Virginia Domingo de la Fuente
INTRODUCCIÓN
El 28 % de las chicas de 16-17 años ha sufrido ciberviolencia: ¿dónde está la responsabilidad?La Fiscalía ha advertido de la concentración de la ciberviolencia de género entre adolescentes y del creciente uso de la inteligencia artificial para cometer este tipo de conductas. Según su Memoria, el 28 % de las chicas de 16 y 17 años habría sufrido ciberviolencia. Esta noticia, publicada hace unas semanas, pone de manifiesto cómo están cambiando las problemáticas delictivas entre adolescentes y cómo los avances tecnológicos están transformando tanto las formas de ejercer la violencia como sus efectos sobre las víctimas. El acoso escolar y la violencia de género también ha cambiado y, además de aumentar, plantea nuevos retos por la dimensión y el alcance de los daños que produce. Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿cómo responsabilizamos cuando el daño se produce detrás de una pantalla y, sobre todo, qué estamos haciendo para prevenirlo?
CIBERVIOLENCIA Y JUSTICIA RESTAURATIVA
En un momento en el que todo el mundo parece haber oído hablar de justicia restaurativa, sería necesario detenernos a examinar qué estamos haciendo realmente en la práctica. Es decir, qué intervenciones restaurativas estamos ofreciendo, no solo en el ámbito penal, sino también en otros espacios comunitarios como el escolar. La justicia restaurativa ha evolucionado y ya no puede entenderse únicamente como un paradigma de justicia aplicable al ámbito penal o como una forma de fomentar la reparación del daño. También es una manera de construir, fortalecer y, cuando es necesario, reparar las comunidades.
Oigo hablar de prácticas restaurativas en colegios y escuelas, pero cuando se concretan los proyectos y las intervenciones, muchas veces no consigo ver cómo se traducen realmente en la práctica. Y si tenemos datos como los que estamos manejando, quizá debamos preguntarnos si estamos entendiendo bien cómo utilizar la justicia restaurativa. Aquí debemos hacer autocrítica quienes nos dedicamos a este ámbito. Las verdaderas intervenciones restaurativas no pueden reducirse a formar a profesores y otros miembros de la comunidad escolar y realizar algunas actividades esporádicas destinadas a fomentar la empatía o el diálogo entre los alumnos. Estas acciones pueden ser útiles, pero no sustituyen a programas restaurativos diseñados para responder a daños concretos y sostenidos en el tiempo. Además, muchas de las iniciativas que se financian siguen centradas en informar sobre el problema, sensibilizar o fomentar la denuncia, pero se presta mucha menos atención a cómo prevenir realmente estas conductas y, sobre todo, a cómo intervenir y reparar cuando el daño ya se ha producido.
Es una constante que encontramos en ámbitos como la violencia sexual y de género o el acoso escolar: muchas campañas de concienciación y pocas intervenciones capaces de prevenir, abordar y reparar los daños.
Volviendo a la ciberviolencia, el problema es especialmente complejo porque debemos preguntarnos cómo reparar una imagen que ya ha circulado, cómo afrontar la pérdida de control sobre la propia intimidad y cómo ayudar a una víctima a recuperar el control sobre lo ocurrido. La utilización de inteligencia artificial añade además nuevas posibilidades de generar y difundir contenidos falsos que pueden multiplicar el daño. Vivimos en un mundo tecnológico en el que las redes sociales amplifican los daños. El acoso que antes podía quedar limitado al colegio, al patio o al camino de vuelta a casa, ahora continúa fuera de esos espacios y puede difundirse rápidamente a través de redes sociales, WhatsApp y otras plataformas, afectando de manera mucho más intensa a la vida social y cotidiana de los adolescentes. La ciberviolencia o violencia digital comprende el uso de tecnologías, internet y redes sociales para agredir, hostigar, amenazar o dañar la dignidad, la privacidad y la integridad emocional o física de una persona. Sus consecuencias pueden ser muy graves: ansiedad, miedo, depresión y, especialmente, aislamiento social. Existen diferentes formas de ciberviolencia y una de ellas es el ciberacoso, que implica conductas reiteradas de intimidación entre jóvenes o menores mediante mensajes hirientes, amenazas, perfiles falsos o la difusión de determinados contenidos. A ello debemos añadir ahora el uso de la inteligencia artificial para crear y difundir imágenes falsas que pueden atentar gravemente contra la intimidad y dignidad de chicas y chicos.
Cuando se descubre un daño de este tipo, las respuestas suelen centrarse en denunciar y adoptar medidas disciplinarias desde los centros educativos. En ocasiones, estos últimos intentan desentenderse porque la violencia no se produce físicamente dentro del colegio, sino en entornos digitales. Sin embargo, quienes la sufren y quienes la ejercen siguen formando parte de la comunidad escolar.
