Noelia Liduina Rebón Rodríguez
Por Noelia Rebón, Abogada especialista en protección de la infancia y la adolescencia
La difusión masiva de material de abuso sexual infantil en TikTok ha dejado de ser una hipótesis. Hoy es un problema documentado, denunciado ante la Fiscalía y planteado por el propio Gobierno. Si la plataforma no garantiza de manera verificable un entorno seguro para los menores y se acredita que las medidas menos restrictivas resultan insuficientes, puede ser jurídicamente procedente restringir temporalmente el acceso al servicio en España. No se trata de una ocurrencia política: el ordenamiento dispone de instrumentos de tutela de la infancia frente a contenidos ilícitos. Ahora bien, una suspensión integral solo puede adoptarse como medida excepcional, temporal, proporcionada y judicialmente motivada, por la autoridad competente y a través del cauce legalmente previsto.
“TikTok, el hogar del pederasta”
Con ese título, la fundación Maldita.es publicó el 9 de noviembre de 2026 una investigación que identifica más de un millar de contenidos explícitos de abuso sexual infantil en la plataforma. Según elDiario.es, son 1.183 contenidos alojados en 231 perfiles, que suman 48 millones de visualizaciones. La investigación localiza además unas 26.000 cuentas que califica de potenciales pederastas.
Lo más grave no es la existencia del material, sino la respuesta de la plataforma cuando se le advirtió. Maldita.es denunció por los canales oficiales una muestra de 50 vídeos, que acumulaban 8,8 millones de visualizaciones. TikTok solo eliminó el 10 % y bloqueó otro 26 % únicamente en España. En el 58 % de los casos concluyó que no existía infracción alguna, ni de la ley ni de sus propias normas, y en el 6 % no respondió. Setenta y dos horas después, el 38 % de las cuentas denunciadas seguía activo.
En algunos casos, la plataforma rechazó la denuncia y después la apelación, aunque se le advertía expresamente de que el vídeo contenía material de abuso sexual de menores. Y más de la mitad de los vídeos que TikTok había declarado conformes desaparecieron en las 72 horas siguientes. Esa incoherencia revela que el problema no es la falta de información, sino la falta de un sistema de moderación fiable.
La respuesta de TikTok: trasladar la responsabilidad
Lejos de asumir sus fallos de control, TikTok ha respondido acusando a los investigadores. Según el mensaje filtrado a la prensa que reproduce Maldita.es, la plataforma afirmó: “Su negativa nos está impidiendo activamente localizar y eliminar este material, además de obstaculizar la presentación de informes ante las fuerzas del orden”. También pidió que se le remitieran por correo electrónico, de forma completa, las cuentas, los vídeos, los hashtags y los enlaces detectados.
Al mismo tiempo, según han recogido distintos medios, la compañía ha asegurado que la seguridad es su “máxima prioridad”. Afirma que despliega “tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este contenido”. Las cifras de la investigación lo contradicen: una tecnología de detección avanzada no deja pasar contenido explícito con millones de visualizaciones, ni lo mantiene tras una denuncia y una apelación.
Maldita.es ha contestado que no debe remitir por correo electrónico los archivos ilícitos, porque esa vía puede propiciar una nueva circulación del material y una ulterior revictimización. El artículo 189.1.b) del Código Penal sanciona, entre otras conductas, la facilitación de la difusión o exhibición de pornografía infantil por cualquier medio. La finalidad de denunciar los hechos no justifica banalizar el riesgo que supone reenviar imágenes de esta naturaleza. La comunicación debe canalizarse mediante los mecanismos de notificación de la plataforma y ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aportando, cuando sea posible, las URL exactas, identificadores, fechas, horas y demás datos de localización, sin reproducir ni reenviar el archivo salvo por requerimiento de la autoridad competente y a través de un cauce seguro.
La estrategia de TikTok invierte la carga de la diligencia. El contenido está alojado en sus servidores, circula a través de su algoritmo y es detectable con sus herramientas. Exigir a un tercero que le señale lo que la propia plataforma debe encontrar es, en sí mismo, reconocer que sus sistemas no funcionan.
