Virginia Domingo de la Fuente
La justicia restaurativa está despertando un interés creciente entre los profesionales del Derecho. Cada vez son más los despachos y abogados que incorporan este concepto a sus discursos y propuestas de intervención penal. Es una buena noticia que la abogacía comience a mirar más allá de la respuesta punitiva tradicional y comprenda que las consecuencias de un delito no se agotan en la imposición de una pena.
Sin embargo, esta expansión también está generando algunas confusiones que merecen una reflexión. Una de ellas es presentar la denominada defensa penal restaurativa como si el ejercicio de la abogacía y la facilitación de procesos de justicia restaurativa fueran funciones que pueden confundirse o desarrollarse indistintamente por un mismo profesional en un mismo asunto.
Y es necesario aclararlo: tener un enfoque restaurativo en el ejercicio de la abogacía no es lo mismo que facilitar un proceso de justicia restaurativa.
No se trata de establecer una confrontación entre abogados y facilitadores, ni de negar que la abogacía pueda realizar aportaciones muy valiosas a la expansión de la justicia restaurativa. Se trata de respetar la naturaleza de cada función y, sobre todo, de proteger las garantías de las personas que participan en estos procesos.
UNA ABOGACIA CON MIRADA RESTAURATIVA: NECESARIA Y POSITIVA
Un abogado puede y debe conocer los principios de la justicia restaurativa. Puede comprender que la respuesta al delito no tiene por qué limitarse a la pena, que la víctima necesita algo más que una indemnización y que la persona que ha cometido un delito debe tener la oportunidad de comprender el impacto de sus acciones y asumir su responsabilidad.
Un abogado con enfoque restaurativo puede asesorar a su cliente sobre la posibilidad de participar voluntariamente en un proceso restaurativo, explicarle sus implicaciones jurídicas, recomendar su derivación cuando resulte adecuado y acompañarlo jurídicamente durante el procedimiento.
También puede ayudar a su cliente a comprender que reparar el daño no significa simplemente pagar una cantidad de dinero, sino reconocer las consecuencias de lo sucedido y explorar formas de responsabilización y reparación.Todo ello es compatible con una defensa jurídica que tenga presente la dimensión humana y social del delito.Pero hay una diferencia fundamental: el abogado representa y defiende los intereses jurídicos de su cliente.
El facilitador no representa a ninguna de las partes. Su responsabilidad es garantizar las condiciones necesarias para que las personas participantes puedan abordar el daño, sus consecuencias y las posibles formas de reparación.
Son funciones distintas, con objetivos y responsabilidades diferentes.
¿ PUEDE QUIEN DEFIENDE A UNA PERSONA FACILITAR AL MISMO TIEMPO UN PROCESO RESTAURATIVO?
Esta es una cuestión que no debería pasar inadvertida. Imaginemos que un abogado representa a una persona acusada de un delito y, además, asume la facilitación del proceso restaurativo entre su cliente y la víctima.
¿Desde qué posición va a trabajar la responsabilización de la persona ofensora? ¿Cómo va a gestionar la necesidad de que esta comprenda el daño causado cuando su propia función profesional consiste en proteger sus intereses jurídicos?Y, sobre todo, ¿qué garantías tiene la víctima de que el profesional que facilita el proceso está en una posición independiente respecto de la persona que representa?
No se cuestiona la buena voluntad ni la profesionalidad del abogado. Se cuestiona la compatibilidad de dos funciones que responden a lógicas diferentes.El abogado tiene un deber de defensa y lealtad hacia su cliente. El facilitador debe preservar la imparcialidad del proceso y atender a las necesidades e intereses de todas las personas participantes. No puede estar condicionado por una estrategia de defensa, ni por el interés de conseguir un acuerdo que pueda beneficiar procesalmente a una de las partes, en este caso su cliente.