Por ello, como comunidad, deberíamos ser capaces de hacer algo más que expulsar o castigar. No se trata de evitar la denuncia penal, que es legítima y necesaria cuando corresponde, sino de ofrecer un plus a aquellas personas que necesitan algo más: sentirse escuchadas, comprendidas, respetadas y reparadas. Es imprescindible comprender que el daño no afecta únicamente a la víctima y a la persona que lo causa. También afecta a la comunidad y, especialmente, a la comunidad escolar.
Por eso tiene sentido diseñar intervenciones restaurativas en diferentes niveles: interpersonal, pero también comunitario.
Es necesario trabajar con quien ha causado el daño, especialmente cuando puede minimizarlo o incluso negarlo; ofrecer espacios restaurativos a las víctimas para que sus historias sean escuchadas y reconocidas, evitando que la comunidad las minimice con un «no es para tanto» o «ya pasará»; y generar otros espacios en los que el resto de la comunidad pueda expresar cómo ha vivido lo sucedido, qué necesita y qué puede aportar para evitar que vuelva a ocurrir. Estas intervenciones no pueden ser gestionadas por cualquiera. No están recogidas en un manual que pueda aplicarse automáticamente y, sobre todo, no son mediación, terapia ni comunicación no violenta. Requieren un diseño adecuado y deben ser gestionadas por profesionales con formación y experiencia en justicia restaurativa. Una persona facilitadora debe saber valorar cada situación, identificar qué intervención restaurativa sería la más adecuada. Y también debe saber cuándo un encuentro directo no es adecuado y qué otras formas de participación y reparación pueden ofrecerse.
Por eso resulta difícil entender que la justicia restaurativa no esté más generalizada como respuesta complementaria cuando se producen daños de esta naturaleza en los centros educativos, especialmente cuando asistimos continuamente a formaciones, jornadas y congresos en los que se habla de convivencia y justicia restaurativa. Parece que, igual que sucede en ocasiones en el ámbito penal, también en otros espacios existe el riesgo de que haya más discurso y marketing que verdaderas intervenciones. O quizá, y como señalaba recientemente, el intrusismo profesional esté contribuyendo a desvirtuar lo que la justicia restaurativa puede ofrecer a las personas y, sobre todo, a las comunidades. Porque necesitamos algo más que el reproche penal o la sanción administrativa. Necesitamos que quien ha causado el daño comprenda el impacto de sus acciones; que las víctimas puedan contar su historia y sean reconocidas; y que se valore cómo reparar, siempre escuchando sus necesidades. La reparación no consiste necesariamente en pedir perdón o perdonar. Tiene muchas más dimensiones y debe construirse a partir de lo que cada persona afectada necesita.
En la ciberviolencia esta reparación debe ser especialmente amplia, buscando recuperar, en la medida de lo posible, el control que la víctima ha perdido sobre su propia historia y sobre un daño que puede continuar circulando. Pero también debemos reparar a la comunidad. Por eso es necesario implicar a toda la comunidad escolar, no solo en la reparación del daño, sino también en la construcción de respuestas que permitan prevenir nuevos daños y favorecer una verdadera sanación colectiva.
JUSTICIA RESTAURATIVA PARA ABORDAR LAS CAUSAS Y NO SOLO REPARAR LOS DAÑOS
La Memoria de la Fiscalía aborda algunos de los factores de riesgo y de las causas que pueden estar detrás del incremento del acoso escolar y, en este caso, de la ciberviolencia. Entre ellos se señalan las deficiencias educativas. Según la Fiscalía General del Estado, los esfuerzos en formación en igualdad no están calando suficientemente entre la juventud, lo que pone de manifiesto determinadas carencias en los valores que estamos transmitiendo. A ello se suma el impacto de las redes sociales, donde proliferan contenidos y bulos que minimizan o incluso niegan la violencia de género. Y, como nuevo elemento, el uso creciente de la inteligencia artificial para perpetrar estas agresiones, con la dificultad añadida que supone para su detección e investigación.
Nos encontramos, por tanto, ante un doble desafío: el incremento del acoso entre adolescentes y la aparición de nuevas formas de ciberviolencia, algunas de ellas vinculadas a la violencia de género y favorecidas por el uso de las tecnologías. Pero esta realidad no puede abordarse únicamente desde una perspectiva penal. La comunidad escolar tiene mucho que decir y es precisamente ahí donde deberíamos empezar a plantearnos verdaderos programas integrales de justicia restaurativa capaces de convertir los centros educativos en comunidades restaurativas.