La denuncia penal y la reacción del Gobierno
Ante esa respuesta, Maldita.es ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía de Criminalidad Informática para que se investiguen los hechos y, en su caso, la eventual responsabilidad de quienes hayan intervenido en la producción, difusión o mantenimiento del material. La investigación apunta asimismo a que el sistema de monedas y regalos de los directos convierte el acoso a menores en negocio, también para la plataforma. Si se acreditara un beneficio económico indirecto vinculado a conductas delictivas y una intervención relevante de personas responsables de la entidad, ese dato tendría importancia en la eventual valoración penal, sin que baste por sí solo para atribuir responsabilidad a la persona jurídica.
La reacción institucional ha sido inmediata. El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos y adopte las medidas necesarias para proteger a los menores. Ha convocado con carácter urgente a los representantes de TikTok en España. Y ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España si no se garantizan entornos seguros para los menores.
El Gobierno ha sostenido que la difusión de este material y el funcionamiento de los algoritmos de recomendación podrían vulnerar los derechos de la infancia y las obligaciones que impone el Reglamento europeo de Servicios Digitales.
Las obligaciones que TikTok habría incumplido
El Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales (DSA), regula con carácter directamente aplicable el régimen europeo de los servicios intermediarios. Su artículo 6 contempla una exención de responsabilidad para los servicios de alojamiento de datos, sometida a condiciones: el prestador no puede ampararse en ella si tiene conocimiento efectivo de contenidos ilícitos y no actúa con prontitud para retirarlos o bloquear el acceso. En el ordenamiento interno, el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, conserva relevancia como norma complementaria del régimen nacional de responsabilidad de los prestadores de alojamiento.
“1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.”
La existencia de conocimiento efectivo debe acreditarse respecto de cada comunicación concreta. El artículo 16.3 DSA dispone que una notificación genera ese conocimiento cuando permite a un prestador diligente apreciar la ilicitud sin un examen jurídico detallado. Si las notificaciones incluían una explicación suficientemente motivada y las URL u otros datos de localización precisos, como exige el propio artículo 16, la plataforma debía valorar el contenido y adoptar una decisión diligente y motivada. La persistencia del material tras la denuncia y la reclamación interna constituye un elemento especialmente relevante, pero no autoriza a prescindir del examen de la suficiencia de cada aviso. A ello se añade el artículo 18 DSA, que obliga al prestador de alojamiento a comunicar de inmediato a las autoridades policiales o judiciales la sospecha de un delito que implique una amenaza para la vida o la seguridad de una o más personas, con toda la información pertinente de que disponga.
TikTok soporta, además, obligaciones reforzadas, pues fue designada por la Comisión Europea como plataforma en línea de muy gran tamaño en abril de 2023. Una VLOP (por sus siglas en inglés, Very Large Online Platform o Plataforma en Línea de Muy Gran Tamaño) es un servicio digital que alcanza o supera los 45 millones de usuarios activos al mes en la Unión Europea. El artículo 28 DSA le exige garantizar un nivel elevado de privacidad, seguridad y protección de los menores. El artículo 34 le obliga a evaluar con diligencia los riesgos sistémicos de su servicio, incluidos los derivados de sus sistemas de recomendación. Entre esos riesgos figuran expresamente la difusión de contenidos ilícitos y los efectos negativos reales o previsibles sobre los menores. El artículo 35 le impone adoptar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para reducirlos.
Los datos de la investigación constituyen un indicio serio, compatible con una amplificación algorítmica del material. Que cuentas con una base de seguidores relativamente limitada y un número de compartidos muy inferior alcancen millones de visualizaciones exige una investigación específica sobre el funcionamiento de los sistemas de recomendación, moderación y detección. Solo el acceso a esos datos permitirá determinar si la plataforma actuó como mero alojamiento o si sus sistemas contribuyeron materialmente a la difusión masiva del contenido ilícito.
Una ley transversal que llega tarde: el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales
El caso TikTok evidencia la necesidad de completar el marco español de protección de la infancia en los entornos digitales. El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales en junio de 2024 y el proyecto fue presentado en el Congreso el 27 de marzo de 2025. A la fecha de este artículo, su tramitación figura en la Comisión de Justicia, en fase de informe. No es todavía Derecho vigente y su contenido puede variar hasta la aprobación definitiva.
El proyecto responde a una concepción transversal de la protección de la infancia en la red, con medidas que afectan a la prevención administrativa, el consumo, la educación, la salud pública, la protección de datos y el ámbito penal y procesal. Sin embargo, las referencias a concretas obligaciones, infracciones o tipos penales deben formularse siempre como propuestas legislativas y contrastarse con el texto parlamentario vigente en cada momento.
