar que provocase la muerte del otro jugador.
Sin embargo, sí cabría la existencia de un delito de homicidio imprudente menos grave si un individuo que circula correctamente con su vehículo, pero se distrae un instante al recibir una llamada telefónica y manipular su teléfono móvil, colisiona con otro vehículo causando la muerte del otro conductor. O si un jugador de futbol que con ánimo de causar daño a otro jugador al que guarda un rencor manifiesto derivado de una acción anterior, le produce una entrada violenta causándole la muerte.
No obstante, la jurisprudencia establece que las lesiones o muertes acaecidas durante el desarrollo de una actividad deportiva, como puede ser el futbol profesional, no son punibles. Para que exista reproche penal, la acción debe desvincularse por completo de la dinámica deportiva. El Alto Tribunal delimita el castigo penal a supuestos de agresión dolosa y deliberada, caracterizados habitualmente por producirse con el juego totalmente detenido y con la intencionalidad de causar daño, desnaturalizando la competición. Por tanto, las acciones excesivamente violentas derivadas del propio lance del juego, se deben sancionar en el ámbito deportivo, no en el ámbito penal.
Por tanto, como norma general, y con independencia de que el caso esté judicializado en estos momentos, ante un suceso como el ocurrido en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, deberían ser los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol los encargados de dilucidar si la salida del guardameta Owono constituyó una acción antirreglamentaria encuadrable como juego peligroso o muy peligroso. Recayendo en la investigación judicial si en la mecánica del choque se puede acreditar la ausencia o presencia de una intencionalidad lesiva ajena al propósito de disputar el balón, que acredite que el guardameta creó un peligro que excedía del riesgo propio del fútbol mediante una conducta imprudente que causara el fallecimiento del delantero.
Cabría preguntarse si la entrada que acabó golpeando en el pecho del delantero fue con la omisión de cuidado de un guardameta poco cuidadoso o, por el contrario, se vulneró con menor entidad este deber de cuidado. Al tratarse de delito imprudente, no entraría en juego la intención de lesionar del sujeto, no hay dolo en un delito imprudente, ni siquiera eventual. Todo apunta a que lo que buscaba el guardameta con esta jugada era evitar que marcase un gol, no causar un daño mortal al delantero.
Más allá de los límites de la imprudencia con resultado de muerte, un desenlace de esta naturaleza deja siempre un doble drama humano. Mientras el foco público y el dolor social se vuelcan de forma lógica en la figura del futbolista fallecido y sus familiares, la justicia y el entorno tienden a descuidar el impacto psicológico sobre el causante de la acción; un deportista que, lejos de la voluntariedad, se convierte en la otra víctima de una tragedia que le marcará de por vida. Por eso, se deben tratar con cautela estos asuntos para no herir la sensibilidad de unos y otros.