Según la asociación, estas manifestaciones públicas suponen un nuevo episodio de tensión entre el poder político y el judicial, y ponen en riesgo uno de los principios esenciales del Estado de Derecho: la independencia judicial. La AJFV recuerda que esta independencia no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos, que deben confiar en que las resoluciones judiciales se adoptan conforme a criterios jurídicos y no por intereses partidistas.
En su comunicado, la asociación cita las palabras de Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, quien durante la apertura del año judicial advirtió que “no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”. La AJFV considera “de extraordinaria gravedad” afirmar que los jueces toman decisiones por razones políticas, ya que ello “cuestiona directamente su imparcialidad y puede llegar a implicar la atribución de una conducta delictiva”.
La organización subraya que la crítica a las resoluciones judiciales forma parte de una sociedad democrática, pero advierte que la deslegitimación de quienes las dictan no lo es. En este sentido, la AJFV insiste en que la discrepancia debe expresarse por los cauces legales y con respeto institucional, evitando convertir cada decisión judicial en un motivo de confrontación política.
Asimismo, la asociación reitera su compromiso con la separación de poderes y con la defensa de la independencia de jueces y magistrados, especialmente cuando las decisiones judiciales afectan a cuestiones de relevancia política. La AJFV agradece la intervención de la presidenta del CGPJ, pero considera necesario que el propio Consejo, como órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, ejerza activamente sus funciones y se pronuncie en defensa de los magistrados ante unas descalificaciones que “trascienden la legítima crítica a una resolución concreta”.
El comunicado concluye con un llamamiento a la responsabilidad institucional y al respeto mutuo entre los poderes del Estado. Para la AJFV, preservar la independencia judicial no solo protege a los jueces, sino que garantiza la confianza de los ciudadanos en la justicia y en el correcto funcionamiento de la democracia.