Consumo, administración y entorno digital: El proyecto contempla mecanismos dirigidos a reforzar la protección de las personas menores de edad frente a diseños adictivos, contactos no deseados y contenidos perjudiciales, así como a mejorar los sistemas de verificación de edad y de control parental. Su alcance definitivo dependerá de la redacción que finalmente aprueben las Cortes Generales.
Protección de datos personales: El proyecto prevé elevar de catorce a dieciséis años la edad para prestar autónomamente consentimiento al tratamiento de datos personales en los términos que resulten de la modificación de la Ley Orgánica 3/2018. Se trata, por el momento, de una previsión en tramitación.
Ámbito penal y procesal: El proyecto contempla modificaciones dirigidas a reforzar la protección de los menores en el entorno digital. No obstante, no puede anticiparse como Derecho vigente ni la tipificación concreta de conductas vinculadas a sistemas algorítmicos ni una responsabilidad penal automática de los directivos de las plataformas. Cualquier exigencia de responsabilidad penal debe asentarse hoy en los tipos vigentes y en los presupuestos de imputación propios de la persona jurídica.
Si algunas de estas previsiones fueran finalmente aprobadas en su redacción definitiva, podrían reforzar los instrumentos preventivos y de supervisión disponibles. Pero no son aplicables a los hechos actuales. El principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 25.1 de la Constitución y en el artículo 2 del Código Penal, impide aplicar retroactivamente normas penales desfavorables. Los hechos deben analizarse con arreglo al Derecho vigente: el Reglamento de Servicios Digitales, el artículo 189 del Código Penal, la Ley Orgánica 8/2021 y las demás normas aplicables.
La futura ley tampoco resolverá por sí sola la cuestión competencial. TikTok está establecida en Irlanda y cualquier actuación española respecto de una plataforma radicada en otro Estado miembro debe articularse conforme al principio de país de origen, al Reglamento de Servicios Digitales y a los mecanismos de cooperación previstos en el Derecho de la Unión. Su aprobación puede reforzar la respuesta preventiva interna, pero no elimina esos límites ni las garantías exigibles.
La responsabilidad penal de la plataforma
El artículo 189 del Código Penal sanciona la producción, venta, distribución, exhibición, ofrecimiento, facilitación de la producción, venta, difusión o exhibición y, en determinados supuestos, la adquisición, posesión o acceso a pornografía infantil. Quienes producen o difunden este material pueden incurrir en responsabilidad penal. La cuestión distinta es si, a la vista de los hechos que se acrediten, puede exigirse responsabilidad a la plataforma como persona jurídica.
La eventual responsabilidad penal de la persona jurídica no deriva del artículo 189 bis, sino del artículo 189 ter en relación con el artículo 31 bis del Código Penal. Requiere acreditar un delito comprendido en el capítulo correspondiente y, además, que haya sido cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad por sus representantes legales o por personas con facultades de decisión u organización, o que se haya visto favorecido por un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control respecto de personas sometidas a su autoridad. Una moderación deficiente no equivale, por sí sola, a responsabilidad penal. La investigación debe preservar las decisiones internas de moderación, los sistemas de recomendación, la trazabilidad de las denuncias, las reglas de control y cualquier dato que permita determinar si concurrieron esos requisitos.
La investigación no puede limitarse a eliminar publicaciones aisladas. Debe preservarse la prueba digital, incluidas las decisiones internas de moderación, los registros de las notificaciones, los datos de recomendación y los elementos que permitan identificar a las víctimas y a los responsables, así como desarticular las posibles redes de intercambio.
El deber de comunicación de la LOPIVI y el Convenio de Lanzarote
“1. Toda persona, física o jurídica, que advierta la existencia de contenidos disponibles en Internet que constituyan una forma de violencia contra cualquier niño, niña o adolescente, está obligada a comunicarlo a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial.”
El artículo 19 LOPIVI establece, por tanto, una obligación legal estricta de comunicación para toda persona física o jurídica que advierta contenidos ilícitos de violencia contra personas menores de edad. Cuando una plataforma que aloja ese material tenga conocimiento de su existencia, debe activar los canales de comunicación ante la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial. La exigibilidad de ese deber frente a un prestador establecido en otro Estado miembro debe articularse de manera coherente con el DSA y con los mecanismos de cooperación transfronteriza, pero su carácter preventivo y protector es inequívoco. El Convenio de Lanzarote refuerza este estándar de protección, aunque con un alcance propio: su artículo 12 obliga a los Estados a asegurar que las reglas de confidencialidad no impidan a los profesionales que trabajan en contacto con niños comunicar sospechas fundadas de explotación o abuso sexual y a alentar a toda persona que conozca o sospeche de buena fe tales hechos a ponerlos en conocimiento de los servicios competentes. No configura por sí solo una obligación directa e inmediata para cualquier prestador de alojamiento; esa obligación, en el ordenamiento español, deriva expresamente del artículo 19 LOPIVI y se complementa con el DSA.
