Este 2025 fue otro mal año para la Justicia: El 2026 no viene con buenos augurios
Roberto García Ceniceros
Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sec. 4ª
Presidente de FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
Lamentablemente, hemos vivido instalados en la incerteza desde el principio hasta el final. El año 2025 se abrió con la publicación en el BOE de la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, y se ha cerrado con un clima de caos y desconcierto con motivo de su efectiva implementación. Después de décadas de renqueante puesta en funcionamiento de la “nueva oficina judicial” (ya tiene 22 años), el Gobierno se ha empeñado en implantar los tribunales de instancia a martillazos, sin inversiones ni planificación adecuadas.
Pensar que la reforma puede tener éxito cuando en muchos juzgados aún se trabajaba en papel, o con un expediente electrónico deficiente, es pecar, como mínimo, de ingenuidad candorosa. Por otro lado, está bien que exista flexibilidad en el diseño para adaptarse a las necesidades de cada partido, pero ello no puede significar caer en la improvisación, y fiarlo todo al voluntarismo de quien asuma la dirección en cada lugar.
¿Y por qué está pasando esto, si era fácilmente previsible? Pues quizá porque había prisa en apartar al juez de la tramitación del procedimiento, o en crear un sistema conforme al cual un tribunal continúe funcionando aunque varias de sus plazas queden vacantes, o para facilitar que los asuntos pasen de un juez a otro, poniendo en riesgo la independencia judicial y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley... Hay motivos para ser mal pensados.
Pero, sobre todo, no debe trasladarse a la ciudadanía el mensaje de que el gran problema de la justicia es de organización. Es cierto que el nuevo sistema tendría cosas positivas si se hubiese hecho la debida planificación. Pero, en todo caso, las grandes asignaturas pendientes siguen siendo la falta de jueces y las inaceptables condiciones en que los miembros de la carrera judicial han de desarrollar su trabajo. Aunque los tribunales de instancia fuesen un éxito, los procedimientos continuarían demorándose de manera inaceptable, y los jueces continuaríamos expuestos a una sobrecarga insoportable de trabajo, poniendo en riesgo nuestra salud laboral.
2025 se recordará por las movilizaciones que dieron lugar a una huelga histórica de tres días en las carreras judicial y fiscal. Enfrente teníamos a un Ministerio de Justicia que había incumplido los acuerdos alcanzados en 2023 sobre creación de nuevas plazas, y que pretendía impulsar una reforma de la LOPJ que modificaría significativamente el sistema de acceso a la carrera judicial, afectando los derechos de los nuevos jueces. En especial, se pretendía favorecer la entrada como titulares de centenares de jueces sustitutos mediante un proceso de “estabilización” al que todas las asociaciones judiciales, sin excepción, se oponen. Y todo ello a partir de la premisa falsa, difundida como un mantra, de que se trata de una reforma legislativa a la que Europa nos obliga.
Mesa con la nueva Ejecutiva con Roberto Garcia en el centro como presidente FOTO FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
El Gobierno no tiene Plan B
Finalizado 2025, tras medio año de paralización, el Ministerio de Justicia sigue apostando por su proyectada reforma, a pesar de no contar en el Congreso con apoyos suficientes para ser aprobada. No hay plan B. El Gobierno no ha retirado su iniciativa, que se mantiene “congelada”, y la carrera judicial permanece expectante, dispuesta a nuevas medidas de conflicto si se reactiva la tramitación parlamentaria.
No menos preocupante es la intención del Gobierno de modificar la LOPJ y la LECrim para atribuir al Ministerio Fiscal la competencia para instruir delitos. El problema no es de personas, ni de nombres, sino de respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Si el Ministerio Fiscal se organiza conforme a criterios de dependencia y jerarquía, y en la cúspide de esa pirámide está un Fiscal General del Estado cuyo nombramiento está atribuido al Presidente del Gobierno, existirá un riesgo de que se generen espacios de impunidad en la persecución de determinados delitos, especialmente los de corrupción.
El poder judicial no podría realizar debidamente su función de control ante los abusos del resto de poderes. Durante años hemos visto cómo gobiernos de distinto signo pretendían instrumentalizar a su favor el Ministerio Fiscal, pero este proyecto de reforma constituye una peligrosísima vuelta de tuerca. El reciente proceso seguido ante el Tribunal Supremo, que ha acabado en el enjuiciamiento y condena al Fiscal General del Estado, es la evidencia clara de lo errónea que resultaría tal medida.
En 2025 se han incrementado los ataques de responsables públicos, en especial miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, dirigidos a jueces y magistrados, atribuyéndoles una intencionalidad política, o cayendo sin más en el insulto, sin más motivo que la disconformidad con el contenido de sus resoluciones. Tales actuaciones rozan el ilícito penal, ya que suponen atribuir a miembros del poder judicial la comisión de un delito (prevaricación), sin aportar pruebas al respecto. Ello causa un grave daño a la sociedad, al socavar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Y, de paso, se perpetúa la equivocada idea de que los jueces desarrollamos nuestro trabajo en función de una etiqueta ideológica de “progresistas” o “conservadores”, y que ello determina el contenido de nuestras sentencias.
¿Y qué ha hecho ante ello el CGPJ? Pues ha permanecido prácticamente mudo, renunciando a ejercer su función de garante de la independencia judicial. Se ha constatado que la última renovación de este órgano, en la que algunos creyeron ver una ventana de oportunidad, ha servido más bien, como algunos alertábamos, para hacer crónicos los vicios de un sistema altamente politizado. El CGPJ sigue, más que nunca, enrocado en sus luchas palaciegas, con una configuración en bloques ideológicos de la que hasta algunos vocales alardean.
Mucho nos tememos que el nuevo Reglamento de Nombramientos Discrecionales en la Carrera Judicial (piedra angular sobre la que se mueven los intereses creados alrededor del CGPJ) será sólo una herramienta para maquillar designaciones hechas por mera afinidad con quien tiene la responsabilidad de nombrar. Se confunde discrecionalidad con arbitrariedad. Y seguirá abierta la posibilidad de provisiones de plazas “por lotes”, favoreciendo el reparto de cargos en la carrera judicial entre los distintos bloques.
Y, mientras tanto, se sigue demorando la regulación de cargas de trabajo en la carrera judicial, a efectos de la salud laboral, a pesar de que era una previsión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial de 2015-2016, y de que el CGPJ está condenado judicialmente a cumplir tal obligación desde 2023. Parece que esto no importa tanto.
El último Dictamen de la Comisión de Venecia de 13 de octubre de 2025 lo ha dicho de manera clara: el actual sistema de elección de vocales del CGPJ resulta vulnerable al riesgo de politización de este órgano. Los jueces y magistrados hemos de poder elegir por sufragio directo a los vocales judiciales que integran ese órgano, mediante un sistema que evite el riesgo de politización interna que se produciría en caso de otorgar un excesivo poder a las asociaciones judiciales (sobre las que, atención, la Comisión de Venecia ya advierte de que con el régimen actual podrían haber constituido vínculos estrechos con opciones políticas). Ni el Ministerio de Justicia, ni el Parlamento, ni el CGPJ (cuya Presidenta fue quien solicitó este Dictamen) han hecho hasta ahora movimiento alguno respecto de medidas a adoptar. En esto, como en todo, vamos tarde.
Sí, 2025 ha sido un mal año. Y 2026 no viene con buenos augurios. Intentaremos cambiar la tendencia…