“De los nuestros”
Presidente de Foro Judicial Independiente
Con frecuencia me viene a la cabeza un episodio que en su día me alertó profundamente. Era el 13 de noviembre de 2023. El político Jaume Asens, hasta poco antes diputado y portavoz en el Congreso del grupo parlamentario Unidas Podemos – En Comú Podem, era entrevistado en la televisión pública catalana, con motivo del anuncio del pacto PSOE-Junts sobre una Ley de Amnistía que permitiría la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. El Sr. Asens había intervenido como intermediario en las negociaciones que habían desembocado en aquel acuerdo.
En un momento dado, el entrevistador (Xavier Graset) mencionó que en 2021 ya había habido una proposición de ley de amnistía en el Congreso, que no había pasado el trámite de admisión de la Mesa de la Cámara. Asens sorprendió con un “¡Sort que no el va passar!” (“¡Suerte que no lo pasó!”). Y explicó que, si se hubiera aprobado aquella Ley en 2021, el Tribunal Constitucional de entonces la habría declarado inconstitucional. Y lanzó, con toda naturalidad: “¡Primer s’ha de renovar el Tribunal Constitucional!” (“Primero se tiene que renovar el Tribunal Constitucional”). El mensaje era terrible: antes de aprobar una ley, hay que asegurarse de que aquéllos que hagan de árbitro y velen por su constitucionalidad sean “de los nuestros”. La entrevista puede encontrarse fácilmente en internet.
Desde entonces han pasado demasiadas cosas que han actuado como una gota malaya erosionando nuestro Estado de Derecho, y que me han traído a la memoria aquellas palabras del Sr. Asens. En 2024 se renovó el CGPJ, tras años de bloqueo, gracias a un desacomplejado reparto de cromos entre los dos principales partidos políticos españoles. Eso sí, aquella componenda dio lugar al CGPJ hiperpolitizado que tenemos hoy, dividido en bloques, incapaz siquiera de mostrar apoyo y solidaridad a una juez víctima de presiones en el ejercicio de su cargo.
El propio Presidente del Gobierno, así como varios ministros y diputados, no han dudado en descalificar a los jueces que osaron instruir, juzgar y condenar a “su” Fiscal General del Estado, por revelación de secretos. Y lo mismo ha ocurrido en los procesos que afectaban a personas de su entorno. Han sido reiterados los ataques de políticos a jueces, con acusaciones de resolver litigios en función de su ideología, o con la intención de hacer caer al Gobierno. Y hemos oído a políticos pedir públicamente al CGPJ (sí, aquél a cuyos miembros habían nombrado) sancionar a jueces concretos.
El TC avala la ley de amnistía
Jaume Asens acertó en su vaticinio, y el TC, de cacareada mayoría “progresista”, ha terminado avalando la Ley de Amnistía (obviando las reservas plasmadas en el informe hecho por la Comisión de Venecia), y para su efectividad ha utilizado el discutible criterio de estirar como un chicle su competencia sobre derechos fundamentales para entrar en materias netamente jurisdiccionales, como la interpretación y aplicación de artículos del Código Penal.
Recientemente, los acontecimientos se han ido sucediendo de manera casi febril. El Gobierno, ante la falta de convalidación de dos Reales Decretos-Leyes por el Pleno del Congreso, disolvió el Parlamento y convocó elecciones. Y, a continuación, aprobó dos nuevos decretos, sustancialmente iguales a los anteriores, para ser convalidados por la Diputación Permanente, cuya matemática le podría resultar, al parecer, favorable. Todo un alarde de ingenio que sin duda evidencia un inaceptable menosprecio hacia el órgano que ejerce el poder legislativo y que encarna la soberanía nacional.
Tras esa disolución anticipada de las Cortes Generales, el Presidente del Gobierno declaró que no descartaba, antes de cesar en su cargo, indultar al exFiscal General del Estado. Eso sí, no ha dado hasta ahora ningún argumento de por qué aquella persona condenada ha de ser indultada con tanta urgencia. La única explicación es que el contenido de la sentencia condenatoria no fue de su agrado. Otra flagrante vulneración, a mi juicio, del principio de separación de poderes. Una cosa es que el indulto esté previsto en nuestro ordenamiento, y otra muy distinta que el Gobierno pueda dejar sin efecto cualquier sentencia, a su capricho.
Y lo último, hasta ahora, es que el Defensor del Pueblo ha presentado recurso de amparo ante el TC, solicitando dejar sin efecto la resolución del Tribunal Supremo que acordó suspender los efectos electorales de algunos procesos de nacionalización conforme a la llamada “Ley de nietos”. Cabe recordar que el Defensor del Pueblo es un político de dilatada trayectoria, exministro y exdiputado autonómico, del principal partido del Gobierno. O sea, el Gobierno lo puede considerar uno “de los nuestros”. Y cabe decir también que el TC, el mismo de cuya afinidad a las tesis gubernamentales alardeaba el Sr. Asens, ha inadmitido dicho recurso, por entender que la vía jurisdiccional aún no se ha agotado.
Instrumentalizar instituciones del Estado
Más allá de si aquel colectivo de personas afectadas (se habla de 163.000) ha de tener o no derecho a voto en las próximas elecciones, nos debe preocupar la imagen que se está trasladando, de instrumentalización por el poder ejecutivo de las instituciones del Estado, con la finalidad reconocida de imponer sus tesis, o de dejar sin efecto resoluciones judiciales que no le gustan.
Un ciudadano común difícilmente tendrá una opinión formada sobre cómo ha de resolverse ese conflicto de la llamada “Ley de nietos”, ni sobre cómo debía resolver el TC esta endiablada petición del Defensor del Pueblo, consistente en suspender cautelarmente una suspensión cautelar. Pero, posiblemente, dará por hecho que ese recurso de amparo se presentó siguiendo una consigna del ejecutivo, pocos días después de que el Presidente y varios ministros saliesen en tromba a criticar las resoluciones del Tribunal Supremo.
El Defensor del Pueblo es una figura originalmente pensada como dique de contención ante los abusos del poder. Pensar que en este caso ha sido correa de transmisión del Gobierno de turno es sencillamente desnaturalizar la institución.
El mero hecho de que exista esa percepción de utilización de las instituciones para la obtención de un fin partidista es gravísimo. Y me temo que esa sensación está muy arraigada.
El hecho de actuar bajo un paraguas formal de legalidad no justifica que se fuercen hasta el límite las costuras de nuestro sistema constitucional. En democracia, disponer de una mayoría parlamentaria para aprobar una investidura, o ser Presidente del Gobierno, no legitima para utilizar en provecho propio los organismos constitucionales del Estado, pensados como instituciones de control.
Me dirán que esto no nació con el Sr. Asens, y que en épocas anteriores, con gobiernos de distinto signo, ya pasaban cosas como ésta. Es verdad. Pero últimamente estas situaciones han proliferado tanto que han llegado a normalizarse y, por tanto, a banalizarse.
Lo peor, con todo, no es el daño que ya se ha hecho. Lo verdaderamente peligroso es que los futuros gobiernos que vengan (de izquierdas, de derechas, o de lo que sea) pueden creerse legitimados para actuar de la misma manera. Y ese mal augurio se revela especialmente preocupante en la coyuntura en la que vivimos, de desgarrada polarización.
Lo más urgente no es tanto una reforma de la Constitución, sino una reflexión sobre el uso que estamos haciendo de ella. Porque si forzamos tanto las costuras, al final saltarán. Y si saltan, coserlas de nuevo será muy difícil.