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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha impuesto una sanción de dos años de inhabilitación para representar o asistir a litigantes ante esta corte a un letrado de nacionalidad rumana, tras comprobar que utilizó herramientas de inteligencia artificial para redactar sus escritos procesales e incluyó en ellos citas y precedentes judiciales inexistentes, según ha informado el propio tribunal.

La resolución fue adoptada el pasado 13 de noviembre y ratificada por la presidencia del Tribunal a propuesta de la Sala encargada del procedimiento, en el cual el abogado sancionado actuaba como uno de los dos representantes legales de la parte demandante.

Patrón reiterado de «alucinaciones» jurídicas

Durante el examen de las observaciones jurídicas presentadas por el letrado, los magistrados detectaron múltiples irregularidades graves en las referencias jurisprudenciales empleadas. Entre las anomalías constatadas figuraban resoluciones del propio TEDH completamente ficticias —fenómeno conocido en el ámbito tecnológico como «alucinaciones»—, párrafos inventados que fueron atribuidos a sentencias reales, así como la cita de fallos irrelevantes o abiertamente contradictorios con la tesis que pretendía defender.

Aunque el profesional admitió haber recurrido a programas de inteligencia artificial para elaborar los documentos, intentó minimizar el alcance de los hechos calificándolos como simples errores de citación e imprecisiones formales. Sin embargo, la Sala descartó esta justificación al apreciar que las falsedades eran numerosas, reiteradas y sustanciales, lo que evidenciaba un patrón sistemático de negligencia y no meros fallos aislados. Asimismo, el Tribunal subrayó que el abogado omitió el deber elemental de verificar las citas en HUDOC, la base de datos oficial de jurisprudencia de la corte, pese a que muchos de los errores habrían sido detectados mediante una comprobación básica.

Infracción deontológica y afectación a la justicia

En su resolución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que esta conducta vulnera frontalmente las obligaciones profesionales y deontológicas exigibles a quienes ejercen la abogacía ante instancias internacionales, además de entorpecer la correcta administración de justicia al obligar al órgano judicial a realizar verificaciones extraordinarias y mantener un extenso intercambio de comunicaciones con las partes.

La sanción disciplinaria tiene carácter personal —afectando exclusivamente al letrado responsable sin perjudicar el derecho de defensa de los demandantes— y temporal. Una vez transcurrido el periodo de dos años de exclusión, el abogado podrá solicitar el restablecimiento de sus facultades de representación siempre que cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento interno del Tribunal.