La justicia restaurativa necesita espacios de confianza. Y esa confianza puede verse comprometida cuando quien facilita el encuentro tiene, al mismo tiempo, una relación profesional de defensa con una de las personas participantes. Esto no significa que un abogado no pueda formarse como facilitador o ejercer ambas profesiones en distintos asuntos. Aunque la realidad es que todos los servicios de justicia restaurativa en los diferentes países son servicios públicos, gratuitos y prestados por personas con dedicación exclusiva no por colegios profesionales. Pero lo que sí está claro y es muy cuestionable es que acumule ambas funciones en el mismo proceso, especialmente cuando representa jurídicamente a una de las partes.La separación de roles no es una cuestión corporativa. Es una garantía para quienes participan.
LA REPARACIÓN NO ES SOLAMENTE UNA INDEMNIZACIÓN ECONÓMICA
Hay otra confusión que puede acompañar a esta visión de la defensa penal restaurativa: identificar la reparación con el pago de una indemnización.
La responsabilidad civil derivada del delito es importante y puede ser una forma de reparar el daño. Pero la justicia restaurativa nos invita a comprender que las consecuencias de un delito son mucho más amplias que las económicas. Las víctimas pueden necesitar conocer la verdad, obtener respuestas, ser escuchadas, expresar cómo ha cambiado su vida, recibir reconocimiento del daño o comprobar que la persona responsable ha comprendido las consecuencias de sus actos.
Algunas necesitan recuperar la sensación de seguridad y control sobre su propia vida. Otras desean que lo sucedido no vuelva a repetirse. Y otras pueden necesitar simplemente que alguien escuche su historia sin juzgarla ni decidir por ellas qué deberían sentir o necesitar. No todas las víctimas quieren lo mismo. Tampoco todas desean encontrarse con la persona ofensora. Precisamente por eso, un proceso restaurativo debe partir de una exploración individualizada de las necesidades y expectativas de cada participante. La reparación no puede decidirse anticipadamente desde la estrategia jurídica de una de las partes. Tampoco puede reducirse a una negociación sobre cantidades económicas.
Cuando esto sucede, corremos el riesgo de convertir la justicia restaurativa en una modalidad de negociación o de conformidad penal, perdiendo aquello que la hace diferente.
Y el problema puede que se encuentre aquí : los cursos y jornadas sobre justicia restaurativa que se ofertan en España, en los que participan jueces, fiscales —algunos de ellos con una visión muy centrada en la conformidad—, expolíticos y funcionarios, poco pueden aportar a quienes realmente quieren conocer qué es la justicia restaurativa y, sobre todo, cómo se aplica.
La formación de los futuros facilitadores en España está, tristemente, supeditada en demasiadas ocasiones a teóricos y, como mucho, a profesionales de la mediación que poco o nada saben de justicia restaurativa. Resulta paradójico que los mediadores reivindiquen una formación adecuada para ejercer su profesión, que jueces y fiscales tengan claro que para desempeñar sus funciones necesitan una preparación rigurosa y superar una oposición y, sin embargo, para ser facilitador de justicia restaurativa parezca bastar con declararse defensor o entusiasta de esta filosofía para adquirir, casi automáticamente, la condición de experto.
Este es, precisamente, uno de los verdaderos problemas de todo lo que rodea actualmente a la justicia restaurativa en España: se habla mucho de ella, se enseña desde perspectivas muy diversas, pero se sigue dejando en un segundo plano la experiencia práctica, la formación especializada y el conocimiento profundo de lo que realmente significa facilitar un proceso restaurativo.
EL FACILITADOR TIENE UNA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDE CONFUNDIRSE CON LA DEFENSA JURÍDICA
Facilitar un proceso restaurativo exige una preparación específica. No basta con conocer la legislación penal, tener experiencia en negociación o ser un buen profesional de la abogacía.El facilitador debe saber preparar individualmente a las personas, explorar sus necesidades, expectativas y temores, valorar la idoneidad del proceso y posibles situaciones de vulnerabilidad, gestionar emociones y acompañar procesos de responsabilización.
También debe saber cuándo no es adecuado iniciar un proceso restaurativo, cuándo es necesario detenerlo y cómo evitar que la participación pueda generar victimización secundaria.