Como planteo en mi libro, es posible construir centros escolares, comunidades y barrios restaurativos, centros penitenciarios, centros deportivos, familias y espacios laborales restaurativos. Para ello debemos crear espacios restaurativos de primer y segundo nivel que permitan no solo intervenir cuando el daño ya se ha producido, sino también trabajar sobre las condiciones que favorecen su aparición. De esta manera, podremos abordar las causas del acoso y la ciberviolencia, explorar las raíces de la violencia de género, generar una conciencia colectiva sobre nuestra responsabilidad como comunidad y, sobre todo, dar voz a las personas.
Las comunidades restaurativas no deberían limitarse a reaccionar ante el daño. También deben construir comunidad. Crear espacios de diálogo en los que las personas puedan escucharse, comprender cómo determinadas conductas afectan a los demás y expresar sus necesidades, miedos y expectativas, puede contribuir a generar vínculos y conexiones más fuertes. Y una comunidad en la que las personas se sienten escuchadas, reconocidas y parte de algo común dispone de mayores recursos para prevenir y afrontar los daños cuando aparecen.
Por eso, hablar de justicia restaurativa implica también hablar de prevención. No podemos esperar a que aparezca una víctima para comenzar a preguntarnos qué está fallando.
Debemos crear espacios en los que se pueda trabajar previamente sobre las relaciones, los valores, la responsabilidad y la manera en que afrontamos los conflictos y los daños. Se trata, por tanto, de realizar verdaderas intervenciones restaurativas en las comunidades (escolares, laborales, familiares, deportivas o vecinales) para construirlas, fortalecerlas y, cuando sea necesario, repararlas. Pero también de utilizarlas como espacios de transformación social, implicando a la comunidad no solo como víctima indirecta de los daños, sino como agente responsable de su prevención y de su reparación.
La justicia restaurativa tiene aquí un enorme potencial, pero solo si estamos dispuestos a desarrollarlo más allá de actividades puntuales y discursos generales. La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿queremos seguir hablando de las bondades de la justicia restaurativa y conformarnos con intervenciones escasas, o estamos realmente dispuestos a apostar por comunidades restaurativas capaces de prevenir, afrontar y reparar los daños?
CONCLUSIONES: DE HABLAR DE JUSTICIA RESTAURATIVA A HACER JUSTICIA RESTAURATIVA
La ciberviolencia nos obliga a mirar más allá de la respuesta penal y de las medidas disciplinarias. Cuando el daño se produce dentro de una comunidad, también debemos preguntarnos qué ha ocurrido en esa comunidad, cómo ha afectado a quienes la integran y qué podemos hacer para que no vuelva a suceder. La justicia restaurativa puede aportar mucho en este ámbito, pero únicamente si somos capaces de llevarla a la práctica con intervenciones serias, continuadas y adaptadas a cada realidad.
Durante demasiado tiempo hemos confundido hablar de justicia restaurativa con hacer justicia restaurativa. Una formación, un taller, un círculo puntual o una actividad sobre empatía y convivencia pueden ser útiles, pero no constituyen por sí mismos un programa restaurativo. Del mismo modo, conocer determinadas herramientas no convierte automáticamente a alguien en profesional de la justicia restaurativa. Las intervenciones ante situaciones de daño requieren conocimientos, experiencia, capacidad para valorar cada caso y, sobre todo, comprender cuándo una intervención restaurativa es adecuada, cómo debe diseñarse y qué límites deben respetarse. Por ello, también debemos hacer autocrítica desde quienes trabajamos en este ámbito. No podemos reclamar que la justicia restaurativa sea reconocida como una verdadera alternativa o complemento cuando nosotros mismos permitimos que se reduzca a actividades aisladas, a discursos bienintencionados o a una etiqueta que puede utilizarse para proyectos que poco tienen que ver con una auténtica intervención restaurativa.
Necesitamos, por tanto, hacer más, pero hacerlo mejor.
Apostar por verdaderos profesionales de la justicia restaurativa, capaces de diseñar programas integrales y no únicamente de aplicar herramientas; profesionales que sepan trabajar con víctimas, personas responsables del daño y comunidades, y que comprendan que restaurar o reparar no significa simplemente dialogar, pedir perdón o alcanzar un acuerdo.
La respuesta a la ciberviolencia no puede limitarse a enseñar a denunciar cuando el daño ya se ha producido. Necesitamos comunidades capaces de prevenir, detectar, afrontar y reparar los daños. Y para construir esas comunidades restaurativas hacen falta profesionales preparados, programas sostenidos y una verdadera apuesta institucional, no únicamente actividades puntuales. Quizá la cuestión que deberíamos plantearnos ya no sea cuánto hablamos de justicia restaurativa, sino cuánta justicia restaurativa estamos realmente haciendo. Porque entre ambas cosas existe una diferencia importante: una puede generar un discurso atractivo; la otra puede transformar la vida de las personas y de las comunidades.
