La Audiencia Nacional ha revertido su propia decisión de marzo de 2026 de no ampliar la lista de investigados por blanqueo de capitales en el caso Arbistar, la plataforma de criptomonedas cuyo colapso en 2020 dejó miles de inversores afectados. Según reveló la agencia EFE el 23 de octubre, el tribunal advirtió que aquella limitación no podía convertirse en «garantía de impunidad» para los posibles responsables. La decisión se apoya en datos periciales de la Guardia Civil que documentan el uso de un servicio de mezcla de bitcoins ("mixing") para desviar fondos antes y después del colapso: un recordatorio de que la nueva arquitectura española y europea contra el blanqueo con criptoactivos sigue dando por supuesto algo que este caso desmiente, que el dinero siempre pasa por un intermediario identificable.

Arbistar, la plataforma que entre 2019 y su colapso en septiembre de 2020 prometió a sus clientes rendimientos fijos mediante un algoritmo de arbitraje automatizado en bitcoin, dejó, según la propia estimación de sus responsables en el momento del derrumbe, unos 93,4 millones de euros —10.000 bitcoins— sin cubrir; la consultora que entonces analizó el caso, Tulip Research, llegó a situar el agujero real en hasta 850 millones, y la acusación particular lo elevaría después, ya en el juicio de apelación, a 3.500 millones. Esa dispersión de cifras —entre 93 y 3.500 millones, según quién mida y cuándo— ilustra una dificultad propia de los criptoactivos en sede penal: el perjuicio todavía no tiene una cuantía fijada y se determinará en ejecución de sentencia, según precisó la propia Audiencia Nacional. Lo que sí quedó fijado, en la sentencia 8/2026 de 11 de marzo, fue la responsabilidad penal de los dos promotores principales, Santiago Fuentes Jover y Diego Felipe Fernández Nojarova: la Sala de Apelación no solo dobló sus condenas por estafa —de 8 a 16 años y 6 meses, y de 6 a 11 años y 6 meses—, sino que revirtió su absolución inicial por organización criminal y agravó la estafa conforme al artículo 250.2 del Código Penal. Ambos han recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la condena no es firme. En paralelo corre, desde que el juez propuso en enero de 2026 juzgar a diez personas por blanqueo de capitales, una pieza separada centrada en el destino de los fondos de las cerca de 32.000 personas que se dieron de alta como inversores, de las cuales 9.494 han sido reconocidas hasta ahora en la lista de perjudicados de la Fiscalía.

Una arquitectura pensada para el intermediario, no para quien lo evita

España ha incorporado en las últimas semanas dos piezas a su normativa de prevención del blanqueo aplicable a los criptoactivos, ambas apoyadas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre —una norma de urgencia dedicada, en lo esencial, a prorrogar medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y en vigor desde el 1 de octubre—, incorpora en una de sus disposiciones finales a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP, como los define el Reglamento MiCA) como sujetos obligados conforme a la Ley 10/2010. Días más tarde, el Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, modificó el reglamento de esa misma ley para exigir identificación en todo caso en las operaciones realizadas en cajeros de criptoactivos, suprimiendo la exención general de la que antes podían beneficiarse las operaciones ocasionales de menor importe. Ambas reformas se adelantan, a su manera, al Reglamento (UE) 2024/1624 —el AMLR—, que entrará en aplicación directa el 10 de julio de 2027, con la nueva Autoridad Antiblanqueo europea, la AMLA, con sede en Fráncfort, supervisando a las entidades transfronterizas de mayor riesgo. Todas estas normas comparten un mismo punto de apoyo: presuponen que, en algún momento de la operación, interviene una entidad identificada y supervisada. El expediente Arbistar documenta qué ocurre cuando, precisamente en el momento decisivo, esa entidad no estuvo.

El dato pericial que sostiene la reapertura

Lo que ha cambiado en el expediente no es la imputación original, sino la prueba que la sostiene. Según reveló la agencia EFE el 23 de octubre, la Guardia Civil documentó que 881 bitcoins salieron hacia otras carteras en el mismo momento del colapso, en septiembre de 2020 —una cantidad que meses después llegó a valer 32,5 millones de euros—, y que entre enero y marzo de 2021 se movieron más de 20.000 bitcoins adicionales, entonces equivalentes a unos 710 millones de euros, coincidiendo con el uso de un servicio de "mixing" que mezcla fondos de múltiples usuarios para dificultar el rastreo de su origen. Sobre esa base, la Audiencia Nacional revirtió la decisión de marzo de 2026 que había rechazado ampliar la causa a nuevos investigados, incorporó a cuatro personas que habían sido absueltas en la causa por estafa y abrió una pieza de responsabilidad civil contra un exdirectivo; uno de los condenados ha recurrido esa reapertura alegando indefensión, y la Fiscalía ha pedido que se desestime el recurso. El tribunal justificó la ampliación advirtiendo que mantener la limitación anterior no podía convertirse en «garantía de impunidad» para los posibles responsables. Es una fórmula breve, pero con una lectura que trasciende este expediente: la dificultad técnica de reconstruir un rastro deliberadamente mezclado no puede, por sí sola, cerrar una instrucción, sino que obliga al tribunal a sostenerla mientras el análisis pericial siga dando resultados.

La reconstrucción recurre a una metodología ya consolidada en la literatura forense sobre blockchain: el agrupamiento de direcciones mediante heurísticas de propiedad común de los insumos de una transacción (common-input-ownership), descrita académicamente desde el trabajo pionero de Meiklejohn y otros (2013) sobre el rastreo de pagos en bitcoin. Esa heurística pierde fuerza, precisamente, frente a un servicio de mixing, que fragmenta y recombina fondos de múltiples usuarios para romper esos agrupamientos; de ahí que la pericia, a juzgar por los datos conocidos, no se apoyara solo en el análisis de clusters, sino en correlacionar la cronología de los movimientos masivos de bitcoins con los anuncios públicos de problemas de liquidez de la plataforma. Es el mismo tipo de enfoque que la propia FATF identificó en su guía de 2021 sobre activos virtuales como necesario frente a billeteras autocustodiadas y herramientas de anonimización: cuando el intermediario regulado falta, la atribución exige reconstruir el comportamiento, no solo la cadena de bloques.

El punto que ninguna reforma reciente cierra

El propio itinerario regulatorio español de 2026 —el nuevo estatuto de sujeto obligado para los CASP, la identificación obligatoria en los cajeros de criptoactivos— se construye, como el futuro AMLR, sobre la idea de que el blanqueo con criptoactivos se combate reforzando al intermediario regulado. Arbistar muestra el límite de esa estrategia: los bitcoins que la Guardia Civil rastreó en 2020 y 2021 no pasaron, en el momento crítico, por ningún proveedor sujeto a esas obligaciones, sino por un servicio de mezcla que opera, por diseño, fuera de ese perímetro. Ni el Real Decreto-ley 25/2026 ni el Real Decreto 813/2026 —ni, cuando entre en vigor en 2027, el propio AMLR— alcanzan directamente a un mixer que no se presenta como proveedor de servicios a nadie identificable. Lo que sí ha hecho avanzar este expediente, mientras la condena por estafa espera la resolución de su recurso de casación ante el Tribunal Supremo, es una pericia policial capaz de reconstruir ese rastro a pesar de la mezcla, y un tribunal dispuesto a no dar por cerrada una instrucción solo porque esa reconstrucción resulte compleja. Si la nueva arquitectura normativa española y europea quiere cerrar el hueco que Arbistar deja a la vista, tendrá que mirar menos al proveedor que cumple con sus obligaciones y más a la ruta que, precisamente, las evita.