Su función no consiste en conseguir un acuerdo, obtener una disculpa o facilitar una indemnización. Tampoco consiste en convencer a la víctima para que participe o a la persona ofensora para que reconozca determinados hechos.
Se trata de crear un espacio seguro en el que las personas puedan decidir libremente si quieren abordar las consecuencias del daño y de qué manera hacerlo.
La Recomendación CM/Rec(2018)8 del Consejo de Europa sobre justicia restaurativa en materia penal insiste en la importancia de la competencia, formación e imparcialidad de quienes facilitan estos procesos. Asimismo, la Directiva 2012/29/UE establece garantías específicas para proteger a las víctimas cuando recurren a servicios de justicia reparadora, entre ellas la necesidad de que su participación sea libre e informada y de evitar la victimización secundaria.
Estas exigencias no son simples recomendaciones profesionales. Forman parte de las garantías que permiten diferenciar un verdadero proceso restaurativo de otras intervenciones jurídicas.
NO TODO LO QUE SE PRESENTA COMO RESTAURATIVO ES JUSTICIA RESTAURATIVA
El creciente interés por la justicia restaurativa es positivo, pero también existe el riesgo de que el término termine utilizándose para identificar cualquier actuación que incorpore diálogo, negociación, reparación o una atención más humanizada del delito. La justicia restaurativa no es una estrategia de defensa, ni una negociación indemnizatoria, ni una herramienta para conseguir una reducción de pena. Puede tener consecuencias jurídicas y estas deben ser conocidas por las partes y sus abogados, pero no constituyen su finalidad esencial.
Su razón de ser es abordar el daño y sus consecuencias, reconocer a las personas afectadas y ofrecerles la posibilidad de participar voluntariamente en un proceso orientado a la responsabilización y la reparación.Por eso necesitamos abogados que conozcan la justicia restaurativa, jueces y fiscales que comprendan sus posibilidades, y facilitadores con formación especializada que puedan desarrollar procesos con garantías. La colaboración entre todos ellos es imprescindible. La abogacía puede contribuir enormemente a que la justicia restaurativa sea conocida, respetada y utilizada adecuadamente. Pero esa colaboración requiere reconocer que cada profesional tiene una función propia.
CONCLUSIONES
La incorporación de la mirada restaurativa al ejercicio de la abogacía es una evolución positiva y necesaria. Necesitamos profesionales del Derecho que comprendan que el delito no es únicamente una infracción de normas, que la víctima no puede quedar reducida a una reclamación indemnizatoria y que la responsabilidad de quien ha causado un daño va mucho más allá de afrontar una consecuencia penal. Sin embargo, esta evolución no debe llevarnos a confundir funciones ni a desdibujar los límites profesionales. Defender jurídicamente a una persona y facilitar un proceso restaurativo son responsabilidades diferentes. La primera exige lealtad a los intereses jurídicos del cliente; la segunda requiere independencia, imparcialidad y atención a las necesidades de todas las personas participantes.
No se trata de establecer fronteras corporativas ni de impedir que los abogados se formen en justicia restaurativa. Se trata de evitar que una misma persona asuma simultáneamente posiciones que pueden entrar en conflicto y comprometer la confianza de quienes participan en el proceso.
La justicia restaurativa necesita abogados que la comprendan, jueces y fiscales que sepan cuándo puede resultar adecuada y facilitadores con formación específica que garanticen procesos seguros y respetuosos con los derechos de todas las personas.
No todo lo que incorpora una intención reparadora es justicia restaurativa, del mismo modo que tener un enfoque restaurativo no convierte a un profesional en facilitador.
Si queremos que la justicia restaurativa avance, debemos evitar que su nombre se convierta en una etiqueta comercial o en un instrumento al servicio de estrategias procesales. Su valor reside precisamente en ofrecer algo diferente: un espacio para reconocer el daño, escuchar las necesidades, asumir responsabilidades y explorar formas de reparación que no siempre pueden encontrarse en una sentencia o en una indemnización. Defender la justicia restaurativa también significa proteger