- Esta abogada, vicepresidenta del CCBE, analiza las herramientas jurídicas que puedan ayudar a resolver esta situación
La crisis migratoria en Ceuta ha cumplido un mes desde su entrada masiva, dejando alrededor de 5.000 personas todavía en la ciudad autónoma y unas pérdidas económicas directas valoradas en 33 millones de euros por la Cámara de Comercio
Cerca de 5.000 a 8.000 personas continúan deambulando o esperando respuestas sobre su situación legal y peticiones de asilo, tal como detalla Human Rights Watch. Los servicios sociales y sanitarios sufren una tensión inédita, con incidentes de seguridad y campamentos improvisados desbordados.
En este contexto, a abogacía ejerce un papel de contención jurídica y garantía de derechos fundamentales fundamental ante la intensa presión migratoria sufrida en Ceuta.. El Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta (ICACE) —liderado por su decana Isabel Valriberas—, con quien hablamos hace unos días ha tenido que reestructurar de urgencia sus servicios de asistencia legal para evitar la vulneración de convenios internacionales y el colapso judicial en la frontera.
Al mismo tiempo se han elevado de 3 a 18 los cuerpos de guardia de extranjería activos, con los últimos diez refuerzos autorizados por Justicia, multiplicando preventivamente la estructura tras dispararse las detenciones diarias de 4 a cerca de 20 casos. El Colegio de Abogados activó un circuito específico ante la falta de citas de asilo, canalizando vulnerabilidades graves a través del Defensor del Pueblo.
Ante la falta de manos, colegios de abogados de provincias vecinas como Cádiz y Málaga han ofrecido letrados voluntarios para dar soporte a los cerca de 90 abogados ejercientes en el turno de oficio ceutí.
En esta conversación Noemí Alarcon, abogada experta en extranjería y protección internacional, vicepresidenta del CCBE, explica a nuestro medio qué herramientas jurídicas tiene nuestro Gobierno para resolver esta crisis en Ceuta. A su juicio la reforma de las leyes de asilo y extranjería ayudarán a resolver esta cuestión que costará semanas en solucionarla.
Desde su punto de vista el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que se implementa en esas reformas, ya estaba operativo desde junio del 2026 “en la práctica supone un cambio muy drástico con respecto a los procedimientos- y los plazos. Entonces, es el instrumento jurídico que nos permite, afrontar esa crisis. En su día, estas leyes no se modificaron por la falta de mayoría en el Parlamento, aunque su finalidad era adaptar la legislación a una normativa obligatoria. Ahora se han dado las condiciones necesarias para sacar adelante esas reformas”,
La situación es compleja y tardará semanas en resolverse dice Alarcon. Interior ha pedido ayuda a la UE a través de Frontex, su agencia fronteriza (Imagen TVE)
Genera más seguridad jurídica
En su opinión, estas reformas aportan una mayor seguridad jurídica a los procedimientos de devolución y de protección internacional que se pongan en marcha. «Se trata de reglamentos ya en vigor y directamente aplicables que, además de regular estos procedimientos, también abordan cuestiones como la situación de los menores no acompañados. Estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud y compleja gestión, que requiere importantes recursos humanos para poder darle una respuesta adecuada”.
Esta experta subraya que lo que le gustaría ver en marcha, en qué momento de estos procedimientos interviene realmente el abogado de extranjería, vinculado al Turno de Oficio, “algo que no es una cuestión baladí. Si interviene después de que se haga el traje, que supone al inmigrante realizarle su identificación, un control de seguridad, otro sanitario, y una detección de las posibles vulnerabilidades esta actividad de identificación también se está haciendo en la llegada de inmigrantes a las costas de Cartagena y Almería.”
Al mismo tiempo nos comenta que “concluido el traje se le entrega un formulario donde, viene ya establecido, todo lo que se ha recogido en la entrevista que se le hizo. Y tras este, se ha de determinar por la autoridad si si esa persona va a un procedimiento de retorno, que en este caso sería una devolución, a un procedimiento de protección internacional o incluso a un procedimiento de reubicación, que esto puede pasar si tienen familiar en otro estado miembro de la Unión Europea, que han solicitado asilo”.
También nos comenta que “este procedimiento también se utiliza para los menores que han llegado a nuestras costas pero con una derivación precoz a los procedimientos pertinentes que contienen unas garantías reforzadas”.
El gran problema son las más de 8000 personas que siguen en Ceuta. “Eso complica resolver esa crisis aunque en España témenos práctica de resolver situaciones similares, como la anterior de 2021 también en Ceuta u otra en el 2018 en Almería con quinientos inmigrantes donde en aquel momento el ministro de Interior era Zoido. La respuesta es compleja porque hay menores de por medio”.
Sobre los menores, Alarcón recuerda que tienen un procedimiento distinto y garantía reforzada “Se tiene en cuenta el interés superior del menor por la vulnerabilidad que presentan, no se les puede aplicar, pues, un retorno acelerado. Estaríamos contraviniendo, toda la normativa de la Unión Europea e internacional que hay al respecto. , Entonces, lo primero que se tiene que mirar una vez que ya se ha detectado que es menor, que ya se le han hecho las pruebas pertinentes y demás es que se le debe brindar una protección a ese menor. Se le asigna un representante legal, o un tutor provisional, para que vele por su protección y por sus intereses “.
