- Conforme a la Ley 2/2023, en España la regla general es que todas las empresas privadas con 50 o más trabajadores están obligadas a disponer de un canal de denuncias, integrado en un sistema interno de información.
- Sin embargo, no todos los servicios que ofrecen una herramienta de canal de denuncias son válidos. Unos requisitos los impone directamente la Ley 2/2023; otros proceden de la Recomendación 1/2026 de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), que no tiene rango normativo pero sí es el estándar con el que la Autoridad supervisará los sistemas.
La obligatoriedad de implementar un canal de denuncias afecta tanto al sector público como al privado, aunque con importantes matices.
En el sector privado, la regla general es la plantilla de 50 o más trabajadores. Pero no es el único supuesto: el artículo 10 de la Ley 2/2023 obliga también, con independencia del número de trabajadores, a los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales (Ley 10/2010) y a las entidades que operan en determinados ámbitos, como los servicios financieros, el transporte o la protección del medio ambiente. Muchas organizaciones pequeñas asumen que la obligación no les alcanza por plantilla cuando en realidad les alcanza por sector.
En el sector público, la norma elimina el requisito de plantilla, y el canal de denuncias es obligatorio en administraciones públicas (o entidades dependientes de ellas), universidades no privadas, órganos constitucionales, corporaciones de Derecho público, fundaciones públicas o sociedades mercantiles con más del 50 % de intervención pública en su capital.
También están incluidas las autoridades administrativas independientes, como el Banco de España y a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales —y sus fundaciones— cuando reciban o gestionen fondos públicos, cualquiera que sea su plantilla.
No obstante, los negocios que no encajen en los supuestos obligatorios pueden optar por crear un sistema interno de información con canal de denuncias de forma voluntaria.
El Responsable del Sistema de Información Interna es el único encargado de la gestión, tramitación y resolución de las denuncias.
1. Dualidad de canales: escrito y verbal. No basta con un formulario web. El sistema debe permitir también la comunicación por vía verbal, y documentarla mediante grabación de la conversación o mediante una transcripción completa que el informante pueda comprobar, rectificar y validar.
2. Anonimato y comunicación bidireccional. El informante tiene derecho a comunicar de forma anónima. La AIPI recomienda emplear tecnología que permita mantener una comunicación permanente con él aunque sea anónimo, y hay una razón práctica de peso: sin ese canal de vuelta no es posible cumplir el acuse de recibo en siete días naturales ni informar del resultado dentro de los tres meses que exige el artículo 9, lo que obliga a dejar constancia en el expediente de la imposibilidad de hacerlo.
3. Prevención del conflicto de intereses. El sistema debe estar habilitado para derivar una comunicación a un gestor distinto cuando el informante considere que puede existir un conflicto entre su comunicación y la persona responsable de tramitarla.
4. Preservación de la cadena de custodia. Cualquier interacción debe quedar registrada, de modo que no pueda cuestionarse después la integridad ni la confidencialidad de la comunicación. El libro-registro del artículo 26 es la pieza mínima; la trazabilidad completa de cada actuación es lo que sostiene el valor probatorio del expediente.
5. Supresión de datos personales sin alterar la comunicación. La Ley exige suprimir los datos personales de las comunicaciones, pero sin que ello comprometa la cadena de custodia ni la integridad de la información, conservando así su validez probatoria. Compatibilizar supresión e integridad es, en la práctica, uno de los puntos donde más herramientas fallan.
6. Accesos limitados y confidenciales. Solo pueden acceder al contenido de las comunicaciones las personas señaladas por la Ley (el Responsable del Sistema, y en los supuestos tasados Recursos Humanos, los servicios jurídicos o el Delegado de Protección de Datos), y siempre en el ámbito de sus competencias y funciones. El acceso potencial de otras personas supone un incumplimiento grave.
7. Prohibición de alteración o eliminación. Las comunicaciones deben conservarse en los términos previstos por la norma. Si el software permite borrar o modificar comunicaciones sin trazabilidad inalterable, difícilmente podrá acreditarse después el correcto funcionamiento del sistema ante la Autoridad o ante un juez.
8. Seguridad y cifrado de la información. La AIPI recomienda que el sistema opere sobre una plataforma informática segura y cifrada que garantice la confidencialidad del informante y de la comunicación durante todo el procedimiento —lo que en la práctica implica un software específico, no un correo electrónico ni un formulario genérico—. Para las entidades del sector público, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) es una obligación legal directa.
9. El informante debe poder solicitar una reunión presencial. A solicitud del informante debe celebrarse una reunión presencial dentro del plazo máximo de siete días. La comunicación así presentada debe incorporarse al sistema y tramitarse con las mismas garantías que cualquier otra, lo que exige que la herramienta permita registrar y documentar comunicaciones que no han nacido en el formulario web.