Toda actuación debe evitar la revictimización. Cada nueva visualización de estas imágenes es una nueva agresión a la intimidad y a la dignidad del menor. Por eso la retirada no puede esperar al final del procedimiento.
Quién puede suspender TikTok
El Gobierno no puede acordar válidamente la suspensión total mediante una mera decisión ministerial. La medida afecta a las libertades de expresión e información de millones de usuarios, protegidas por el artículo 20 de la Constitución. El artículo 20.5 reserva a la autoridad judicial el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información; los artículos 8.1.d) y 8.3 de la Ley 34/2002 permiten adoptar restricciones para proteger a la juventud y a la infancia, pero exigen la intervención judicial cuando resulten afectados de forma exclusiva los derechos y libertades protegidos. La misma reserva se recoge en los apartados 3 y 4 de su artículo 11. Una restricción integral exige, por tanto, resolución judicial motivada, con pleno respeto a la necesidad y proporcionalidad de la medida.
La primera vía es europea. TikTok está establecida en Irlanda y su supervisión ordinaria corresponde, en principio, al Estado miembro de establecimiento. La Comisión Europea tiene competencia exclusiva sobre las obligaciones reforzadas de las plataformas en línea de muy gran tamaño previstas en la sección 5 del capítulo III del DSA y, respecto de las demás obligaciones de una VLOP, puede asumir la supervisión cuando incoe un procedimiento. Puede requerir información, practicar inspecciones, adoptar medidas provisionales cuando exista riesgo de perjuicio grave, imponer multas de hasta el 6 % del volumen de negocios anual mundial y multas coercitivas.
El artículo 82 DSA configura la restricción de acceso como un último recurso. Solo cuando se hayan agotado las facultades disponibles para poner fin a la infracción, esta persista y cause perjuicios graves que no puedan evitarse de otro modo, la Comisión podrá solicitar al Coordinador de Servicios Digitales de Irlanda que actúe con arreglo al artículo 51.3. Ese precepto exige, además, que el prestador no haya cumplido suficientemente el plan de acción requerido, que la infracción persista y cause perjuicios graves y que constituya un delito que amenace la vida o la seguridad de las personas. En tal caso, la autoridad judicial irlandesa competente podría ordenar la limitación temporal del acceso al servicio; la medida dura cuatro semanas y solo puede prorrogarse en los términos fijados judicialmente, con una ponderación expresa de la información lícita afectada y de las alternativas disponibles.
En esta vía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como Coordinador de Servicios Digitales en España, no puede acordar por sí sola una suspensión total de TikTok. Puede cooperar con la Comisión y con el Coordinador de Servicios Digitales de Irlanda, facilitar información y pruebas, y activar los mecanismos de cooperación y supervisión previstos en el DSA. Es una vía jurídicamente sólida, pero condicionada por un procedimiento europeo complejo.
La segunda vía se articula en el marco penal. El artículo 189.8 del Código Penal obliga a los jueces y tribunales a ordenar las medidas necesarias para retirar páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o, en su caso, bloquear el acceso a ellas desde España. La medida puede acordarse cautelarmente a petición del Ministerio Fiscal:
“8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español. Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal.”
El precepto, que traspone el artículo 25 de la Directiva 2011/93/UE, se refiere expresamente a aplicaciones y no únicamente a contenidos concretos. Ofrece base legal para que el órgano judicial penal competente acuerde la retirada o, cuando resulte necesario, el bloqueo cautelar. Sin embargo, la referencia a una aplicación no autoriza automáticamente su bloqueo íntegro: una restricción total de TikTok exigiría acreditar que las medidas menos restrictivas —retirada de contenidos, cierre de cuentas, medidas sobre los sistemas de recomendación, preservación de prueba y cooperación efectiva— son insuficientes para impedir un daño grave y actual a los menores.