“Y lógico es que lo primero es trazar, su posible reagrupación familiar con sus familiares en origen, si tienen padre y madre o etcétera, o con quien convivieran, estos menores. Entonces, esto es lo primero. Si eso no fuera posible, entonces al niño se le tiene que brindar aquí una protección. Eso implica que no lo podemos devolverá a Marruecos sin más, en este caso. En la actualidad hay unos 1400 menores en esta situación en nuestro país. Algunos de ellos es posible que pidan protección internacional. Eso les genera pluses de garantía con lo cual no todos serán devueltos”, indica.
Para Alarcón “ Estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud y compleja gestión, que requiere importantes recursos humanos para poder darle una respuesta adecuada”. (imagen abogacía española)
Reagrupación de menores
Sobre la idea de la ministra de Juventud de reagrupar a los menores y repartirlos por las CCAA, Noemí Alarcón comenta que “es factible realizarlo. Lo lógico que se haga un reparto porque Ceuta no puede absorber tantos menores. En este escenario también será importante y ver el papel de la Abogacia con los menores. Tienen derecho a tener un abogado cuando se les realice el traje y que tengan la representación del menor. Es una idea del Ministerio de Juventud que habrá que ver cómo se pone en marcha. En mi opinión, en el momento en que se detecta que un menor, pues inmediatamente se le debe asignar un abogado, y esto es importantísimo”.
A juicio de esta experta la crisis de Ceuta es una prueba práctica de la puesta en marcha de ese Pacto Europeo de Migraciones y Asilo “ se trata de ver si la normativa que se ha puesto en marcha a través del pacto, es realmente la que se necesita. Hay que verlo como un laboratorio de ensayo de ver si realmente esto funciona, donde intervienen distintos profesionales. Sabremos realmente si este Pacto Europeo funciona realmente”.
Respecto a esa Asistencia jurídica, a nivel general, se piensa que tendría que hacerse cuando se realiza ese traje. “Nuestra propuesta desde CCBE y luego en la abogacía española es que esa asesoría jurídica se hiciera en el momento, cuando se asiste. Se concluye esa fase del triaje ya tenga esa asistencia jurídica, para justamente ver ese formulario de triaje (derecho a ser oído) que se le entrega y tenga su abogado”.
Esta jurista destaca que “luego, además, en el pacto se añade u otra novedad que no viene ninguna normativa de ningún Estado miembro con respecto a la abogacía. Y es que ahora esa asistencia jurídica, a prima facie, se le llama el consejo jurídico, Nos preocupa como se va a gestionar. y cuándo va a asistir”.
En su opinión, “no queremos es que el abogado intervenga con lo que le he dicho, cuando se le entrega la orden de devolución de esa persona, porque tampoco le podemos-- hemos podido escuchar, el relato, las necesidades, si tienen, una necesidad de solicitar protección internacional, que esto es altamente importante. Es evidente que el esfuerzo que hará la Abogacia española a través de sus letrados del Turno de Oficio, coordinados desde el Colegio de Abogados de Ceuta va a ser importante”.
Una crisis compleja de resolver
En este escenario, Alarcón ve necesario que se refuerce la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio de Interior, mandara refuerzos para realizar también las entrevistas de asilo, para aquellos que sean derivados al procedimiento de asilo. “Es importante que en esa entrevista de asilo asista también el abogado designado por el turno de oficio, especialista en extranjería y protección internacional” y así está previsto en el PEMA (Pacto europeo de migraciones y asilo).
Junto con el papel del abogado, Alarcón apuesta por reforzar el sistema de triaje. En este sentido, se ha solicitado el apoyo de FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, organismo que apoya a los Estados miembros en la gestión de las fronteras exteriores y que puede desplegar medios humanos y técnicos para colaborar en tareas de identificación, registro, cribado y otros procedimientos relacionados con la gestión migratoria, en el marco de un plan operativo acordado con las autoridades nacionales.
Para esta experta en derecho internacional es lógico que haya ahora una mejor colaboración con la UE . reconoce que al principio le sorprendió la actitud de la Comisión Europea que achacó esa invasión de Ceuta al anterior proceso regularización de inmigrantes “pero no tienen nada que ver un procedimiento con el otro. Es muy peligroso esa mezcla porque de alguna forma se pone en entredicho la propia normativa que se ha puesto en marcha. Sin embargo, no se entienden los controles fronterizos que ha establecido Italia en el marco de Schengen o la propia carta firmada por 22 estados miembros. Todo ha sido muy absurdo”, resalta.
Respecto a la solución de la crisis, considera que aún tardará algunas semanas en materializarse. «Ahora se trata de que el engranaje, que ya está operativo y cuenta con los medios necesarios, empiece a adquirir ritmo y eficacia. Junto a los procedimientos de devolución, deben gestionarse también las solicitudes de protección internacional y asilo, así como la protección y atención de los menores”.