10. Remisión al Ministerio Fiscal y comunicación a la persona afectada. Cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, debe remitirse la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato, o a la Fiscalía Europea si los hechos afectan a los intereses financieros de la Unión. Esta actuación debe quedar registrada en el sistema. Con independencia de ello, el procedimiento debe garantizar los derechos de la persona afectada, que ha de ser informada de las acciones u omisiones que se le atribuyen, con las cautelas que no comprometan la investigación ni la confidencialidad del informante.
Existen soluciones de canal de denuncias gratuitas, o que se incluyen sin cargo adicional en aplicaciones para empresas tales como plataformas de recursos humanos, como las que incluyen el control horario.
El problema no es el precio: es el alcance funcional. Cuando una de estas soluciones se limita a un formulario web estático, conviene comprobar punto por punto si permite cumplir lo que la norma exige. En particular:
- Un formulario escrito no documenta una comunicación verbal. Se exige grabación o transcripción completa validada por el informante. Si la herramienta no graba ni transcribe, la vía verbal queda fuera del sistema.
- Una reunión presencial solicitada por el informante tiene que entrar en el expediente. Si el único punto de entrada es el formulario, no hay forma de incorporarla con las mismas garantías.
- Sin comunicación de vuelta no hay acuse de recibo ni respuesta al informante anónimo, y los plazos del artículo 9 siguen corriendo.
- Sin trazabilidad inalterable no se acredita la cadena de custodia. Si las comunicaciones pueden editarse o borrarse sin dejar registro, el expediente pierde valor probatorio justo cuando hace falta.
- La supresión de datos personales del artículo 32 debe poder ejecutarse sin destruir la integridad del resto de la información, lo que exige una gestión de datos pensada para ello.
- La confidencialidad depende del control de accesos. Si cualquier usuario con permisos de administración de la plataforma de RR. HH. puede ver las comunicaciones, el requisito 6 no se cumple.
Conviene por tanto verificar cada uno de estos puntos antes de dar por válida una herramienta, con independencia de cómo se comercialice. Y vale la pena hacerlo: el régimen sancionador de la Ley 2/2023 contempla multas de hasta 1.000.000 de euros para las infracciones muy graves, además del riesgo de que el canal no resulte útil precisamente en el momento en el que la organización necesita acreditar que funcionaba.
Aunque haya alternativas resulten atractivas por su gratuidad e inmediatez, decantarse por ellas conlleva un riesgo sancionador muy elevado.
El software de compliance Centinela, de la editorial Lefebvre facilita que empresas, despachos profesionales y entidades del sector público gestionen de forma centralizada todos sus sistemas de compliance desde una única interfaz, altamente intuitiva y recientemente renovada.
Centinela incluye el servicio de canal de denuncias propio, diseñado específicamente sobre los requisitos de la Ley 2/2023 y los criterios de la Recomendación 1/2026 de la AIPI.
Las funcionalidades de Centinela, ahora potenciada con inteligencia artificial, son las siguientes:
Riesgos
Centinela aporta un estándar de calidad para la evaluación de los riesgos asociados a una organización en función de diferentes marcos normativos. Así, los usuarios disponen de un completo listado de cuestiones a evaluar señalando su probabilidad e impacto, a partir del cual puedas establecer medidas y controles para su mitigación.
Tareas
Administrar y mantener al día un modelo de compliance exige un trabajo conjunto de los miembros del equipo, y muchas veces de colaboradores externos. En este sentido, Centinela permite esta interacción múltiple, así como el seguimiento de las tareas, generando traza de toda la actividad realizada.
Alertas
La creación de alertas ligadas a conceptos concretos, documentos o tareas -con la posibilidad de que puedan ser periódicas e implicar cualquier contacto- evita descuidos e incumplimientos de plazos, favoreciendo una actualización efectiva del sistema de cumplimiento y haciendo más fácil la labor de revisión.
Permisos
Esta función garantiza que se pueda decidir qué usuarios pueden acceder a los diferentes marcos de cumplimiento e, incluso, con qué nivel de acceso pueden hacerlo. Asimismo, se puede conocer en todo momento quién es el autor de cualquier edición o modificación en la información.
Evidencias
En general, cualquier actividad realizada en la aplicación queda almacenada y es trazable. De esta manera. Centinela puede ayudar a una exoneración de la responsabilidad, demostrando la voluntad de cumplimiento y la realización de una gestión adecuada y diligente.
Informes
Además de obtener toda la documentación necesaria para implantar un sistema de cumplimiento en función de cada materia, Centinela vuelca automáticamente los datos a plantillas y documentos para ahorrar tiempo y minimiza errores.
Asimismo, Centinela cuenta con funciones adicionales, como el canal de denuncias antes mencionado u otros servicios como el plan de integridad o el plan de igualdad, o los vinculados con la privacidad y lo penal.
Puedes solicitar una demo gratuita de Centinela aquí. Pruébalo sin ningún compromiso. Un gran número de negocios y entidades ya lo están usando cada día.