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El cierre súbito de las clínicas odontológicas de Vivanta, abocadas a la liquidación tras su declaración de concurso voluntario de acreedores y el fracaso de las ofertas de compra, ha dejado en el aire cerca de 30.000 tratamientos dentales en curso en toda España. Ante la persiana bajada de los centros, la principal inquietud de los consumidores afectados reside en qué ocurre con los préstamos suscritos para abonar unas intervenciones médicas que han quedado a medias. La legislación de crédito al consumo protege expresamente al usuario y le faculta para exigir la suspensión de las cuotas. Así lo analiza Cristina Muntañola Álvarez en el blog de Red Abafi, subrayando que la entidad financiera no puede obligar al paciente a seguir pagando por un servicio sanitario que no se ha prestado.

El respaldo jurídico de los perjudicados descansa en la figura de los contratos de crédito vinculados, regulados en la Ley 16/2011 de Contratos de Crédito al Consumo. Cuando la financiación del presupuesto odontológico se tramitó directamente a través de la propia clínica o en concertación con ella, ambos acuerdos quedan jurídicamente entrelazados, de modo que el incumplimiento asistencial repercute de forma inmediata sobre la vigencia del préstamo bancario.

Desde la firma de abogados y economistas Red Abafi, la letrada Cristina Muntañola Álvarez recuerda con rotundidad el alcance de los derechos que amparan al consumidor frente a los bancos cuando se interrumpe la atención sanitaria: "El consumidor no está obligado a seguir pagando por un servicio no prestado. El art. 29.3 LCC permite oponer al banco los mismos derechos que frente a la clínica, siempre que el tratamiento no se haya prestado en todo o en parte (o no sea conforme a lo pactado) y que el paciente haya reclamado previamente a la clínica, judicial o extrajudicialmente, sin obtener satisfacción".

Junto a la paralización inmediata de los recibos mensuales pendientes, la normativa contempla dos garantías adicionales de gran calado patrimonial para los afectados: por un lado, la ineficacia sobrevenida del contrato de financiación como consecuencia directa de la resolución del servicio dental; y, por otro, el derecho a exigir al banco el reintegro de las cantidades abonadas en exceso cuando el importe pagado hasta la fecha supere el valor real de la parte del tratamiento que llegó a ejecutarse.

Para activar con éxito estas protecciones sin incurrir en ficheros de morosidad ni perder fuerza probatoria, en el despacho Red Abafi detallan el protocolo de actuación que deben seguir los perjudicados de forma ordenada: "Notificar a la entidad financiera la interrupción del servicio, adjuntando la reclamación enviada a la clínica y solicitando formalmente la paralización del cobro de recibos y el reajuste o devolución del saldo". Previamente, resulta indispensable remitir un burofax a la clínica exigiendo la historia clínica y la resolución contractual, o documentar fehacientemente el cierre físico del establecimiento.

Asimismo, los especialistas insisten en la necesidad de recopilar un expediente documental completo antes de iniciar cualquier reclamación formal. Este dosier debe integrar el presupuesto y el contrato suscrito con el centro dental, la póliza del préstamo financiero, los justificantes bancarios de todas las cuotas satisfechas, los acuses de recibo de las reclamaciones y, de ser posible, un informe pericial odontológico independiente que cuantifique con exactitud qué porcentaje del tratamiento se realizó y qué intervenciones quedaron pendientes.

En definitiva, aunque el concurso de acreedores de la cadena dental dificulte el cobro directo frente a la sociedad concursada, la vía frente a las entidades financieras permanece plenamente operativa para proteger el bolsillo de los pacientes afectados.

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