En noviembre España vivirá una jornada de huelga general. Las conversaciones en los informativos, las asambleas sindicales y los debates a pie de calle se intensifican a medida que se aproxima la fecha. Como ciudadano, como empresario, y como presidente de CONPYMES, sigo este clima de polarización, que está deteriorando la convivencia social, con preocupación.
José María Torres, presidente de CONPYMES
En noviembre España vivirá una jornada de huelga general. Las conversaciones en los informativos, las asambleas sindicales y los debates a pie de calle se intensifican a medida que se aproxima la fecha. Como ciudadano, como empresario, y como presidente de CONPYMES, sigo este clima de polarización, que está deteriorando la convivencia social, con preocupación.
Entiendo los motivos que están gestando esta movilización. Comprendo perfectamente el cansancio, la frustración y la rabia que pueden empujar a un trabajador a respaldar un paro masivo. Negar la realidad sería una ceguera imperdonable: la cesta de la compra no deja de encarecerse, el acceso a la vivienda se ha convertido en un drama social insostenible y llegar a fin de mes ya no es un ejercicio de administración, sino un milagro diario. El deseo de un salario digno no es una petición extravagante; es una cuestión de justicia social y de puro sentido común.
Sin embargo, contemplar los días previos a este paro, desde el punto de vista de los pequeños empresarios y los autónomos, me llena de una profunda preocupación que pocas veces se ve reflejada en los debates nacionales. A menudo, cuando los convocantes o los líderes políticos hablan del "tejido empresarial" al que quieren presionar, dibujan la silueta de una corporación gigantesca, con despachos de diseño en rascacielos y cuentas de resultados con beneficios millonarios.
Pero esa no es la realidad productiva de nuestro país. España no es un ecosistema de multinacionales; es un territorio donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial, y donde, de forma abrumadora, el 94% de las empresas son microempresas con menos de diez trabajadores.
La inmensa mayoría de los negocios que estos días deciden si podrán o no abrir durante la jornada de huelga son establecimientos diminutos. Hablamos de la cafetería del barrio, de la copistería, del taller mecánico de confianza o de una pequeña agencia local. Son negocios donde el propietario no es un inversor ausente, sino el primero en levantar la persiana por la mañana y el último en apagar la luz.
En nuestro entorno, la norma no son las plantillas de cientos de personas: la inmensa mayoría de las micropymes cuentan con un máximo de dos empleados. En esos espacios, la relación laboral es diaria, estrecha y humana. Compartimos el mismo café por la mañana, conocemos los nombres de los hijos de nuestros empleados, sabemos cuándo arrastran una preocupación familiar y celebramos juntos cada factura cobrada. Es imposible no ser sensible a sus reivindicaciones porque sus problemas conviven con nosotros en apenas unos metros cuadrados.
No es el momento de la huelga
Por eso, ante la inminente exigencia de subidas salariales que abandera esta movilización, es necesario explicar que nuestra falta de margen no nace de la insolidaridad, sino de una asfixiante matemática de supervivencia respaldada por una cruda realidad: más del 90% de las micro y pequeñas empresas opera bajo una rentabilidad estructuralmente baja. El equilibrio financiero de una micropyme con uno o dos trabajadores es extremadamente frágil. Mientras que desde 2015 los costes laborales han ido escalando, la productividad apenas ha avanzado.
La subida descontrolada de la energía, los alquileres comerciales, las pólizas de seguros y las materias primas nos están asfixiando. Al mismo tiempo, la presión impositiva y las cotizaciones no dan tregua. Cuando un microempresario intenta actualizar un salario, no solo debe asumir el incremento neto que va al bolsillo del trabajador, sino también el aumento proporcional de los costes laborales asociados, un dinero que absorbe el Estado de forma inmediata.
Para un negocio de dos personas, un incremento de costes mal calculado de cara al próximo año no se traduce en recortar el dividendo de unos accionistas invisibles; se traduce, de manera directa, en pasar a formar parte del silencioso y doloroso goteo de miles de micropymes que se ven obligadas a cerrar sus puertas definitivamente en España por no poder sostener la presión.
Esa es la cruda realidad del sentido común. El empresario de una micropyme no quiere exprimir a su equipo; al contrario, sabe perfectamente que un trabajador motivado, bien remunerado y tranquilo es el alma de su actividad. El verdadero drama, el que apenas se menciona, es que muchos autónomos y pequeños empresarios cuentan hoy en día con ingresos por debajo de los 2.000 euros al mes —ganando en ocasiones menos que sus propios empleados— tras haber arriesgado su patrimonio personal, su tiempo y su salud mental para mantener el negocio a flote.
La huelga es un derecho constitucional legítimo, una herramienta histórica para equilibrar las fuerzas, y sin entrar en consideraciones sobre la legalidad o el momento escogido para esta huelga general, me preocupa que su celebración se utilice para levantar un muro que nos divida en dos bandos irreconciliables. En la pyme y más claramente en la micropyme, el empresario y el trabajador están subidos exactamente al mismo barco. Si el barco se hunde debido a unos costes fijos inasumibles, nos ahogamos todos. No hay victoria posible en una quiebra. Cuando un pequeño comercio echa el cierre, el trabajador pierde su empleo y el empresario pierde su medio de vida, sus ahorros de siempre y el proyecto de toda su existencia.
Menor carga fiscal a las pymes
En las jornadas previas a esta movilización, necesitamos urgentemente aplicar el sentido común y desviar la mirada hacia donde realmente se generan los ahogos. Las administraciones públicas deben comprender de una vez por todas que no se puede tratar igual a una multinacional tecnológica que a un taller con dos operarios. Exigir las mismas rigideces y cargas fiscales a los más pequeños es condenarlos a la desaparición. Si de verdad el objetivo social es que los salarios suban —algo que considero no solo necesario, sino deseable para reactivar la economía—, el camino no es asfixiar más al que produce, sino aliviar sus cargas para que ese flujo de dinero pueda transferirse directamente a las nóminas. Una reducción real de la cuota de autónomos, bonificaciones fiscales por contratación estable o la rebaja drástica de las trabas burocráticas harían viable en el día a día lo que hoy resulta matemáticamente imposible.
Este artículo no nace como una queja ni como un reproche ante la protesta que se avecina; es una llamada a la reflexión profunda y a la empatía mutua antes de que llegue el día señalado. Necesitamos que los trabajadores recuerden que sus jefes no son el enemigo a batir, sino aliados cercanos que libran una batalla diaria contra la incertidumbre. Y nosotros, como empresarios, tenemos la obligación de seguir escuchando con respeto absoluto y sensibilidad social el clamor de una calle que pide soluciones legítimas.
Cuando llegue el día de la huelga, algunas persianas se mantendrán arriba por pura necesidad y otras se bajarán por convicción o solidaridad. Pero al día siguiente, el conflicto real seguirá ahí si no cambiamos el enfoque. Construyamos puentes basados en la realidad de nuestras cuentas y en el afecto de nuestras relaciones diarias. Solo desde la colaboración, el entendimiento mutuo y el sentido común seremos capaces de mantener vivas las pequeñas empresas de nuestro país, garantizando al mismo tiempo la dignidad y el bienestar de quienes, con su esfuerzo diario, nos ayudan a levantarlas.