- De manera paralela, la Comisión de Coordinación del Empleo Público, conformada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, las comunidades autónomas y la FEMP) celebra una reunión este jueves 24 de septiembre (por la tarde) y 25 de septiembre de 2026 para abordar como solucionar este problema que afecta a más de 700.000 interinos en fraude de ley.
Mas incertidumbre a la situación del millón de interinos en fraude de ley.. Este colectivo agrupado en la Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad confirmaba este viernes de que no se ha concedido al Gobierno español la prórroga solicitada en el procedimiento de infracción relativo al abuso de temporalidad en el empleo público.
Según la organización, esta información les ha sido trasladada durante una reunión mantenida este jueves con Eduardo Gómez, consejero económico de la Representación de la Comisión Europea en Madrid. El encuentro se ha producido con motivo de la concentración convocada por este colectivo ante la sede de la institución para solicitar avances en el procedimiento y una solución para las personas afectadas.
«Hemos mantenido una reunión con Eduardo Gómez y nos ha confirmado que no hay ninguna prórroga ya concedida al Gobierno de Pedro Sánchez. El procedimiento de infracción sigue avanzando», señala Maria Pilar Remírez uno de los portavoces de ese colectivo a este periodista en la conversación que mantenemos con ella.
De manera paralela se sigue con interés la cumbre de la Comisión de Coordinación del Empleo Público, integrada por los máximos responsables de Función Pública del Ministerio, las Comunidades Autónomas y la FEMP, fijada para la tarde del día 24 (a partir de las 20:00 h) y durante toda la jornada del 25 de septiembre. Ya el pasado mes de julio en Santander iniciaron las negociaciones para buscar una solución.
El ministro Oscar Lopez rechaza la estabilización automática vía fijeza, pero las CCAA muestran su preocupación por que las indemnizaciones según el TJUE tendrían que ser muy elevadas Habrá que ver si toman alguna medida para frenar la temporalidad y si por fin cogen el torno por los cuernos y buscan una solución al problema. Ahora cerrada la prórroga urge buscar una solución con un Gobierno acosado por la corrupción
Hay que recordar que lejos de dar con una vía que permita reducir el abuso, el Ejecutivo solicitó por carta el pasado junio a Bruselas más tiempo para encontrar soluciones a la excesiva rotación en el sector público. La misiva levanto la crispación entre los interinos, que se volvieron a movilizar tras registrar el pasado julio un manifiesto en el Congreso reclamando medidas para atajar la temporalidad.
«Acudimos a la Comisión Europea porque es nuestro último recurso para desbloquear esta situación y lograr una reparación. Necesitamos que actúe, sin nuevos aplazamientos», señala la portavoz
España no ha logrado reducir su temporalidad a la tasa comprometida con la Comisión, razón por la que mantiene congelados 626,6 millones de euros de los fondos europeos al no cumplir con este hito suscrito con Europa como parte de los 'Next Generation'. Un dinero, además, que corre el riesgo de perderse para siempre tras expirar el pasado 31 de agosto el plazo para ejecutar las políticas asociadas a esta partida.
Sobre el estado del expediente, desde esta Coalición indicaron que, según la información recibida durante el encuentro, «la Comisión en Bruselas está estudiando toda la documentación aportada» y «no admite más documentación en el expediente». Asimismo, sitúan el siguiente paso en un horizonte de «tres o cuatro meses» para «avanzar al TJUE», de acuerdo con su relato de la reunión.
Europa debe ser parte de la solución no del problema
Para los interinos en fraude de ley la intervención de las instituciones europeas es su último recurso para lograr una solución al conflicto laboral y una reparación para los empleados públicos afectados. Tras el encuentro, ha anunciado que continuará trasladando sus reivindicaciones a otras instancias europeas. Por el momento muchas de sus conquistas se logran en los tribunales, en especial en la jurisdicción social porque la contenciosa sigue reacia a reconocer el abuso.
Estos profesionales en fraude de ley esperan que s el procedimiento de infracción INFR(2014)4334 se remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una petición de sanción económica y reclama una respuesta sin nuevos aplazamientos. Un procedimiento que lleva once años abierto. Se inició a raíz de una denuncia múltiple y una carta de emplazamiento inicial el 26 de febrero de 2015, derivando en sucesivas advertencias institucionales.
