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En los procesos de separación y divorcio con hijos menores, una de las preguntas más frecuentes que surgen entre los progenitores es si los niños o adolescentes pueden elegir libremente con quién desean convivir. Aunque existe la creencia popular de que al alcanzar determinada edad el menor adquiere la potestad absoluta de fijar su residencia, la realidad jurídica funciona de manera muy distinta: su opinión es escuchada y ponderada, pero la decisión última recae siempre sobre la autoridad judicial. Así lo analiza Carolina Torremocha en su blog, detallando cómo se articula el derecho de audiencia de los menores y qué mecanismos emplean los juzgados para evaluar su voluntad sin comprometer su bienestar emocional.

El fundamento de esta intervención se halla en la propia Declaración de los Derechos del Niño y en la legislación civil española, que garantizan el derecho de todo menor a ser oído en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le afecte directamente. No obstante, que el hijo exprese una preferencia por la custodia exclusiva de uno de los padres o por un modelo compartido no vincula automáticamente al juzgador, quien debe valorar el entorno familiar en su conjunto bajo el prisma del interés superior del menor.

Desde su despacho especializado en derecho de familia en Valencia, la letrada Carolina Torremocha aclara cuál es el umbral real que determina la participación procesal de los hijos en estas causas: "La respuesta real es que lo expresará en cualquier momento, a partir de que tenga la madurez suficiente para hacerlo". El hito de los doce años no marca el inicio de una capacidad decisoria vinculante, sino un cambio en el cauce técnico utilizado para recabar su testimonio: a partir de los doce años se practica la exploración directa ante el juez y el Ministerio Fiscal, mientras que por debajo de esa edad la escucha se canaliza a través de los psicólogos del equipo psicosocial.

En la práctica forense, los tribunales analizan con especial cautela las manifestaciones de preadolescentes y adolescentes, dado que sus preferencias pueden estar condicionadas por conflictos puntuales, normas de convivencia más estrictas en uno de los hogares o cambios de humor propios de su etapa evolutiva. De igual modo, conforme avanza la adolescencia, el grado de autonomía real del joven obliga a adaptar los regímenes de estancias a sus prioridades académicas, deportivas y sociales.

Cuando se produce un rechazo frontal de un adolescente hacia uno de sus progenitores —negándose, por ejemplo, a cumplir las estancias semanales pactadas—, acudir de inmediato a la vía coercitiva de la ejecución de sentencia puede resultar contraproducente si no existe manipulación por parte del otro adulto. A este respecto, en el despacho de Carolina Torremocha Barreda enfatizan la necesidad de abordar estos bloqueos desde la comprensión y el acompañamiento profesional: "Por experiencia, cuando estas situaciones ocurren, lo peor que puede hacer el progenitor agraviado (en este ejemplo, la madre) es forzar la situación. La cuestión no es fácil porque aceptar que nuestro hijo/a no quiere vernos es inadmisible y seguramente necesitemos encontrar un culpable".

En definitiva, dar voz a los hijos en una ruptura matrimonial permite conocer sus rutinas y necesidades afectivas reales, pero corresponde al juez —apoyado en informes técnicos y en figuras como la terapia familiar o el coordinador de parentalidad— fijar las medidas que mejor protejan su estabilidad a largo plazo.

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