Esa medida debe respetar el Derecho de la Unión. La sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 2023, Google Ireland y otros, C-376/22, en la que TikTok fue parte, recordó que el Estado de destino no puede imponer obligaciones generales y abstractas a prestadores establecidos en otro Estado miembro. Una medida individualizada frente a un servicio determinado puede resultar admisible si cumple los requisitos materiales y procedimentales del artículo 3.4 de la Directiva 2000/31/CE: debe ser necesaria, proporcionada y estar dirigida contra un servicio concreto. El artículo 8.4 de la Ley 34/2002 exige, con carácter ordinario, requerir al Estado de establecimiento y notificar previamente a la Comisión y a ese Estado las medidas proyectadas; solo en caso de urgencia permite adoptarlas y notificarlas después. Una restricción integral deberá acreditar especialmente esa necesidad y respetar esas garantías.
Cuándo puede resultar necesaria una suspensión total
El argumento habitual contra la suspensión es la proporcionalidad: ante contenidos ilícitos concretos, lo adecuado sería retirarlos uno a uno y no cerrar un servicio que millones de personas utilizan de forma legítima. Ese razonamiento es válido cuando el problema es un contenido aislado. No lo es cuando el problema es el propio funcionamiento de la plataforma.
La investigación de Maldita.es aporta indicios de que las medidas individualizadas pueden haber resultado insuficientes: se denunciaron vídeos, la plataforma no retiró una parte relevante, se formularon reclamaciones y algunas cuentas continuaron activas. Un juicio de proporcionalidad serio debe determinar si existe una medida menos restrictiva e igualmente eficaz. Si se acreditara que la plataforma no retira con diligencia el material identificado, no detecta contenidos manifiestamente ilícitos y sus sistemas de recomendación contribuyen a amplificarlos, la retirada contenido a contenido podría dejar de ser una alternativa eficaz.
En el otro lado de la balanza está el interés superior del menor. El artículo 39 de la Constitución, el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 lo configuran como consideración primordial. No hablamos de una molestia para los usuarios, sino de la explotación sexual de niños, reproducida millones de veces. La libertad de expresión de quienes usan TikTok merece protección, pero no puede servir de escudo a un entorno que no garantiza la integridad de los menores. Los usuarios disponen de otros cauces para expresarse; las víctimas no disponen de otra forma de dejar de ser exhibidas.
Por ello, la suspensión total de TikTok en España puede ser una medida jurídicamente posible si la plataforma no garantiza de forma verificable un entorno seguro para los menores y el órgano judicial competente constata, sobre una base probatoria suficiente, que no existen alternativas menos restrictivas igualmente eficaces. Esa garantía no puede reducirse a declaraciones sobre su “máxima prioridad”: debe traducirse en la retirada efectiva del material identificado, el cierre de las cuentas que lo difunden, la revisión de los sistemas de recomendación que lo amplifican y la colaboración plena con la Fiscalía. Si tales medidas resultan insuficientes, el artículo 189.8 del Código Penal permite valorar un bloqueo cautelar, siempre que sea necesario, temporal y proporcionado.
La suspensión, además, no tendría carácter definitivo. Sería una medida temporal, sometida a revisión y condicionada a que la plataforma acredite que ha corregido sus deficiencias. Su efecto sería trasladar a TikTok el coste de su propia inacción, que hoy soportan los menores.
En conclusión, la protección de la infancia frente al abuso sexual no admite respuestas retóricas ni plazos indefinidos. La Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben investigar los delitos, identificar a las víctimas y preservar la prueba. La Comisión Europea debe examinar con urgencia si TikTok ha incumplido sus obligaciones de evaluación y reducción de riesgos y adoptar las medidas cautelares que procedan. La CNMC debe cooperar activamente con Bruselas y con Irlanda.
Pero ninguna de esas actuaciones debe servir de excusa para aplazar indefinidamente una respuesta efectiva. Si TikTok no garantiza un entorno seguro para los menores y se acredita que las medidas menos intensas no bastan para evitar la persistencia del daño, una suspensión temporal de la plataforma en España puede ser jurídicamente posible. Debe acordarla el órgano judicial competente mediante resolución motivada, tras ponderar el interés superior del menor, la gravedad y persistencia de la infracción, la eficacia de las alternativas disponibles y el pleno respeto al Derecho de la Unión.
Que la medida sea intensa no la hace desproporcionada; lo sería mantener un riesgo grave y evitable para los menores cuando otras respuestas hayan fracasado.