Dictamen motivado: En abril de 2026, la Comisión Europea dio un paso más al enviar un dictamen motivado a España por no incluir medidas efectivas en su legislación para prevenir y sancionar dicho abuso en la administración pública.
Fondos europeos vinculados: Este expediente está directamente conectado con la suspensión y el riesgo de pérdida de 626 millones de euros del Hito 144 del Plan de Recuperación, ya que Europa exige una normativa real y eficaz frente a la temporalidad antes de liberar los pagos
Este colectivo sostiene que las medidas adoptadas en España no han garantizado una reparación efectiva a quienes han sufrido abuso de temporalidad. A su juicio, los procesos extraordinarios de estabilización desarrollados al amparo de la Ley 20/2021 han permitido estabilizar plazas sin resolver la situación de todas las personas afectadas.
También denuncia que algunos trabajadores deben acudir a los tribunales para reclamar una reparación y afrontar posibles condenas en costas. Asimismo, cuestiona el papel de CCOO, UGT y CSIF por su participación en los acuerdos que dieron lugar a las medidas de estabilización.
En relación con los fondos europeos, la organización advierte de que los 626,6 millones de euros vinculados al Hito 144 del Plan de Recuperación podrían perderse definitivamente. Según señala, el plazo asociado al Plan venció el pasado 31 de agosto sin que se alcanzara el cumplimiento exigido por la Comisión Europea, lo que situaría esos fondos en riesgo de pérdida y no únicamente de bloqueo temporal.
La Coalición solicita mantener la suspensión de los fondos hasta que se cumplan las exigencias europeas e insiste en la necesidad de avanzar hacia una solución para los afectados
Desde la plataforma solicitan que se sancione económicamente al Gobierno por no atajar este problema, que lleva a más de un 30% de los empleados públicos a tener un contrato temporal. Además, también piden que Europa rechace la prórroga hasta marzo de 2027 solicitada por el Ejecutivo para tomar medidas que acaben con el abuso de temporalidad.
A juicio de los interinos, y sus representantes legales el Gobierno no ha aprobado un marco normativo que garantice el resarcimiento de los trabajadores que han sufrido abuso de temporalidad. Las personas afectadas deben acudir a los tribunales y, en algunos casos, afrontar condenas en costas por sus reclamaciones, algo que consideran inadmisible.
Falta voluntad política
«Ninguno de los seis ministros socialistas responsables de esta cartera ha tomado el toro por los cuernos para encontrar una solución», denunció Pilar Remírez, una de las portavoces. La organización considera que los procesos extraordinarios de estabilización desarrollados aprobados por ley en 2021 no han garantizado la reparación de quienes sufrieron el abuso y cargan contra los tres grandes sindicatos de trabajadores públicos presentes en las mesas de negociación con el Gobierno -CCOO, UGT y CSIF-, a los que atribuye responsabilidad por su participación en los acuerdos que dieron lugar a estas medidas.
Por ello, insiste en que la Comisión Europea debe intervenir de manera «inmediata» ante el abuso de temporalidad que, según cifras del Gobierno, afecta a unas 200.000 personas de la Administración Pública, aunque desde este colectivo y estos juristas tachan de «falsa» esta cifra y elevan los damnificados a mínimo 700.000
personas. «Acudiremos a Bruselas, queremos que nos pongan cara y rostro. El abuso de la temporalidad sobre todo ha afectado a mujeres», aseguró Remírez.
La Comisión lanzó a España un ultimátum el pasado abril y le instó a aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corregir las deficiencias detectadas sobre la discriminación de trabajadores temporales y el uso abusivo de estos contratos, dándole dos meses para contestar bajo pena de dar un paso más e imponer sanciones, un plazo que terminó el pasado junio
Tras la noticia que se ha dado a conocer este jueves que no habrá prórroga para España sobre el abuso de la temporalidad, el Gobierno está fuera de juego", ha dejado claro Remírez, apuntando a que confían en que la CE, tras estudiar la documentación con las medidas adoptadas por el Gobierno hasta ahora para atajar la temporalidad, eleve el asunto al TJUE para que inicie un procedimiento sancionador.
Algo que, calculan, podría producirse en unos 3 o 4 meses, lo que seguirá retrasando los reclamos del colectivo, que no descarta seguir presionando y llevar de nuevo sus protestas a Bruselas con el objetivo de atajar una temporalidad en el sector público que alcanza a casi un millón de personas.
